Nacionales
RD gasta 1.3% PIB en accidentes
Montás afirma que el Gobierno diseña una Estrategia de Seguridad Vial para reducir las muertes en las carreteras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició el foro “Pavimentando el Camino hacia la seguridad vial” .
El Gobierno gasta US$700 millones anuales en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del producto interno bruto (PIB), lo que a juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, constituye un serio y complejo problema para el desarrollo del país.
Temístocles Montás lamentó el hecho de que República Dominicana ocupe el segundo lugar en el ranking mundial de muertes en siniestros viales, con una tasa de 41 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que triplica la media de la región, cuya tasa se coloca en 17 muertes por cada 100 mil habitantes.
Durante la clausura del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), donde representantes de 25 países debatieron diversos aspectos relativos a la seguridad vial, Montás explicó que el Gobierno, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) trabajan en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que busca reducir los accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras dominicanas.
Destacó el caso de Corea del Sur, que ha logrado reducir en un 50% los accidentes viales, lo que ha motivado al Gobierno a auxiliarse de la empresa de autopistas de ese país asiático para realizar un diagnóstico que ayude a determinar las causas y lugares donde se genera la mayor cantidad de accidentes.
El funcionario afirmó que el proyecto contempla un Plan Maestro de Educación vial, para concienciar a los conductores desde temprana edad.
Asimismo, destacó que la solución del problema demanda intervenciones en múltiples direcciones, que pasan por una mejor planificación territorial, fomento de la cultura de prevención y colaboración ciudadana.
Insta a aprobar Ley de Tránsito
Montás también insistió en la necesidad de que se apruebe a la mayor brevedad el proyecto de ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que cursa en el Congreso Nacional.
De su lado, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que esa entidad apoyará los esfuerzos del Gobierno dominicano para crear el Observatorio de Seguridad Vial y otras iniciativas institucionales que han contribuido a que países con características similares a la dominicana, hayan logrado reducir los accidentes.
Dijo que además de ese proyecto, el BID colabora con las autoridades dominicanas en la modernización de las regulaciones y el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por la seguridad vial. Esto incluye la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que se encargará de implementar la estrategia.
“República Dominicana enfrenta un reto singular dada su alta tasa de accidentes viales. Con apoyo de países amigos y aliados internacionales, entre ellos el BID, el Gobierno dominicano está haciendo frente a este problema mediante una estrategia integral de seguridad vial”, dijo.
Añadió que los países que han logrado reducir la tasa de siniestros, además de mejorar su infraestructura vial, modernizaron sus regulaciones de tránsito y pusieron como máxima prioridad la aplicación rigurosa de las normas de tránsito.
En abril pasado el Ministerio de Economía informó que la Estrategia de Seguridad Vial implicará una inversión por parte del BID de US$500,000 en ayuda no reembolsable, mientras que el Gobierno dominicano aportará otros US$50,000.
Es un flagelo que se puede combatir
De su lado, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, afirmó que la violencia en los caminos es un flagelo que se puede combatir con educación, mayor rigor en el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito, mejoramiento de la infraestructura vial y adaptación de los vehículos a las vías.
En tanto, el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Félix Hernández, afirmó que el internamiento de un accidentado en una sala de cuidados intensivos tiene un costo diario aproximado de RD$55 mil lo que al mes representa RD$1 millón 650 mil.
Principal causa de muerte prematura
Los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte prematura de la región entre personas de 15 a 29 años, y la segunda causa entre personas de 5 a 14 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020 la tasa de mortalidad aumente de 1.3 a 1.9 millones, sobrepasando las muertes ocasionadas por malaria o tuberculosis.
Asimismo, el organismo internacional estima que en 2030 los costos en salud asociados a la falta de seguridad vial serán superados únicamente por los de atención de individuos con problemas de salud por VIH-sida.
90% de emergencias son por accidentes.
El director del Hospital Ney Arias Lora, Félix Hernández, explicó ayer que de las 300 emergencias diarias que se atienden en ese centro traumatológico, el 90 por ciento corresponde a accidentes de tránsito, de los cuales el 68 por ciento de afectados son motoristas. El galeno explicó que el uso de teléfonos celulares, así como drogas, alcohol y el cansancio son algunos de los factores que provocan los siniestros en las carreteras.
US$700 MM
GASTO ANUAL El Gobierno gasta en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del PIB.
RD$55,000
Gasto DIARIO Es el costo de un día de internamiento en una sala de cuidados intensivos de un lesionado en siniestro vial
elcaribe.com.do
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.