Nacionales
El Barrilito ha dado RD$1,841 millones a los senadores
Desde que se creó en el 2009 el Fondo de Gestión Social (barrilito) en el Congreso Nacional, como forma de eliminar las ONG que tenían muchos congresistas, el Senado ha erogado decenas de millones de pesos para esos fines.
De ese año a la fecha, se estima que el Senado ha entregado a los 32 senadores cerca de RD$1,841 millones, que supuestamente son destinados a los diferentes programas de asistencia social que ellos ejecutan en beneficio de las personas de escasos recursos que residen en sus provincias.
El “barrilito” fue creado en el Senado y la Cámara de Diputados por sus entonces presidentes Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, respectivamente. En el Senado, las partidas van desde RD$420 mil hasta los RD$900 mil, dependiendo de la cantidad de habitantes de la provincia.
La actual presidente del Senado y representante de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo y los senadores Reinaldo Pared Pérez, del Distrito Nacional; Julio César Valentín, de Santiago y Tommy Galán, de San Cristóbal, son los que mayor partida reciben, por ser representantes de las provincias más grandes. Las oficinas senatoriales de estos, vía el fondo social, han recibido cerca de RD$200 millones. A cada uno de ellos, durante estos cinco años, se les ha depositado en cuentas institucionales, no personales, entre RD$51 millones y RD$49 millones.
Los demás senadores
Durante ese tiempo, el senador Félix Bautista, por San Juan, ha recibido cerca de RD$30 millones; José María Sosa, San Pedro de Macorís, RD$33.6 millones; Rafael Calderón, de Azua, RD$29 millones; Eddy Mateo, Barahona, RD$28 millones; Arístides Victora Yeb, de María Trinidad Sánchez, RD$25 millones; Euclides Sánchez, La Vega, más de RD$42 millones; Prim Pujals, de Samaná, RD$27 millones y Wilton Guerrero, de Peravia, RD$31 millones.
Amílcar Romero, de Duarte, ha recibido RD$37 millones; el representante de Monte Plata, Charlie Mariotti, RD$33 millones; Heinz Vieluf, Montecristi, RD$28 millones; Rubén Darío Cruz, Hato Mayor, unos RD$26 millones; Antonio Cruz Torres, Santiago Rodríguez, más de RD$24 millones; Luis René Canaán, Salcedo, RD$28 millones; Félix Nova, Monseñor Nouel, RD$30 millones y Manuel Güichardo, de Valverde, RD$28 millones.
Los que menos reciben
Las oficinas senatoriales que menos recursos han recibido son las de los senadores de Ocoa, Carlos Castillo, RD$22 millones; la de Sonia Mateo, de Dajabón, RD$23 millones; la de Independencia, Orlando Mercedes, RD$22.5 millones; la de Yvonne Chaín Sasso, del Seybo, RD$22 millones; la de Dionis Sánchez, de Pedernales, RD$23 millones y la de Manuel Paula de Bahoruco, RD$23 millones.
Mientras que los legisladores reformistas Amable Aristy Castro, de La Altagracia y Félix Vásquez, de Sánchez Ramírez, han recibido RD$28 millones y RD$30 millones, respectivamente.
Los ex senadores y su “barrilito”
En el 2010, tras las elecciones congresuales y municipales, muchos fueron los legisladores que perdieron sus curules en el Senado, por lo que varios antecesores de actuales senadores también recibieron dinero del “barrilito” por un monto conjunto que ronda los RD$40 millones. A la oficina de Francisco Domínguez Brito, senador de Santiago (2006-2010), le asignaron unos RD$6 millones; a la de Alejandro William, San Pedro de Macorís, RD$5 millones; a la de Ramón de la Rosa, Barahona, RD$4 millones; a la de Francisco Radhamés Peña, Valverde, RD$3.9 millones y a la de Diego Aquino, Bahoruco, RD$3.6 millones. Este grupo son oficialistas.
El grupo los completan los ex senadores perredeístas de María Trinidad Sánchez, Jesús Vásquez, con RD$3.4 millones y César Díaz Filpo, de Azua, con RD$4 millones, así como Germán Castro, de la Altagracia, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con RD$4 millones.
Se niegan a renunciar al barrilito
Tras la renuncia al “barrilito” de parte de la Cámara de Diputados, varios sectores nacionales han pedido a los senadores que también hagan lo mismo. Sin embargo el “no” contundente de parte de los senadores oficialistas no se hizo esperar.
“No sé por qué hay que cuestionar fondos que no son aplicados, como dicen, a criterios de clientelismos. Ahora, ahí hay sustentados en programas bastante interesantes que se han desarrollado en cada una de la provincia”, puntualizó Tommy Galán al ser entrevistado la pasada semana.
De su lado, Reinaldo Pared Pérez, ex presidente de Senado, justificó la asignación a los senadores ya que mantienen abiertas oficinas de trabajo en sus respectivas provincias y que deben entregar facturas de los gastos que hacen del dinero que reciben mensual, porque de lo contrario no reciben la partida el mes siguiente. En tanto que Dionis Sánchez sugirió que más que dejar sin efecto el denominado “barrilito”, sería prudente que el Gobierno elimine los RD$200 mil millones anuales de exenciones fiscales.
Mientras que la presidenta del Senado aclaró que la decisión de los diputados es respetada por los senadores. “El Senado como de costumbre, en el momento que así lo considera el colectivo, tomará su decisión, somos respetuosos sobre la decisión de una cámara y otra”, agregó la legisladora
Otros ingresos de los senadores
Cada senador recibe un sueldo base de RD$125,000, además de 50,000 por concepto de gastos de representación. También cobran 25 mil pesos de viáticos y 3,500 por cada sesión a la que asistan. l
114 MM
Abel Martínez reveló que, en el caso de los diputados, el barrilito implicaba una erogación de 144 millones de pesos por año.
900,000
Julio César Valentín y Tommy Galán salieron en defensa del uso que le dan a los 900 mil pesos que tienen asignados.
Diputados anuncian la eliminación “barrilito”
El martes de la pasada semana, el Fondo de Gestión Social conocido como “barrilito”, unos RD$50 mil que reciben los diputados al mes, fue eliminado, por disposición del presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez.
Tras hacer el anuncio durante la sesión del pasado martes, el legislador de Santiago sostuvo que los recursos correspondientes al próximo año para esos fines (unos RD$114 millones) serán distribuidos entre hospitales y centros de salud públicos. A tres días de ese anuncio, los 17 diputados que representan a la provincia de Santiago anunciaron la donación de RD$1.8 millones al hospital Infantil Arturo Grullón de los recursos del “barrilito”. Para esos fines, Martínez y los demás legisladores visitaron el centro de salud para conocer su realidad y entregar la partida económica perteneciente al “barrilito” de los meses de noviembre y diciembre de este año.
El Caribe
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Fue detenido en Jamaica Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Otro proceso judicial
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Nacionales
TC rechaza amparo de Alexander Montilla contra embargo inmobiliario vinculado al caso Antipulpo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible, por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El origen del conflicto
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
El levantamiento parcial de las medidas
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
Criterio del Tribunal Constitucional
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Acuerdo de oportunidad y condenas previas
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.