Nacionales
Los colegios privados suben sus tarifas entre el 7% y 12%
SANTO DOMINGO. En lo que se ha convertido en una costumbre, con cada inicio del año escolar, la mayoría de los colegios privados aumentan las tarifas a los padres de sus alumnos, y para este año lectivo 2012-2013 (que inicia el 20 de agosto) las alzas van desde un 7%, hasta un 12%, según investigó DL y lo confirmó la Dirección de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación.
Entre los centros educativos que incrementaron las tarifas están Santa Teresa y Cardenal Sancha, del ensanche Ozama, así como Calazans, Elvira de Mendoza, San Juan Bautista y Colegio Apec Fernando Arturo de Meriño (Cafam).
El primero de los colegios privados aumentó un 10% a la tarifa, al pasar de RD$5,600 a RD$6,200; el incremento del Calazans fue de un 8% , así que en su cálculo anual de pago, los padres registran un incremento de RD$ 14,300, al pasar de RD$57,200 a RD$71,500. Este es el caso del nivel inicial y primero de básica.
El monto anual varía de acuerdo con el grado, así que de segundo y tercero de básica pagan RD$61,000; cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica RD$67,000; octavo (incluye clínica) RD$78,000; de primero a tercero de bachillerato RD$79,000 y cuarto de bachillerato, RD$94,000, incluye clínica y anuario.
Mientras el colegio San Juan Bautista aumentó RD$1,000 y el Cardenal Sancha entre RD$300 y RD$500.
El pasado año, el primero de bachillerato pagaba RD$4,550 y ahora pagarán algo más de RD$5,000.
Entre las razones que argumentan los dueños de esos establecimientos para realizar las alzas está la tasa de inflación que presenta el Banco Central. Carlos Segura, asistente administrativo del colegio Santa Teresa, lo confirma.
Dijo que igual proporción y hasta un 15% aumentaron el salario a los empleados del colegio y que el pasado año escolar no hubo incremento de tarifas.
Vitalia Lara, directora de la Dirección de Instituciones Educativas Privadas, dijo que los incrementos oscilan entre 7% a 12%, y que otro argumento lo constituye el aumento de salario al personal docente y administrativo, Seguridad social y de los servicios básicos.
«En estos momentos la Dirección de Instituciones Educativas Privadas está en el proceso de recepción y análisis de la documentación remitida por los centros educativos que han realizado aumentos en su colegiatura, entre éstas: Comunicación firmada por los representantes de la Asociación de Padres, especificando fecha de la reunión y acuerdos para tales fines. Relación de inscripción y colegiatura por niveles (Inicial, Básico y Medio) del año escolar 2011-2012 y la propuesta en el 2012-2013, partida de ingresos y egresos, anexando copias de facturas de las inversiones, con comprobante fiscal, durante el periodo del 1ero de julio 2011 al 30 de abril 2012, matrícula estudiantil según grado y nivel», explicó Lara.
Recordó que la Ley 86-00 autoriza al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados con énfasis en la categorización de éstos, así como al desarrollo de otros mecanismos de regulación, referidos a costos y calidad. En ese sentido, se le aprueba o rechaza, según sea el caso particular de cada centro, siempre que cuente con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores, y que el mismo no exceda en gran medida la tasa de inflación anual del Banco Central.
El pasado 6 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación desautorizó el reajuste de las tarifas en los colegios que no justificaron el aumento de costos de operaciones con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores; así como prohibió la retención de documentos académicos y la aplicación de evaluaciones y pruebas de rendimiento que afecten a los estudiantes.
Minerd prepara inicio de curso
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, sostuvo una reunión con los 18 directores regionales de Educación para tratar sobre la coordinación y capacitación de docentes de todo el país, con el fin de ofrecerles orientaciones generales sobre el inicio del próximo año escolar. Pimentel entregó a los directores regionales una partida de alrededor de dos mil laptops que apoyarán el trabajo de acompañamiento y supervisión técnica de estos, de los directores de distritos educativos y los docentes.
El Ministerio de Educación (MINERD) ha distribuido cerca de tres mil televisores plasma en diferentes escuelas y trata de complementar el equipamiento de las aulas que ya disponen de estos aparatos con computadoras portátiles (laptops).
En el encuentro se trató, además, el tema de la distribución de material didáctico, gastable, de limpieza y de equipos para las escuelas, y sobre los fondos que serán transferidos a éstas para la compra y adquisición de esos insumos.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
- «Estos descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión«, leyó el Consejo de Defensa al juez.
- Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.