Análisis Noticiosos
Ante la ley de partidos, un PLD autosuficiente
Por Juan Bolívar Díaz
El proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas sometido al Congreso
Nacional por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desconoce los diversos consensos establecidos en los últimos 16 años con las demás organizaciones políticas y la sociedad civil para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.
Resalta la progresiva derechización del partido que fundó el profesor Juan Bosch desde una perspectiva de izquierda revolucionaria, que ahora se aferra a visiones autoritarias, rechaza la sociedad civil y se niega a transparentar el financiamiento de la política.
Una dilatada respuesta
Para muchos fue una sorpresa que después de 16 años de consensos sobre una ley de partidos políticos, cuando ya había resignación a que el congreso bajo control del PLD no la aprobaría, se presentara una propuesta que niega aspectos fundamentales de la legislación. El primer consenso sobre la ley de partidos se logró en 1999 por iniciativa de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el primer presidente peledeísta Leonel Fernández. La iniciativa se originó en el Diálogo Nacional que este mandatario auspició durante varias semanas en 1998.
El primer borrador de ley de partidos fue entregado al presidente Fernández en 1999, pero concluyó su período el año siguiente sin enviarlo al Congreso Nacional, En su elaboración participaron entidades del Estado, representantes de los diversos partidos y de entidades variadas de la sociedad civil. A partir del 2000, el nuevo gobierno, entonces del Partido Revolucionario Dominicano, volvió a auspiciar consenso sobre el proyecto, esta vez a través del Consejo Nacional para Reforma del Estado. Cuando se repitió la indiferencia presidencial, diversos legisladores llevaron el proyecto al Congreso, donde sería introducido una decena de veces desde entonces.
Todavía en el 2005 tras retomar el poder un año antes, el PLD volvió a convocar a las fuerzas sociales para concertar sobre reformas democráticas sociales e institucionales. Tras la firma del pacto entre el presidente Fernández y Miguel Vargas en el 2009 para viabilizar la aprobación de la actual Constitución, el mandatario se comprometió a aprobar de inmediato la ley de partidos, lo que sigue sin ocurrir cinco años y medio después.
El último compromiso lo asumió el presidente Danilo Medina el 30 de marzo del 2012, cuando firmó un pacto de campaña electoral con los también candidatos presidenciales Hipólito Mejía, Max Puig y Eduardo Estrella. Fue todo un acontecimiento en la Universidad Católica Madre y Maestra, con su rector Agripino Núñez, el presidente de la JCE Roberto Rosario como testigos. Entre otros aspectos el pacto consignaba la aprobación “este mismo año” de los proyectos de leyes de partido y orgánica del régimen electoral, que el año anterior había presentado la JCE. Ninguna de las dos leyes ha sido aprobada.
Rechazos fundamentados
El proyecto del PLD ha sido calificado de regresivo, con rechazo absoluto y fundamentado por numerosas instituciones y analistas sociales, resaltando en primer lugar la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las dos instituciones sociales fueron partícipes relevantes desde el inicio de las múltiples concertaciones sobre las reformas electorales y se han mantenido coherentes. Igual Milagros Ortiz Bosch, quien fue la vocera de la posición del PRM, pero el partido de donde proviene tampoco aprobó la ley aunque mantuvo mayoría durante dos períodos legislativos, entre 1996 y 2006. Tuvieron tanta fuerza que en el 2002 reunieron dos tercios de los votos congresuales para reformar la Constitución y posibilitar la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía.
Las críticas a la propuesta de los peledeístas se concentran en que reniegan de los aspectos fundamentales de los consensos en que fueron protagonistas, como la institución de las elecciones primarias para escoger candidaturas por el voto universal de los militantes y simpatizantes. Al respecto la única diferencia que persistía era si las primarias debían ser simultáneas y en la cuota de candidaturas a ser atribuidas a dirigentes notables y aliados, que giraba entre 15 y 25 por ciento y la JCE propuso en 20.
