Opinión
Democracia de calle contra triple dictadura
Por Narciso Isa Conde
Tenemos encima una dictadura de clase que emana de un lumpen imperialismo dominante y de una lumpen burguesía subordinada, una dictadura política-estatal-
El paso de la dictadura estatal bipartidista a la unipartidista -montada sobre un endurecimiento y una degradación mafiosa de la dictadura de clase local y transnacional- se ha producido y desplegado con mayor intensidad en el último lustro; configurándose en forma más precisa como dictadura política morada, a partir de la cooptación total de lo que queda del conservador Partido Reformista Social-Cristiano- PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y de numerosos grupos satélites, y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito-Abinader (recientemente conformada como Partido Revolucionario Moderno-PRM), amenazada por nuevas escisiones.
Esa correlación, basada en la Constitución del 2010 hecha a su medida, le permitió al PLD-gobierno controlar todas las instituciones y poderes estatales transitorios y amalgamarse en mayor grado con los poderes empresariales, militares y eclesiales permanentes.
En el curso de la competencia política bipartidista por el control absoluto del Estado durante los últimos años, resaltó la incapacidad crónica de la parte mayoritaria del PRD –hoy PRM- para bloquear la ingerencia peledeista e incluso para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y confrontar con éxito en ese terreno; exhibiendo de paso limitaciones esenciales y trabas insuperables para crear algo diferente y hacerle oposición de calle a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos tramposos de “arbitraje” recurrió sistemáticamente en forma ridícula.
Dictadura peledeísta compartida, dividida y vulnerable.
Noqueado el PRD, paso a paso, la competencia entre facciones se trasladó al interior del PLD por la necesidad de desdoblamiento que impuso el descrédito progresivo de su líder y presidente de la República por tres periodos, Leonel Fernández. El otro rostro, debidamente maquillado con ciertos cosméticos brasileños, necesario para su reciclamiento, resultó ser Danilo Medina, quien logró imponerse como nuevo presidente para disputar de inmediato la hegemonía al interior del Estado y del partido.
Así las cosas, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de una fuerte e intensa competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias temporales por conveniencias mutuas y razones corporativas.
En esa situación el danilismo ha lucido imposibilitado tanto de romper como de desplazar totalmente el leonelismo, pero si con posibilidad de disminuirlo aun más, arrinconarlo y, eventualmente, forzarlo a recular.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no solo no logra remontar, sino que desciende cada vez más; mientras que Danilo Medina avanzó en términos relativos, aunque en lo adelante podría descrecer en relación con su boon inicial. Y ambas cosas combinadas, probablemente podrían deslegitimar a mediano plazo una dictadura política compartida y dividida, carente de oposición tradicional pero expuesta al descontento que se acumula contra un sistema en decadencia.
Administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, sus mafias y la impunidad, la voracidad minera, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- solo puede conducir a un desgaste progresivo del régimen en su conjunto y de quienes lo administren.
Y al momento en que el oxígeno inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore totalmente, la dictadura clasista y la dictadura política morada tenderían a endurecerse y con ello también a debilitarse sensiblemente; mucho más si en ese contexto contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad; y más aun si la misma es acompañada de propuestas emplazadoras, claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal.
Reclamos como la recuperación del patrimonio privatizado (dado los nefastos resultados en el sistema eléctrico, la industria azucarera, la salud y la seguridad social y el patrimonio natural del país), como también la necesidad de una Constituyente Participativa Popular y Soberana (dado las comprobaciones que evidencian la dictadura institucional imperante y el reino de la impunidad que protege al Estado delincuente y a sus beneficiarios, incluida la PN, la DNCD, las llamadas altas cortes, las cámaras legislativas y la JCE…), han venido madurando para que eventualmente puedan ser asimilados y puedan en perspectiva convertirse en banderas que acompañen y politicen la demandas movilizadoras ya desatadas, relacionadas con aumentos de salarios, guerra a la corrupción, Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la Barrick Gold, superación de los apagones, cese de la violencia contra la mujer, la represión, criminalidad policial e inseguridad ciudadana…
La dictadura política tiene debilidades profundas.
