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Afirman convención PRD fue legal
SANTO DOMINGO.- Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmaron que fue totalmente legal la Trigésima Convención Ordinaria de esta entidad política, celebrada el pasado domingo.
En un documento enviado este jueves a ALMOMENTO.NET, salen al frente a un pedido de nulidad de la Convención hecho el miércoles por Alfredo Pacheco; Orlando Jorge Mera, José Leonel Cabrera (Neney) y Eduardo Sanz Lovatón.
El documento está firmado por los regidores César Cabrera y Alejandro Barón, pasado presidente y secretario general electo del Comité del Distrito Nacional del PRD, así como los presidentes electos de frentes de masas Mary Sánchez, de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas; Joel Díaz, de la Juventud Revolucionaria Dominicana; Hugo Bautista, del Frente Médico; Julio de Peña, de los Profesionales y Técnicos; José Jáquez, del Frente Agropecuario; Nelson Espinal, de los Contadores; Nelson Vásquez, de las Mipymes; Ramón Ramirez (Tito), del Frente Barrial y Comunal; Onolia Colòn, de los Viejos Robles; César Soto, del Sindical; y Jorge Ramírez, de Deportes, entre otros».
El documento
El texto del documento es el siguiente:
«Sin dejar de respetar las respectivas trayectorias de ustedes en nuestro partido, deploramos que, reproduciendo un antigua y mala práctica de algunos dirigentes, ustedes hayan escogido el escenario público para airear cuestionamientos que siempre la dirección del partido ha estado en disposición de conocer y dilucidar en sus organismos. Vuestra exposición pública nos obliga a esclarecer y precisar sus conceptos por la misma vía.
La Trigésima Convención Nacional Ordinaria Noel Suberví Espinosa, incluyendo la elección del compañero Alfredo Pacheco y las demás autoridades del Comité del Distrito Nacional el día 13 de este mes, y el proceso elector del pasado domingo, ha sido desarrollada en estricto apego a decisiones ceñidas al marco legal que rige el quehacer de nuestro partido, incluyendo resoluciones y decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política, la Comisión Conjunta y la Comisión Nacional Organizadora de la Convención.
Prácticamente todas las decisiones adoptadas por esos organismos, han sido además cuestionadas por ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, cuyas sentencias y fallos ha confirmado en cada caso que la Comisión Nacional Organizadora ha administrado el programa convencional en base al debido proceso.
Con relación a la convención nacional ordinaria del pasado domingo, es desafortunado el pronunciamiento público de ustedes pidiendo que sea desconocida la voluntad popular de cientos de miles de perredeístas, expresada en las urnas y las de otros tantos a los que las amenazas y agresiones les impidieron ejercer su sagrado derecho a elegir y ser elegidos, cuando ya estaban en las filas y en locales de votación.
Renuevan ustedes los alegatos a la calidad del nuevo padrón de militantes, ya atacado por diferentes recursos ante el TSE, jurisdicción electoral que en razón de los contundentes argumentos de nuestros abogados reconoció su calidad en base al derecho que tienen los partidos a conformar y actualizar sus listas de dirigentes y militantes.
La conformación y actualización de ese nuevo padrón era especialmente perentoria para el PRD, pues como consta a ustedes el usado en la anterior convención ordinaria fue contaminado con el sufragio de más de 364 mil militantes de los partidos De la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, quienes desnaturalizando la libérrima voluntad de las bases perredeístas, impusieron un candidato que sirvió a la estrategia electoral del PLD de mantenerse en el poder en las elecciones de 2012.
No escapa al conocimiento de ustedes, de la familia perredeísta y de la opinión pública, que en el momento en que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD trazaba en el coliseo de boxeo Teo Cruz, el 1 de agosto de 2013, las pautas que normarían su Trigésima Convención Nacional, incluyendo la convocatoria a nuevas inscripciones, el grupo que alega haber sido excluido de las votaciones celebraba, ese mismo día, un paralelo y falso Comité Ejecutivo en el club Los Prados, y convocaba una convención nacional ilegal y paralela.
Esa reunión paralela e ilegal del CEN se produjo pese a que algunos de ustedes participaron en un pre acuerdo para celebrar la reunión de manera consensuada, consenso que fuera rechazado por el grupo insubordinado frente a la dirección institucional del partido.
En otro aspecto esencial de su declaración, ustedes vuelven sobre el tema del alegado impedimento de que al candidato Guido Gómez Mazara le fueran aceptados delegados en los centros de votación, cuando él nunca llenó la formalidad de acreditarlos.
Es preciso esclarecer al respecto que, siempre en respeto al debido proceso, en fecha 15 de mayo de 2014, la Comisión Nacional Organizadora de la Convención Nacional emitió su resolución Núm. 99 que en su artículo 3 estableció la norma de acreditación de los delegados de los candidatos a todos los niveles.
Esa resolución de la CNO estableció un plazo que corrió desde las 9 de la mañana del día cinco (5) de julio hasta las 5 de la tarde del 10 de julio, ambas fechas de este año. Posteriormente la CNO emitió una circular en fecha 7 de julio que le fue notificada por acto de alguacil a los candidatos, recordándoles el cumplimiento de la acreditación, dentro del plazo establecido.
Precisamente, la sentencia del TSE que legisla al respecto se basa en esa resolución 99 de la CNO para determinar la entrega de copia de las actas de escrutinios a los delegados, de aquellos candidatos que los hubieran acreditado.
A este respecto debemos subrayar que para fortalecer la institucionalidad interna del PRD y la convivencia civilizada nacional, todos y todas debemos ser respetuosos de las normas, reglas y acuerdos concertados y que nadie –en nombre de nada- puede colocarse por encima de la ley.
No podemos dejar de rechazar con todas nuestras energías la injusta alusión que hacen ustedes a los incidentes que afectaron a integrantes de los medios de comunicación, cuando desde el mismo domingo en la noche nuestro presidente reprobó en términos firmes y creó una comisión de connotados dirigentes del partido para esclarecer y establecer las responsabilidades y sanciones de lugar.
Es desaprensiva esa alusión porque la efectiva diligencia de la comisión, ha sido divulgada en los medios y debidamente recibida y considerada por representantes de los afectados.
Por último, y a propósito de la invocación que hacen ustedes a transitar senderos de unidad y victoria, les recordamos que todos los esfuerzos e iniciativas para mantener la unidad e impedir la división del PRD han partido siempre de la dirección institucional del partido y, muy especialmente, de nuestro presidente el compañero Miguel Vargas, incluyendo el consenso para la elección de la directiva del Distrito Nacional, como reconoció Alfredo Pacheco en su discurso de aceptación de su reelección como presidente del Comité del Distrito Nacional.
Así también es la dirección institucional del partido, con el compañero Miguel a la cabeza, la que hace los mejores esfuerzos por disciplinar, institucionalizar, darle una gerencia moderna y eficiente al partido que, junto a la coherencia de propósitos en la que también enfatizamos, son las mejores herramientas para conducir nuestro partido al poder para hacerlos cambios y transformaciones que urbe nuestra sociedad.»
ALMOMENTO.NET.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.