Nacionales
El Barrilito ha dado RD$1,841 millones a los senadores
Desde que se creó en el 2009 el Fondo de Gestión Social (barrilito) en el Congreso Nacional, como forma de eliminar las ONG que tenían muchos congresistas, el Senado ha erogado decenas de millones de pesos para esos fines.
De ese año a la fecha, se estima que el Senado ha entregado a los 32 senadores cerca de RD$1,841 millones, que supuestamente son destinados a los diferentes programas de asistencia social que ellos ejecutan en beneficio de las personas de escasos recursos que residen en sus provincias.
El “barrilito” fue creado en el Senado y la Cámara de Diputados por sus entonces presidentes Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, respectivamente. En el Senado, las partidas van desde RD$420 mil hasta los RD$900 mil, dependiendo de la cantidad de habitantes de la provincia.
La actual presidente del Senado y representante de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo y los senadores Reinaldo Pared Pérez, del Distrito Nacional; Julio César Valentín, de Santiago y Tommy Galán, de San Cristóbal, son los que mayor partida reciben, por ser representantes de las provincias más grandes. Las oficinas senatoriales de estos, vía el fondo social, han recibido cerca de RD$200 millones. A cada uno de ellos, durante estos cinco años, se les ha depositado en cuentas institucionales, no personales, entre RD$51 millones y RD$49 millones.
Los demás senadores
Durante ese tiempo, el senador Félix Bautista, por San Juan, ha recibido cerca de RD$30 millones; José María Sosa, San Pedro de Macorís, RD$33.6 millones; Rafael Calderón, de Azua, RD$29 millones; Eddy Mateo, Barahona, RD$28 millones; Arístides Victora Yeb, de María Trinidad Sánchez, RD$25 millones; Euclides Sánchez, La Vega, más de RD$42 millones; Prim Pujals, de Samaná, RD$27 millones y Wilton Guerrero, de Peravia, RD$31 millones.
Amílcar Romero, de Duarte, ha recibido RD$37 millones; el representante de Monte Plata, Charlie Mariotti, RD$33 millones; Heinz Vieluf, Montecristi, RD$28 millones; Rubén Darío Cruz, Hato Mayor, unos RD$26 millones; Antonio Cruz Torres, Santiago Rodríguez, más de RD$24 millones; Luis René Canaán, Salcedo, RD$28 millones; Félix Nova, Monseñor Nouel, RD$30 millones y Manuel Güichardo, de Valverde, RD$28 millones.
Los que menos reciben
Las oficinas senatoriales que menos recursos han recibido son las de los senadores de Ocoa, Carlos Castillo, RD$22 millones; la de Sonia Mateo, de Dajabón, RD$23 millones; la de Independencia, Orlando Mercedes, RD$22.5 millones; la de Yvonne Chaín Sasso, del Seybo, RD$22 millones; la de Dionis Sánchez, de Pedernales, RD$23 millones y la de Manuel Paula de Bahoruco, RD$23 millones.
Mientras que los legisladores reformistas Amable Aristy Castro, de La Altagracia y Félix Vásquez, de Sánchez Ramírez, han recibido RD$28 millones y RD$30 millones, respectivamente.
Los ex senadores y su “barrilito”
En el 2010, tras las elecciones congresuales y municipales, muchos fueron los legisladores que perdieron sus curules en el Senado, por lo que varios antecesores de actuales senadores también recibieron dinero del “barrilito” por un monto conjunto que ronda los RD$40 millones. A la oficina de Francisco Domínguez Brito, senador de Santiago (2006-2010), le asignaron unos RD$6 millones; a la de Alejandro William, San Pedro de Macorís, RD$5 millones; a la de Ramón de la Rosa, Barahona, RD$4 millones; a la de Francisco Radhamés Peña, Valverde, RD$3.9 millones y a la de Diego Aquino, Bahoruco, RD$3.6 millones. Este grupo son oficialistas.
El grupo los completan los ex senadores perredeístas de María Trinidad Sánchez, Jesús Vásquez, con RD$3.4 millones y César Díaz Filpo, de Azua, con RD$4 millones, así como Germán Castro, de la Altagracia, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con RD$4 millones.
Se niegan a renunciar al barrilito
Tras la renuncia al “barrilito” de parte de la Cámara de Diputados, varios sectores nacionales han pedido a los senadores que también hagan lo mismo. Sin embargo el “no” contundente de parte de los senadores oficialistas no se hizo esperar.
“No sé por qué hay que cuestionar fondos que no son aplicados, como dicen, a criterios de clientelismos. Ahora, ahí hay sustentados en programas bastante interesantes que se han desarrollado en cada una de la provincia”, puntualizó Tommy Galán al ser entrevistado la pasada semana.
De su lado, Reinaldo Pared Pérez, ex presidente de Senado, justificó la asignación a los senadores ya que mantienen abiertas oficinas de trabajo en sus respectivas provincias y que deben entregar facturas de los gastos que hacen del dinero que reciben mensual, porque de lo contrario no reciben la partida el mes siguiente. En tanto que Dionis Sánchez sugirió que más que dejar sin efecto el denominado “barrilito”, sería prudente que el Gobierno elimine los RD$200 mil millones anuales de exenciones fiscales.
Mientras que la presidenta del Senado aclaró que la decisión de los diputados es respetada por los senadores. “El Senado como de costumbre, en el momento que así lo considera el colectivo, tomará su decisión, somos respetuosos sobre la decisión de una cámara y otra”, agregó la legisladora
Otros ingresos de los senadores
Cada senador recibe un sueldo base de RD$125,000, además de 50,000 por concepto de gastos de representación. También cobran 25 mil pesos de viáticos y 3,500 por cada sesión a la que asistan. l
114 MM
Abel Martínez reveló que, en el caso de los diputados, el barrilito implicaba una erogación de 144 millones de pesos por año.
900,000
Julio César Valentín y Tommy Galán salieron en defensa del uso que le dan a los 900 mil pesos que tienen asignados.
Diputados anuncian la eliminación “barrilito”
El martes de la pasada semana, el Fondo de Gestión Social conocido como “barrilito”, unos RD$50 mil que reciben los diputados al mes, fue eliminado, por disposición del presidente de la Cámara Baja, Abel Martínez.
Tras hacer el anuncio durante la sesión del pasado martes, el legislador de Santiago sostuvo que los recursos correspondientes al próximo año para esos fines (unos RD$114 millones) serán distribuidos entre hospitales y centros de salud públicos. A tres días de ese anuncio, los 17 diputados que representan a la provincia de Santiago anunciaron la donación de RD$1.8 millones al hospital Infantil Arturo Grullón de los recursos del “barrilito”. Para esos fines, Martínez y los demás legisladores visitaron el centro de salud para conocer su realidad y entregar la partida económica perteneciente al “barrilito” de los meses de noviembre y diciembre de este año.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.