Análisis Noticiosos
Los dilemas del PRM entre Hipólito y Abinader
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10 años agoon
Juan Bolívar Díaz
Los principales líderes del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM) contemplan consultar mediante encuestas para determinar cuál sería el candidato presidencial evadiendo el costo y el tiempo que implicaría una elección primaria
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La consulta mediante encuestas de amplia representatividad podría ser el mecanismo más expedito, de menor costo económico y más seguro para la elección del candidato presidencial del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM) que todavía se encuentra en la etapa del afianzamiento y construcción nacional.
Los principales líderes del PRM, comenzando por Hipólito Mejía y Luis Abinader se muestran conscientes de que si quieren construir una nueva opción política que capitalice la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tienen que superar la cultura de la imposición y demostrar cohesión y capacidad gerencial.
Coherencia o morir
Los dirigentes del nuevo partido, encabezados por Hipólito Mejía y Luis Abinader se dicen conscientes de que están obligados a dar firmes demostraciones de coherencia con los principios y el concierto democrático para poder capitalizar la oposición política y crear nuevas ilusiones de cambio frente a una maquinaria como la representada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se ha impuesto en las últimas cinco elecciones generales.
El abandono de las prácticas democráticas, las intensas luchas internas y el canibalismo en que devino el PRD alcanzaron niveles de saturación y descrédito tan altos que muchos esperan que se repitan en el PRM. Con eso cuentan los líderes del partido de gobierno y gran parte de los columnistas y comentaristas de los medios informativos.
Los vaticinios insisten en que Mejía y Abinader terminarán protagonizando una confrontación al estilo perredeísta que liquidaría el nuevo partido al que las encuestas atribuyen una gran proporción de los que militaron en el perredeísmo histórico. Tratando de mantener la ilusión de cambio, los dos dirigentes se empeñan en aparecer juntos en la mayoría de las actividades partidistas.
Muchos de los que abandonaron las filas perredeístas para seguir a Mejía y Abinader se inscriben entre quienes consideran que no tiene ningún futuro una reproducción de las prácticas antidemocráticas que han reducido al mínimo al más antiguo partido político nacional. Tanto el presidente Andrés Bautista como el secretario general del PRM, Jesús Vásquez, se cuentan entre quienes rechazan la reedición de las confrontaciones.
Candidatura presidencial
La primera disyuntiva del PRM es cómo escoger candidato presidencial para las elecciones del 2016, sin haber elaborado un padrón de militantes, marchando contra el tiempo, y cómo evadir el riesgo de que una competencia entre sus líderes principales que podría generar confrontaciones en los niveles medios y bajos donde el clientelismo político alcanza categoría de fanatismo.
El mecanismo más democrático sería la elección primaria, mediante la votación universal de los miembros, pero en este caso cuáles miembros, si el PRM está apenas en la etapa de la construcción de cuadros a nivel nacional y no tiene un padrón. Crearlo tomaría meses y tendría un costo económico considerable, a la vez que incentivaría la competencia desenfrenada que ratificaría una imagen que pretenden borrar.
Otro mecanismo sería la adopción del padrón nacional de electores, excluyéndole los registrados en los padrones del PLD y del Partido Reformista Social Cristiano, como se hizo en el 2011 cuando Mejía fue electo candidato presidencial, pero ese fue el origen de la división, ya que el precandidato derrotado, Miguel Vargas Maldonado, alegó que dos o tres cientos mil peledeístas habrían votado para inclinar la balanza en su contra. Ahora tendrían la dificultad adicional de identificar y excluir a los que se mantienen en el PRD que ya tiene al mismo Vargas proclamado candidato presidencial.
El tiempo conspira contra la oposición cuando al menos cinco peledeístas, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, llevan ya más de un año en campaña por la candidatura presidencial y se va afianzando la idea de que no tienen competencia. El PRM tendría por delante también la constitución de la “Convergencia”, un frente amplio de oposición para enfrentar la corporación política en el poder, lo que con más razón supondría otra votación universal si logra integrar a varios partidos políticos.
Proponen encuestas
En ese contexto fue que tomó cuerpo recientemente la idea de escoger al candidato del nuevo partido a través de tres encuestas de amplias muestras a ser realizadas por diversas firmas. Se dijo que en principio estuvieron de acuerdo los aspirantes públicos a la candidatura: Luis Abinader, Geanilda Vásquez y Amaury Justo Duarte, además de Hipólito Mejía y los principales dirigentes del PRM. Pero posteriormente surgieron objeciones desde sectores que tratan de convencer a Mejía de lanzarse a la búsqueda de la candidatura y quienes creen que en campaña sobre el territorio nadie le ganaría.
