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Advierten impedirán corte árboles Constanza
CONSTANZA.- Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales esté resuelto a permitir la tala de árboles aquí, mediante el denominado “plan de manejo”, puede acabar en tragedia humana en este montañoso municipio, en vista de que los opositores a la tala pretenden colocarse a lo ancho de la carretera, con el objetivo de impedir el avance de los camiones y patanas hacia los aserraderos, o que les pasen por encima.
Amparado en ese tipo de permisos que, según personas e instituciones de aquí, en la práctica frecuentemente son violados por los beneficiados, el organismo medioambiental autoriza la tala de árboles, lo que no es aceptado por los defensores de que esas áreas sean protegidas.
A pesar de la reticencia de los medioambientalistas constanceros a permitir el desmonte de la zona boscosa sin que para ellos existan los controles debidos, es constante el transporte diario de cientos de troncos de árboles listos para ser procesados en aserraderos ubicados en distintos puntos del país.
La discrepancia entre la representación local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones y personas que se oponen, ha llegado a un extremo tal que los opositores a la tala de árboles están fraguando oponerse por la fuerza a que los vehículos cargados de troncos salgan de este poblado.
Adrian Quiroz Cruz, comunicador de este municipio y quien forma parte del grupo que asegura que aquí se talan cientos de árboles cada día de manera ilegal, es de los que están en actitud de participar en el bloqueo humano que fraguan instalar en la carretera que comunica a Constanza con la autopista Duarte y por donde se desplaza la mayor cantidad de camiones y patanas repletos de troncos.
El masivo corte de árboles mediante el sistema de los denominados “planes de manejo” se viene desarrollando aquí desde hace varios años, pero no fue sino hasta ahora cuando se levantó un movimiento tendente a reclamar que real y efectivamente existan controles oficiales sobre los desmontes masivos.
Quiroz Cruz sostuvo que en los últimos meses aquí se ha llevado a efecto una “depredación brutal e inmisericorde” de los bosques, ríos y arroyos.
De manera fundamental, de acuerdo a los datos ofrecidos por Quiroz Cruz, los desmontes indiscriminados se observan en las partes altas de las montañas “precisamente donde nacen grandes fuentes acuíferas, cuyos ríos paulatinamente languidecen, hasta el extremo de que sus caudales ya comienzan a mermar de manera ostensible”.
Miguel Abréu, un experto en operaciones de montañas y que como rescatista todas las semanas se desplaza por las zonas donde se asegura ocurren los desmontes, definió la situación como si en esos lugares se esté ejecutando una especie de tabla rasa.
De manera fundamental, Abréu aseguró que ha visto la tala incontrolada de árboles en bosques localizados en parajes como La Cotorra, La Culata y La Cienaguita “y que no me vengan a hablar de que se ejecuta en base a los planes de manejo, porque lo que ocurre allí se hace de manera inadecuada”.
Dijo que para ello utilizan aparatos con tecnología de punta y que ya hasta en las carreteras se pueden observar haciendo esas labores “ante la mirada complaciente de los representantes locales de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Frarman García, otro de los que se oponen a la tumba de árboles sin control, dijo que este municipio es víctima de uno de los mayores daños ecológicos que se han producido en el país en los últimos años.
Según datos que dijo poseer de lo que consideró como “tala indiscriminada a gran escala”, en los últimos años ha desaparecido el 33 por ciento de pino occidental, una de las principales especies que se producen aquí y que es una variedad que tarda cerca de 20 años para alcanzar un tamaño regular.
Para García, los llamados “planes de manejo” por medio de los cuales se autorizan las talas, se ejecutan de manera irregular “porque los artículos 33 y 36 de la ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen el carácter participativo de las comunidades y organizaciones en el proceso de elaboración y ejecución de plan”.
Sin embargo, Víctor Puntiel, director en este municipio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se mostró en desacuerdo con lo expresado por Quiroz Cruz, Abréu y García.
Dijo que en la zona funcionan controles en cinco lugares, por medio de los cuales se le dan estrictos seguimiento a esos acuerdos de desmontes. También se dispone de personas que chequean las patanas y camiones que salen hacia la autopista Duarte, añadió.
EL NACIONAL.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.