Opinión
Democracia de calle contra triple dictadura
Por Narciso Isa Conde
Tenemos encima una dictadura de clase que emana de un lumpen imperialismo dominante y de una lumpen burguesía subordinada, una dictadura política-estatal-
El paso de la dictadura estatal bipartidista a la unipartidista -montada sobre un endurecimiento y una degradación mafiosa de la dictadura de clase local y transnacional- se ha producido y desplegado con mayor intensidad en el último lustro; configurándose en forma más precisa como dictadura política morada, a partir de la cooptación total de lo que queda del conservador Partido Reformista Social-Cristiano- PRSC y su matrícula, de la compra y secuestro de la matricula oficial del Partido Revolucionario Dominicano-PRD y de numerosos grupos satélites, y del entrampamiento de la facción mayoritaria de Hipólito-Abinader (recientemente conformada como Partido Revolucionario Moderno-PRM), amenazada por nuevas escisiones.
Esa correlación, basada en la Constitución del 2010 hecha a su medida, le permitió al PLD-gobierno controlar todas las instituciones y poderes estatales transitorios y amalgamarse en mayor grado con los poderes empresariales, militares y eclesiales permanentes.
En el curso de la competencia política bipartidista por el control absoluto del Estado durante los últimos años, resaltó la incapacidad crónica de la parte mayoritaria del PRD –hoy PRM- para bloquear la ingerencia peledeista e incluso para recuperar su matrícula secuestrada por el oficialismo y confrontar con éxito en ese terreno; exhibiendo de paso limitaciones esenciales y trabas insuperables para crear algo diferente y hacerle oposición de calle a esta dictadura institucionalizada, a cuyos mecanismos tramposos de “arbitraje” recurrió sistemáticamente en forma ridícula.
Dictadura peledeísta compartida, dividida y vulnerable.
Noqueado el PRD, paso a paso, la competencia entre facciones se trasladó al interior del PLD por la necesidad de desdoblamiento que impuso el descrédito progresivo de su líder y presidente de la República por tres periodos, Leonel Fernández. El otro rostro, debidamente maquillado con ciertos cosméticos brasileños, necesario para su reciclamiento, resultó ser Danilo Medina, quien logró imponerse como nuevo presidente para disputar de inmediato la hegemonía al interior del Estado y del partido.
Así las cosas, la dictadura morada ha pasado a ser una dictadura compartida por las dos facciones del PLD y transada periódicamente en su Comité Político; sin que esto implique el cierre de una fuerte e intensa competencia entre los principales bandos en pugna, ni el bloqueo permanente a las convergencias temporales por conveniencias mutuas y razones corporativas.
En esa situación el danilismo ha lucido imposibilitado tanto de romper como de desplazar totalmente el leonelismo, pero si con posibilidad de disminuirlo aun más, arrinconarlo y, eventualmente, forzarlo a recular.
El descrédito de Leonel es brutal, al punto que no solo no logra remontar, sino que desciende cada vez más; mientras que Danilo Medina avanzó en términos relativos, aunque en lo adelante podría descrecer en relación con su boon inicial. Y ambas cosas combinadas, probablemente podrían deslegitimar a mediano plazo una dictadura política compartida y dividida, carente de oposición tradicional pero expuesta al descontento que se acumula contra un sistema en decadencia.
Administrar el modelo neoliberal, sus paquetazos pasados y por venir, sus mafias y la impunidad, la voracidad minera, el narco-estado delincuente y la dependencia -en medio de la multi-crisis global del capitalismo (la cual se seguirá agudizándose y expandiéndose)- solo puede conducir a un desgaste progresivo del régimen en su conjunto y de quienes lo administren.
Y al momento en que el oxígeno inicial que le aportó Danilo Medina a este régimen podrido se evapore totalmente, la dictadura clasista y la dictadura política morada tenderían a endurecerse y con ello también a debilitarse sensiblemente; mucho más si en ese contexto contribuimos a que emerja una fuerte oposición de calle, que ya comienza a gestarse, producto del crecimiento de la indignación y la movilización de sectores populares y sectores medios de la sociedad; y más aun si la misma es acompañada de propuestas emplazadoras, claramente alternativas a la dictadura institucionalizada y las esencias de modelo neoliberal.
Reclamos como la recuperación del patrimonio privatizado (dado los nefastos resultados en el sistema eléctrico, la industria azucarera, la salud y la seguridad social y el patrimonio natural del país), como también la necesidad de una Constituyente Participativa Popular y Soberana (dado las comprobaciones que evidencian la dictadura institucional imperante y el reino de la impunidad que protege al Estado delincuente y a sus beneficiarios, incluida la PN, la DNCD, las llamadas altas cortes, las cámaras legislativas y la JCE…), han venido madurando para que eventualmente puedan ser asimilados y puedan en perspectiva convertirse en banderas que acompañen y politicen la demandas movilizadoras ya desatadas, relacionadas con aumentos de salarios, guerra a la corrupción, Loma Miranda-parque nacional, nacionalización de la Barrick Gold, superación de los apagones, cese de la violencia contra la mujer, la represión, criminalidad policial e inseguridad ciudadana…
La dictadura política tiene debilidades profundas.
