Opinión
Democracia de calle contra triple dictadura
Por Narciso Isa Conde
Tenemos encima una dictadura de clase que emana de un lumpen imperialismo dominante y de una lumpen burguesía subordinada, una dictadura política-estatal-
El paso de la dictadura estatal bipartidista a la unipartidista -montada sobre un endurecimiento y una degradación mafiosa de la dictadura de clase local y transnacional- se ha producido y desplegado con mayor intensidad en el último lustro; configurándose en forma más precisa como dictadura política morada, a partir de la cooptación total de lo que queda del conservador Partido Reformista Social-Cristiano- PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y de numerosos grupos satélites, y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito-Abinader (recientemente conformada como Partido Revolucionario Moderno-PRM), amenazada por nuevas escisiones.
Esa correlación, basada en la Constitución del 2010 hecha a su medida, le permitió al PLD-gobierno controlar todas las instituciones y poderes estatales transitorios y amalgamarse en mayor grado con los poderes empresariales, militares y eclesiales permanentes.
En el curso de la competencia política bipartidista por el control absoluto del Estado durante los últimos años, resaltó la incapacidad crónica de la parte mayoritaria del PRD –hoy PRM- para bloquear la ingerencia peledeista e incluso para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y confrontar con éxito en ese terreno; exhibiendo de paso limitaciones esenciales y trabas insuperables para crear algo diferente y hacerle oposición de calle a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos tramposos de “arbitraje” recurrió sistemáticamente en forma ridícula.
Dictadura peledeísta compartida, dividida y vulnerable.
Noqueado el PRD, paso a paso, la competencia entre facciones se trasladó al interior del PLD por la necesidad de desdoblamiento que impuso el descrédito progresivo de su líder y presidente de la República por tres periodos, Leonel Fernández. El otro rostro, debidamente maquillado con ciertos cosméticos brasileños, necesario para su reciclamiento, resultó ser Danilo Medina, quien logró imponerse como nuevo presidente para disputar de inmediato la hegemonía al interior del Estado y del partido.
Así las cosas, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de una fuerte e intensa competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias temporales por conveniencias mutuas y razones corporativas.
En esa situación el danilismo ha lucido imposibilitado tanto de romper como de desplazar totalmente el leonelismo, pero si con posibilidad de disminuirlo aun más, arrinconarlo y, eventualmente, forzarlo a recular.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no solo no logra remontar, sino que desciende cada vez más; mientras que Danilo Medina avanzó en términos relativos, aunque en lo adelante podría descrecer en relación con su boon inicial. Y ambas cosas combinadas, probablemente podrían deslegitimar a mediano plazo una dictadura política compartida y dividida, carente de oposición tradicional pero expuesta al descontento que se acumula contra un sistema en decadencia.
Administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, sus mafias y la impunidad, la voracidad minera, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- solo puede conducir a un desgaste progresivo del régimen en su conjunto y de quienes lo administren.
Y al momento en que el oxígeno inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore totalmente, la dictadura clasista y la dictadura política morada tenderían a endurecerse y con ello también a debilitarse sensiblemente; mucho más si en ese contexto contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad; y más aun si la misma es acompañada de propuestas emplazadoras, claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal.
Reclamos como la recuperación del patrimonio privatizado (dado los nefastos resultados en el sistema eléctrico, la industria azucarera, la salud y la seguridad social y el patrimonio natural del país), como también la necesidad de una Constituyente Participativa Popular y Soberana (dado las comprobaciones que evidencian la dictadura institucional imperante y el reino de la impunidad que protege al Estado delincuente y a sus beneficiarios, incluida la PN, la DNCD, las llamadas altas cortes, las cámaras legislativas y la JCE…), han venido madurando para que eventualmente puedan ser asimilados y puedan en perspectiva convertirse en banderas que acompañen y politicen la demandas movilizadoras ya desatadas, relacionadas con aumentos de salarios, guerra a la corrupción, Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la Barrick Gold, superación de los apagones, cese de la violencia contra la mujer, la represión, criminalidad policial e inseguridad ciudadana…
La dictadura política tiene debilidades profundas.
