Opinión
Transgénicos y trasnacionales
Por Narciso Isa Conde
Es válido el alerta sobre los enormes los riesgos que entraña la siembra de semillas y la venta y consumo de productos transgénicos, el amarre que hacen las trasnacionales de esas semillas con agroquímicos perniciosos, y las implicaciones del poder avasallante de las principales corporaciones del ramo: Monsanto (EEUU), Dupont (EEUU) AstraZeneca (Inglaterra-Suecia), Novartus (Suiza) y Aventis(Francia). Sobre todo ahora que se habla de la ley de semillas auspiciada por el Senador Amílcar Romero de la Provincia Duarte
Semillas transgénicas y alimentos derivados de ellas, no debidamente supervisados, como también los cruces genéticos entre especies animales y vegetales destinados a la alimentación, fomentan graves dependencias respeto a esas corporaciones y podrían atentar significativamente contra la salud de los seres humanos y el equilibrio y la sanidad ambiental.
AstraZeneca ha logrado en sus laboratorios condicionar el crecimiento de sus semillas al uso de determinados agroquímicos fabricados y vendidos exclusivamente por esa corporación.
Novartis inventó un producto agro-químico que es la única defensa de sus semillas frente a determinados virus y bacterias que las atacan. A estas semillas las llaman “adictas”.
En ambos casos la dependencia es doble: del país respecto a esos agroquímicos y de los productores respecto a esas corporaciones.
A esos procesos Willar Phelp, vocero del Departamento de Agricultura de EEUU, le atribuyo la función de “aumentar el valor de las semillas de las empresas de Estados Unidos y abrirle nuevos mercados en países del segundo y tercer mundo”.
Blindaje con patentes y privatización de bosques.
Con la finalidad de “blindar” esos propósitos se creó el sistema de patentes que penaliza la copia de esos inventos e incluso versiones naturales de alto rendimiento.
Las patentes sobre la naturaleza son familia de la piratería. Una manera de privatizar hasta la vida, muy propia de la era neoliberal y del “todo se vale” para obtener superganancias. Una forma, además, de apropiarse de lo que no le pertenece y ponerlo en función del afán de lucro de las grandes empresas privadas.
Esa nefasta ruta del gran capital transnacional ha conducido a la privatización de valiosos bosques tropicales –vía los derechos exclusivos de investigación sobre ellos- donde abundan especies autóctonas y se conserva una impresionante biodiversidad.
Un caso relevante de ese pillaje es el contrato firmado por el estado costarricense con la farmacéutica MERCK para investigar con exclusividad los bosques tropicales de ese país, propósito que se extienden a amplias zonas de Centroamérica y México. La atadura en ese tipo de contrato es tal, que el producto medicinal que eventualmente MERCK logre obtener de una hierba o especie natural, nadie lo puede comercializar o usar, ni siquiera otros pueden emplear la especie en su estado natural sin riesgo de condenas judiciales.
Afectación de la salud humana y ambiental.
A lo descrito se suman los daños a la salud y al ambiente derivados del uso de productos transgénicos y agroquímicos de dudosa calidad o de inciertas consecuencias.
La salud humana tiene una estrecha relación con lo que come y ahora no sabemos lo que comemos. Los vegetales transgénicos perjudiciales y los animales alimentados con esos productos, como los tratados con químicos nocivos, se compran en el mercado como productos naturales. Pasa con los ajíes, tomates, cebolla, lechuga, carnes diversas, pescados y mariscos, frutas…
El capitalismo, el imperialismo, la ganancia empresarial como razón de ser del sistema capitalista dominante y de sus beneficiarios, lo pervierte todo, incluyendo los formidables avances de la ciencia y la técnica, comprendida la ingeniería genética.
Investigaciones hechas por el doctor Arpad Pulzati (Escocia, Inglaterra) revelaron que los venenos usados para matar plagas en las semillas transgénicas provocan graves daños en los animales que las ingieren o que ingieren sus derivados (deformaciones, alergias, esterilidad…), así como propensión a enfermedades. Y esto mismo puede pasar –y pasa- en los seres humanos que consumen alimentos de origen animal o vegetal derivados de esos procesos.
Por ejemplo, se ha comprobado que los sustitutos del azúcar fabricado a base del transgénico “Apartame” son altamente dañinos a la salud.
El trifosfato transgénico por igual.
El consumo humano de leche de determinadas vacas sometidas a procesos de ingeniería genética (especialmente las inyectadas con hormonas transgénicas), tiende a producir cáncer de colon, mamas y próstata.
La insulina transgénica se comprobó produce serios trastornos de salud.
Amenaza contra la vida en el planeta y el país.
Las semillas y procesos transgénicos, manipulados inescrupulosamente y puestos al servicio de la voracidad del gran capital transnacional, han puesto en riesgo la biodiversidad del planeta. Su uso masivo y sin control de calidad, amenaza de diferentes formas de vida: afectando variedades autónomas naturales, creando resistencia a herbicidas, creando plagas difíciles de controlar y contra las cuales se usan productos químicos contaminantes de suelos, aguas y alimentos.
Aquí Monsanto suscribió un acuerdo con la empresa local Euro-suministros, pero además se sabe que esa transnacional trae al país otros de sus productos por vías más discretas. Igual pasa con otras corporaciones del ramo, amen de que en el mercado abundan ofertas de alimentos riesgosos por haber sido sometidos a esos procesos de ingeniería genética o tratamientos agroquími9cos nocivos y abundan herbicidas y abonos altamente perjudiciales a la salud.
Esto debe ser minuciosamente investigado y valientemente denunciado. Esa es nuestra determinación; y, en consecuencias, esperen otras entregas con más detalles sobre el tema. (Fuente de datos e informaciones: “Los transgénicos”/ Grupo Maíz.-El Salvador, Centroamérica).
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?