Opinión
La Iniciativa Minerva
Hoy, seguimos a la expectativa ante los intentos depredadores de la Falconbridge contra la Loma Miranda. Y los jóvenes se crecen en defensa del ambiente junto a un sector humanista y popular de la iglesia católica que ha tenido el valor de enfrentarse a la oligarquía eclesial incapaz de admitir que un nuevo tipo de Papa católico está en el Vaticano.
La famosa frase: el que no está conmigo está contra mí ha sido llevada a la práctica en Estados Unidos tanto tiempo atrás como desde la llegada de los “pilgrims” y su encuentro con los nativos que, luego, serían diezmados. Con esa filosofía como guía, el Norte revuelto y brutal se ha asignado el derecho de determinar quién es bueno y quién es malo, qué es correcto y qué es inadecuado.
Esto así, llegamos al siglo 21 sometidos a un poder estadounidense con una estrechez mental que deslumbraría a cualquier psiquiatra. Basados en una autodevastante ideología militar, incapaz de solucionar problema alguno si no es mediante la violencia, el poder militar de Estados Unidos ha establecido que todo aquel que no esté de acuerdo con su proyecto de dominación universal debe ser considerado como terrorista.
Representando a la plutocracia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, decidió financiar, desde 2008, un proyecto contrainsurgente de investigación social. Lo designaron como Minerva Research Initiative y aspira a desentrañar los secretos de las fuerzas sociales, culturales y políticas que hoy se reproducen por el mundo. De esta manera, piensan los jerarcas del Pentágono, entenderían mejor cómo piensan los pueblos, para entonces neutralizarlos. Minerva busca, fundamentalmente, medir la importancia que las movilizaciones sociales pudieran tener para desequilibrar y perjudicar los intereses políticos y de empresas de Estados Unidos en cada punto de la geografía mundial.
Confían los guardias del Pentágono en universidades prestigiosas como Cornell, Washington e Illinois para desarrollar modelos empíricos que permitirían comprender la dinámica de las movilizaciones sociales y la capacidad de contagio sobre el resto de sus respectivas poblaciones. Grave error, producto de su estrechez mental, al creer que las movilizaciones populares son asunto de fórmulas y de algoritmos. Ignoran que las causas residen en las injusticias, crímenes y corrupción que Estados Unidos ha implantado como norma por casi todo el planeta para beneficio del complejo militar-industrial.
En 2011, el Departamento de Defensa de Estados Unidos puso en práctica los resultados de la investigación Minerva obtenidos hasta entonces durante el inicio de la primavera árabe en Egipto, en Nigeria en 2012, así como en Turquía en 2013 cuando las movilizaciones de la plaza Gazi. Creen los “guardias americanos” que manipulando “twitters”, correos electrónicos y “Facebook” podrían neutralizar la capacidad de contagio que tienen las movilizaciones justas en defensa de los recursos nacionales.
Esto de la Minerva Research Initiative no puede ser ignorado por las fuerzas sociales que desde tiempo atrás han defendido el ambiente y las riquezas naturales en República Dominicana. En los años recientes, el sector más consciente del pueblo dominicano ha dado brillantes demostraciones de firmeza y buen juicio en su lucha para defender los recursos naturales y la dignidad humana. Aquellas movilizaciones que renacieron en el sector Gonzalo de Los Haitises para impedir la devastación de esa zona, pareció, al principio, una quimera quijotesca. Pero la tozudez indoblegable de un creciente conjunto de jóvenes y la defensa de una causa razonable los condujo al éxito.
Después, el sector consciente continuó creciendo para enfrentar la desmedida ambición de la Barrick Gold que busca por todos los medios apoderarse del oro dominicano en contubernio con un grupo político gobernante.
La lucha aumentó su intensidad al enfrentar la injusta decisión del Tribunal Constitucional para formalizar un apartheid dominicano en pleno siglo 21. Los nazis criollos se están viendo obligados a tragar una amarga transición, aunque no cejan en su inhumano empeño discriminatorio.
Hoy, seguimos a la expectativa ante los intentos depredadores de la Falconbridge contra la Loma Miranda. Y los jóvenes se crecen en defensa del ambiente junto a un sector humanista y popular de la iglesia católica que ha tenido el valor de enfrentarse a la oligarquía eclesial incapaz de admitir que un nuevo tipo de Papa católico está en el Vaticano.
Cada día las inevitables victorias se hacen más difíciles porque los capitales, nacional y extranjero, unen fuerzas para presionar, y hasta sobornar, a las autoridades nacionales y provinciales. No obstante, debían preguntarse ¿qué depara el futuro para los defensores del medio ambiente que no encuentran respaldo en las políticas gubernamentales, violadoras de las leyes y la Constitución? ¿Quiénes son en realidad sus adversarios? ¿Qué fuerzas se mueven en la oscuridad para facilitar que las transnacionales mineras se alcen con el santo y la limosna?
Los defensores del patrimonio nacional deben cuidarse porque el Pentágono tiene los juegos pesados y, en otros países, han considerado a los defensores de los derechos humanos como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos para entonces reprimirlos y eliminarlos a gusto.
¿De qué tipo de enemigo tiene que cuidarse los defensores del medio ambiente dominicano?
¿De Minerva?
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.