Nacionales
El Código Penal es Ley; aumenta el cúmulo de penas a 60 años cárcel
El proyecto que modifica el Código Penal fue aprobado en el Senado el pasado 2 de julio.
SANTO DOMINGO. La Cámara de Diputados convirtió ayer en Ley el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal de la República Dominicana, al aprobar en única discusión ese proyecto acogiéndolo tal y como fue devuelto por el Senado, con sus modificaciones.
La pieza legislativa, que consta de seis considerandos, 52 vistas y 356 artículos, deberá ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.
Fue aprobada con 132 votos a favor y tres, en contra. Se trata de los votos de los diputados Minou Tavárez Mirabal, Juan Hubiere y Magna Rodríguez. En tanto, 11 diputados se abstuvieron de votar.
El Senado le incluyó a esa iniciativa legislativa la tipificación de la desaparición forzada de personas, con sanciones y agravantes, y la penalización de los negocios de multinivel o de estructura piramidal.
El proyecto de Ley establece un cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión, eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel; castiga por muertes por violencia doméstica con hasta 40 años de prisión, y el secuestro con penas de 20 a 30 años de cárcel.
También tipifica los crímenes horrendos, la invasión y ocupación de tierras, condena el cuatrerismo, el uso del “ácido del diablo” y el sicariato. Además, castiga con hasta 10 años de prisión a los adultos que usen a menores para cometer sus delitos.
De ser promulgado, derogaría 51 leyes o disposiciones legales, según el artículo 354.
En el artículo 355 se le otorga un plazo de un año al Poder Ejecutivo para realizar las readecuaciones necesarias a la legislación vigente, complementarias al Código Penal.
El presidente del órgano legislativo, Abel Martínez, pidió a sus pares llamar a los diputados ausentes al momento de la votación, para que “no se pierdan ser parte de la historia”, como forma de garantizar el quórum.
Afirmó que ese era un proyecto transcendental para la historia del país.
El presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, manifestó que ayer fue un día histórico, porque la Cámara de Diputados convertiría en Ley el proyecto que modifica varios artículos del Código Penal, que fue puesto en vigencia hace 130 años.
Recordó que el estudio de las modificaciones al Código Penal se iniciaron hace 17 años, a iniciativa del entonces presidente Leonel Fernández, y que éste, hace 14 años, presentó el primer proyecto de ley con esos fines al Congreso Nacional.
Valoró que en el Senado el proyecto fue fortalecido, y que se remitió a la Academia de la Lengua para que fuera enriquecido. Aseguró que el nuevo Código Penal garantizaría una persecución eficaz para los que cometen hechos delictivos en el país.
Los debates
Antes de aprobarse ese proyecto, se registraron debates prolongados en los que participaron 17 diputados, incluyendo el propio presidente de la cámara baja, Abel Martínez.
El diputado reformista Pedro Botello dijo que el Congreso Nacional “se viste de gala” para poner una pieza moderna en manos de los que administran justicia y de quienes persiguen el crimen.
Cree que el nuevo Código Penal se pone en consonancia con las nuevas normas vigentes al introducírsele 82 modificaciones.
“Este Código le da un golpe mortal al crimen organizado, a los delincuentes organizados”, destacó.
Mientras que el diputado peledeísta Elpidio Báez llamó la atención sobre la política criminal que se desarrolla en el país, porque cree no contribuye a disminuir esos delitos.
Entiende que ese Código Penal se orienta al endurecimiento de las penas, bajo el discurso de la mano dura y tolerancia cero, y que eso no garantiza los resultados esperados.
Reflexionó sobre muchas deficiencias que afectan el sistema judificial, pese a que el Código Procesal Penal lleva 10 años de aplicación.
“Nosotros queremos llamar la atención de que para mejorar la justicia dominicana no sólo se precisa endurecer las leyes penales. Todos los actores de la justicia penal tienen que trabajar en la dirección de promover una política integral, una política de reducción de la inequidad”, expresó.
El vocero de los diputados del PRSC, Ramón Rogelio Genao, pidió el cierre de los debates. Fue secundado por el diputado perredeísta Radhamés González, lo que fue acogido por el Pleno.
Los diputados rechazaron una propuesta de modificación hecha por la diputada Josefa Castillo, y las sugerencias de las diputadas Minou Tavárez Mirabal y Magna Rodríguez de postergar la aprobación de esa iniciativa, para no delegar en los jueces su interpretación con respecto a varios artículos.
Protección médicos por aborto
Los diputados Geovanny Tejada, Minou Tavárez Mirabal y Magda Rodríguez expresaron sus inquietudes sobre el “estado de necesidad”, definido en el artículo 22 de esa iniciativa, con relación a la aplicación del aborto terapéutico. Al respecto, el presidente de la cámara baja, Abel Martínez, aseguró que el espíritu congresual es el de preservar la legítima defensa, y aseguró que los médicos estarán protegidos en caso de practicar ese tipo de aborto.
El diputado Henry Merán pidió no tener temor sobre el “estado de necesidad”, porque la Constitución dominicana es clara al respecto.
Diario Libre
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.