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Los colegios privados suben sus tarifas entre el 7% y 12%
SANTO DOMINGO. En lo que se ha convertido en una costumbre, con cada inicio del año escolar, la mayoría de los colegios privados aumentan las tarifas a los padres de sus alumnos, y para este año lectivo 2012-2013 (que inicia el 20 de agosto) las alzas van desde un 7%, hasta un 12%, según investigó DL y lo confirmó la Dirección de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación.
Entre los centros educativos que incrementaron las tarifas están Santa Teresa y Cardenal Sancha, del ensanche Ozama, así como Calazans, Elvira de Mendoza, San Juan Bautista y Colegio Apec Fernando Arturo de Meriño (Cafam).
El primero de los colegios privados aumentó un 10% a la tarifa, al pasar de RD$5,600 a RD$6,200; el incremento del Calazans fue de un 8% , así que en su cálculo anual de pago, los padres registran un incremento de RD$ 14,300, al pasar de RD$57,200 a RD$71,500. Este es el caso del nivel inicial y primero de básica.
El monto anual varía de acuerdo con el grado, así que de segundo y tercero de básica pagan RD$61,000; cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica RD$67,000; octavo (incluye clínica) RD$78,000; de primero a tercero de bachillerato RD$79,000 y cuarto de bachillerato, RD$94,000, incluye clínica y anuario.
Mientras el colegio San Juan Bautista aumentó RD$1,000 y el Cardenal Sancha entre RD$300 y RD$500.
El pasado año, el primero de bachillerato pagaba RD$4,550 y ahora pagarán algo más de RD$5,000.
Entre las razones que argumentan los dueños de esos establecimientos para realizar las alzas está la tasa de inflación que presenta el Banco Central. Carlos Segura, asistente administrativo del colegio Santa Teresa, lo confirma.
Dijo que igual proporción y hasta un 15% aumentaron el salario a los empleados del colegio y que el pasado año escolar no hubo incremento de tarifas.
Vitalia Lara, directora de la Dirección de Instituciones Educativas Privadas, dijo que los incrementos oscilan entre 7% a 12%, y que otro argumento lo constituye el aumento de salario al personal docente y administrativo, Seguridad social y de los servicios básicos.
«En estos momentos la Dirección de Instituciones Educativas Privadas está en el proceso de recepción y análisis de la documentación remitida por los centros educativos que han realizado aumentos en su colegiatura, entre éstas: Comunicación firmada por los representantes de la Asociación de Padres, especificando fecha de la reunión y acuerdos para tales fines. Relación de inscripción y colegiatura por niveles (Inicial, Básico y Medio) del año escolar 2011-2012 y la propuesta en el 2012-2013, partida de ingresos y egresos, anexando copias de facturas de las inversiones, con comprobante fiscal, durante el periodo del 1ero de julio 2011 al 30 de abril 2012, matrícula estudiantil según grado y nivel», explicó Lara.
Recordó que la Ley 86-00 autoriza al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados con énfasis en la categorización de éstos, así como al desarrollo de otros mecanismos de regulación, referidos a costos y calidad. En ese sentido, se le aprueba o rechaza, según sea el caso particular de cada centro, siempre que cuente con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores, y que el mismo no exceda en gran medida la tasa de inflación anual del Banco Central.
El pasado 6 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación desautorizó el reajuste de las tarifas en los colegios que no justificaron el aumento de costos de operaciones con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores; así como prohibió la retención de documentos académicos y la aplicación de evaluaciones y pruebas de rendimiento que afecten a los estudiantes.
Minerd prepara inicio de curso
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, sostuvo una reunión con los 18 directores regionales de Educación para tratar sobre la coordinación y capacitación de docentes de todo el país, con el fin de ofrecerles orientaciones generales sobre el inicio del próximo año escolar. Pimentel entregó a los directores regionales una partida de alrededor de dos mil laptops que apoyarán el trabajo de acompañamiento y supervisión técnica de estos, de los directores de distritos educativos y los docentes.
El Ministerio de Educación (MINERD) ha distribuido cerca de tres mil televisores plasma en diferentes escuelas y trata de complementar el equipamiento de las aulas que ya disponen de estos aparatos con computadoras portátiles (laptops).
En el encuentro se trató, además, el tema de la distribución de material didáctico, gastable, de limpieza y de equipos para las escuelas, y sobre los fondos que serán transferidos a éstas para la compra y adquisición de esos insumos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Los abogados de Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, solicitaron a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal en su contra y disponer el cierre definitivo del proceso.
Los abogados Carlos Balcácer y Nelys Rivas plantearon ante las magistradas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto que el caso está por superar los seis años de duración, por causas que atribuyen en su totalidad al Ministerio Público.
El tribunal receso la audiencia, para este miércoles 29 de julio a las 9:00 de la mañana. A su juicio, ese tiempo excede ampliamente el plazo máximo de cuatro años que fija el artículo 150 del Código Procesal Penal.
Con esas cifras buscan demostrar que la extinción es una garantía procesal que se aplica de manera habitual en el sistema judicial del país.
Balcácer y Rivas ampliaron sus argumentos con un desglose cronológico basado en el formato de cómputo de plazos que estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0882/25, señalando que la investigación preliminar se inició el 21 de agosto de 2020.
Además, sostienen que tras una primera asignación de tribunal el 7 de agosto de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional celebró su primera audiencia el 23 de septiembre de 2024, para una acumulación de cuatro años, un mes y dos días.
