Opinión
Las izquierdas ayer, hoy y siempre: Perspectivas
Por Narciso Isa Conde
Las izquierdas han dado enormes aportes al país. Aquí no hay un solo avance político, social, cultural…una solo conquista donde las izquierdas no hayan sido determinantes.
No pasa así con las derechas de ayer y de hoy, responsables de todos los males acumulados.
Hemos tenido ascensos y descensos, momentos estelares como el de la resistencia antitrujillista de los años 40, la expedición de junio del 59, la formación del Movimiento 14 de junio, MPD y PSP-PCD, la Revolución de abril de 1965 y los combates en los doce años.
Los últimos lustros han sido muy difíciles para las fuerzas revolucionarias por múltiples causas incluso muy superiores a los individualismos, a las pugnas personales y a las competencias sectarias, que ciertamente han tenido impactos muy negativos.
A la dispersión post-abril del 65, a las afiliaciones a corrientes internacionales en pugnas, se le sumaron los desgarrantes impactos del derrumbe del llamado “socialismo real” y de la larga hegemonía neoliberal, junto a diferencias políticas y conceptuales muy importantes previas y posteriores.
Las debilidades de las izquierdas partidistas -expresadas sobretodo en su marginalidad en el campo electoral- ha tenido mucho que ver con una suma de factores: la forma como fue diezmada por el terrorismo de Estado en época de Balaguer, la imposición de un sistema político altamente excluyente y antidemocrático, el oligopolio electoral conformado; las traiciones del PRD y el PLD y sus deserciones del campo antiimperialista y progresista; la fuerte gravitación imperialista en nuestro Caribe y en nuestra isla; las herencias dogmáticas, euro-céntricas y seguidistas; los déficits organizativos y logísticos acumulados mezclados con prácticas divisionistas e individualistas enraizadas.
Ha tenido que ver con errores en las políticas de alianza, con la gravitación en su seno de corrientes reformistas e inclinaciones a aliarse con una parte de las derechas (o a parecerse a ellas no impugnando vigorosamente sus reglas de juego), y con déficits significativos en la formulación de alternativas al capitalismo neoliberal, en el programa de transición hacia una nueva democracia y en la nueva propuesta socialista a partir del derrumbe del denominado socialismo real.
Las debilidades, pues, no han sido ni son exclusivamente electorales, menos podrían referirse solamente a decisiones propias de las izquierdas, sin tener en cuenta los regímenes políticos impuestos, la fuerza de la contrarrevolución e intervención externa en esta zona del mundo, las características de las fuerzas opresoras y las mutaciones negativas del PRD y el PLD (renegando incluso de todo progresismo).
Las izquierdas han sido diversas y siguen siéndolo, los procesos también. Y existió una izquierda, que aun llamándose así, dejó de serlo, lo que siembra desconfianza en el pueblo. Todo eso influye y debe ser tenido en cuenta para no meter a todo el mundo en la misma funda.
Las izquierdas no solo son los agrupamientos políticos que se formaron en el siglo pasado. Hoy debemos hablar de izquierdas y de fuerzas transformadoras de carácter social, ambiental, cultural, socio-política muy diversas, entre las que debe incluirse la izquierda histórica partidista que ha perdurado en el combate al sistema de dominación y otros sujetos políticos en procesos de gestación muy propios de la era neoliberal y de la multi-crisis capitalista.
De un tiempo acá se viene produciendo un lento pero sostenido proceso de recomposición y fenómenos interesantes en el proceso de gestación de una nueva izquierda social, medio-ambiental, política y cultural.
En nuestro caso después de resquebrajarse el proceso de fusión del Partido Comunista Dominicano (PCD) con otras tres organizaciones marxistas –proceso que creó la Fuerza de la Revolución (FR)– la mayoría de los que integramos ese proyecto fallido y otros camaradas sin partido, formamos el Movimiento Caamañista (MC), que asume la lucha por una nueva democracia y un nuevo socialismo..
Recientemente, desde hace apenas dos año, el MC forma parte de la Izquierda Revolucionaria (IR), integrada por el Frente Popular Aniana Vargas (FEPAV), el Movimiento Caamañista, el Movimiento Popular Dominicano (MPD), la Fuerza Popular Duartiana (FPD), la Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), además por un conjunto movimientos juveniles, estudiantiles, comunitarios.
Este proceso unitario sigue avanzando, confrontando con las derechas de todos los colores (PLD-los PRD-PRSC y grupos satélites) y diferenciándose de una parte de la izquierda que tiende a dejarse absorber por el sistema y a pactar o con el PLD o con una de las facciones del PRD, por seguir aferrada a una línea unilateralmente electoralista y no entender que a nivel de Estado todo ha cambiado para peor, entronizándose una dictadura institucional.
