Nacionales
RD gasta 1.3% PIB en accidentes
Montás afirma que el Gobierno diseña una Estrategia de Seguridad Vial para reducir las muertes en las carreteras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició el foro “Pavimentando el Camino hacia la seguridad vial” .
El Gobierno gasta US$700 millones anuales en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del producto interno bruto (PIB), lo que a juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, constituye un serio y complejo problema para el desarrollo del país.
Temístocles Montás lamentó el hecho de que República Dominicana ocupe el segundo lugar en el ranking mundial de muertes en siniestros viales, con una tasa de 41 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que triplica la media de la región, cuya tasa se coloca en 17 muertes por cada 100 mil habitantes.
Durante la clausura del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), donde representantes de 25 países debatieron diversos aspectos relativos a la seguridad vial, Montás explicó que el Gobierno, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) trabajan en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que busca reducir los accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras dominicanas.
Destacó el caso de Corea del Sur, que ha logrado reducir en un 50% los accidentes viales, lo que ha motivado al Gobierno a auxiliarse de la empresa de autopistas de ese país asiático para realizar un diagnóstico que ayude a determinar las causas y lugares donde se genera la mayor cantidad de accidentes.
El funcionario afirmó que el proyecto contempla un Plan Maestro de Educación vial, para concienciar a los conductores desde temprana edad.
Asimismo, destacó que la solución del problema demanda intervenciones en múltiples direcciones, que pasan por una mejor planificación territorial, fomento de la cultura de prevención y colaboración ciudadana.
Insta a aprobar Ley de Tránsito
Montás también insistió en la necesidad de que se apruebe a la mayor brevedad el proyecto de ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que cursa en el Congreso Nacional.
De su lado, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que esa entidad apoyará los esfuerzos del Gobierno dominicano para crear el Observatorio de Seguridad Vial y otras iniciativas institucionales que han contribuido a que países con características similares a la dominicana, hayan logrado reducir los accidentes.
Dijo que además de ese proyecto, el BID colabora con las autoridades dominicanas en la modernización de las regulaciones y el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por la seguridad vial. Esto incluye la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que se encargará de implementar la estrategia.
“República Dominicana enfrenta un reto singular dada su alta tasa de accidentes viales. Con apoyo de países amigos y aliados internacionales, entre ellos el BID, el Gobierno dominicano está haciendo frente a este problema mediante una estrategia integral de seguridad vial”, dijo.
Añadió que los países que han logrado reducir la tasa de siniestros, además de mejorar su infraestructura vial, modernizaron sus regulaciones de tránsito y pusieron como máxima prioridad la aplicación rigurosa de las normas de tránsito.
En abril pasado el Ministerio de Economía informó que la Estrategia de Seguridad Vial implicará una inversión por parte del BID de US$500,000 en ayuda no reembolsable, mientras que el Gobierno dominicano aportará otros US$50,000.
Es un flagelo que se puede combatir
De su lado, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, afirmó que la violencia en los caminos es un flagelo que se puede combatir con educación, mayor rigor en el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito, mejoramiento de la infraestructura vial y adaptación de los vehículos a las vías.
En tanto, el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Félix Hernández, afirmó que el internamiento de un accidentado en una sala de cuidados intensivos tiene un costo diario aproximado de RD$55 mil lo que al mes representa RD$1 millón 650 mil.
Principal causa de muerte prematura
Los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte prematura de la región entre personas de 15 a 29 años, y la segunda causa entre personas de 5 a 14 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020 la tasa de mortalidad aumente de 1.3 a 1.9 millones, sobrepasando las muertes ocasionadas por malaria o tuberculosis.
Asimismo, el organismo internacional estima que en 2030 los costos en salud asociados a la falta de seguridad vial serán superados únicamente por los de atención de individuos con problemas de salud por VIH-sida.
90% de emergencias son por accidentes.
El director del Hospital Ney Arias Lora, Félix Hernández, explicó ayer que de las 300 emergencias diarias que se atienden en ese centro traumatológico, el 90 por ciento corresponde a accidentes de tránsito, de los cuales el 68 por ciento de afectados son motoristas. El galeno explicó que el uso de teléfonos celulares, así como drogas, alcohol y el cansancio son algunos de los factores que provocan los siniestros en las carreteras.
US$700 MM
GASTO ANUAL El Gobierno gasta en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del PIB.
RD$55,000
Gasto DIARIO Es el costo de un día de internamiento en una sala de cuidados intensivos de un lesionado en siniestro vial
elcaribe.com.do
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.