Opinión
El show del shock y la salud a la deriva
Por Narciso Isa Conde
La cúpula del Partido de la Liberación Dominicana-PLD ha gobernado durante 14 años sin inmutarse por el creciente deterioro del sistema de salud bajo sus gobiernos, incluidos los malos resultados de la anterior gestión de la nueva ministra y los dos años del ministro desplazado, correspondiente a la administración de Danilo.
Ahora, cuando ese sector presentó señales de colapso e hizo explosión escandalosa en el Hospital Infantil Robert Read Cabral -luego de exhibir por doquier sus harapos frente al dengue y la “chikun”- el flamante portavoz del presidente Medina comunicó compungido sobre la súbita “indignación” y “entrada en shock” del “primer mandatario”.
De esa manera espectacular se dio apertura a un gran show acerca de supuestos remedios a la crisis estructural del sistema de salud, sacrificando subalternos e improvisando algunos remiendos, que han sido acompañados de las clásicas nuevas designaciones de figuras “bonsai” (o golondrinas que no hacen verano), generalmente procedente del “gremialismo progre” o de ciertas izquierdas ablandadas.
- El sistema en crisis.
Desde el gobierno no se habla, claro está, de lo que ha significado el auge de la salud como negocio; mucho menos se plantea desprivatizar los hospitales privatizados bajo el eufemismo de una “autogestión” pagada por los usuarios a partir de la usurpación de una gran inversión estatal con dinero de los/as contribuyentes. Ni menos aun se asume la necesidad de revertir el gran negocio privado montado dentro de un sistema de seguridad social y de pensiones de puro corte neoliberal.
La gran e impune estafa de las ARS privadas no merece comentario oficial alguno. Igual la necesaria erradicación de ese sector parasitario.
Tampoco se hace referencia a las injustificables asignaciones presupuestarias -muy superiores a las que se destinan de los hospitales y centros públicos donde concurre la población empobrecida- a entidades de salud que operan como negocios o que son negocios privados.
Es claro como el capital privado se traga lo social y lo público en todo lo concerniente a la salud como derecho vital. Pero eso no le importa a la dictadura morada y a sus jefes, como no les importó a los cohollos blancos y colorados.
- Sigue el financiamiento ridículo y distorsionado.
En otro aspecto, en lugar de asumir el compromiso de elevar el presupuesto general del sistema (que apenas asciende al 1.2% del PBI, cuando debería ser bastante superior al recientemente asignado a educación), se recurre a otros “showcitos” tramposos como el simulacro en torno a los cofrecitos de los diputados/as. De seguro vendrán otros espectáculos más.
Y esto, claro está, sin tocar los privilegios mayores, las exenciones multimillonarias a magnates y corporaciones, las estafas de los privatizadores eléctricos y no eléctricos, las entidades estatales superpuestas, la hipertrofia burocrática, la nominillas clientelistas, el reparto a partidos corrompidos, el financiamiento de fundaciones de dudoso desempeño, las asignaciones presupuestarias a entidades educativas privadas, el presupuesto discrecional de la Presidencia, la voluminosa asignación al innecesario Despacho de la “Primera Dama”, la vertiente clientelar del llamado gabinete social y su convivencia con las ambiciones de la Vice-presidenta, los enormes gastos en publicidad gubernamental, la urgente recuperación de los bienes públicos robados…
Nada de eso. Solo remiendos de corto impacto, maniobras mediáticas y costosos trucos mediáticos, refrendado por una dictadura comunicacional, plagada de mentiras y medias verdades, esencialmente alienante y permanentemente sobornada.
- Nada de cambiar estructuras: solo pactos agripinosos.
De transformación, de instalación de un gran sistema nacional de salud de carácter social, que integre escalonada y armoniosamente los servicios de prevención, la atención primaria, los programas curativos de amplia cobertura, las atenciones especializadas y los programas de docencia e investigación… de atacar a fondo el degradado negocio privado en el campo de la salud y del derecho a la vida…no se habla ni una tantito.
Se habla –y no para variar- de la concertación de un nuevo pacto en materia de salud, de transitar hacia uno de los tantos pactos agripinosos que para nada o para muy poco han servido. Más largas al asunto, para acuerdos chuecos y papeles inservibles.
Soy de opinión que con esta dictadura de una clase, que incluso es capaz de decir que no hay salarios bajos, y con este tipo de dictadura política y de régimen corrompido y pervertido, no hay que caer en las trampas que significan esas propuestas de diálogos y pactos.
Ahora vale meterle presión desde abajo y desde fuera a este Estado, a este gobierno y a esta clase dominante, creando poder de calle, contra-poder popular; formando un gran bloque en favor del 5 % del PBI para la salud pública y por la transformación del sistema de salud, convirtiendo la indignación en esta vertiente en movilización, poniendo en aprieto y debilitando sus instituciones, cercándolas e ilegitimándolas… e imponiendo conquistas. Esto, articulado a otros grandes temas y bloques políticos sociales en luchas, como el de la Loma Miranda y la depredación minera, la impunidad, la cuestión salarial, la inseguridad ciudadana…
Pretender pactar con este gobierno en estas condiciones, equivale a enredarnos en las patas de sus caballos, contribuyendo a desmovilizar al pueblo.
El Colegio Medico Dominicano, los/as trabajadores/as de enfermería, el personal paramédico, las organizaciones que asumimos la defensa del derecho del pueblo a un sistema gratuito y de calidad, los movimiento sociales en luchas, debemos preservar nuestra independencia frente a Estado y empresarios, debemos confluir unidos/as en un plan de lucha y en un conjunto de demanda movilizadoras, entre ellas el 5% para la salud, que sitúen a los poderes responsables del colapso del sistema de salud, a la defensiva y posibilite arrancarles conquistas en dirección a un nuevo modelo y un proceso transformador.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.