Nacionales
Los colegios privados suben sus tarifas entre el 7% y 12%
SANTO DOMINGO. En lo que se ha convertido en una costumbre, con cada inicio del año escolar, la mayoría de los colegios privados aumentan las tarifas a los padres de sus alumnos, y para este año lectivo 2012-2013 (que inicia el 20 de agosto) las alzas van desde un 7%, hasta un 12%, según investigó DL y lo confirmó la Dirección de Instituciones Educativas Privadas del Ministerio de Educación.
Entre los centros educativos que incrementaron las tarifas están Santa Teresa y Cardenal Sancha, del ensanche Ozama, así como Calazans, Elvira de Mendoza, San Juan Bautista y Colegio Apec Fernando Arturo de Meriño (Cafam).
El primero de los colegios privados aumentó un 10% a la tarifa, al pasar de RD$5,600 a RD$6,200; el incremento del Calazans fue de un 8% , así que en su cálculo anual de pago, los padres registran un incremento de RD$ 14,300, al pasar de RD$57,200 a RD$71,500. Este es el caso del nivel inicial y primero de básica.
El monto anual varía de acuerdo con el grado, así que de segundo y tercero de básica pagan RD$61,000; cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica RD$67,000; octavo (incluye clínica) RD$78,000; de primero a tercero de bachillerato RD$79,000 y cuarto de bachillerato, RD$94,000, incluye clínica y anuario.
Mientras el colegio San Juan Bautista aumentó RD$1,000 y el Cardenal Sancha entre RD$300 y RD$500.
El pasado año, el primero de bachillerato pagaba RD$4,550 y ahora pagarán algo más de RD$5,000.
Entre las razones que argumentan los dueños de esos establecimientos para realizar las alzas está la tasa de inflación que presenta el Banco Central. Carlos Segura, asistente administrativo del colegio Santa Teresa, lo confirma.
Dijo que igual proporción y hasta un 15% aumentaron el salario a los empleados del colegio y que el pasado año escolar no hubo incremento de tarifas.
Vitalia Lara, directora de la Dirección de Instituciones Educativas Privadas, dijo que los incrementos oscilan entre 7% a 12%, y que otro argumento lo constituye el aumento de salario al personal docente y administrativo, Seguridad social y de los servicios básicos.
«En estos momentos la Dirección de Instituciones Educativas Privadas está en el proceso de recepción y análisis de la documentación remitida por los centros educativos que han realizado aumentos en su colegiatura, entre éstas: Comunicación firmada por los representantes de la Asociación de Padres, especificando fecha de la reunión y acuerdos para tales fines. Relación de inscripción y colegiatura por niveles (Inicial, Básico y Medio) del año escolar 2011-2012 y la propuesta en el 2012-2013, partida de ingresos y egresos, anexando copias de facturas de las inversiones, con comprobante fiscal, durante el periodo del 1ero de julio 2011 al 30 de abril 2012, matrícula estudiantil según grado y nivel», explicó Lara.
Recordó que la Ley 86-00 autoriza al Ministerio de Educación a regularizar las tarifas de los colegios privados con énfasis en la categorización de éstos, así como al desarrollo de otros mecanismos de regulación, referidos a costos y calidad. En ese sentido, se le aprueba o rechaza, según sea el caso particular de cada centro, siempre que cuente con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores, y que el mismo no exceda en gran medida la tasa de inflación anual del Banco Central.
El pasado 6 de julio de 2011, el Consejo Nacional de Educación desautorizó el reajuste de las tarifas en los colegios que no justificaron el aumento de costos de operaciones con el aval de la Asociación de Padres, Madres y Tutores; así como prohibió la retención de documentos académicos y la aplicación de evaluaciones y pruebas de rendimiento que afecten a los estudiantes.
Minerd prepara inicio de curso
La ministra de Educación, Josefina Pimentel, sostuvo una reunión con los 18 directores regionales de Educación para tratar sobre la coordinación y capacitación de docentes de todo el país, con el fin de ofrecerles orientaciones generales sobre el inicio del próximo año escolar. Pimentel entregó a los directores regionales una partida de alrededor de dos mil laptops que apoyarán el trabajo de acompañamiento y supervisión técnica de estos, de los directores de distritos educativos y los docentes.
El Ministerio de Educación (MINERD) ha distribuido cerca de tres mil televisores plasma en diferentes escuelas y trata de complementar el equipamiento de las aulas que ya disponen de estos aparatos con computadoras portátiles (laptops).
En el encuentro se trató, además, el tema de la distribución de material didáctico, gastable, de limpieza y de equipos para las escuelas, y sobre los fondos que serán transferidos a éstas para la compra y adquisición de esos insumos.
diariolibre.com
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.