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Montás: La deuda pública ha llegado a niveles «peligrosos»
El ministro de Economía, Temístocles Montás
Santo Domingo, (EFE).- El ministro de Economía, Temístocles Montás, sostuvo este jueves que en República Dominicana hay un grave problema de informalidad en el aparato productivo, lo que se traduce en que un sector grande no paga impuestos y el resto está muy cargado, dejando al Gobierno con menos ingresos de los que necesita para atender las demandas de la sociedad.
Dijo que ante esa realidad, el Gobierno del presidente Danilo Medina se aferró a la racionalidad del gasto público para disminuir los déficit arrastrados desde 2008 y bajar el endeudamiento público que ha llegado a niveles «peligrosos».
«El gran desafío que tenemos en la República Dominicana es cómo abordar el problema de la informalidad productiva. El Gobierno está empeñado en apoyar a las mypimes para que se formalicen y se hagan productivas», expresó Montás en nota de prensa enviada a esta redacción por el Ministerio de Economía.
Agregó que el Estado hace un gran esfuerzo para lograr que lo que hoy es informal, se transforme en formal y la totalidad de la gente que produce riquezas pague impuestos para financiar el desarrollo sobre la base de una sólida inversión en infraestructura y servicios.
«Cuando se habla de la pobreza y la desigualdad a veces se pierde de vista que eso tiene que ver con la dualidad de sectores productivos, pues por una parte hay un gran sector informal escasamente productivo y que no paga impuestos, y luego está el formal que sí los paga», expresó el ministro.
En el caso del Estado, Montás recordó que «casi el 90 por ciento de la nómina pública está por debajo de 33,000 pesos mensuales y esos están exentos del pago de impuestos», al igual que en el sector privado, lo que limita seriamente la capacidad recaudatoria del Gobierno para atender las demandas crecientes de obras y servicios.
Dijo que el Estado tiene demandas equivalentes al 24 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero solo recibe ingresos equivalentes al 14 % del PIB, por lo que ante esa situación el Gobierno se aferra a la racionalidad del gasto público para reducir déficit y rebajar el endeudamiento.
«Queremos que se entienda que el país ha llegado a un nivel de desarrollo que el Estado debía estar recibiendo el equivalente de 24 % del PIB y no lo recibe», expresó, tras agregar que la sociedad tiene que discutir como conjunto cómo se va a financiar el desarrollo y atender las demandas.
Montás recalcó que los líderes políticos, sindicales, empresariales y sociales «tenemos que discutir cuál es la sociedad que queremos y sentarnos a decidir cómo la vamos a financiar», porque no se puede dar la espalda a la realidad de que las demandas son crecientes y los recursos limitados para hacerles frente.
«Si queremos tener un crecimiento de 7% anual, deberíamos invertir todos los años por encima del 27% del PIB y la sociedad en su conjunto lo que está invirtiendo es un 18%. Esto tenemos que resolverlo si queremos dar un salto hacia adelante y transformar este país en un país desarrollado», apuntó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Manifestó que la Estrategia Nacional de Desarrollo preparada por el Ministerio que dirige, aprobada por el Congreso Nacional, establece un pacto por la educación (ya firmado), un pacto por la electricidad y otro de naturaleza fiscal.
«La idea del pacto fiscal vino porque sabemos que con endeudamiento no vamos a resolver los problemas de desarrollo», apuntó Montás, quien recordó que el pacto fiscal implica definir una política global de ingresos, gastos y financiamiento como un consenso social.
El funcionario dijo, además, que «no es prudente pensar en una reforma tributaria porque ya las cargas son altas y en ese contexto lo que queda es actuar con racionalidad».EFE
Nacionales
CNM preselecciona 88 aspirantes para cubrir seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia
La ciudadanía dispondrá de tres días para presentar objeciones contra las candidaturas; entre las posiciones a cubrir figura la presidencia de la alta corte
SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) avanzó este jueves en el proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras preseleccionar a 88 de los 90 aspirantes que presentaron sus candidaturas para ocupar las seis plazas actualmente disponibles en el máximo tribunal del Poder Judicial.
Durante la reunión, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, los integrantes del organismo revisaron los expedientes sometidos y verificaron el cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos para participar en el proceso.
Como resultado de esa evaluación preliminar, dos aspirantes fueron excluidos, mientras que los restantes 88 continuarán hacia las próximas fases de selección.
Entre las posiciones que deberán ser cubiertas se encuentra la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, actualmente ocupada por Luis Henry Molina, quien decidió no someterse al proceso de evaluación para permanecer en el cargo.
Ciudadanos podrán presentar objeciones
El CNM informó que a partir de este viernes será publicada el acta correspondiente con los detalles y nombres de las personas que superaron esta primera revisión.
Una vez divulgada oficialmente la lista, se abrirá un plazo de tres días para que los ciudadanos puedan presentar objeciones o reparos contra cualquiera de las candidaturas preseleccionadas.
El organismo indicó que el procedimiento continuará conforme a las disposiciones constitucionales y legales que regulan el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura.
Seis posiciones disponibles en la Suprema
El proceso actual deberá culminar con la selección de seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Las vacantes se producen luego de que cuatro de los 11 magistrados cuyo período concluyó decidieran no presentarse nuevamente a evaluación: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.
Estos magistrados permanecerán provisionalmente en sus funciones hasta que sean juramentadas las personas que los sustituirán.
