Opinión
Gallup-HOY: reina Danilo, PRD se hunde y surge PRM
Por Juan Bolívar Díaz
Lo más relevante de la encuesta Gallup-HOY publicada esta semana es la alta aprobación, por encima del 80 por ciento, que mantiene el presidente Danilo Medina al comenzar la segunda mitad de su período gubernamental, lo que podría incentivar a sus partidarios que piden reforma constitucional para repostularlo.
Resalta también el hundimiento en las preferencias electorales del histórico Partido Revolucionario Dominicano (PRD) mientras su fracción constituida en Partido Revolucionario Moderno (PRM) emerge como segunda fuerza, dentro de la cual Luis Abinader se afianza como candidato presidencial preferido.
El reinado de Danilo. Iniciada la segunda mitad de su período gubernamental el presidente Danilo Medina mantenía su alta popularidad con dos tercios de la población a favor de modificar la Constitución de la República para que pueda optar por la reelección, lo que podría incentivar a quienes vienen promoviendo esa propuesta.
La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana, cuyo trabajo de campo se realizó del 29 de agosto al 2 de septiembre, registra 91 por ciento a su favor en respuesta a una pregunta cerrada de aprobación o desaprobación, el 83 por ciento sobre su desempeño, y 81 por ciento cuando se preguntó si cumple sus promesas de gobierno. Esta encuesta se realizó antes del veto a la ley que convertía la loma Miranda en parque nacional, considerada su decisión más impopular. En la anterior encuesta, en mayo, su aprobación fue del 89 por ciento.
Otro registro a favor del presidente Medina es que obtendría tres cuartas partes de los votos en dos escenarios en que se enfrentara al expresidente Hipólito Mejía o al economista Luis Abinader por el nuevo PRM, y en ambos casos con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como candidato del PRD. Frente a Mejía y Vargas el 76 por ciento y ante Abinader y Vargas 73 por ciento.
Sin embargo, cuando se preguntó quién debe ser el candidato presidencial del PLD sólo el 48.5 por ciento de los encuestados respondió que Danilo Medina, y el 17 por ciento Fernández, con su esposa, la vicepresidenta Margarita Cedeño, en tercer lugar con 5 por ciento. Reinaldo Pared y Francisco Javier, creciendo, obtienen poco menos del 5 por ciento.
El problema para la repostulación de Medina radica en que luce casi imposible lograr las dos terceras partes de los votos de los integrantes del Congreso Nacional requeridos para modificar la prohibición constitucional.
Perspectivas de Leonel. Aunque registra una alta tasa de rechazo del 22 por ciento, y no ganaría en primera vuelta en los dos escenarios presentados a consideración de los electores, frente a Mejía y Vargas o Abinader y Vargas, al obtener 45 y 44 por ciento, el expresidente Leonel Fernández se mantiene como una fuerte opción electoral para su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de cara a los comicios del 2016.
De los potenciales candidatos sólo Mejía, con 37 por ciento, tiene una tasa de rechazo (que nunca votarían por el) superior al 22 por ciento que registran Fernández y Miguel Vargas. El primero no ha decidido lanzarse a buscar la candidatura presidencial del nuevo PRM, mientras el segundo viene presidiendo actos en diversas regiones del país donde se le proclama como opción presidencial del PLD que preside.
Pero las preferencias que registra Leonel, con el voto de oposición dividido y sin que haya aún fraguado el proyecto de “Convergencia por un Mejor País” que envolvería al PRM y varios partidos y grupos emergentes, lucen suficiente para que se mantenga en la carrera por el retorno al poder, y sin su favor es virtualmente imposible la reforma constitucional que abra espacio a la reelección de Medina.
Los registros de esta encuesta podrían inducir a mayores tensiones en el partido oficialista, si toma fuerza el no autorizado movimiento que busca abrir espacio a la repostulación del actual mandatario, estimulado por tasas de preferencias que de mantenerse garantizarían la victoria en primera vuelta.
PRM sustituye al PRD. La mayor novedad de esta encuesta Gallup-HOY es que el PRM, resultado de la reciente división del PRD, aparece como la segunda fuerza política, con sus potenciales candidatos presidenciales Luis Abinader e Hipólito Mejía casi triplicando las preferencias que registra Miguel Vargas, quien ahora aparece como único aspirante a la candidatura presidencial del viejo PRD, a cuya presidencia se mantiene aferrado. Las preferencias por el PRD cayeron en esta encuesta al 15 por ciento, el más bajo de su historia. Lo mismo se puede decir del Partido Reformista Social Cristiano que apenas registra 3 por ciento, mientras el PLD acumula 54 por ciento.
