Opinión
Repica Escándalo Tucanos
REPICA ESCÁNDALO SÚPER-TUCANOS EN EEUU; LEONEL EN SAL MUERA
Esta reseña le siguió a la primera denuncia de la estafa de la compra sobrevaluada de los súper-tucanos y fue publicada en diciembre del 2013 en el ALBUM DE LA CORRUPCIÓN de TIRO Al BLANCO, voz del Movimiento Caamañista-MC, justo cuando el tema rebotó a los EEUU. El silencio cómplice de este gobierno del presidente Medina sepultó nueva vez el tema.
Ahora repica de nuevo en el exterior sin que se den a conocer los detalles incluidos en este texto, cuyo contenido incrimina al expresidentes LEONEL FERNÁNDEZ; quien debería encabezar el conjunto responsable de este robo al Estado ascendente a los 87 millones de dólares.
Gran estafa en compra sobrevaluada de Los Super-Tucanos
Los ocho aviones Súper-Tucanos, comprados innecesariamente en Brasil por mandato del ex-presidente Leonel Fernández, le costaron al Estado dominicano 98, 647, 000 dólares; mientras que el valor real de esos aviones es de 1.250,000 dólares por unidad, lo que en total suma 10, 000,000 de dólares. La sobrevaluación -según este cálculo- fue de unos 87 millones de dólares, proporción record en materia de dolo gubernamental.
Ese dato se puede comprobar fácilmente en la publicación de R.S warbird (teléfono (623).703-3500) sitiowww.controller.com, localizable en Internet, en la Pág.55. Allí se establece que el precio comercial de ese tipo de nave reconstruida, Tucano short MK1 de cuatro hélices, cabina full, es el señalado en el párrafo anterior.
Antes de materializarse la compra referida, el 7 de agosto del 2008, el Senado de la República recibió a los generales Peña Antonio, Altuna Tezanos, Hugo González Borrel, Pedro Valenzuela Quiroz (asistente del ministro), al coronel Carlos Picini (compadre de Peña Antonio) y a Andrés Van derhorz (Director de Aviación Civil) para escuchar las fundamentaciones de esa compra y darle curso a la misma. Vincho y Pelegrín Castillo fueron invitados y no podían faltar.
Es significativo que el Coronel Picini, sin ser piloto -ahora señalado por recibir dentro de esa operación un soborno de 3, 400,000 dólares- estuvo a cargo de la “exposición técnica”. La versión del soborno procede de un banco estadounidense usado para el lavado de esa suma dinero y su publicación a nivel internacional ha catapultado al presente lo que antes se taponó, pese a responsable denuncia que hicimos en el 2008 a través de Tiro al Blanco.
El Senado avaló el contrato sin investigar nada. Más tarde el ex-presidente Fernández llegó a posar alegremente en uno de esos aviones en la base aérea de San Isidro.
Años atrás el coronel Picini fue cancelado y puesto en retiro por desfalco comprobado cuando desempeñaba funciones en Aviación Civil durante el último gobierno de Balaguer, y fue reintegrado a la Fuerza Aérea Dominicana-FAD por el mayor general Peña Antonio durante la administración peledeísta.
Compra Innecesaria
Por demás, la compra de esos Súper-Tucanos fue absolutamente innecesaria, porque antes de concretarse esa operación el Gobierno de Taiwán le ofreció gratuitamente al gobierno dominicano ocho aviones de superior calidad para los fines de persecución de vuelos ilegales.
Esa importante información fue ofrecida recientemente por el general® Rafael Pércival Peña, quien a la sazón era agregado militar en Taiwán y actuó como receptor de la propuesta china, visitó la fábrica de los T-D3 y le transmitió al gobierno dominicano y a la Secretaría de la FFAA todos los detalles.
Se trataba de aviones caza T-D3, que despliegan 360 nudos en velocidad en crucero, mas que los Súper-Tucanos (220 nudos), y que adicionalmente disponen de un techo de vuelo de más altura y son más versátiles, dado que fueron especialmente diseñados para misiones de persecución. Los Súper-Tucanos son aptos, sobretodo, para misiones contra-insurgentes.
Posibles Beneficiarios
Sin mediar explicación, el presidente Fernández, el Tte. General Peña Antonio y el mayor general Carlos Altuna Tezanos, Secretario de Estado de las FFAA y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana-FAD respectivamente, no le dieron curso a la oferta taiwanesa y optaron por la compra sobrevaluada.
No hay que ser un buen detective para deducir que entre los impulsores de esa compra fraudulenta, comenzando por el ex-presidente Fernández, están los posibles beneficiarios de la misma.
Es de rigor pensar que en los archivos oficiales del gobierno civil y de sus Fuerzas Armadas (Secretaría FFAA y Jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana-FAD) deben reposar los documentos de esa transacción, o de lo contrario fueron sustraídos, lo que incriminaría más aun a sus jefes de ocasión. Así que no nos venga el nuevo ministro Sigfrido Pared Pérez con el cuento de que no tienen información sobre el tema, ni el Ministerio Público a hacerse el loco.
Sobran elementos para mover la acción judicial, si no fuera por esas complicidades prestas a encubrir los grandes delitos de Estado y a los grandes delincuentes.( Diciembre 2013, Pág. 3, ALBUM DE LA CORRUPCIÓN, Tiro al Blanco # 24)
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.