Vale anotar, que ese contexto, el hecho de que el PRD-PRM estén como está no quiere decir que necesariamente la dictadura morada vaya a fortalecerse. Las tendencias fundamentales que se observan más bien –más allá de las apariencias inducidas- van en dirección a su progresivo debilitamiento.
De ahí incluso el auge del neofascismo a su interior, las disidencias que comienza ha expresarse y que soterradamente están presentes en los cuerpos armados regulares, y los descontentos por el empeoramiento de las condiciones de vida, las incertidumbres económicas, la degradación moral…
Por eso nadie que aspire a un cambio profundo debería atormentarse por la declinación del PRD y otros partidos de derecha.
Es bueno, además, que lo que queda del PRSC este jodido y asimilado por el PLD.
Es bueno que el PRD esté en franca decadencia, lo que no debe llevar a despreciar sus bases desorientadas y/o en desbandada. El PRM no es más que un intento de reciclar la parte no comprada por el PLD-Estado, que en medio de su crisis crónica reproduce lo viejo y que por su esencia de clase y de partidocracia está imposibilitado de contribuir a derrotar la dictadura morada en calles, plazas, campos y caminos.
Es bueno que esas fuerzas no puedan ser relevo electoral de la dictadura peledeísta, dándole continuidad el engaño del cambio para que nada cambie.
En el contexto de la crisis que afecta al partidismo tradicional solo resta por registrarse una mayor descomposición del PLD, que ya presenta sus primeras señales de decadencia.
El camino de la confrontación política con el sistema, por tanto, está más despejado. El PLD, degradado y dividido, está cargando cada vez más con todo el peso del desgaste y lo erosión política que provoca administrar esta crisis desde una dictadura estatal unipartidista.
Al PLD le puede ir peor que lo previsible, sobre todo si procuramos que cada vez mas gente entienda que contra su DICTADURA (morada, neoliberal y mafiosa a la vez) hay que dirigir el golpe principal y que la misma solo se derrota en las calles y no en unas urnas previamente trampeadas.
Que ya el PRD se hundió y que el PRM no es lo que era el PRD ni tiene su potencial anterior, y que como están las cosas ni siquiera puede ser relevo electoral del PLD. Mucho menos pueden serlo el PRSC y los demás partidos garrapatas.
Pero es necesario que eso siga siendo así para que el PLD reciba todo el embate popular en las calles. Y para que eso se de al PRM, en su condición de partidocracia entrampada y degradada, hay que cerrarle cualquier posibilidad de recuperación bipolar electoral, negarle oxigeno con alianzas y roles que lo prestigien. Hay que restarle factores que lo ayuden a reciclarse como oposición dentro del sistema; evitando a la vez cargar nosotros/as -desde cualquier tipo de alianza con esa facción- con los costos políticos de sus culpas históricas al lado del neoliberalismo y la corrupción.
Esto exige una clara diferenciación no solo respecto al PRM, sino además frenjte a aquellas fuerzas, que todavía con formato de izquierda o centro-izquierda o centro progresismo), optan por practicar un electoralismo miope, tan miope hasta para no ver el carácter fraudulento en grado extremo de la dictadura morada, de sus órganos electorales y sus altas cortes (JCE-TSE-TC-TSJ); incluyendo aquellos/as que desde esa miopía persisten en subordinarse al PRM en busca de cuotas dentro de un sistema corrompido y corruptor.
Algunos quizás lo hacen sin percibir que van al suicidio o a dejarse arrastrar por la decadencia sistémica, dado que el sistema de partidos y el estado dominante cambiaron para peor: en dirección a una triple dictadura gansterizada.
