Nacionales
El Código Penal es Ley; aumenta el cúmulo de penas a 60 años cárcel
El proyecto que modifica el Código Penal fue aprobado en el Senado el pasado 2 de julio.
SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió ayer en Ley el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal de la República Dominicana, al aprobar en única discusión ese proyecto acogiéndolo tal y como fue devuelto por el Senado, con sus modificaciones.
La pieza legislativa, que consta de seis considerandos, 52 vistas y 356 artículos, deberá ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada con 132 votos a favor y tres, en contra. Se trata de los votos de los diputados Minou Tavárez Mirabal, Juan Hubiere y Magna Rodríguez. En tanto, 11 diputados se abstuvieron de votar.
El Senado le incluyó a esa iniciativa legislativa la tipificación de la desaparición forzada de personas, con sanciones y agravantes, y la penalización de los negocios de multinivel o de estructura piramidal.
El proyecto de Ley establece un cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión, eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel; castiga por muertes por violencia doméstica con hasta 40 años de prisión, y el secuestro con penas de 20 a 30 años de cárcel.
También tipifica los crímenes horrendos, la invasión y ocupación de tierras, condena el cuatrerismo, el uso del “ácido del diablo” y el sicariato. Además, castiga con hasta 10 años de prisión a los adultos que usen a menores para cometer sus delitos.
De ser promulgado, derogaría 51 leyes o disposiciones legales, según el artículo 354.
En el artículo 355 se le otorga un plazo de un año al Poder Ejecutivo para realizar las readecuaciones necesarias a la legislación vigente, complementarias al Código Penal.
El presidente del órgano legislativo, Abel Martínez, pidió a sus pares llamar a los diputados ausentes al momento de la votación, para que “no se pierdan ser parte de la historia”, como forma de garantizar el quórum.
Afirmó que ese era un proyecto transcendental para la historia del país.
El presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, manifestó que ayer fue un día histórico, porque la Cámara de Diputados convertiría en Ley el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal, que fue puesto en vigencia hace 130 años.
Recordó que el estudio de las modificaciones al Código Penal se iniciaron hace 17 años, a iniciativa del entonces presidente Leonel Fernández, y que éste, hace 14 años, presentó el primer proyecto de ley con esos fines al Congreso Nacional.
Valoró que en el Senado el proyecto fue fortalecido, y que se remitió a la Academia de la Lengua para que fuera enriquecido. Aseguró que el nuevo Código Penal garantizaría una persecución eficaz para los que cometen hechos delictivos en el país.
Los debates
Antes de aprobarse ese proyecto, se registraron debates prolongados en los que participaron 17 diputados, incluyendo el propio presidente de la cámara baja, Abel Martínez.
El diputado reformista Pedro Botello dijo que el Congreso Nacional “se viste de gala” para poner una pieza moderna en manos de los que administran justicia y de quienes persiguen el crimen.
Cree que el nuevo Código Penal se pone en consonancia con las nuevas normas vigentes al introducírsele 82 modificaciones.
“Este Código le da un golpe mortal al crimen organizado, a los delincuentes organizados”, destacó.
Mientras que el diputado peledeísta Elpidio Báez llamó la atención sobre la política criminal que se desarrolla en el país, porque cree no contribuye a disminuir esos delitos.
Entiende que ese Código Penal se orienta al endurecimiento de las penas, bajo el discurso de la mano dura y tolerancia cero, y que eso no garantiza los resultados esperados.
Reflexionó sobre muchas deficiencias que afectan el sistema judificial, pese a que el Código Procesal Penal lleva 10 años de aplicación.
“Nosotros queremos llamar la atención de que para mejorar la justicia dominicana no sólo se precisa endurecer las leyes penales. Todos los actores de la justicia penal tienen que trabajar en la dirección de promover una política integral, una política de reducción de la inequidad”, expresó.
El vocero de los diputados del PRSC, Ramón Rogelio Genao, pidió el cierre de los debates. Fue secundado por el diputado perredeísta Radhamés González, lo que fue acogido por el Pleno.
Los diputados rechazaron una propuesta de modificación hecha por la diputada Josefa Castillo, y las sugerencias de las diputadas Minou Tavárez Mirabal y Magna Rodríguez de postergar la aprobación de esa iniciativa, para no delegar en los jueces su interpretación con respecto a varios artículos.
Protección médicos por aborto
Los diputados Geovanny Tejada, Minou Tavárez Mirabal y Magda Rodríguez expresaron sus inquietudes sobre el “estado de necesidad”, definido en el artículo 22 de esa iniciativa, con relación a la aplicación del aborto terapéutico. Al respecto, el presidente de la cámara baja, Abel Martínez, aseguró que el espíritu congresual es el de preservar la legítima defensa, y aseguró que los médicos estarán protegidos en caso de practicar ese tipo de aborto.
El diputado Henry Merán pidió no tener temor sobre el “estado de necesidad”, porque la Constitución dominicana es clara al respecto.
Diario Libre
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-123934-pm-d9871189.jpeg)
En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.