Tienen razón los críticos en que las encuestas no son un método de elección de candidatos, pero en un partido emergente se hace hasta por consenso entre sus dirigentes. En este caso si todos los aspirantes aceptan someterse al resultado de investigaciones científicas, no deja de ser una consulta que podría incluir sólo a quienes se confiesen simpatizantes del nuevo partido o al universo ciudadano.
También es cierto que ese mecanismo no está previsto en la Ley Electoral, pero sí la convención por delegados. Si en ella todos los aspirantes a la candidatura validan los resultados, estarían acogiendo un mecanismo de consulta de la opinión ciudadana. Pero es obvio que para implementarlo necesitaría el compromiso previo de todos los precandidatos y de la dirección del partido.
Hipólito en su laberinto
Nadie debe subestimar la posibilidad de que el expresidente gane una convención interna, una vez decida lanzarse tras la candidatura presidencial, dado su arraigo y carisma, pero lo mismo podría ocurrir con encuestas. Subyace en esa subestimación la alta tasa de rechazo que le registran las encuestas de los últimos años con la que tendría que enfrentarse una vez fuere proclamado candidato.
El propio Mejía, que tendrá 75 años para la próxima elección, está consciente de sus dificultades y de que se arriesgaría a concluir su carrera política con una tercera derrota electoral consecutiva después de haber sido presidente de la República. No le favorece el haber sido visualizado como protagonista, junto a Vargas Maldonado, de la división del PRD. Con los dos de candidatos es difícil que alguno pueda desplazar del poder al PLD. Serían circunstancias más difíciles que en el 2012.
En conversaciones privadas Mejía ha reconocido que él también podría constituirse en líder del frente electoral Convergencia y auspiciar otra candidatura que cree nuevas expectativas e ilusiones de cambio, sobre todo si tiene más posibilidades de acercarse a la mayoría joven del electorado, a las mujeres y a los sin partido.
Aunque muchos de sus seguidores, especialmente sus más cercanos colaboradores, lo quieren de nuevo en la lucha por el poder, Hipólito no ha decidido lanzar su candidatura y durante meses ha dicho a empresarios, diplomáticos y profesionales amigos que no protagonizaría una batalla electoral tras la larga agonía de su viejo PRD y que respaldaría a Abinader, quien fuera su candidato vicepresidencial en los comicios del 2012.
El 21 de mayo pasado ante el Grupo de Comunicaciones Corripio, Mejía dijo que nunca sería obstáculo para el desarrollo de otros liderazgos, que se mantendría equidistante de los aspirantes a la candidatura presidencial, que su prioridad sería la construcción de la Convergencia para derrotar el continuismo y sobre una eventual nominación suya dijo que “estaré en el lugar donde las circunstancias y las mayorías me requieran”.
Ventajas de Abinader
Economista y empresario, Luis Abinader ha venido afianzándose como opción electoral desde su papel como candidato vicepresidencial en el 2012 y ha mantenido un crecimiento sostenido en las encuestas, con preponderancia tanto entre sus partidarios como en el universo. No tiene el carisma de Mejía, pero el día de las elecciones estará en los 48 años, lo que le permitiría acercarse más al segmento mayoritario del electorado.
Con la más baja tasa de rechazo en las encuestas Gallup, similar a la del presidente Danilo Medina, goza de buena imagen en importantes sectores empresariales, intelectuales y profesionales y en clases medias deseosos de nuevas opciones. Es en estos sectores donde podría encontrarse un caudal de votos para vencer la maquinaria en el poder que con sus políticas clentelistas cuenta con mayor apoyo firme en los sectores populares.
Para salir adelante Abinader tendría que contar con el apoyo decidido de Hipólito Mejía que mantiene fortaleza en sectores populares. Pero lo mismo, si Mejía fuera el candidato tampoco saldría adelante sin el respaldo firme de Abinader. Doble razón por la que muchos creen que si se enfrentan en una lucha por la nominación presidencial, matarán en la cuna la criatura con la que pretenden sustituir el histórico PRD.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
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6 días agoon
noviembre 18, 2024Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Los ahorros de los bolivianos podrían estar financiando la deforestación
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3 semanas agoon
noviembre 5, 2024Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Análisis Noticiosos
México con crédito por 35.000 millones de dólares con FMI.
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3 semanas agoon
noviembre 1, 2024Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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