Otros siete jueces sí fueron sometidos al proceso de evaluación. El CNM decidió confirmar por un nuevo período de siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
En cambio, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron confirmados, por lo que sus posiciones se sumaron a las cuatro correspondientes a los magistrados que decidieron no someterse nuevamente a evaluación.
90 postulaciones
Durante la etapa de recepción fueron registradas 90 postulaciones, correspondientes a 38 mujeres y 52 hombres.
El CNM informó además que recibió 367 propuestas relacionadas con 65 candidatos, de los cuales 58 formalizaron sus respectivas postulaciones.
Concluidas las objeciones ciudadanas y las siguientes etapas de evaluación, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger a las seis personas que completarán la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a quien asumirá la presidencia del alto tribunal.
El proceso representa una nueva etapa en la composición de la SCJ: una vez finalizada la selección, 11 de sus 17 posiciones habrán experimentado cambios durante las administraciones del presidente Luis Abinader.
La propuesta contempla un procedimiento penal abreviado; de concretarse, las partes discutirían la pena y una eventual indemnización
SANTO DOMINGO.– El creador de contenido Ángel Martínez procura alcanzar un acuerdo con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta difamación e injuria, mediante la aplicación de un procedimiento penal abreviado.
La propuesta fue dada a conocer este jueves por el abogado Miguel Valerio, representante legal de Raful, quien explicó que la solicitud formulada por la defensa del acusado será presentada a la funcionaria para que determine si acepta iniciar las negociaciones.
De acuerdo con lo informado, la posibilidad de un acuerdo implicaría que Martínez se declare culpable bajo la modalidad del procedimiento penal abreviado. En caso de que Raful acepte la propuesta, las partes pasarían a discutir aspectos relacionados con la pena y la indemnización correspondiente.
Audiencia fue aplazada
La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de la audiencia para el próximo martes 22 de septiembre, otorgando un plazo para que las partes puedan explorar la posibilidad de alcanzar un entendimiento.
Si las negociaciones no prosperan, el proceso continuará conforme al procedimiento ordinario y las etapas judiciales correspondientes.
El caso forma parte de varios procesos judiciales que enfrenta Martínez relacionados con señalamientos de difamación e injuria.
Antecedentes judiciales
Martínez también ha estado involucrado recientemente en otros litigios de naturaleza similar. En uno de ellos reconoció haber afectado la reputación del exministro de Educación Roberto Fulcar y posteriormente admitió ante un tribunal que las acusaciones formuladas contra este eran falsas.
Asimismo, en mayo pasado, la jueza Clara Luz Almonte condenó a Martínez a seis meses de prisión y dispuso una indemnización de RD$10 millones en el proceso por difamación promovido por la exviceministra de Cambio Climático Milagros De Camps Germán.
Según las informaciones difundidas sobre esa decisión, la ejecución de la pena privativa de libertad quedaría sujeta a su confirmación por las jurisdicciones superiores.
Mientras tanto, la atención se concentra ahora en la decisión que adopte Faride Raful frente a la propuesta de acuerdo. De producirse un entendimiento, el tribunal deberá conocer los términos correspondientes dentro del procedimiento penal abreviado; de lo contrario, el juicio continuará su curso.
Jhonny González solicitó el reenvío de la audiencia al alegar que su esposa saldría de prisión y le ayudaría a gestionar los recursos necesarios para procurar su libertad
SANTO DOMINGO.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo 22 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra Jhonny González, imputado por el ataque contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, ocurrido la madrugada del pasado 12 de septiembre.
La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Rosario, luego de que el propio imputado solicitara que la audiencia fuera pospuesta, argumentando que su esposa saldría de prisión y sería quien le ayudaría a gestionar los recursos para procurar su libertad.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, González pidió al magistrado que la vista no fuera fijada para el día siguiente, debido a que necesitaba realizar esas diligencias con ayuda de su pareja.
Los abogados Manuel García e Ingrid Hidalgo, representantes del padre de la víctima, cuestionaron el argumento presentado por el imputado y manifestaron que esperan que en la próxima audiencia se conozca la solicitud de prisión preventiva.
El ataque
Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 12 de septiembre de 2026, cuando Mejía-Ricart Risk llegaba a su residencia.
La acusación preliminar sostiene que González se desplazaba en una motocicleta y habría interceptado al joven con la intención de despojarlo de sus pertenencias.
La víctima consiguió entrar al lobby de la torre donde reside, pero, conforme a la versión presentada por el órgano acusador, el imputado presuntamente lo persiguió hasta alcanzarlo y ocasionarle múltiples heridas con un arma blanca.
Durante el incidente también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad del edificio, quien habría intervenido al escuchar los gritos.
Mejía-Ricart Risk tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica.
Cámaras habrían permitido localizar al sospechoso
El Ministerio Público sostiene que el análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir la ruta seguida por el presunto agresor después del hecho hasta una residencia ubicada en el sector Capotillo, Distrito Nacional.
Las autoridades realizaron un allanamiento el 14 de septiembre, durante el cual, según la investigación, ocuparon un cuchillo, otros objetos vinculados presuntamente con el ataque y la motocicleta que habría sido utilizada.
El procurador fiscal José Guillermo Soriano, adscrito al Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), presentó la solicitud de medida de coerción.
La Fiscalía atribuye provisionalmente a González tentativa de homicidio para cometer robo agravado, además de infracciones relacionadas con armas.
La audiencia del próximo 22 de septiembre determinará la medida de coerción que deberá cumplir el imputado mientras continúa el proceso judicial. Las imputaciones se encuentran en fase preliminar y corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad penal del acusado.