Otro de los consensos básicos es que la ley debe forzar un control y transparencia del financiamiento de las campañas electorales, para abaratar el alto costo de la democracia dominicana, garantizando mayor equidad y evitando el uso de los recursos del Estado y del financiamiento de otras fuentes ilícitas, como el narcotráfico, aspectos reducidos en el anteproyecto del PLD, que incluso elimina la previsión de la JCE de prohibir los actos de inauguración de obras públicas durante los últimos seis meses de la campaña electoral.
También se critica que el PLD suprimiera la cuota femenina del 33 por ciento en la dirección de los partidos, manteniéndola en las candidaturas, cuando estas deben nutrirse de una mayor participación de la mujer en las actividades políticas. Igual la reducción, del 25 al 10 por ciento, de la proporción del financiamiento público que los partidos deben destinar a la educación de sus miembros, anulándolo en los años de elecciones, cuando reciben el doble. Y plantean que el subsidio sea decidido cada año por el Congreso, lo que se traduciría en aumentos.
Retroceso y burla
Finjus y PC han llamado al PLD a retomar la consulta y el consenso que planteó en años anteriores. La primera plantea que la propuesta peledeísta incluye cambios que “desnaturalizarían la función de los partidos políticos y de ser aprobados, significarían un importante retroceso en las reformas que se han introducido al nuevo diseño institucional de la política en el país, y lo peor, no toman en consideración las aspiraciones y la conciencia democrática que ha ido ganando terreno en todos los sectores claves de la nación”. Agrega que desvirtúa la naturaleza de una ley de partidos.
El documento de la Finjus deja explícita una veintena de rechazos a las formulaciones del PLD y llama a todos los sectores sociales comprometidos con el fortalecimiento de la democracia a seguir insistiendo en “una ley de partidos que contribuya al ejercicio de la democracia interna y la promoción efectiva de valores como la transparencia y la lealtad constitucional en todo nuestro sistema democrático”.
El también extenso documento de Participación Ciudadana rechaza 24 planteamientos de la propuesta del PLD, partiendo de la defensa del proyecto introducido en el 2011 por la JCE, el cual considera fruto del largo proceso de discusión que involucró “no sólo a los partidos y órganos estatales, sino también a instituciones de la sociedad civil”.
PC expresa su temor de que el partido gobernante aplique su mayoría congresual en “una imposición que no se corresponde con los avances democráticos de las últimas décadas”, lo que “sería una enorme burla a las expectativas de tantos años” e invita a la sociedad dominicana a reivindicar la consulta y el consenso como mecanismos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
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PLD más autosuficiente
La dilación en responder los reclamos de la ley de partidos y la ruptura de consensos en los que participó, claramente manifiesto en su propuesta, revelan a un PLD cada vez más autosuficiente, que cree poder imponerse sobre el conjunto de la sociedad, por el control que mantiene de los órganos del Estado, sin suficiente consideración de que en la última elección presidencial sus electores propios se redujeron en 200 mil.
Su posición cada vez más derechista y autoritaria queda de manifiesto en varios de los planteamientos del proyecto de la JCE que propone eliminar, señalados en el análisis comparativo de PC, como “Respetar el desarrollo, la integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil”. También cuando suprime “el reconocimiento de los derechos de las minorías”.
Otra expresión de autosuficiencia se encuentra en la supresión de la definición de los partidos, cuando dice que deben influir “expresando la voluntad ciudadana para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”. También al suprimir el párrafo que estipula que los partidos “deben contribuir con la formación de los y las ciudadanas en materia de ética ciudadana, educación cívica y manejo de las funciones públicas”.
La propuesta peledeísta es tan prepotente que parece destinada a producir un largo debate para llegar a las próximas elecciones sin la ley de partidos y sin la nueva ley orgánica electoral, ambas fruto de la contratación por la JCE de una misión técnica de la Organización de Estados Americanos que también consultó a los partidos y organizaciones sociales. De hecho, ya hace tiempo que está en marcha una desbordada campaña interna por las candidaturas para el 2016, que entre los peledeístas ya conlleva una enorme inversión que sólo se explica en desvíos de fondos públicos y tráfico de influencia.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.