Nacionales
El Código Penal es Ley; aumenta el cúmulo de penas a 60 años cárcel
El proyecto que modifica el Código Penal fue aprobado en el Senado el pasado 2 de julio.
SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió ayer en Ley el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal de la República Dominicana, al aprobar en única discusión ese proyecto acogiéndolo tal y como fue devuelto por el Senado, con sus modificaciones.
La pieza legislativa, que consta de seis considerandos, 52 vistas y 356 artículos, deberá ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada con 132 votos a favor y tres, en contra. Se trata de los votos de los diputados Minou Tavárez Mirabal, Juan Hubiere y Magna Rodríguez. En tanto, 11 diputados se abstuvieron de votar.
El Senado le incluyó a esa iniciativa legislativa la tipificación de la desaparición forzada de personas, con sanciones y agravantes, y la penalización de los negocios de multinivel o de estructura piramidal.
El proyecto de Ley establece un cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión, eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel; castiga por muertes por violencia doméstica con hasta 40 años de prisión, y el secuestro con penas de 20 a 30 años de cárcel.
También tipifica los crímenes horrendos, la invasión y ocupación de tierras, condena el cuatrerismo, el uso del “ácido del diablo” y el sicariato. Además, castiga con hasta 10 años de prisión a los adultos que usen a menores para cometer sus delitos.
De ser promulgado, derogaría 51 leyes o disposiciones legales, según el artículo 354.
En el artículo 355 se le otorga un plazo de un año al Poder Ejecutivo para realizar las readecuaciones necesarias a la legislación vigente, complementarias al Código Penal.
El presidente del órgano legislativo, Abel Martínez, pidió a sus pares llamar a los diputados ausentes al momento de la votación, para que “no se pierdan ser parte de la historia”, como forma de garantizar el quórum.
Afirmó que ese era un proyecto transcendental para la historia del país.
El presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, manifestó que ayer fue un día histórico, porque la Cámara de Diputados convertiría en Ley el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal, que fue puesto en vigencia hace 130 años.
Recordó que el estudio de las modificaciones al Código Penal se iniciaron hace 17 años, a iniciativa del entonces presidente Leonel Fernández, y que éste, hace 14 años, presentó el primer proyecto de ley con esos fines al Congreso Nacional.
Valoró que en el Senado el proyecto fue fortalecido, y que se remitió a la Academia de la Lengua para que fuera enriquecido. Aseguró que el nuevo Código Penal garantizaría una persecución eficaz para los que cometen hechos delictivos en el país.
Los debates
Antes de aprobarse ese proyecto, se registraron debates prolongados en los que participaron 17 diputados, incluyendo el propio presidente de la cámara baja, Abel Martínez.
El diputado reformista Pedro Botello dijo que el Congreso Nacional “se viste de gala” para poner una pieza moderna en manos de los que administran justicia y de quienes persiguen el crimen.
Cree que el nuevo Código Penal se pone en consonancia con las nuevas normas vigentes al introducírsele 82 modificaciones.
“Este Código le da un golpe mortal al crimen organizado, a los delincuentes organizados”, destacó.
Mientras que el diputado peledeísta Elpidio Báez llamó la atención sobre la política criminal que se desarrolla en el país, porque cree no contribuye a disminuir esos delitos.
Entiende que ese Código Penal se orienta al endurecimiento de las penas, bajo el discurso de la mano dura y tolerancia cero, y que eso no garantiza los resultados esperados.
Reflexionó sobre muchas deficiencias que afectan el sistema judificial, pese a que el Código Procesal Penal lleva 10 años de aplicación.
“Nosotros queremos llamar la atención de que para mejorar la justicia dominicana no sólo se precisa endurecer las leyes penales. Todos los actores de la justicia penal tienen que trabajar en la dirección de promover una política integral, una política de reducción de la inequidad”, expresó.
El vocero de los diputados del PRSC, Ramón Rogelio Genao, pidió el cierre de los debates. Fue secundado por el diputado perredeísta Radhamés González, lo que fue acogido por el Pleno.
Los diputados rechazaron una propuesta de modificación hecha por la diputada Josefa Castillo, y las sugerencias de las diputadas Minou Tavárez Mirabal y Magna Rodríguez de postergar la aprobación de esa iniciativa, para no delegar en los jueces su interpretación con respecto a varios artículos.
Protección médicos por aborto
Los diputados Geovanny Tejada, Minou Tavárez Mirabal y Magda Rodríguez expresaron sus inquietudes sobre el “estado de necesidad”, definido en el artículo 22 de esa iniciativa, con relación a la aplicación del aborto terapéutico. Al respecto, el presidente de la cámara baja, Abel Martínez, aseguró que el espíritu congresual es el de preservar la legítima defensa, y aseguró que los médicos estarán protegidos en caso de practicar ese tipo de aborto.
El diputado Henry Merán pidió no tener temor sobre el “estado de necesidad”, porque la Constitución dominicana es clara al respecto.
Diario Libre
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.