Opinión
Democracia de calle contra triple dictadura
Por Narciso Isa Conde
Tenemos encima una dictadura de clase que emana de un lumpen imperialismo dominante y de una lumpen burguesía subordinada, una dictadura política-estatal-
El paso de la dictadura estatal bipartidista a la unipartidista -montada sobre un endurecimiento y una degradación mafiosa de la dictadura de clase local y transnacional- se ha producido y desplegado con mayor intensidad en el último lustro; configurándose en forma más precisa como dictadura política morada, a partir de la cooptación total de lo que queda del conservador Partido Reformista Social-Cristiano- PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y de numerosos grupos satélites, y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito-Abinader (recientemente conformada como Partido Revolucionario Moderno-PRM), amenazada por nuevas escisiones.
Esa correlación, basada en la Constitución del 2010 hecha a su medida, le permitió al PLD-gobierno controlar todas las instituciones y poderes estatales transitorios y amalgamarse en mayor grado con los poderes empresariales, militares y eclesiales permanentes.
En el curso de la competencia política bipartidista por el control absoluto del Estado durante los últimos años, resaltó la incapacidad crónica de la parte mayoritaria del PRD –hoy PRM- para bloquear la ingerencia peledeista e incluso para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y confrontar con éxito en ese terreno; exhibiendo de paso limitaciones esenciales y trabas insuperables para crear algo diferente y hacerle oposición de calle a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos tramposos de “arbitraje” recurrió sistemáticamente en forma ridícula.
Dictadura peledeísta compartida, dividida y vulnerable.
Noqueado el PRD, paso a paso, la competencia entre facciones se trasladó al interior del PLD por la necesidad de desdoblamiento que impuso el descrédito progresivo de su líder y presidente de la República por tres periodos, Leonel Fernández. El otro rostro, debidamente maquillado con ciertos cosméticos brasileños, necesario para su reciclamiento, resultó ser Danilo Medina, quien logró imponerse como nuevo presidente para disputar de inmediato la hegemonía al interior del Estado y del partido.
Así las cosas, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de una fuerte e intensa competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias temporales por conveniencias mutuas y razones corporativas.
En esa situación el danilismo ha lucido imposibilitado tanto de romper como de desplazar totalmente el leonelismo, pero si con posibilidad de disminuirlo aun más, arrinconarlo y, eventualmente, forzarlo a recular.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no solo no logra remontar, sino que desciende cada vez más; mientras que Danilo Medina avanzó en términos relativos, aunque en lo adelante podría descrecer en relación con su boon inicial. Y ambas cosas combinadas, probablemente podrían deslegitimar a mediano plazo una dictadura política compartida y dividida, carente de oposición tradicional pero expuesta al descontento que se acumula contra un sistema en decadencia.
Administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, sus mafias y la impunidad, la voracidad minera, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- solo puede conducir a un desgaste progresivo del régimen en su conjunto y de quienes lo administren.
Y al momento en que el oxígeno inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore totalmente, la dictadura clasista y la dictadura política morada tenderían a endurecerse y con ello también a debilitarse sensiblemente; mucho más si en ese contexto contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad; y más aun si la misma es acompañada de propuestas emplazadoras, claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal.
Reclamos como la recuperación del patrimonio privatizado (dado los nefastos resultados en el sistema eléctrico, la industria azucarera, la salud y la seguridad social y el patrimonio natural del país), como también la necesidad de una Constituyente Participativa Popular y Soberana (dado las comprobaciones que evidencian la dictadura institucional imperante y el reino de la impunidad que protege al Estado delincuente y a sus beneficiarios, incluida la PN, la DNCD, las llamadas altas cortes, las cámaras legislativas y la JCE…), han venido madurando para que eventualmente puedan ser asimilados y puedan en perspectiva convertirse en banderas que acompañen y politicen la demandas movilizadoras ya desatadas, relacionadas con aumentos de salarios, guerra a la corrupción, Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la Barrick Gold, superación de los apagones, cese de la violencia contra la mujer, la represión, criminalidad policial e inseguridad ciudadana…
La dictadura política tiene debilidades profundas.
