Análisis Noticiosos
Ante la ley de partidos, un PLD autosuficiente
Por Juan Bolívar Díaz
El proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas sometido al Congreso
Nacional por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desconoce los diversos consensos establecidos en los últimos 16 años con las demás organizaciones políticas y la sociedad civil para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.
Resalta la progresiva derechización del partido que fundó el profesor Juan Bosch desde una perspectiva de izquierda revolucionaria, que ahora se aferra a visiones autoritarias, rechaza la sociedad civil y se niega a transparentar el financiamiento de la política.
Una dilatada respuesta
Para muchos fue una sorpresa que después de 16 años de consensos sobre una ley de partidos políticos, cuando ya había resignación a que el congreso bajo control del PLD no la aprobaría, se presentara una propuesta que niega aspectos fundamentales de la legislación. El primer consenso sobre la ley de partidos se logró en 1999 por iniciativa de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el primer presidente peledeísta Leonel Fernández. La iniciativa se originó en el Diálogo Nacional que este mandatario auspició durante varias semanas en 1998.
El primer borrador de ley de partidos fue entregado al presidente Fernández en 1999, pero concluyó su período el año siguiente sin enviarlo al Congreso Nacional, En su elaboración participaron entidades del Estado, representantes de los diversos partidos y de entidades variadas de la sociedad civil. A partir del 2000, el nuevo gobierno, entonces del Partido Revolucionario Dominicano, volvió a auspiciar consenso sobre el proyecto, esta vez a través del Consejo Nacional para Reforma del Estado. Cuando se repitió la indiferencia presidencial, diversos legisladores llevaron el proyecto al Congreso, donde sería introducido una decena de veces desde entonces.
Todavía en el 2005 tras retomar el poder un año antes, el PLD volvió a convocar a las fuerzas sociales para concertar sobre reformas democráticas sociales e institucionales. Tras la firma del pacto entre el presidente Fernández y Miguel Vargas en el 2009 para viabilizar la aprobación de la actual Constitución, el mandatario se comprometió a aprobar de inmediato la ley de partidos, lo que sigue sin ocurrir cinco años y medio después.
El último compromiso lo asumió el presidente Danilo Medina el 30 de marzo del 2012, cuando firmó un pacto de campaña electoral con los también candidatos presidenciales Hipólito Mejía, Max Puig y Eduardo Estrella. Fue todo un acontecimiento en la Universidad Católica Madre y Maestra, con su rector Agripino Núñez, el presidente de la JCE Roberto Rosario como testigos. Entre otros aspectos el pacto consignaba la aprobación “este mismo año” de los proyectos de leyes de partido y orgánica del régimen electoral, que el año anterior había presentado la JCE. Ninguna de las dos leyes ha sido aprobada.
Rechazos fundamentados
El proyecto del PLD ha sido calificado de regresivo, con rechazo absoluto y fundamentado por numerosas instituciones y analistas sociales, resaltando en primer lugar la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las dos instituciones sociales fueron partícipes relevantes desde el inicio de las múltiples concertaciones sobre las reformas electorales y se han mantenido coherentes. Igual Milagros Ortiz Bosch, quien fue la vocera de la posición del PRM, pero el partido de donde proviene tampoco aprobó la ley aunque mantuvo mayoría durante dos períodos legislativos, entre 1996 y 2006. Tuvieron tanta fuerza que en el 2002 reunieron dos tercios de los votos congresuales para reformar la Constitución y posibilitar la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía.
Las críticas a la propuesta de los peledeístas se concentran en que reniegan de los aspectos fundamentales de los consensos en que fueron protagonistas, como la institución de las elecciones primarias para escoger candidaturas por el voto universal de los militantes y simpatizantes. Al respecto la única diferencia que persistía era si las primarias debían ser simultáneas y en la cuota de candidaturas a ser atribuidas a dirigentes notables y aliados, que giraba entre 15 y 25 por ciento y la JCE propuso en 20.
