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Montás: La deuda pública ha llegado a niveles «peligrosos»

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El ministro de Economía, Temístocles Montás

El ministro de Economía, Temístocles Montás

Santo Domingo, (EFE).- El ministro de Economía, Temístocles Montás, sostuvo este jueves que en República Dominicana hay un grave problema de informalidad en el aparato productivo, lo que se traduce en que un sector grande no paga impuestos y el resto está muy cargado, dejando al Gobierno con menos ingresos de los que necesita para atender las demandas de la sociedad.

Dijo que ante esa realidad, el Gobierno del presidente Danilo Medina se aferró a la racionalidad del gasto público para disminuir los déficit arrastrados desde 2008 y bajar el endeudamiento público que ha llegado a niveles «peligrosos».

«El gran desafío que tenemos en la República Dominicana es cómo abordar el problema de la informalidad productiva. El Gobierno está empeñado en apoyar a las mypimes para que se formalicen y se hagan productivas», expresó Montás en nota de prensa enviada a esta redacción por el Ministerio de Economía.

Agregó que el Estado hace un gran esfuerzo para lograr que lo que hoy es informal, se transforme en formal y la totalidad de la gente que produce riquezas pague impuestos para financiar el desarrollo sobre la base de una sólida inversión en infraestructura y servicios.

«Cuando se habla de la pobreza y la desigualdad a veces se pierde de vista que eso tiene que ver con la dualidad de sectores productivos, pues por una parte hay un gran sector informal escasamente productivo y que no paga impuestos, y luego está el formal que sí los paga», expresó el ministro.

En el caso del Estado, Montás recordó que «casi el 90 por ciento de la nómina pública está por debajo de 33,000 pesos mensuales y esos están exentos del pago de impuestos», al igual que en el sector privado, lo que limita seriamente la capacidad recaudatoria del Gobierno para atender las demandas crecientes de obras y servicios.

Dijo que el Estado tiene demandas equivalentes al 24 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero solo recibe ingresos equivalentes al 14 % del PIB, por lo que ante esa situación el Gobierno se aferra a la racionalidad del gasto público para reducir déficit y rebajar el endeudamiento.

«Queremos que se entienda que el país ha llegado a un nivel de desarrollo que el Estado debía estar recibiendo el equivalente de 24 % del PIB y no lo recibe», expresó, tras agregar que la sociedad tiene que discutir como conjunto cómo se va a financiar el desarrollo y atender las demandas.

Montás recalcó que los líderes políticos, sindicales, empresariales y sociales «tenemos que discutir cuál es la sociedad que queremos y sentarnos a decidir cómo la vamos a financiar», porque no se puede dar la espalda a la realidad de que las demandas son crecientes y los recursos limitados para hacerles frente.

«Si queremos tener un crecimiento de 7% anual, deberíamos invertir todos los años por encima del 27% del PIB y la sociedad en su conjunto lo que está invirtiendo es un 18%. Esto tenemos que resolverlo si queremos dar un salto hacia adelante y transformar este país en un país desarrollado», apuntó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Manifestó que la Estrategia Nacional de Desarrollo preparada por el Ministerio que dirige, aprobada por el Congreso Nacional, establece un pacto por la educación (ya firmado), un pacto por la electricidad y otro de naturaleza fiscal.

«La idea del pacto fiscal vino porque sabemos que con endeudamiento no vamos a resolver los problemas de desarrollo», apuntó Montás, quien recordó que el pacto fiscal implica definir una política global de ingresos, gastos y financiamiento como un consenso social.

El funcionario dijo, además, que «no es prudente pensar en una reforma tributaria porque ya las cargas son altas y en ese contexto lo que queda es actuar con racionalidad».EFE

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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