En verdad el uni-partidismo estatal peledeísta se tragó a los demás competidores dentro del sistema y los cañones hay enfilarlos fundamentalmente contra ese Estado y esas instituciones amoratadas y amalgamadas con una lumpen-burguesía local y transnacional, ambas conectadas con las nuevas mafias; sin abrirle cancha, ni oxigenar electoralmente, las otras facciones pro-imperialistas y pro-capitalistas, existente o por emerger, que quisieran poder hacer lo que ahora está haciendo el PLD y que posiblemente habrá de terminar pareciéndose a lo que pasa en México.
Ideas claves para que renazca la esperanza.
El devenir de la crisis actual exige sembrar en todo el país estas ideas claves:
- 1) Las dictaduras se derrotan primero que nada en las calles, forjando contrapoder, desarrollando contra-hegemonía cultural, creando poder popular autónomo del Estado, de la clase dominante y del poder imperial.
- 2) Al compás de negar las instituciones de esta dictadura y sus bases constitucionales (Constitución del 2010), hay que convertir-progresivamente y desde ahora- la propuesta de la Constituyente Popular y Soberana en alternativa creadora (acompañándola del tema de la desprivatización); convertirla en conciencia, en una gran bandera, en un programa y un torrente transformador, para tratar de evitar, que en medio de una eventual crisis de gobernabilidad, la implantación de opciones de derecha tengan espacios.
- 3) La organización revolucionaria propia para estos tiempos y el gran movimiento político social con esas banderas y esa dinámica son también exigencias imprescindibles para evitar que cualquier crisis de gobernabilidad sea fácilmente conjurada y pueda en consecuencia prolongarse la existencia de este capitalismo neoliberal y mafioso, aun sea en crisis permanente y en medio de un caos creciente.
- 4) Es preciso tener siempre presente que este sistema no cae por si solo, que hay que derribarlo, comenzando por contribuir a desmantelar desde la democracia de calles su actual dictadura; lo que requiere una propuesta política sencilla, que pueda ser asumida por el pueblo, tipo Constituyente participativa y soberana; portadora de una nueva institucionalidad y un nuevo orden jurídico-político, social económico, cultural… alternativo a esa dictadura, a la dependencia y a los pilares del neoliberalismo.
- 5) Eso exige direccionalidad, articulación de fuerzas, conducción, presencia significativa del factor conciente y de las redes de militantes revolucionarios con visión estratégica y antisistémica al interior de las grandes movilizaciones y estallidos: esto es, de nueva vanguardia, una nueva organización revolucionaria, antiimperialista y anticapitalista, prosocialista… Y en eso hay un retraso significativo que genera incertidumbre.
- 6) De todas maneras ya existe una pequeña corriente que apunta en esa dirección, diferenciada cada vez más de las dos franjas reformistas procedentes de las izquierdas. Ese es un factor cualitativo importante. El reto es convertirla, al calor de las nuevas luchas, en un referente nacional, en una corriente significativa, fuerte, enfatizada en el pueblo.
- 7) Lo electoral debe entenderse como algo subsidiario, subordinado a los avances que puedan lograrse por la vía extrainstitucional tendente a debilitar la dictadura morada y sus amarres institucionales. Debe depender de la fuerza del contrapoder que logremos construir, de las grietas y erosiones que se le puedan hacer a este tipo de dictadura, y del grado de acorralamiento que la democracia de calle y la propuesta de Constituyente, junto a todos los ejes y demandas movilizadoras, logren tenderle al poder establecido.
Por tanto, la conclusión es una: las fuerzas transformadoras debemos retomar la línea de insubordinación, de desobediencia y desacato a una dictadura cada vez más palpable, que no deja pasar ni siquiera a las fuerzas del sistema no subordinadas al PLD. Y debemos retomarla desde la indignación y movilización popular, por vías, métodos y medios que puedan tornarse cada vez más multitudinarios, para desde ellos contrarrestar la violencia dominante en expansión y potenciar las capacidades de autodefensa y ofensiva popular. (2-12-2014, Santo Domingo, RD).
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.