Opinión
La Iniciativa Minerva
Hoy, seguimos a la expectativa ante los intentos depredadores de la Falconbridge contra la Loma Miranda. Y los jóvenes se crecen en defensa del ambiente junto a un sector humanista y popular de la iglesia católica que ha tenido el valor de enfrentarse a la oligarquía eclesial incapaz de admitir que un nuevo tipo de Papa católico está en el Vaticano.
La famosa frase: el que no está conmigo está contra mí ha sido llevada a la práctica en Estados Unidos tanto tiempo atrás como desde la llegada de los “pilgrims” y su encuentro con los nativos que, luego, serían diezmados. Con esa filosofía como guía, el Norte revuelto y brutal se ha asignado el derecho de determinar quién es bueno y quién es malo, qué es correcto y qué es inadecuado.
Esto así, llegamos al siglo 21 sometidos a un poder estadounidense con una estrechez mental que deslumbraría a cualquier psiquiatra. Basados en una autodevastante ideología militar, incapaz de solucionar problema alguno si no es mediante la violencia, el poder militar de Estados Unidos ha establecido que todo aquel que no esté de acuerdo con su proyecto de dominación universal debe ser considerado como terrorista.
Representando a la plutocracia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, decidió financiar, desde 2008, un proyecto contrainsurgente de investigación social. Lo designaron como Minerva Research Initiative y aspira a desentrañar los secretos de las fuerzas sociales, culturales y políticas que hoy se reproducen por el mundo. De esta manera, piensan los jerarcas del Pentágono, entenderían mejor cómo piensan los pueblos, para entonces neutralizarlos. Minerva busca, fundamentalmente, medir la importancia que las movilizaciones sociales pudieran tener para desequilibrar y perjudicar los intereses políticos y de empresas de Estados Unidos en cada punto de la geografía mundial.
Confían los guardias del Pentágono en universidades prestigiosas como Cornell, Washington e Illinois para desarrollar modelos empíricos que permitirían comprender la dinámica de las movilizaciones sociales y la capacidad de contagio sobre el resto de sus respectivas poblaciones. Grave error, producto de su estrechez mental, al creer que las movilizaciones populares son asunto de fórmulas y de algoritmos. Ignoran que las causas residen en las injusticias, crímenes y corrupción que Estados Unidos ha implantado como norma por casi todo el planeta para beneficio del complejo militar-industrial.
En 2011, el Departamento de Defensa de Estados Unidos puso en práctica los resultados de la investigación Minerva obtenidos hasta entonces durante el inicio de la primavera árabe en Egipto, en Nigeria en 2012, así como en Turquía en 2013 cuando las movilizaciones de la plaza Gazi. Creen los “guardias americanos” que manipulando “twitters”, correos electrónicos y “Facebook” podrían neutralizar la capacidad de contagio que tienen las movilizaciones justas en defensa de los recursos nacionales.
Esto de la Minerva Research Initiative no puede ser ignorado por las fuerzas sociales que desde tiempo atrás han defendido el ambiente y las riquezas naturales en República Dominicana. En los años recientes, el sector más consciente del pueblo dominicano ha dado brillantes demostraciones de firmeza y buen juicio en su lucha para defender los recursos naturales y la dignidad humana. Aquellas movilizaciones que renacieron en el sector Gonzalo de Los Haitises para impedir la devastación de esa zona, pareció, al principio, una quimera quijotesca. Pero la tozudez indoblegable de un creciente conjunto de jóvenes y la defensa de una causa razonable los condujo al éxito.
Después, el sector consciente continuó creciendo para enfrentar la desmedida ambición de la Barrick Gold que busca por todos los medios apoderarse del oro dominicano en contubernio con un grupo político gobernante.
La lucha aumentó su intensidad al enfrentar la injusta decisión del Tribunal Constitucional para formalizar un apartheid dominicano en pleno siglo 21. Los nazis criollos se están viendo obligados a tragar una amarga transición, aunque no cejan en su inhumano empeño discriminatorio.
Hoy, seguimos a la expectativa ante los intentos depredadores de la Falconbridge contra la Loma Miranda. Y los jóvenes se crecen en defensa del ambiente junto a un sector humanista y popular de la iglesia católica que ha tenido el valor de enfrentarse a la oligarquía eclesial incapaz de admitir que un nuevo tipo de Papa católico está en el Vaticano.
Cada día las inevitables victorias se hacen más difíciles porque los capitales, nacional y extranjero, unen fuerzas para presionar, y hasta sobornar, a las autoridades nacionales y provinciales. No obstante, debían preguntarse ¿qué depara el futuro para los defensores del medio ambiente que no encuentran respaldo en las políticas gubernamentales, violadoras de las leyes y la Constitución? ¿Quiénes son en realidad sus adversarios? ¿Qué fuerzas se mueven en la oscuridad para facilitar que las transnacionales mineras se alcen con el santo y la limosna?
Los defensores del patrimonio nacional deben cuidarse porque el Pentágono tiene los juegos pesados y, en otros países, han considerado a los defensores de los derechos humanos como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos para entonces reprimirlos y eliminarlos a gusto.
¿De qué tipo de enemigo tiene que cuidarse los defensores del medio ambiente dominicano?
¿De Minerva?
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.