Opinión
Transgénicos y trasnacionales
Por Narciso Isa Conde
Es válido el alerta sobre los enormes los riesgos que entraña la siembra de semillas y la venta y consumo de productos transgénicos, el amarre que hacen las trasnacionales de esas semillas con agroquímicos perniciosos, y las implicaciones del poder avasallante de las principales corporaciones del ramo: Monsanto (EEUU), Dupont (EEUU) AstraZeneca (Inglaterra-Suecia), Novartus (Suiza) y Aventis(Francia). Sobre todo ahora que se habla de la ley de semillas auspiciada por el Senador Amílcar Romero de la Provincia Duarte
Semillas transgénicas y alimentos derivados de ellas, no debidamente supervisados, como también los cruces genéticos entre especies animales y vegetales destinados a la alimentación, fomentan graves dependencias respeto a esas corporaciones y podrían atentar significativamente contra la salud de los seres humanos y el equilibrio y la sanidad ambiental.
AstraZeneca ha logrado en sus laboratorios condicionar el crecimiento de sus semillas al uso de determinados agroquímicos fabricados y vendidos exclusivamente por esa corporación.
Novartis inventó un producto agro-químico que es la única defensa de sus semillas frente a determinados virus y bacterias que las atacan. A estas semillas las llaman “adictas”.
En ambos casos la dependencia es doble: del país respecto a esos agroquímicos y de los productores respecto a esas corporaciones.
A esos procesos Willar Phelp, vocero del Departamento de Agricultura de EEUU, le atribuyo la función de “aumentar el valor de las semillas de las empresas de Estados Unidos y abrirle nuevos mercados en países del segundo y tercer mundo”.
Blindaje con patentes y privatización de bosques.
Con la finalidad de “blindar” esos propósitos se creó el sistema de patentes que penaliza la copia de esos inventos e incluso versiones naturales de alto rendimiento.
Las patentes sobre la naturaleza son familia de la piratería. Una manera de privatizar hasta la vida, muy propia de la era neoliberal y del “todo se vale” para obtener superganancias. Una forma, además, de apropiarse de lo que no le pertenece y ponerlo en función del afán de lucro de las grandes empresas privadas.
Esa nefasta ruta del gran capital transnacional ha conducido a la privatización de valiosos bosques tropicales –vía los derechos exclusivos de investigación sobre ellos- donde abundan especies autóctonas y se conserva una impresionante biodiversidad.
Un caso relevante de ese pillaje es el contrato firmado por el estado costarricense con la farmacéutica MERCK para investigar con exclusividad los bosques tropicales de ese país, propósito que se extienden a amplias zonas de Centroamérica y México. La atadura en ese tipo de contrato es tal, que el producto medicinal que eventualmente MERCK logre obtener de una hierba o especie natural, nadie lo puede comercializar o usar, ni siquiera otros pueden emplear la especie en su estado natural sin riesgo de condenas judiciales.
Afectación de la salud humana y ambiental.
A lo descrito se suman los daños a la salud y al ambiente derivados del uso de productos transgénicos y agroquímicos de dudosa calidad o de inciertas consecuencias.
La salud humana tiene una estrecha relación con lo que come y ahora no sabemos lo que comemos. Los vegetales transgénicos perjudiciales y los animales alimentados con esos productos, como los tratados con químicos nocivos, se compran en el mercado como productos naturales. Pasa con los ajíes, tomates, cebolla, lechuga, carnes diversas, pescados y mariscos, frutas…
El capitalismo, el imperialismo, la ganancia empresarial como razón de ser del sistema capitalista dominante y de sus beneficiarios, lo pervierte todo, incluyendo los formidables avances de la ciencia y la técnica, comprendida la ingeniería genética.
Investigaciones hechas por el doctor Arpad Pulzati (Escocia, Inglaterra) revelaron que los venenos usados para matar plagas en las semillas transgénicas provocan graves daños en los animales que las ingieren o que ingieren sus derivados (deformaciones, alergias, esterilidad…), así como propensión a enfermedades. Y esto mismo puede pasar –y pasa- en los seres humanos que consumen alimentos de origen animal o vegetal derivados de esos procesos.
Por ejemplo, se ha comprobado que los sustitutos del azúcar fabricado a base del transgénico “Apartame” son altamente dañinos a la salud.
El trifosfato transgénico por igual.
El consumo humano de leche de determinadas vacas sometidas a procesos de ingeniería genética (especialmente las inyectadas con hormonas transgénicas), tiende a producir cáncer de colon, mamas y próstata.
La insulina transgénica se comprobó produce serios trastornos de salud.
Amenaza contra la vida en el planeta y el país.
Las semillas y procesos transgénicos, manipulados inescrupulosamente y puestos al servicio de la voracidad del gran capital transnacional, han puesto en riesgo la biodiversidad del planeta. Su uso masivo y sin control de calidad, amenaza de diferentes formas de vida: afectando variedades autónomas naturales, creando resistencia a herbicidas, creando plagas difíciles de controlar y contra las cuales se usan productos químicos contaminantes de suelos, aguas y alimentos.
Aquí Monsanto suscribió un acuerdo con la empresa local Euro-suministros, pero además se sabe que esa transnacional trae al país otros de sus productos por vías más discretas. Igual pasa con otras corporaciones del ramo, amen de que en el mercado abundan ofertas de alimentos riesgosos por haber sido sometidos a esos procesos de ingeniería genética o tratamientos agroquími9cos nocivos y abundan herbicidas y abonos altamente perjudiciales a la salud.
Esto debe ser minuciosamente investigado y valientemente denunciado. Esa es nuestra determinación; y, en consecuencias, esperen otras entregas con más detalles sobre el tema. (Fuente de datos e informaciones: “Los transgénicos”/ Grupo Maíz.-El Salvador, Centroamérica).
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.