La barra de defensa afirma que una segunda asignación ocurrió el 25 de febrero de 2025 (cuatro años, seis meses y cuatro días), y ese tribunal celebró su primera audiencia el 1 de mayo de 2025, con cuatro años, ocho meses y 15 días acumulados y que al día de la audiencia, el proceso acumula, según el cómputo de la defensa, cinco años, 11 meses y seis días.
Igualmente, un disco duro defectuoso, entregado con las cerca de 3,000 pruebas del caso, cuyos archivos resultaron inaccesibles y que debió corregirse en tres ocasiones por orden del tribunal, lo que según los abogados generó más de un año de atraso.
Agrega que alrededor de seis meses invertidos en la lectura obligatoria de una acusación de más de 12,000 páginas, más de 50 solicitudes de documentos que, según la defensa, quedaron sin respuesta, además de retrasos en la entrega de cientos de pruebas de descargo pese a órdenes judiciales, lo que habría sumado otros seis meses de dilación.
La defensa insiste en que dos tribunales ya establecieron previamente que esas dilaciones son atribuibles al Ministerio Público y no a la defensa técnica de Rodríguez, quien recuerdan permaneció privado de libertad durante cuatro años, circunstancia que, a su juicio, impide extender aún más el plazo máximo del proceso conforme al derecho internacional aplicable en el país.
Como sustento adicional, los abogados citaron jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional que reafirma que el plazo razonable en materia penal corresponde al límite de cuatro años, y explicaron que la nueva Ley 97-25 restringe las causales excepcionales para extender ese plazo a supuestos de fuga, rebeldía o dilaciones declaradas mediante resolución motivada al momento de producirse, circunstancias que, sostienen, no se presentan en este caso.
La defensa cerró su argumentación señalando que el tribunal no solo decide sobre la situación de Rodríguez, sino también sobre si las garantías legales del país mantienen plena vigencia cuando es el propio Estado el que incumple los límites que la ley le impone, y si la extinción se aplicará con el mismo criterio con el que, según afirman, los tribunales dominicanos han resuelto miles de solicitudes similares en los últimos doce años.
Por su parte, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirta Ortiz, sostienen que no existen fundamentos jurídicos para acoger la extinción y que ha sido el propio imputado quien ha buscado dilatar el conocimiento del proceso y de las pruebas en su contra.
El planteamiento se produce en el marco del juicio por presunta corrupción administrativa contra Rodríguez y varios coimputados, acusados de malversar más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó las medidas de coerción impuestas contra siete imputados por la muerte del conductor de un camión recolector de basura, ocurrida tras una persecución que culminó en el parqueo del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, el pasado viernes 17 de abril.
Los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz deberán permanecer en prisión preventiva.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción, en la que el tribunal concluyó que no existen nuevos elementos que justifiquen modificar las sanciones impuestas contra los acusados por la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida en abril de este año.
La investigación establece que el hecho se produjo luego de que varios motoristas intentaran obligar a la víctima a detener la marcha tras un incidente. Sin embargo, Abreu Quezada continuó conduciendo al percibir una actitud violenta, lo que dio inicio a una persecución que terminó con su asesinato en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde entró en busca de protección.
El principal sospechoso del crimen, Jhovanny de Jesús Mets Cruz, de 28 años, permanece prófugo de la justicia.
Álvaro Jesús Núñez, representante legal de la familia de la víctima, exhortó a la Policía Nacional a intensificar las labores de búsqueda para lograr su captura y que responda ante los tribunales por el hecho.
Asimismo, hizo un llamado al imputado para que se entregue de manera voluntaria.
Según la investigación del Ministerio Público, Jhovanny de Jesús Mets Cruz habría sido la persona que le ocasionó las estocadas mortales al conductor Deivy Carlos Abreu Quezada.
Santo Domingo, R.D.-El jurista y exembajador Olivo Rodríguez Huertas advirtió sobre las fuertes implicaciones que enfrentarán los servidores públicos con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en la República Dominicana.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo de Color Visión, el especialista en derecho administrativo analizó las reformas aprobadas por el Congreso Nacional, destacando que el régimen sancionador para los actos de corrupción administrativa contiene definiciones sumamente amplias que incrementarán significativamente los riesgos legales para ministros y directores generales.
Según el análisis del jurista, el articulado tipifica como acto de corrupción cualquier operación o disposición antijurídica dictada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones que beneficie a sí mismo o a terceros. Rodríguez Huertas señaló que la administración pública emite actos administrativos de manera continua, muchos de los cuales terminan siendo contrarios al ordenamiento jurídico, por lo que este rigor legal debería mantener preocupados a los actuales y futuros integrantes del gobierno.
Odalis Mejía
Durante la conversación se abordó además el impacto de las reformas respecto a los delitos de opinión y las penas de prisión por difamación e injuria. Al respecto, el experto explicó que la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos promueve la despenalización cuando las críticas van dirigidas a funcionarios o a asuntos de interés general, incorporando en la nueva legislación la teoría de la «real malicia» para evitar sanciones penales en críticas atinentes a la función pública, salvo cuando existan imputaciones alegres sin fundamento sustentado.
En el ámbito institucional y electoral, el profesional del derecho respaldó la postura del Tribunal Superior Electoral de declararse incompetente para resolver recursos sobre reglamentos de la Junta Central Electoral y remitirlos al Tribunal Constitucional. Asimismo, cuestionó que el organismo electoral pretenda fijar límites a la difusión de encuestas fuera de los plazos que ya establece la ley. Finalmente, al referirse a la eventual convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a la Suprema Corte de Justicia, Rodríguez Huertas criticó la falta de respeto a la carrera judicial y a la estabilidad de los jueces, señalando que la evaluación de desempeño se ha convertido en un mecanismo manipulado que vulnera la independencia del Poder Judicial.