Otro de los consensos básicos es que la ley debe forzar un control y transparencia del financiamiento de las campañas electorales, para abaratar el alto costo de la democracia dominicana, garantizando mayor equidad y evitando el uso de los recursos del Estado y del financiamiento de otras fuentes ilícitas, como el narcotráfico, aspectos reducidos en el anteproyecto del PLD, que incluso elimina la previsión de la JCE de prohibir los actos de inauguración de obras públicas durante los últimos seis meses de la campaña electoral.
También se critica que el PLD suprimiera la cuota femenina del 33 por ciento en la dirección de los partidos, manteniéndola en las candidaturas, cuando estas deben nutrirse de una mayor participación de la mujer en las actividades políticas. Igual la reducción, del 25 al 10 por ciento, de la proporción del financiamiento público que los partidos deben destinar a la educación de sus miembros, anulándolo en los años de elecciones, cuando reciben el doble. Y plantean que el subsidio sea decidido cada año por el Congreso, lo que se traduciría en aumentos.
Retroceso y burla
Finjus y PC han llamado al PLD a retomar la consulta y el consenso que planteó en años anteriores. La primera plantea que la propuesta peledeísta incluye cambios que “desnaturalizarían la función de los partidos políticos y de ser aprobados, significarían un importante retroceso en las reformas que se han introducido al nuevo diseño institucional de la política en el país, y lo peor, no toman en consideración las aspiraciones y la conciencia democrática que ha ido ganando terreno en todos los sectores claves de la nación”. Agrega que desvirtúa la naturaleza de una ley de partidos.
El documento de la Finjus deja explícita una veintena de rechazos a las formulaciones del PLD y llama a todos los sectores sociales comprometidos con el fortalecimiento de la democracia a seguir insistiendo en “una ley de partidos que contribuya al ejercicio de la democracia interna y la promoción efectiva de valores como la transparencia y la lealtad constitucional en todo nuestro sistema democrático”.
El también extenso documento de Participación Ciudadana rechaza 24 planteamientos de la propuesta del PLD, partiendo de la defensa del proyecto introducido en el 2011 por la JCE, el cual considera fruto del largo proceso de discusión que involucró “no sólo a los partidos y órganos estatales, sino también a instituciones de la sociedad civil”.
PC expresa su temor de que el partido gobernante aplique su mayoría congresual en “una imposición que no se corresponde con los avances democráticos de las últimas décadas”, lo que “sería una enorme burla a las expectativas de tantos años” e invita a la sociedad dominicana a reivindicar la consulta y el consenso como mecanismos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
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PLD más autosuficiente
La dilación en responder los reclamos de la ley de partidos y la ruptura de consensos en los que participó, claramente manifiesto en su propuesta, revelan a un PLD cada vez más autosuficiente, que cree poder imponerse sobre el conjunto de la sociedad, por el control que mantiene de los órganos del Estado, sin suficiente consideración de que en la última elección presidencial sus electores propios se redujeron en 200 mil.
Su posición cada vez más derechista y autoritaria queda de manifiesto en varios de los planteamientos del proyecto de la JCE que propone eliminar, señalados en el análisis comparativo de PC, como “Respetar el desarrollo, la integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil”. También cuando suprime “el reconocimiento de los derechos de las minorías”.
Otra expresión de autosuficiencia se encuentra en la supresión de la definición de los partidos, cuando dice que deben influir “expresando la voluntad ciudadana para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”. También al suprimir el párrafo que estipula que los partidos “deben contribuir con la formación de los y las ciudadanas en materia de ética ciudadana, educación cívica y manejo de las funciones públicas”.
La propuesta peledeísta es tan prepotente que parece destinada a producir un largo debate para llegar a las próximas elecciones sin la ley de partidos y sin la nueva ley orgánica electoral, ambas fruto de la contratación por la JCE de una misión técnica de la Organización de Estados Americanos que también consultó a los partidos y organizaciones sociales. De hecho, ya hace tiempo que está en marcha una desbordada campaña interna por las candidaturas para el 2016, que entre los peledeístas ya conlleva una enorme inversión que sólo se explica en desvíos de fondos públicos y tráfico de influencia.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.