Vale anotar, que ese contexto, el hecho de que el PRD-PRM estén como está no quiere decir que necesariamente la dictadura morada vaya a fortalecerse. Las tendencias fundamentales que se observan más bien –más allá de las apariencias inducidas- van en dirección a su progresivo debilitamiento.
De ahí incluso el auge del neofascismo a su interior, las disidencias que comienza ha expresarse y que soterradamente están presentes en los cuerpos armados regulares, y los descontentos por el empeoramiento de las condiciones de vida, las incertidumbres económicas, la degradación moral…
Por eso nadie que aspire a un cambio profundo debería atormentarse por la declinación del PRD y otros partidos de derecha.
Es bueno, además, que lo que queda del PRSC este jodido y asimilado por el PLD.
Es bueno que el PRD esté en franca decadencia, lo que no debe llevar a despreciar sus bases desorientadas y/o en desbandada. El PRM no es más que un intento de reciclar la parte no comprada por el PLD-Estado, que en medio de su crisis crónica reproduce lo viejo y que por su esencia de clase y de partidocracia está imposibilitado de contribuir a derrotar la dictadura morada en calles, plazas, campos y caminos.
Es bueno que esas fuerzas no puedan ser relevo electoral de la dictadura peledeísta, dándole continuidad el engaño del cambio para que nada cambie.
En el contexto de la crisis que afecta al partidismo tradicional solo resta por registrarse una mayor descomposición del PLD, que ya presenta sus primeras señales de decadencia.
El camino de la confrontación política con el sistema, por tanto, está más despejado. El PLD, degradado y dividido, está cargando cada vez más con todo el peso del desgaste y lo erosión política que provoca administrar esta crisis desde una dictadura estatal unipartidista.
Al PLD le puede ir peor que lo previsible, sobre todo si procuramos que cada vez mas gente entienda que contra su DICTADURA (morada, neoliberal y mafiosa a la vez) hay que dirigir el golpe principal y que la misma solo se derrota en las calles y no en unas urnas previamente trampeadas.
Que ya el PRD se hundió y que el PRM no es lo que era el PRD ni tiene su potencial anterior, y que como están las cosas ni siquiera puede ser relevo electoral del PLD. Mucho menos pueden serlo el PRSC y los demás partidos garrapatas.
Pero es necesario que eso siga siendo así para que el PLD reciba todo el embate popular en las calles. Y para que eso se de al PRM, en su condición de partidocracia entrampada y degradada, hay que cerrarle cualquier posibilidad de recuperación bipolar electoral, negarle oxigeno con alianzas y roles que lo prestigien. Hay que restarle factores que lo ayuden a reciclarse como oposición dentro del sistema; evitando a la vez cargar nosotros/as -desde cualquier tipo de alianza con esa facción- con los costos políticos de sus culpas históricas al lado del neoliberalismo y la corrupción.
Esto exige una clara diferenciación no solo respecto al PRM, sino además frenjte a aquellas fuerzas, que todavía con formato de izquierda o centro-izquierda o centro progresismo), optan por practicar un electoralismo miope, tan miope hasta para no ver el carácter fraudulento en grado extremo de la dictadura morada, de sus órganos electorales y sus altas cortes (JCE-TSE-TC-TSJ); incluyendo aquellos/as que desde esa miopía persisten en subordinarse al PRM en busca de cuotas dentro de un sistema corrompido y corruptor.
Algunos quizás lo hacen sin percibir que van al suicidio o a dejarse arrastrar por la decadencia sistémica, dado que el sistema de partidos y el estado dominante cambiaron para peor: en dirección a una triple dictadura gansterizada.
