Nacionales
El Barrilito ha dado RD$1,841 millones a los senadores
Desde que se creó en el 2009 el Fondo de Gestión Social (barrilito) en el Congreso Nacional, como forma de eliminar las ONG que tenían muchos congresistas, el Senado ha erogado decenas de millones de pesos para esos fines.
De ese año a la fecha, se estima que el Senado ha entregado a los 32 senadores cerca de RD$1,841 millones, que supuestamente son destinados a los diferentes programas de asistencia social que ellos ejecutan en beneficio de las personas de escasos recursos que residen en sus provincias.
El “barrilito” fue creado en el Senado y la Cámara de Diputados por sus entonces presidentes Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, respectivamente. En el Senado, las partidas van desde RD$420 mil hasta los RD$900 mil, dependiendo de la cantidad de habitantes de la provincia.
La actual presidente del Senado y representante de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo y los senadores Reinaldo Pared Pérez, del Distrito Nacional; Julio César Valentín, de Santiago y Tommy Galán, de San Cristóbal, son los que mayor partida reciben, por ser representantes de las provincias más grandes. Las oficinas senatoriales de estos, vía el fondo social, han recibido cerca de RD$200 millones. A cada uno de ellos, durante estos cinco años, se les ha depositado en cuentas institucionales, no personales, entre RD$51 millones y RD$49 millones.
Los demás senadores
Durante ese tiempo, el senador Félix Bautista, por San Juan, ha recibido cerca de RD$30 millones; José María Sosa, San Pedro de Macorís, RD$33.6 millones; Rafael Calderón, de Azua, RD$29 millones; Eddy Mateo, Barahona, RD$28 millones; Arístides Victora Yeb, de María Trinidad Sánchez, RD$25 millones; Euclides Sánchez, La Vega, más de RD$42 millones; Prim Pujals, de Samaná, RD$27 millones y Wilton Guerrero, de Peravia, RD$31 millones.
Amílcar Romero, de Duarte, ha recibido RD$37 millones; el representante de Monte Plata, Charlie Mariotti, RD$33 millones; Heinz Vieluf, Montecristi, RD$28 millones; Rubén Darío Cruz, Hato Mayor, unos RD$26 millones; Antonio Cruz Torres, Santiago Rodríguez, más de RD$24 millones; Luis René Canaán, Salcedo, RD$28 millones; Félix Nova, Monseñor Nouel, RD$30 millones y Manuel Güichardo, de Valverde, RD$28 millones.
Los que menos reciben
Las oficinas senatoriales que menos recursos han recibido son las de los senadores de Ocoa, Carlos Castillo, RD$22 millones; la de Sonia Mateo, de Dajabón, RD$23 millones; la de Independencia, Orlando Mercedes, RD$22.5 millones; la de Yvonne Chaín Sasso, del Seybo, RD$22 millones; la de Dionis Sánchez, de Pedernales, RD$23 millones y la de Manuel Paula de Bahoruco, RD$23 millones.
Mientras que los legisladores reformistas Amable Aristy Castro, de La Altagracia y Félix Vásquez, de Sánchez Ramírez, han recibido RD$28 millones y RD$30 millones, respectivamente.
Los ex senadores y su “barrilito”
En el 2010, tras las elecciones congresuales y municipales, muchos fueron los legisladores que perdieron sus curules en el Senado, por lo que varios antecesores de actuales senadores también recibieron dinero del “barrilito” por un monto conjunto que ronda los RD$40 millones. A la oficina de Francisco Domínguez Brito, senador de Santiago (2006-2010), le asignaron unos RD$6 millones; a la de Alejandro William, San Pedro de Macorís, RD$5 millones; a la de Ramón de la Rosa, Barahona, RD$4 millones; a la de Francisco Radhamés Peña, Valverde, RD$3.9 millones y a la de Diego Aquino, Bahoruco, RD$3.6 millones. Este grupo son oficialistas.
El grupo los completan los ex senadores perredeístas de María Trinidad Sánchez, Jesús Vásquez, con RD$3.4 millones y César Díaz Filpo, de Azua, con RD$4 millones, así como Germán Castro, de la Altagracia, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con RD$4 millones.
Se niegan a renunciar al barrilito
Tras la renuncia al “barrilito” de parte de la Cámara de Diputados, varios sectores nacionales han pedido a los senadores que también hagan lo mismo. Sin embargo el “no” contundente de parte de los senadores oficialistas no se hizo esperar.
“No sé por qué hay que cuestionar fondos que no son aplicados, como dicen, a criterios de clientelismos. Ahora, ahí hay sustentados en programas bastante interesantes que se han desarrollado en cada una de la provincia”, puntualizó Tommy Galán al ser entrevistado la pasada semana.
De su lado, Reinaldo Pared Pérez, ex presidente de Senado, justificó la asignación a los senadores ya que mantienen abiertas oficinas de trabajo en sus respectivas provincias y que deben entregar facturas de los gastos que hacen del dinero que reciben mensual, porque de lo contrario no reciben la partida el mes siguiente. En tanto que Dionis Sánchez sugirió que más que dejar sin efecto el denominado “barrilito”, sería prudente que el Gobierno elimine los RD$200 mil millones anuales de exenciones fiscales.
Mientras que la presidenta del Senado aclaró que la decisión de los diputados es respetada por los senadores. “El Senado como de costumbre, en el momento que así lo considera el colectivo, tomará su decisión, somos respetuosos sobre la decisión de una cámara y otra”, agregó la legisladora
Otros ingresos de los senadores
Cada senador recibe un sueldo base de RD$125,000, además de 50,000 por concepto de gastos de representación. También cobran 25 mil pesos de viáticos y 3,500 por cada sesión a la que asistan. l
114 MM
Abel Martínez reveló que, en el caso de los diputados, el barrilito implicaba una erogación de 144 millones de pesos por año.
900,000
Julio César Valentín y Tommy Galán salieron en defensa del uso que le dan a los 900 mil pesos que tienen asignados.
Diputados anuncian la eliminación “barrilito”
El martes de la pasada semana, el Fondo de Gestión Social conocido como “barrilito”, unos RD$50 mil que reciben los diputados al mes, fue eliminado, por disposición del presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez.
Tras hacer el anuncio durante la sesión del pasado martes, el legislador de Santiago sostuvo que los recursos correspondientes al próximo año para esos fines (unos RD$114 millones) serán distribuidos entre hospitales y centros de salud públicos. A tres días de ese anuncio, los 17 diputados que representan a la provincia de Santiago anunciaron la donación de RD$1.8 millones al hospital Infantil Arturo Grullón de los recursos del “barrilito”. Para esos fines, Martínez y los demás legisladores visitaron el centro de salud para conocer su realidad y entregar la partida económica perteneciente al “barrilito” de los meses de noviembre y diciembre de este año.
El Caribe
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.