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Los colegios privados suben sus tarifas entre el 7% y 12%
SANTO DOMINGO. En lo que se ha convertido en una costumbre, con cada inicio del año escolar, la mayoría de los colegios privados aumentan las tarifas a los padres de sus alumnos, y para este año lectivo 2012-2013 (que inicia el 20 de agosto) las alzas van desde un 7%, hasta un 12%, según investigó DL y lo confirmó la Dirección de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación.
Entre los centros educativos que incrementaron las tarifas están Santa Teresa y Cardenal Sancha, del ensanche Ozama, así como Calazans, Elvira de Mendoza, San Juan Bautista y Colegio Apec Fernando Arturo de Meriño (Cafam).
El primero de los colegios privados aumentó un 10% a la tarifa, al pasar de RD$5,600 a RD$6,200; el incremento del Calazans fue de un 8% , así que en su cálculo anual de pago, los padres registran un incremento de RD$ 14,300, al pasar de RD$57,200 a RD$71,500. Este es el caso del nivel inicial y primero de básica.
El monto anual varía de acuerdo con el grado, así que de segundo y tercero de básica pagan RD$61,000; cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica RD$67,000; octavo (incluye clínica) RD$78,000; de primero a tercero de bachillerato RD$79,000 y cuarto de bachillerato, RD$94,000, incluye clínica y anuario.
Mientras el colegio San Juan Bautista aumentó RD$1,000 y el Cardenal Sancha entre RD$300 y RD$500.
El pasado año, el primero de bachillerato pagaba RD$4,550 y ahora pagarán algo más de RD$5,000.
Entre las razones que argumentan los dueños de esos establecimientos para realizar las alzas está la tasa de inflación que presenta el Banco Central. Carlos Segura, asistente administrativo del colegio Santa Teresa, lo confirma.
Dijo que igual proporción y hasta un 15% aumentaron el salario a los empleados del colegio y que el pasado año escolar no hubo incremento de tarifas.
Vitalia Lara, directora de la Dirección de Instituciones Educativas Privadas, dijo que los incrementos oscilan entre 7% a 12%, y que otro argumento lo constituye el aumento de salario al personal docente y administrativo, Seguridad social y de los servicios básicos.
«En estos momentos la Dirección de Instituciones Educativas Privadas está en el proceso de recepción y análisis de la documentación remitida por los centros educativos que han realizado aumentos en su colegiatura, entre éstas: Comunicación firmada por los representantes de la Asociación de Padres, especificando fecha de la reunión y acuerdos para tales fines. Relación de inscripción y colegiatura por niveles (Inicial, Básico y Medio) del año escolar 2011-2012 y la propuesta en el 2012-2013, partida de ingresos y egresos, anexando copias de facturas de las inversiones, con comprobante fiscal, durante el periodo del 1ero de julio 2011 al 30 de abril 2012, matrícula estudiantil según grado y nivel», explicó Lara.
Recordó que la Ley 86-00 autoriza al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados con énfasis en la categorización de éstos, así como al desarrollo de otros mecanismos de regulación, referidos a costos y calidad. En ese sentido, se le aprueba o rechaza, según sea el caso particular de cada centro, siempre que cuente con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores, y que el mismo no exceda en gran medida la tasa de inflación anual del Banco Central.
El pasado 6 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación desautorizó el reajuste de las tarifas en los colegios que no justificaron el aumento de costos de operaciones con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores; así como prohibió la retención de documentos académicos y la aplicación de evaluaciones y pruebas de rendimiento que afecten a los estudiantes.
Minerd prepara inicio de curso
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, sostuvo una reunión con los 18 directores regionales de Educación para tratar sobre la coordinación y capacitación de docentes de todo el país, con el fin de ofrecerles orientaciones generales sobre el inicio del próximo año escolar. Pimentel entregó a los directores regionales una partida de alrededor de dos mil laptops que apoyarán el trabajo de acompañamiento y supervisión técnica de estos, de los directores de distritos educativos y los docentes.
El Ministerio de Educación (MINERD) ha distribuido cerca de tres mil televisores plasma en diferentes escuelas y trata de complementar el equipamiento de las aulas que ya disponen de estos aparatos con computadoras portátiles (laptops).
En el encuentro se trató, además, el tema de la distribución de material didáctico, gastable, de limpieza y de equipos para las escuelas, y sobre los fondos que serán transferidos a éstas para la compra y adquisición de esos insumos.
diariolibre.com
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.