En verdad el uni-partidismo estatal peledeísta se tragó a los demás competidores dentro del sistema y los cañones hay enfilarlos fundamentalmente contra ese Estado y esas instituciones amoratadas y amalgamadas con una lumpen-burguesía local y transnacional, ambas conectadas con las nuevas mafias; sin abrirle cancha, ni oxigenar electoralmente, las otras facciones pro-imperialistas y pro-capitalistas, existente o por emerger, que quisieran poder hacer lo que ahora está haciendo el PLD y que posiblemente habrá de terminar pareciéndose a lo que pasa en México.
Ideas claves para que renazca la esperanza.
El devenir de la crisis actual exige sembrar en todo el país estas ideas claves:
- 1) Las dictaduras se derrotan primero que nada en las calles, forjando contrapoder, desarrollando contra-hegemonía cultural, creando poder popular autónomo del Estado, de la clase dominante y del poder imperial.
- 2) Al compás de negar las instituciones de esta dictadura y sus bases constitucionales (Constitución del 2010), hay que convertir-progresivamente y desde ahora- la propuesta de la Constituyente Popular y Soberana en alternativa creadora (acompañándola del tema de la desprivatización); convertirla en conciencia, en una gran bandera, en un programa y un torrente transformador, para tratar de evitar, que en medio de una eventual crisis de gobernabilidad, la implantación de opciones de derecha tengan espacios.
- 3) La organización revolucionaria propia para estos tiempos y el gran movimiento político social con esas banderas y esa dinámica son también exigencias imprescindibles para evitar que cualquier crisis de gobernabilidad sea fácilmente conjurada y pueda en consecuencia prolongarse la existencia de este capitalismo neoliberal y mafioso, aun sea en crisis permanente y en medio de un caos creciente.
- 4) Es preciso tener siempre presente que este sistema no cae por si solo, que hay que derribarlo, comenzando por contribuir a desmantelar desde la democracia de calles su actual dictadura; lo que requiere una propuesta política sencilla, que pueda ser asumida por el pueblo, tipo Constituyente participativa y soberana; portadora de una nueva institucionalidad y un nuevo orden jurídico-político, social económico, cultural… alternativo a esa dictadura, a la dependencia y a los pilares del neoliberalismo.
- 5) Eso exige direccionalidad, articulación de fuerzas, conducción, presencia significativa del factor conciente y de las redes de militantes revolucionarios con visión estratégica y antisistémica al interior de las grandes movilizaciones y estallidos: esto es, de nueva vanguardia, una nueva organización revolucionaria, antiimperialista y anticapitalista, prosocialista… Y en eso hay un retraso significativo que genera incertidumbre.
- 6) De todas maneras ya existe una pequeña corriente que apunta en esa dirección, diferenciada cada vez más de las dos franjas reformistas procedentes de las izquierdas. Ese es un factor cualitativo importante. El reto es convertirla, al calor de las nuevas luchas, en un referente nacional, en una corriente significativa, fuerte, enfatizada en el pueblo.
- 7) Lo electoral debe entenderse como algo subsidiario, subordinado a los avances que puedan lograrse por la vía extrainstitucional tendente a debilitar la dictadura morada y sus amarres institucionales. Debe depender de la fuerza del contrapoder que logremos construir, de las grietas y erosiones que se le puedan hacer a este tipo de dictadura, y del grado de acorralamiento que la democracia de calle y la propuesta de Constituyente, junto a todos los ejes y demandas movilizadoras, logren tenderle al poder establecido.
Por tanto, la conclusión es una: las fuerzas transformadoras debemos retomar la línea de insubordinación, de desobediencia y desacato a una dictadura cada vez más palpable, que no deja pasar ni siquiera a las fuerzas del sistema no subordinadas al PLD. Y debemos retomarla desde la indignación y movilización popular, por vías, métodos y medios que puedan tornarse cada vez más multitudinarios, para desde ellos contrarrestar la violencia dominante en expansión y potenciar las capacidades de autodefensa y ofensiva popular. (2-12-2014, Santo Domingo, RD).
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.