Opinión
Transgénicos y trasnacionales
Por Narciso Isa Conde
Es válido el alerta sobre los enormes los riesgos que entraña la siembra de semillas y la venta y consumo de productos transgénicos, el amarre que hacen las trasnacionales de esas semillas con agroquímicos perniciosos, y las implicaciones del poder avasallante de las principales corporaciones del ramo: Monsanto (EEUU), Dupont (EEUU) AstraZeneca (Inglaterra-Suecia), Novartus (Suiza) y Aventis(Francia). Sobre todo ahora que se habla de la ley de semillas auspiciada por el Senador Amílcar Romero de la Provincia Duarte
Semillas transgénicas y alimentos derivados de ellas, no debidamente supervisados, como también los cruces genéticos entre especies animales y vegetales destinados a la alimentación, fomentan graves dependencias respeto a esas corporaciones y podrían atentar significativamente contra la salud de los seres humanos y el equilibrio y la sanidad ambiental.
AstraZeneca ha logrado en sus laboratorios condicionar el crecimiento de sus semillas al uso de determinados agroquímicos fabricados y vendidos exclusivamente por esa corporación.
Novartis inventó un producto agro-químico que es la única defensa de sus semillas frente a determinados virus y bacterias que las atacan. A estas semillas las llaman “adictas”.
En ambos casos la dependencia es doble: del país respecto a esos agroquímicos y de los productores respecto a esas corporaciones.
A esos procesos Willar Phelp, vocero del Departamento de Agricultura de EEUU, le atribuyo la función de “aumentar el valor de las semillas de las empresas de Estados Unidos y abrirle nuevos mercados en países del segundo y tercer mundo”.
Blindaje con patentes y privatización de bosques.
Con la finalidad de “blindar” esos propósitos se creó el sistema de patentes que penaliza la copia de esos inventos e incluso versiones naturales de alto rendimiento.
Las patentes sobre la naturaleza son familia de la piratería. Una manera de privatizar hasta la vida, muy propia de la era neoliberal y del “todo se vale” para obtener superganancias. Una forma, además, de apropiarse de lo que no le pertenece y ponerlo en función del afán de lucro de las grandes empresas privadas.
Esa nefasta ruta del gran capital transnacional ha conducido a la privatización de valiosos bosques tropicales –vía los derechos exclusivos de investigación sobre ellos- donde abundan especies autóctonas y se conserva una impresionante biodiversidad.
Un caso relevante de ese pillaje es el contrato firmado por el estado costarricense con la farmacéutica MERCK para investigar con exclusividad los bosques tropicales de ese país, propósito que se extienden a amplias zonas de Centroamérica y México. La atadura en ese tipo de contrato es tal, que el producto medicinal que eventualmente MERCK logre obtener de una hierba o especie natural, nadie lo puede comercializar o usar, ni siquiera otros pueden emplear la especie en su estado natural sin riesgo de condenas judiciales.
Afectación de la salud humana y ambiental.
A lo descrito se suman los daños a la salud y al ambiente derivados del uso de productos transgénicos y agroquímicos de dudosa calidad o de inciertas consecuencias.
La salud humana tiene una estrecha relación con lo que come y ahora no sabemos lo que comemos. Los vegetales transgénicos perjudiciales y los animales alimentados con esos productos, como los tratados con químicos nocivos, se compran en el mercado como productos naturales. Pasa con los ajíes, tomates, cebolla, lechuga, carnes diversas, pescados y mariscos, frutas…
El capitalismo, el imperialismo, la ganancia empresarial como razón de ser del sistema capitalista dominante y de sus beneficiarios, lo pervierte todo, incluyendo los formidables avances de la ciencia y la técnica, comprendida la ingeniería genética.
Investigaciones hechas por el doctor Arpad Pulzati (Escocia, Inglaterra) revelaron que los venenos usados para matar plagas en las semillas transgénicas provocan graves daños en los animales que las ingieren o que ingieren sus derivados (deformaciones, alergias, esterilidad…), así como propensión a enfermedades. Y esto mismo puede pasar –y pasa- en los seres humanos que consumen alimentos de origen animal o vegetal derivados de esos procesos.
Por ejemplo, se ha comprobado que los sustitutos del azúcar fabricado a base del transgénico “Apartame” son altamente dañinos a la salud.
El trifosfato transgénico por igual.
El consumo humano de leche de determinadas vacas sometidas a procesos de ingeniería genética (especialmente las inyectadas con hormonas transgénicas), tiende a producir cáncer de colon, mamas y próstata.
La insulina transgénica se comprobó produce serios trastornos de salud.
Amenaza contra la vida en el planeta y el país.
Las semillas y procesos transgénicos, manipulados inescrupulosamente y puestos al servicio de la voracidad del gran capital transnacional, han puesto en riesgo la biodiversidad del planeta. Su uso masivo y sin control de calidad, amenaza de diferentes formas de vida: afectando variedades autónomas naturales, creando resistencia a herbicidas, creando plagas difíciles de controlar y contra las cuales se usan productos químicos contaminantes de suelos, aguas y alimentos.
Aquí Monsanto suscribió un acuerdo con la empresa local Euro-suministros, pero además se sabe que esa transnacional trae al país otros de sus productos por vías más discretas. Igual pasa con otras corporaciones del ramo, amen de que en el mercado abundan ofertas de alimentos riesgosos por haber sido sometidos a esos procesos de ingeniería genética o tratamientos agroquími9cos nocivos y abundan herbicidas y abonos altamente perjudiciales a la salud.
Esto debe ser minuciosamente investigado y valientemente denunciado. Esa es nuestra determinación; y, en consecuencias, esperen otras entregas con más detalles sobre el tema. (Fuente de datos e informaciones: “Los transgénicos”/ Grupo Maíz.-El Salvador, Centroamérica).
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.