Vale anotar, que ese contexto, el hecho de que el PRD-PRM estén como está no quiere decir que necesariamente la dictadura morada vaya a fortalecerse. Las tendencias fundamentales que se observan más bien –más allá de las apariencias inducidas- van en dirección a su progresivo debilitamiento.
De ahí incluso el auge del neofascismo a su interior, las disidencias que comienza ha expresarse y que soterradamente están presentes en los cuerpos armados regulares, y los descontentos por el empeoramiento de las condiciones de vida, las incertidumbres económicas, la degradación moral…
Por eso nadie que aspire a un cambio profundo debería atormentarse por la declinación del PRD y otros partidos de derecha.
Es bueno, además, que lo que queda del PRSC este jodido y asimilado por el PLD.
Es bueno que el PRD esté en franca decadencia, lo que no debe llevar a despreciar sus bases desorientadas y/o en desbandada. El PRM no es más que un intento de reciclar la parte no comprada por el PLD-Estado, que en medio de su crisis crónica reproduce lo viejo y que por su esencia de clase y de partidocracia está imposibilitado de contribuir a derrotar la dictadura morada en calles, plazas, campos y caminos.
Es bueno que esas fuerzas no puedan ser relevo electoral de la dictadura peledeísta, dándole continuidad el engaño del cambio para que nada cambie.
En el contexto de la crisis que afecta al partidismo tradicional solo resta por registrarse una mayor descomposición del PLD, que ya presenta sus primeras señales de decadencia.
El camino de la confrontación política con el sistema, por tanto, está más despejado. El PLD, degradado y dividido, está cargando cada vez más con todo el peso del desgaste y lo erosión política que provoca administrar esta crisis desde una dictadura estatal unipartidista.
Al PLD le puede ir peor que lo previsible, sobre todo si procuramos que cada vez mas gente entienda que contra su DICTADURA (morada, neoliberal y mafiosa a la vez) hay que dirigir el golpe principal y que la misma solo se derrota en las calles y no en unas urnas previamente trampeadas.
Que ya el PRD se hundió y que el PRM no es lo que era el PRD ni tiene su potencial anterior, y que como están las cosas ni siquiera puede ser relevo electoral del PLD. Mucho menos pueden serlo el PRSC y los demás partidos garrapatas.
Pero es necesario que eso siga siendo así para que el PLD reciba todo el embate popular en las calles. Y para que eso se de al PRM, en su condición de partidocracia entrampada y degradada, hay que cerrarle cualquier posibilidad de recuperación bipolar electoral, negarle oxigeno con alianzas y roles que lo prestigien. Hay que restarle factores que lo ayuden a reciclarse como oposición dentro del sistema; evitando a la vez cargar nosotros/as -desde cualquier tipo de alianza con esa facción- con los costos políticos de sus culpas históricas al lado del neoliberalismo y la corrupción.
Esto exige una clara diferenciación no solo respecto al PRM, sino además frenjte a aquellas fuerzas, que todavía con formato de izquierda o centro-izquierda o centro progresismo), optan por practicar un electoralismo miope, tan miope hasta para no ver el carácter fraudulento en grado extremo de la dictadura morada, de sus órganos electorales y sus altas cortes (JCE-TSE-TC-TSJ); incluyendo aquellos/as que desde esa miopía persisten en subordinarse al PRM en busca de cuotas dentro de un sistema corrompido y corruptor.
Algunos quizás lo hacen sin percibir que van al suicidio o a dejarse arrastrar por la decadencia sistémica, dado que el sistema de partidos y el estado dominante cambiaron para peor: en dirección a una triple dictadura gansterizada.
