Nacionales
RD gasta 1.3% PIB en accidentes
Montás afirma que el Gobierno diseña una Estrategia de Seguridad Vial para reducir las muertes en las carreteras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) auspició el foro “Pavimentando el Camino hacia la seguridad vial” .
El Gobierno gasta US$700 millones anuales en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del producto interno bruto (PIB), lo que a juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, constituye un serio y complejo problema para el desarrollo del país.
Temístocles Montás lamentó el hecho de que República Dominicana ocupe el segundo lugar en el ranking mundial de muertes en siniestros viales, con una tasa de 41 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que triplica la media de la región, cuya tasa se coloca en 17 muertes por cada 100 mil habitantes.
Durante la clausura del Congreso de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), donde representantes de 25 países debatieron diversos aspectos relativos a la seguridad vial, Montás explicó que el Gobierno, conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) trabajan en el diseño de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, que busca reducir los accidentes y mejorar la seguridad en las carreteras dominicanas.
Destacó el caso de Corea del Sur, que ha logrado reducir en un 50% los accidentes viales, lo que ha motivado al Gobierno a auxiliarse de la empresa de autopistas de ese país asiático para realizar un diagnóstico que ayude a determinar las causas y lugares donde se genera la mayor cantidad de accidentes.
El funcionario afirmó que el proyecto contempla un Plan Maestro de Educación vial, para concienciar a los conductores desde temprana edad.
Asimismo, destacó que la solución del problema demanda intervenciones en múltiples direcciones, que pasan por una mejor planificación territorial, fomento de la cultura de prevención y colaboración ciudadana.
Insta a aprobar Ley de Tránsito
Montás también insistió en la necesidad de que se apruebe a la mayor brevedad el proyecto de ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que cursa en el Congreso Nacional.
De su lado, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que esa entidad apoyará los esfuerzos del Gobierno dominicano para crear el Observatorio de Seguridad Vial y otras iniciativas institucionales que han contribuido a que países con características similares a la dominicana, hayan logrado reducir los accidentes.
Dijo que además de ese proyecto, el BID colabora con las autoridades dominicanas en la modernización de las regulaciones y el fortalecimiento de las instituciones responsables de velar por la seguridad vial. Esto incluye la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial, que se encargará de implementar la estrategia.
“República Dominicana enfrenta un reto singular dada su alta tasa de accidentes viales. Con apoyo de países amigos y aliados internacionales, entre ellos el BID, el Gobierno dominicano está haciendo frente a este problema mediante una estrategia integral de seguridad vial”, dijo.
Añadió que los países que han logrado reducir la tasa de siniestros, además de mejorar su infraestructura vial, modernizaron sus regulaciones de tránsito y pusieron como máxima prioridad la aplicación rigurosa de las normas de tránsito.
En abril pasado el Ministerio de Economía informó que la Estrategia de Seguridad Vial implicará una inversión por parte del BID de US$500,000 en ayuda no reembolsable, mientras que el Gobierno dominicano aportará otros US$50,000.
Es un flagelo que se puede combatir
De su lado, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, afirmó que la violencia en los caminos es un flagelo que se puede combatir con educación, mayor rigor en el cumplimiento de las leyes y normas de tránsito, mejoramiento de la infraestructura vial y adaptación de los vehículos a las vías.
En tanto, el director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Félix Hernández, afirmó que el internamiento de un accidentado en una sala de cuidados intensivos tiene un costo diario aproximado de RD$55 mil lo que al mes representa RD$1 millón 650 mil.
Principal causa de muerte prematura
Los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte prematura de la región entre personas de 15 a 29 años, y la segunda causa entre personas de 5 a 14 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2020 la tasa de mortalidad aumente de 1.3 a 1.9 millones, sobrepasando las muertes ocasionadas por malaria o tuberculosis.
Asimismo, el organismo internacional estima que en 2030 los costos en salud asociados a la falta de seguridad vial serán superados únicamente por los de atención de individuos con problemas de salud por VIH-sida.
90% de emergencias son por accidentes.
El director del Hospital Ney Arias Lora, Félix Hernández, explicó ayer que de las 300 emergencias diarias que se atienden en ese centro traumatológico, el 90 por ciento corresponde a accidentes de tránsito, de los cuales el 68 por ciento de afectados son motoristas. El galeno explicó que el uso de teléfonos celulares, así como drogas, alcohol y el cansancio son algunos de los factores que provocan los siniestros en las carreteras.
US$700 MM
GASTO ANUAL El Gobierno gasta en asistir a los heridos en accidentes de tránsito, equivalentes al 1.3% del PIB.
RD$55,000
Gasto DIARIO Es el costo de un día de internamiento en una sala de cuidados intensivos de un lesionado en siniestro vial
elcaribe.com.do
Nacionales
TC rechaza amparo de Alexander Montilla contra embargo inmobiliario vinculado al caso Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
El levantamiento parcial de las medidas
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
Criterio del Tribunal Constitucional
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Acuerdo de oportunidad y condenas previas
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).