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El Barrilito ha dado RD$1,841 millones a los senadores
Desde que se creó en el 2009 el Fondo de Gestión Social (barrilito) en el Congreso Nacional, como forma de eliminar las ONG que tenían muchos congresistas, el Senado ha erogado decenas de millones de pesos para esos fines.
De ese año a la fecha, se estima que el Senado ha entregado a los 32 senadores cerca de RD$1,841 millones, que supuestamente son destinados a los diferentes programas de asistencia social que ellos ejecutan en beneficio de las personas de escasos recursos que residen en sus provincias.
El “barrilito” fue creado en el Senado y la Cámara de Diputados por sus entonces presidentes Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, respectivamente. En el Senado, las partidas van desde RD$420 mil hasta los RD$900 mil, dependiendo de la cantidad de habitantes de la provincia.
La actual presidente del Senado y representante de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo y los senadores Reinaldo Pared Pérez, del Distrito Nacional; Julio César Valentín, de Santiago y Tommy Galán, de San Cristóbal, son los que mayor partida reciben, por ser representantes de las provincias más grandes. Las oficinas senatoriales de estos, vía el fondo social, han recibido cerca de RD$200 millones. A cada uno de ellos, durante estos cinco años, se les ha depositado en cuentas institucionales, no personales, entre RD$51 millones y RD$49 millones.
Los demás senadores
Durante ese tiempo, el senador Félix Bautista, por San Juan, ha recibido cerca de RD$30 millones; José María Sosa, San Pedro de Macorís, RD$33.6 millones; Rafael Calderón, de Azua, RD$29 millones; Eddy Mateo, Barahona, RD$28 millones; Arístides Victora Yeb, de María Trinidad Sánchez, RD$25 millones; Euclides Sánchez, La Vega, más de RD$42 millones; Prim Pujals, de Samaná, RD$27 millones y Wilton Guerrero, de Peravia, RD$31 millones.
Amílcar Romero, de Duarte, ha recibido RD$37 millones; el representante de Monte Plata, Charlie Mariotti, RD$33 millones; Heinz Vieluf, Montecristi, RD$28 millones; Rubén Darío Cruz, Hato Mayor, unos RD$26 millones; Antonio Cruz Torres, Santiago Rodríguez, más de RD$24 millones; Luis René Canaán, Salcedo, RD$28 millones; Félix Nova, Monseñor Nouel, RD$30 millones y Manuel Güichardo, de Valverde, RD$28 millones.
Los que menos reciben
Las oficinas senatoriales que menos recursos han recibido son las de los senadores de Ocoa, Carlos Castillo, RD$22 millones; la de Sonia Mateo, de Dajabón, RD$23 millones; la de Independencia, Orlando Mercedes, RD$22.5 millones; la de Yvonne Chaín Sasso, del Seybo, RD$22 millones; la de Dionis Sánchez, de Pedernales, RD$23 millones y la de Manuel Paula de Bahoruco, RD$23 millones.
Mientras que los legisladores reformistas Amable Aristy Castro, de La Altagracia y Félix Vásquez, de Sánchez Ramírez, han recibido RD$28 millones y RD$30 millones, respectivamente.
Los ex senadores y su “barrilito”
En el 2010, tras las elecciones congresuales y municipales, muchos fueron los legisladores que perdieron sus curules en el Senado, por lo que varios antecesores de actuales senadores también recibieron dinero del “barrilito” por un monto conjunto que ronda los RD$40 millones. A la oficina de Francisco Domínguez Brito, senador de Santiago (2006-2010), le asignaron unos RD$6 millones; a la de Alejandro William, San Pedro de Macorís, RD$5 millones; a la de Ramón de la Rosa, Barahona, RD$4 millones; a la de Francisco Radhamés Peña, Valverde, RD$3.9 millones y a la de Diego Aquino, Bahoruco, RD$3.6 millones. Este grupo son oficialistas.