Esa realidad exige más que antes ejercer la democracia de calle para crear fuerza propia, enfrentar la dictadura institucional, cambiar esa JCE, las llamadas altas cortes y desbrozar el camino de una Constituyente Popular y Soberana… al compás del impulso a las luchas por las demandas nacionales vitales a laque se resiste el gobierno y el gran capital: Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la mina de Pueblo Viejo-Barrick Gold, anulación de las concesiones mineras destructivas, fin de la impunidad, combate a la carestía, salarios dignos, alto a la violencia de género, superación de la crisis del sistema de salud, acción pública contra la inseguridad ciudadana y el estado delincuente, ampliación de las libertades y los derechos laborales…
Específicamente, el gran acierto en la asunción del tema Loma Miranda-Parque Nacional (frente a la Xstrata Niquel-FALCONDO, la Cámara Minera, la Cámara Americana, el CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA-CONEP y el Gobierno del PLD-Danilo Medina), la manera consecuente con la democracia de calle como ha asumido esa lucha, la línea de la unidad en la diversidad social, cultural y política desplegada, su vinculación con otros sectores en lucha y otras demandas vitales, el papel desempeñado en la EXPEDICIÓN y en el CAMPAMENTO, la combatividad demostrada por el MOVIMIENTRO CAAMAÑISTA-MC y por la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR de la cual forma parte… han determinado un crecimiento de su autoridad e influencia de esta original coalición revolucionaria en dirección a contribuir a crear contra-poder popular frente al poder del gran capital transnacional y local y el régimen vigente.
Las izquierdas electoralistas-reformistas lucen rezagadas, con bajísimo perfil en la luchas socio-políticas actuales. Es el caso del llamadoFrente Amplio-FA que apuesta a ser satélite del denominado Partido Revolucionario Mayoritario-PRM en busca de cuotas institucionales y el de la Alianza País de Guillermo Moreno-AP, que sin propiciar esa relación subordinada, está impregnada de una posición conservadora que la desvincula de las grandes luchas en desarrollo.
Ahora el chance para una izquierda renovada y ampliada con nuevos actores políticos, sociales y culturales, es mayor (por la situación crítica del dividido PRD y todo el sistema tradicional de partidos), sobretodo si se prioriza la impugnación de estas instituciones y se procura crear otra situación política, que posibilite resquebrajar los amarres de la dictadura política peledeísta y su sistema de trampas, desde una opción nítidamente alternativa, anti-neoliberal, antiimperialista, anticorrupción y transformadora, como en su momento y con sus peculiaridades simbolizaron las corrientes lideradas por Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa…
La IR está llamada a jugar un papel relevante en ese proceso de acenso de las luchar, de reagrupamientos de las fuerzas transformadoras y reconformación de la nueva vanguardia en el contexto de una creciente rebeldía socio-ambiental y popular de nuevo tipo.
ACORRALAR AL REGIMEN CREANDO CONTRAPODER POPULAR
Hay que desechar la concepción del que el éxito político se relaciona exclusivamente con las victorias o avances electorales, sin menospreciar esa perspectiva.
El PRD, en algunos casos, perdió ganando elecciones (en 1982 y en 2000), y el país perdió mucho. El PLD en todos los casos lo ha empeorado todo. Ambos se convirtieron en instrumentos de una partidocracia corrompida y de un capitalismo neoliberal. Sus cúpulas se enriquecieron y sus estructuras se infectaron de lo peor. Eso indica que más importante que ganar unas elecciones es lo que se hace desde el gobierno y otros resortes de Estado y, sobre todo el poder popular que lo sustente.
A mi entender, en las actuales circunstancias, primero hay que encabezar la lucha de calles y acorralar el régimen apuntando contra el gran capital que lo atrapa y lo usa a su favor, crear poderes paralelos, para luego –si es preciso y oportuno- catapultar en un sufragio medianamente democrático todo lo acumulado y disponerse a transformar este infierno de país. No hay de otra para avanzar sustancialmente.
Si el fracaso o el éxito se miden por el grado de bienestar para el pueblo que pueda garantizar el ejercicio político, hay que decir que el fracaso del PRSC, PRD, PLD y aliados ha sido estrepitoso y trágico, aunque ciertamente en diferentes aspectos y magnitudes en cada caso.
La derecha originaria y las derechas adoptivas son las responsables del drama de nuestra nación y nuestra sociedad.
A las izquierdas que no han claudicado se le puede crucificar por sus reducidas mediciones electorales pasadas dentro de este ordenamiento jurídico-político excluyente y antidemocrático, pero nadie puede negarles su extraordinaria contribución –a contracorriente del tipo de dominación– a todos los logros políticos, sociales y culturales del país; así como su liberación de culpas en la sangre derramada, libertades truncadas, la corrupción desplegada, la soberanía mancillada, el empobrecimiento expandido y las penurias sufridas por el pueblo. En estas vertientes las derechas, los renegados de la izquierda tienen todas las medallas habidas y por haber.
Nuestras culpas se relacionan con nuestras incapacidades en la necesaria contribución para la creación del poder del pueblo, para sembrar socialismo. Pero estamos dedicados a superar a superar esos límites históricos.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?