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Advierten impedirán corte árboles Constanza
CONSTANZA.- Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales esté resuelto a permitir la tala de árboles aquí, mediante el denominado “plan de manejo”, puede acabar en tragedia humana en este montañoso municipio, en vista de que los opositores a la tala pretenden colocarse a lo ancho de la carretera, con el objetivo de impedir el avance de los camiones y patanas hacia los aserraderos, o que les pasen por encima.
Amparado en ese tipo de permisos que, según personas e instituciones de aquí, en la práctica frecuentemente son violados por los beneficiados, el organismo medioambiental autoriza la tala de árboles, lo que no es aceptado por los defensores de que esas áreas sean protegidas.
A pesar de la reticencia de los medioambientalistas constanceros a permitir el desmonte de la zona boscosa sin que para ellos existan los controles debidos, es constante el transporte diario de cientos de troncos de árboles listos para ser procesados en aserraderos ubicados en distintos puntos del país.
La discrepancia entre la representación local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones y personas que se oponen, ha llegado a un extremo tal que los opositores a la tala de árboles están fraguando oponerse por la fuerza a que los vehículos cargados de troncos salgan de este poblado.
Adrian Quiroz Cruz, comunicador de este municipio y quien forma parte del grupo que asegura que aquí se talan cientos de árboles cada día de manera ilegal, es de los que están en actitud de participar en el bloqueo humano que fraguan instalar en la carretera que comunica a Constanza con la autopista Duarte y por donde se desplaza la mayor cantidad de camiones y patanas repletos de troncos.
El masivo corte de árboles mediante el sistema de los denominados “planes de manejo” se viene desarrollando aquí desde hace varios años, pero no fue sino hasta ahora cuando se levantó un movimiento tendente a reclamar que real y efectivamente existan controles oficiales sobre los desmontes masivos.
Quiroz Cruz sostuvo que en los últimos meses aquí se ha llevado a efecto una “depredación brutal e inmisericorde” de los bosques, ríos y arroyos.
De manera fundamental, de acuerdo a los datos ofrecidos por Quiroz Cruz, los desmontes indiscriminados se observan en las partes altas de las montañas “precisamente donde nacen grandes fuentes acuíferas, cuyos ríos paulatinamente languidecen, hasta el extremo de que sus caudales ya comienzan a mermar de manera ostensible”.
Miguel Abréu, un experto en operaciones de montañas y que como rescatista todas las semanas se desplaza por las zonas donde se asegura ocurren los desmontes, definió la situación como si en esos lugares se esté ejecutando una especie de tabla rasa.
De manera fundamental, Abréu aseguró que ha visto la tala incontrolada de árboles en bosques localizados en parajes como La Cotorra, La Culata y La Cienaguita “y que no me vengan a hablar de que se ejecuta en base a los planes de manejo, porque lo que ocurre allí se hace de manera inadecuada”.
Dijo que para ello utilizan aparatos con tecnología de punta y que ya hasta en las carreteras se pueden observar haciendo esas labores “ante la mirada complaciente de los representantes locales de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Frarman García, otro de los que se oponen a la tumba de árboles sin control, dijo que este municipio es víctima de uno de los mayores daños ecológicos que se han producido en el país en los últimos años.
Según datos que dijo poseer de lo que consideró como “tala indiscriminada a gran escala”, en los últimos años ha desaparecido el 33 por ciento de pino occidental, una de las principales especies que se producen aquí y que es una variedad que tarda cerca de 20 años para alcanzar un tamaño regular.
Para García, los llamados “planes de manejo” por medio de los cuales se autorizan las talas, se ejecutan de manera irregular “porque los artículos 33 y 36 de la ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen el carácter participativo de las comunidades y organizaciones en el proceso de elaboración y ejecución de plan”.
Sin embargo, Víctor Puntiel, director en este municipio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se mostró en desacuerdo con lo expresado por Quiroz Cruz, Abréu y García.
Dijo que en la zona funcionan controles en cinco lugares, por medio de los cuales se le dan estrictos seguimiento a esos acuerdos de desmontes. También se dispone de personas que chequean las patanas y camiones que salen hacia la autopista Duarte, añadió.
EL NACIONAL.
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.