El grupo los completan los ex senadores perredeístas de María Trinidad Sánchez, Jesús Vásquez, con RD$3.4 millones y César Díaz Filpo, de Azua, con RD$4 millones, así como Germán Castro, de la Altagracia, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con RD$4 millones.
Se niegan a renunciar al barrilito
Tras la renuncia al “barrilito” de parte de la Cámara de Diputados, varios sectores nacionales han pedido a los senadores que también hagan lo mismo. Sin embargo el “no” contundente de parte de los senadores oficialistas no se hizo esperar.
“No sé por qué hay que cuestionar fondos que no son aplicados, como dicen, a criterios de clientelismos. Ahora, ahí hay sustentados en programas bastante interesantes que se han desarrollado en cada una de la provincia”, puntualizó Tommy Galán al ser entrevistado la pasada semana.
De su lado, Reinaldo Pared Pérez, ex presidente de Senado, justificó la asignación a los senadores ya que mantienen abiertas oficinas de trabajo en sus respectivas provincias y que deben entregar facturas de los gastos que hacen del dinero que reciben mensual, porque de lo contrario no reciben la partida el mes siguiente. En tanto que Dionis Sánchez sugirió que más que dejar sin efecto el denominado “barrilito”, sería prudente que el Gobierno elimine los RD$200 mil millones anuales de exenciones fiscales.
Mientras que la presidenta del Senado aclaró que la decisión de los diputados es respetada por los senadores. “El Senado como de costumbre, en el momento que así lo considera el colectivo, tomará su decisión, somos respetuosos sobre la decisión de una cámara y otra”, agregó la legisladora
Otros ingresos de los senadores
Cada senador recibe un sueldo base de RD$125,000, además de 50,000 por concepto de gastos de representación. También cobran 25 mil pesos de viáticos y 3,500 por cada sesión a la que asistan. l
114 MM
Abel Martínez reveló que, en el caso de los diputados, el barrilito implicaba una erogación de 144 millones de pesos por año.
900,000
Julio César Valentín y Tommy Galán salieron en defensa del uso que le dan a los 900 mil pesos que tienen asignados.
Diputados anuncian la eliminación “barrilito”
El martes de la pasada semana, el Fondo de Gestión Social conocido como “barrilito”, unos RD$50 mil que reciben los diputados al mes, fue eliminado, por disposición del presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez.
Tras hacer el anuncio durante la sesión del pasado martes, el legislador de Santiago sostuvo que los recursos correspondientes al próximo año para esos fines (unos RD$114 millones) serán distribuidos entre hospitales y centros de salud públicos. A tres días de ese anuncio, los 17 diputados que representan a la provincia de Santiago anunciaron la donación de RD$1.8 millones al hospital Infantil Arturo Grullón de los recursos del “barrilito”. Para esos fines, Martínez y los demás legisladores visitaron el centro de salud para conocer su realidad y entregar la partida económica perteneciente al “barrilito” de los meses de noviembre y diciembre de este año.
El Caribe
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DNCD reporta decomiso de más de 27 kilos de presuntas drogas y 61 detenidos en el Gran Santo Domingo
Autoridades realizaron 14 allanamientos y 387 intervenciones; también ocuparon equipos de comunicación, balanzas, motocicletas y dinero en efectivo
Por Isabel Rodriguez
SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de agentes de la Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, informó la detención de 61 personas y la ocupación de 27,836 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas durante una serie de operativos desarrollados en el Gran Santo Domingo.
Las acciones incluyeron 14 allanamientos y 387 intervenciones realizadas en diferentes barrios y sectores señalados por las autoridades como puntos de interés dentro de las operaciones contra el microtráfico.
Más de 2,000 porciones ocupadas
Según el reporte de la DNCD, durante las intervenciones fueron confiscadas 2,203 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 25,196.7 gramos.
También fueron ocupados 640 envoltorios de un vegetal que se presume marihuana, con un peso de 1,903.3 gramos, así como 200 porciones de un material rocoso presumiblemente crack, que alcanzaron los 736 gramos.
