Nacionales
Afirman convención PRD fue legal
SANTO DOMINGO.- Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmaron que fue totalmente legal la Trigésima Convención Ordinaria de esta entidad política, celebrada el pasado domingo.
En un documento enviado este jueves a ALMOMENTO.NET, salen al frente a un pedido de nulidad de la Convención hecho el miércoles por Alfredo Pacheco; Orlando Jorge Mera, José Leonel Cabrera (Neney) y Eduardo Sanz Lovatón.
El documento está firmado por los regidores César Cabrera y Alejandro Barón, pasado presidente y secretario general electo del Comité del Distrito Nacional del PRD, así como los presidentes electos de frentes de masas Mary Sánchez, de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas; Joel Díaz, de la Juventud Revolucionaria Dominicana; Hugo Bautista, del Frente Médico; Julio de Peña, de los Profesionales y Técnicos; José Jáquez, del Frente Agropecuario; Nelson Espinal, de los Contadores; Nelson Vásquez, de las Mipymes; Ramón Ramirez (Tito), del Frente Barrial y Comunal; Onolia Colòn, de los Viejos Robles; César Soto, del Sindical; y Jorge Ramírez, de Deportes, entre otros».
El documento
El texto del documento es el siguiente:
«Sin dejar de respetar las respectivas trayectorias de ustedes en nuestro partido, deploramos que, reproduciendo un antigua y mala práctica de algunos dirigentes, ustedes hayan escogido el escenario público para airear cuestionamientos que siempre la dirección del partido ha estado en disposición de conocer y dilucidar en sus organismos. Vuestra exposición pública nos obliga a esclarecer y precisar sus conceptos por la misma vía.
La Trigésima Convención Nacional Ordinaria Noel Suberví Espinosa, incluyendo la elección del compañero Alfredo Pacheco y las demás autoridades del Comité del Distrito Nacional el día 13 de este mes, y el proceso elector del pasado domingo, ha sido desarrollada en estricto apego a decisiones ceñidas al marco legal que rige el quehacer de nuestro partido, incluyendo resoluciones y decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política, la Comisión Conjunta y la Comisión Nacional Organizadora de la Convención.
Prácticamente todas las decisiones adoptadas por esos organismos, han sido además cuestionadas por ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, cuyas sentencias y fallos ha confirmado en cada caso que la Comisión Nacional Organizadora ha administrado el programa convencional en base al debido proceso.
Con relación a la convención nacional ordinaria del pasado domingo, es desafortunado el pronunciamiento público de ustedes pidiendo que sea desconocida la voluntad popular de cientos de miles de perredeístas, expresada en las urnas y las de otros tantos a los que las amenazas y agresiones les impidieron ejercer su sagrado derecho a elegir y ser elegidos, cuando ya estaban en las filas y en locales de votación.
Renuevan ustedes los alegatos a la calidad del nuevo padrón de militantes, ya atacado por diferentes recursos ante el TSE, jurisdicción electoral que en razón de los contundentes argumentos de nuestros abogados reconoció su calidad en base al derecho que tienen los partidos a conformar y actualizar sus listas de dirigentes y militantes.
La conformación y actualización de ese nuevo padrón era especialmente perentoria para el PRD, pues como consta a ustedes el usado en la anterior convención ordinaria fue contaminado con el sufragio de más de 364 mil militantes de los partidos De la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, quienes desnaturalizando la libérrima voluntad de las bases perredeístas, impusieron un candidato que sirvió a la estrategia electoral del PLD de mantenerse en el poder en las elecciones de 2012.
No escapa al conocimiento de ustedes, de la familia perredeísta y de la opinión pública, que en el momento en que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD trazaba en el coliseo de boxeo Teo Cruz, el 1 de agosto de 2013, las pautas que normarían su Trigésima Convención Nacional, incluyendo la convocatoria a nuevas inscripciones, el grupo que alega haber sido excluido de las votaciones celebraba, ese mismo día, un paralelo y falso Comité Ejecutivo en el club Los Prados, y convocaba una convención nacional ilegal y paralela.
Esa reunión paralela e ilegal del CEN se produjo pese a que algunos de ustedes participaron en un pre acuerdo para celebrar la reunión de manera consensuada, consenso que fuera rechazado por el grupo insubordinado frente a la dirección institucional del partido.
En otro aspecto esencial de su declaración, ustedes vuelven sobre el tema del alegado impedimento de que al candidato Guido Gómez Mazara le fueran aceptados delegados en los centros de votación, cuando él nunca llenó la formalidad de acreditarlos.
Es preciso esclarecer al respecto que, siempre en respeto al debido proceso, en fecha 15 de mayo de 2014, la Comisión Nacional Organizadora de la Convención Nacional emitió su resolución Núm. 99 que en su artículo 3 estableció la norma de acreditación de los delegados de los candidatos a todos los niveles.
Esa resolución de la CNO estableció un plazo que corrió desde las 9 de la mañana del día cinco (5) de julio hasta las 5 de la tarde del 10 de julio, ambas fechas de este año. Posteriormente la CNO emitió una circular en fecha 7 de julio que le fue notificada por acto de alguacil a los candidatos, recordándoles el cumplimiento de la acreditación, dentro del plazo establecido.
Precisamente, la sentencia del TSE que legisla al respecto se basa en esa resolución 99 de la CNO para determinar la entrega de copia de las actas de escrutinios a los delegados, de aquellos candidatos que los hubieran acreditado.
A este respecto debemos subrayar que para fortalecer la institucionalidad interna del PRD y la convivencia civilizada nacional, todos y todas debemos ser respetuosos de las normas, reglas y acuerdos concertados y que nadie –en nombre de nada- puede colocarse por encima de la ley.
No podemos dejar de rechazar con todas nuestras energías la injusta alusión que hacen ustedes a los incidentes que afectaron a integrantes de los medios de comunicación, cuando desde el mismo domingo en la noche nuestro presidente reprobó en términos firmes y creó una comisión de connotados dirigentes del partido para esclarecer y establecer las responsabilidades y sanciones de lugar.
Es desaprensiva esa alusión porque la efectiva diligencia de la comisión, ha sido divulgada en los medios y debidamente recibida y considerada por representantes de los afectados.
Por último, y a propósito de la invocación que hacen ustedes a transitar senderos de unidad y victoria, les recordamos que todos los esfuerzos e iniciativas para mantener la unidad e impedir la división del PRD han partido siempre de la dirección institucional del partido y, muy especialmente, de nuestro presidente el compañero Miguel Vargas, incluyendo el consenso para la elección de la directiva del Distrito Nacional, como reconoció Alfredo Pacheco en su discurso de aceptación de su reelección como presidente del Comité del Distrito Nacional.
Así también es la dirección institucional del partido, con el compañero Miguel a la cabeza, la que hace los mejores esfuerzos por disciplinar, institucionalizar, darle una gerencia moderna y eficiente al partido que, junto a la coherencia de propósitos en la que también enfatizamos, son las mejores herramientas para conducir nuestro partido al poder para hacerlos cambios y transformaciones que urbe nuestra sociedad.»
ALMOMENTO.NET.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.