En verdad el uni-partidismo estatal peledeísta se tragó a los demás competidores dentro del sistema y los cañones hay enfilarlos fundamentalmente contra ese Estado y esas instituciones amoratadas y amalgamadas con una lumpen-burguesía local y transnacional, ambas conectadas con las nuevas mafias; sin abrirle cancha, ni oxigenar electoralmente, las otras facciones pro-imperialistas y pro-capitalistas, existente o por emerger, que quisieran poder hacer lo que ahora está haciendo el PLD y que posiblemente habrá de terminar pareciéndose a lo que pasa en México.
Ideas claves para que renazca la esperanza.
El devenir de la crisis actual exige sembrar en todo el país estas ideas claves:
- 1) Las dictaduras se derrotan primero que nada en las calles, forjando contrapoder, desarrollando contra-hegemonía cultural, creando poder popular autónomo del Estado, de la clase dominante y del poder imperial.
- 2) Al compás de negar las instituciones de esta dictadura y sus bases constitucionales (Constitución del 2010), hay que convertir-progresivamente y desde ahora- la propuesta de la Constituyente Popular y Soberana en alternativa creadora (acompañándola del tema de la desprivatización); convertirla en conciencia, en una gran bandera, en un programa y un torrente transformador, para tratar de evitar, que en medio de una eventual crisis de gobernabilidad, la implantación de opciones de derecha tengan espacios.
- 3) La organización revolucionaria propia para estos tiempos y el gran movimiento político social con esas banderas y esa dinámica son también exigencias imprescindibles para evitar que cualquier crisis de gobernabilidad sea fácilmente conjurada y pueda en consecuencia prolongarse la existencia de este capitalismo neoliberal y mafioso, aun sea en crisis permanente y en medio de un caos creciente.
- 4) Es preciso tener siempre presente que este sistema no cae por si solo, que hay que derribarlo, comenzando por contribuir a desmantelar desde la democracia de calles su actual dictadura; lo que requiere una propuesta política sencilla, que pueda ser asumida por el pueblo, tipo Constituyente participativa y soberana; portadora de una nueva institucionalidad y un nuevo orden jurídico-político, social económico, cultural… alternativo a esa dictadura, a la dependencia y a los pilares del neoliberalismo.
- 5) Eso exige direccionalidad, articulación de fuerzas, conducción, presencia significativa del factor conciente y de las redes de militantes revolucionarios con visión estratégica y antisistémica al interior de las grandes movilizaciones y estallidos: esto es, de nueva vanguardia, una nueva organización revolucionaria, antiimperialista y anticapitalista, prosocialista… Y en eso hay un retraso significativo que genera incertidumbre.
- 6) De todas maneras ya existe una pequeña corriente que apunta en esa dirección, diferenciada cada vez más de las dos franjas reformistas procedentes de las izquierdas. Ese es un factor cualitativo importante. El reto es convertirla, al calor de las nuevas luchas, en un referente nacional, en una corriente significativa, fuerte, enfatizada en el pueblo.
- 7) Lo electoral debe entenderse como algo subsidiario, subordinado a los avances que puedan lograrse por la vía extrainstitucional tendente a debilitar la dictadura morada y sus amarres institucionales. Debe depender de la fuerza del contrapoder que logremos construir, de las grietas y erosiones que se le puedan hacer a este tipo de dictadura, y del grado de acorralamiento que la democracia de calle y la propuesta de Constituyente, junto a todos los ejes y demandas movilizadoras, logren tenderle al poder establecido.
Por tanto, la conclusión es una: las fuerzas transformadoras debemos retomar la línea de insubordinación, de desobediencia y desacato a una dictadura cada vez más palpable, que no deja pasar ni siquiera a las fuerzas del sistema no subordinadas al PLD. Y debemos retomarla desde la indignación y movilización popular, por vías, métodos y medios que puedan tornarse cada vez más multitudinarios, para desde ellos contrarrestar la violencia dominante en expansión y potenciar las capacidades de autodefensa y ofensiva popular. (2-12-2014, Santo Domingo, RD).
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?