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Advierten impedirán corte árboles Constanza
CONSTANZA.- Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales esté resuelto a permitir la tala de árboles aquí, mediante el denominado “plan de manejo”, puede acabar en tragedia humana en este montañoso municipio, en vista de que los opositores a la tala pretenden colocarse a lo ancho de la carretera, con el objetivo de impedir el avance de los camiones y patanas hacia los aserraderos, o que les pasen por encima.
Amparado en ese tipo de permisos que, según personas e instituciones de aquí, en la práctica frecuentemente son violados por los beneficiados, el organismo medioambiental autoriza la tala de árboles, lo que no es aceptado por los defensores de que esas áreas sean protegidas.
A pesar de la reticencia de los medioambientalistas constanceros a permitir el desmonte de la zona boscosa sin que para ellos existan los controles debidos, es constante el transporte diario de cientos de troncos de árboles listos para ser procesados en aserraderos ubicados en distintos puntos del país.
La discrepancia entre la representación local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones y personas que se oponen, ha llegado a un extremo tal que los opositores a la tala de árboles están fraguando oponerse por la fuerza a que los vehículos cargados de troncos salgan de este poblado.
Adrian Quiroz Cruz, comunicador de este municipio y quien forma parte del grupo que asegura que aquí se talan cientos de árboles cada día de manera ilegal, es de los que están en actitud de participar en el bloqueo humano que fraguan instalar en la carretera que comunica a Constanza con la autopista Duarte y por donde se desplaza la mayor cantidad de camiones y patanas repletos de troncos.
El masivo corte de árboles mediante el sistema de los denominados “planes de manejo” se viene desarrollando aquí desde hace varios años, pero no fue sino hasta ahora cuando se levantó un movimiento tendente a reclamar que real y efectivamente existan controles oficiales sobre los desmontes masivos.
Quiroz Cruz sostuvo que en los últimos meses aquí se ha llevado a efecto una “depredación brutal e inmisericorde” de los bosques, ríos y arroyos.
De manera fundamental, de acuerdo a los datos ofrecidos por Quiroz Cruz, los desmontes indiscriminados se observan en las partes altas de las montañas “precisamente donde nacen grandes fuentes acuíferas, cuyos ríos paulatinamente languidecen, hasta el extremo de que sus caudales ya comienzan a mermar de manera ostensible”.
Miguel Abréu, un experto en operaciones de montañas y que como rescatista todas las semanas se desplaza por las zonas donde se asegura ocurren los desmontes, definió la situación como si en esos lugares se esté ejecutando una especie de tabla rasa.
De manera fundamental, Abréu aseguró que ha visto la tala incontrolada de árboles en bosques localizados en parajes como La Cotorra, La Culata y La Cienaguita “y que no me vengan a hablar de que se ejecuta en base a los planes de manejo, porque lo que ocurre allí se hace de manera inadecuada”.
Dijo que para ello utilizan aparatos con tecnología de punta y que ya hasta en las carreteras se pueden observar haciendo esas labores “ante la mirada complaciente de los representantes locales de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Frarman García, otro de los que se oponen a la tumba de árboles sin control, dijo que este municipio es víctima de uno de los mayores daños ecológicos que se han producido en el país en los últimos años.
Según datos que dijo poseer de lo que consideró como “tala indiscriminada a gran escala”, en los últimos años ha desaparecido el 33 por ciento de pino occidental, una de las principales especies que se producen aquí y que es una variedad que tarda cerca de 20 años para alcanzar un tamaño regular.
Para García, los llamados “planes de manejo” por medio de los cuales se autorizan las talas, se ejecutan de manera irregular “porque los artículos 33 y 36 de la ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen el carácter participativo de las comunidades y organizaciones en el proceso de elaboración y ejecución de plan”.
Sin embargo, Víctor Puntiel, director en este municipio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se mostró en desacuerdo con lo expresado por Quiroz Cruz, Abréu y García.
Dijo que en la zona funcionan controles en cinco lugares, por medio de los cuales se le dan estrictos seguimiento a esos acuerdos de desmontes. También se dispone de personas que chequean las patanas y camiones que salen hacia la autopista Duarte, añadió.
EL NACIONAL.
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.