Opinión
La Iniciativa Minerva
Hoy, seguimos a la expectativa ante los intentos depredadores de la Falconbridge contra la Loma Miranda. Y los jóvenes se crecen en defensa del ambiente junto a un sector humanista y popular de la iglesia católica que ha tenido el valor de enfrentarse a la oligarquía eclesial incapaz de admitir que un nuevo tipo de Papa católico está en el Vaticano.
La famosa frase: el que no está conmigo está contra mí ha sido llevada a la práctica en Estados Unidos tanto tiempo atrás como desde la llegada de los “pilgrims” y su encuentro con los nativos que, luego, serían diezmados. Con esa filosofía como guía, el Norte revuelto y brutal se ha asignado el derecho de determinar quién es bueno y quién es malo, qué es correcto y qué es inadecuado.
Esto así, llegamos al siglo 21 sometidos a un poder estadounidense con una estrechez mental que deslumbraría a cualquier psiquiatra. Basados en una autodevastante ideología militar, incapaz de solucionar problema alguno si no es mediante la violencia, el poder militar de Estados Unidos ha establecido que todo aquel que no esté de acuerdo con su proyecto de dominación universal debe ser considerado como terrorista.
Representando a la plutocracia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, decidió financiar, desde 2008, un proyecto contrainsurgente de investigación social. Lo designaron como Minerva Research Initiative y aspira a desentrañar los secretos de las fuerzas sociales, culturales y políticas que hoy se reproducen por el mundo. De esta manera, piensan los jerarcas del Pentágono, entenderían mejor cómo piensan los pueblos, para entonces neutralizarlos. Minerva busca, fundamentalmente, medir la importancia que las movilizaciones sociales pudieran tener para desequilibrar y perjudicar los intereses políticos y de empresas de Estados Unidos en cada punto de la geografía mundial.
Confían los guardias del Pentágono en universidades prestigiosas como Cornell, Washington e Illinois para desarrollar modelos empíricos que permitirían comprender la dinámica de las movilizaciones sociales y la capacidad de contagio sobre el resto de sus respectivas poblaciones. Grave error, producto de su estrechez mental, al creer que las movilizaciones populares son asunto de fórmulas y de algoritmos. Ignoran que las causas residen en las injusticias, crímenes y corrupción que Estados Unidos ha implantado como norma por casi todo el planeta para beneficio del complejo militar-industrial.
En 2011, el Departamento de Defensa de Estados Unidos puso en práctica los resultados de la investigación Minerva obtenidos hasta entonces durante el inicio de la primavera árabe en Egipto, en Nigeria en 2012, así como en Turquía en 2013 cuando las movilizaciones de la plaza Gazi. Creen los “guardias americanos” que manipulando “twitters”, correos electrónicos y “Facebook” podrían neutralizar la capacidad de contagio que tienen las movilizaciones justas en defensa de los recursos nacionales.
Esto de la Minerva Research Initiative no puede ser ignorado por las fuerzas sociales que desde tiempo atrás han defendido el ambiente y las riquezas naturales en República Dominicana. En los años recientes, el sector más consciente del pueblo dominicano ha dado brillantes demostraciones de firmeza y buen juicio en su lucha para defender los recursos naturales y la dignidad humana. Aquellas movilizaciones que renacieron en el sector Gonzalo de Los Haitises para impedir la devastación de esa zona, pareció, al principio, una quimera quijotesca. Pero la tozudez indoblegable de un creciente conjunto de jóvenes y la defensa de una causa razonable los condujo al éxito.
Después, el sector consciente continuó creciendo para enfrentar la desmedida ambición de la Barrick Gold que busca por todos los medios apoderarse del oro dominicano en contubernio con un grupo político gobernante.
La lucha aumentó su intensidad al enfrentar la injusta decisión del Tribunal Constitucional para formalizar un apartheid dominicano en pleno siglo 21. Los nazis criollos se están viendo obligados a tragar una amarga transición, aunque no cejan en su inhumano empeño discriminatorio.
Hoy, seguimos a la expectativa ante los intentos depredadores de la Falconbridge contra la Loma Miranda. Y los jóvenes se crecen en defensa del ambiente junto a un sector humanista y popular de la iglesia católica que ha tenido el valor de enfrentarse a la oligarquía eclesial incapaz de admitir que un nuevo tipo de Papa católico está en el Vaticano.
Cada día las inevitables victorias se hacen más difíciles porque los capitales, nacional y extranjero, unen fuerzas para presionar, y hasta sobornar, a las autoridades nacionales y provinciales. No obstante, debían preguntarse ¿qué depara el futuro para los defensores del medio ambiente que no encuentran respaldo en las políticas gubernamentales, violadoras de las leyes y la Constitución? ¿Quiénes son en realidad sus adversarios? ¿Qué fuerzas se mueven en la oscuridad para facilitar que las transnacionales mineras se alcen con el santo y la limosna?
Los defensores del patrimonio nacional deben cuidarse porque el Pentágono tiene los juegos pesados y, en otros países, han considerado a los defensores de los derechos humanos como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos para entonces reprimirlos y eliminarlos a gusto.
¿De qué tipo de enemigo tiene que cuidarse los defensores del medio ambiente dominicano?
¿De Minerva?
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.