En cuatro hipotéticos escenarios Vargas sólo llegaría al 10 por ciento compitiendo contra Leonel y Abinader; baja al 9 contra Leonel e Hipólito; cae al 6 por ciento contra Danilo y Abinader, y al 5 por ciento contra Danilo e Hipólito.
Resalta que esta encuesta, la primera que mide preferencias tras la división formal del PRD con la constitución del PRM, registra un hundimiento de las preferencias por Vargas Maldonado, quien en las cuatro Gallup anteriores obtenía entre 20 y 21 por ciento del universo de los encuestados y entre el 9 y el 13 por ciento entre los que se definían como perredeístas, compitiendo con Mejía y Abinader.
Además de la división formal del más antiguo partido nacional, los resultados adversos para Vargas podrían estar influidos por la forma en que transcurrió la convención que el 20 de julio eligió dirigentes del PRD, con violencias e imposiciones mostradas por la mayoría de los medios de comunicación, especialmente la radio y televisión.
La fortaleza de Abinader. De una oposición ahora más fragmentada, el único de los precandidatos que mantiene un proceso de fortalecimiento es el economista y empresario Luis Abinader, quien lidera las preferencias para encabezar la boleta del nuevo PRM, muy por encima del expresidente Hipólito Mejía, quien no ha definido sus aspiraciones.
En la pregunta sobre quién debe ser el candidato presidencial del PRM el 36 por ciento señaló a Abinader y sólo el 13 por ciento a Mejía. En el escenario contra Danilo y Vargas, Abinader registra 14 por ciento de preferencias y se duplica al 28 contra Leonel y Vargas. En los mismos Mejía obtiene 11 y 24 por ciento.
Abinader se ve favorecido también por la baja tasa de rechazo que registra, al igual que el presidente Medina por debajo del 1 por ciento, un enorme contraste con el 37 por ciento que dice que nunca votaría por Hipólito Mejía.
La juventud y la novedad podrían estar favoreciendo a Luis Abinader, quien desde el año pasado viene fortaleciéndose como opción. En las cuatro últimas encuestas Gallup-HOY, como en otras investigaciones, ha liderado las preferencias como opción de la oposición política para los comicios del 2016. En el universo sus preferencias oscilaban entre 21 y 27 por ciento, y entre quienes se definían como perredeístas entre 36 por ciento en septiembre del 2013 y 44 por ciento en mayo pasado, cuando Mejía registró 32 y Vargas 13 por ciento.
Datos contradictorios
El análisis de los resultados de esta encuesta Gallup arroja elementos que cuestionan la alta aprobación que registra el presidente Medina: el caso del 62 por ciento que considera que la economía del país anda mal y sólo el 15 por ciento que está bien. El 56 por ciento dice que su economía personal está mal y sólo el 18 la aprecia bien. También resalta la baja aprobación de la gestión gubernamental en los tres asuntos que más preocupan a los encuestados: la delincuencia, costo de la vida y escasez de empleo.
La lucha contra la delincuencia y el control de la inflación solo tienen la aprobación del 30 por ciento y la creación de empleos 36 por ciento. El gobierno también se quema en mejora del transporte con 44 por ciento, en energía eléctrica, 40 por ciento, en lucha contra la corrupción, 32 por ciento, y contra tráfico y consumo de drogas 27 por ciento.
La mayor aprobación de la gestión de Danilo Medina sigue estando en el mejoramiento de la educación pública, donde alcanza el 89 por ciento, en medidas a favor de la mujer, 65 por ciento, de la juventud 56 por ciento, y en obras públicas con 62 por ciento.
Diversos analistas coinciden en que aparte de la imagen personal de Medina y sus logros en educación, atención a los pequeños productores y aciertos como la modificación del contrato sobre la mina de oro de Cotuí, contribuyen a su alta aprobación tres factores: el contraste con su antecesor Leonel Fernández, la ausencia de un partido de oposición que le haga contrapeso y genere ilusión de cambio, y cierta dosis de resignación ante el desguañangue del partidismo.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.