Las sustancias fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes, que deberán establecer oficialmente su naturaleza y composición.
Ocupan equipos y otros objetos
Como parte de las operaciones, las autoridades también reportaron la incautación de 18 balanzas digitales, 20 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación y dos motocicletas, además de dinero en efectivo en moneda dominicana y extranjera.
Asimismo, fueron ocupadas seis armas blancas, una computadora portátil, un chaleco antibalas y un fusil de hidrogel.
Las evidencias quedaron bajo custodia del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes para continuar con los procedimientos legales.
Operativos contra el microtráfico
La DNCD indicó que las intervenciones forman parte de las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Conjunta para combatir la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del Gran Santo Domingo.
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes conforme avance el proceso de investigación.
Mientras tanto, los resultados del Inacif serán determinantes para establecer oficialmente qué tipo de sustancias fueron decomisadas durante las operaciones.
Investigación atribuye al grupo un presunto esquema de facturación de servicios médicos no realizados; perjuicio preliminar rondaría los RD$40 millones
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación sobre un presunto esquema mediante el cual se habrían facturado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
Entre los imputados se encuentran exempleados de la aseguradora estatal, médicos y particulares.
La solicitud de medida de coerción está contenida en un expediente de aproximadamente 525 páginas, depositado ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por representantes de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, los fiscales solicitaron que el proceso sea declarado complejo.
Presunto esquema afectaba fondos y cobertura de afiliados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto mecanismo consistía en gestionar autorizaciones y posteriormente facturar servicios, consultas y procedimientos médicos que los afiliados aseguraban no haber recibido.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que estas operaciones presuntamente no solo generaban un perjuicio económico para Senasa, sino que también podían reducir la disponibilidad de cobertura de los afiliados cuyos seguros eran utilizados para realizar las reclamaciones.
Las autoridades califican esta etapa como una nueva fase de las investigaciones y no descartan que las pesquisas puedan extenderse hacia otras personas o entidades.
Investigación comenzó tras denuncia de Senasa
Las pesquisas se remontan a una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de servicios médicos.
Según la tesis presentada por el órgano acusador, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 habrían sido utilizados diferentes números telefónicos para gestionar aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la aseguradora.
Los afiliados cuyos seguros habrían sido utilizados presuntamente no reconocían esas autorizaciones ni los servicios médicos registrados a su nombre.
El Ministerio Público estima de manera preliminar en aproximadamente RD$40 millones el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.
25 personas bajo investigación
Entre los procesados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los 25 imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Los allanamientos y arrestos fueron autorizados judicialmente como parte de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público.
La solicitud de prisión preventiva y los hechos atribuidos a los investigados corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser examinados por el tribunal. Los imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva que establezca responsabilidad penal.
Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo
Por Francisco Salcedo
Santo Domingo, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes 21 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra 25 personas investigadas en la denominada Operación Senasa 2.0-A.
Entre los imputados figuran exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares, a quienes el Ministerio Público atribuye presunta participación en una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que, según la acusación, no fueron realizados.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 25 imputados y que el proceso sea declarado caso complejo.
La solicitud fue presentada por fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con la información divulgada, la instancia sometida ante el tribunal consta de aproximadamente 525 páginas y contiene los elementos en los que el órgano persecutor sustenta las imputaciones.
Los imputados
En el expediente figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También aparecen los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud de coerción incluye además a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los imputados permanecen recluidos preventivamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Audiencia este lunes
Durante la audiencia, el tribunal deberá examinar la solicitud del Ministerio Público y los argumentos presentados por las defensas antes de decidir qué medidas de coerción corresponden.
La solicitud de 18 meses de prisión preventiva constituye la posición del Ministerio Público y no una decisión judicial. Asimismo, las imputaciones descritas forman parte de una investigación penal en curso y no equivalen a una declaración de culpabilidad.
El conocimiento de la medida de coerción está pautado para las 2:00 de la tarde de este lunes 21 de septiembre en el Distrito Nacional.