Vale anotar, que ese contexto, el hecho de que el PRD-PRM estén como está no quiere decir que necesariamente la dictadura morada vaya a fortalecerse. Las tendencias fundamentales que se observan más bien –más allá de las apariencias inducidas- van en dirección a su progresivo debilitamiento.
De ahí incluso el auge del neofascismo a su interior, las disidencias que comienza ha expresarse y que soterradamente están presentes en los cuerpos armados regulares, y los descontentos por el empeoramiento de las condiciones de vida, las incertidumbres económicas, la degradación moral…
Por eso nadie que aspire a un cambio profundo debería atormentarse por la declinación del PRD y otros partidos de derecha.
Es bueno, además, que lo que queda del PRSC este jodido y asimilado por el PLD.
Es bueno que el PRD esté en franca decadencia, lo que no debe llevar a despreciar sus bases desorientadas y/o en desbandada. El PRM no es más que un intento de reciclar la parte no comprada por el PLD-Estado, que en medio de su crisis crónica reproduce lo viejo y que por su esencia de clase y de partidocracia está imposibilitado de contribuir a derrotar la dictadura morada en calles, plazas, campos y caminos.
Es bueno que esas fuerzas no puedan ser relevo electoral de la dictadura peledeísta, dándole continuidad el engaño del cambio para que nada cambie.
En el contexto de la crisis que afecta al partidismo tradicional solo resta por registrarse una mayor descomposición del PLD, que ya presenta sus primeras señales de decadencia.
El camino de la confrontación política con el sistema, por tanto, está más despejado. El PLD, degradado y dividido, está cargando cada vez más con todo el peso del desgaste y lo erosión política que provoca administrar esta crisis desde una dictadura estatal unipartidista.
Al PLD le puede ir peor que lo previsible, sobre todo si procuramos que cada vez mas gente entienda que contra su DICTADURA (morada, neoliberal y mafiosa a la vez) hay que dirigir el golpe principal y que la misma solo se derrota en las calles y no en unas urnas previamente trampeadas.
Que ya el PRD se hundió y que el PRM no es lo que era el PRD ni tiene su potencial anterior, y que como están las cosas ni siquiera puede ser relevo electoral del PLD. Mucho menos pueden serlo el PRSC y los demás partidos garrapatas.
Pero es necesario que eso siga siendo así para que el PLD reciba todo el embate popular en las calles. Y para que eso se de al PRM, en su condición de partidocracia entrampada y degradada, hay que cerrarle cualquier posibilidad de recuperación bipolar electoral, negarle oxigeno con alianzas y roles que lo prestigien. Hay que restarle factores que lo ayuden a reciclarse como oposición dentro del sistema; evitando a la vez cargar nosotros/as -desde cualquier tipo de alianza con esa facción- con los costos políticos de sus culpas históricas al lado del neoliberalismo y la corrupción.
Esto exige una clara diferenciación no solo respecto al PRM, sino además frenjte a aquellas fuerzas, que todavía con formato de izquierda o centro-izquierda o centro progresismo), optan por practicar un electoralismo miope, tan miope hasta para no ver el carácter fraudulento en grado extremo de la dictadura morada, de sus órganos electorales y sus altas cortes (JCE-TSE-TC-TSJ); incluyendo aquellos/as que desde esa miopía persisten en subordinarse al PRM en busca de cuotas dentro de un sistema corrompido y corruptor.
Algunos quizás lo hacen sin percibir que van al suicidio o a dejarse arrastrar por la decadencia sistémica, dado que el sistema de partidos y el estado dominante cambiaron para peor: en dirección a una triple dictadura gansterizada.
En verdad el uni-partidismo estatal peledeísta se tragó a los demás competidores dentro del sistema y los cañones hay enfilarlos fundamentalmente contra ese Estado y esas instituciones amoratadas y amalgamadas con una lumpen-burguesía local y transnacional, ambas conectadas con las nuevas mafias; sin abrirle cancha, ni oxigenar electoralmente, las otras facciones pro-imperialistas y pro-capitalistas, existente o por emerger, que quisieran poder hacer lo que ahora está haciendo el PLD y que posiblemente habrá de terminar pareciéndose a lo que pasa en México.
Ideas claves para que renazca la esperanza.
El devenir de la crisis actual exige sembrar en todo el país estas ideas claves:
- 1) Las dictaduras se derrotan primero que nada en las calles, forjando contrapoder, desarrollando contra-hegemonía cultural, creando poder popular autónomo del Estado, de la clase dominante y del poder imperial.
- 2) Al compás de negar las instituciones de esta dictadura y sus bases constitucionales (Constitución del 2010), hay que convertir-progresivamente y desde ahora- la propuesta de la Constituyente Popular y Soberana en alternativa creadora (acompañándola del tema de la desprivatización); convertirla en conciencia, en una gran bandera, en un programa y un torrente transformador, para tratar de evitar, que en medio de una eventual crisis de gobernabilidad, la implantación de opciones de derecha tengan espacios.
- 3) La organización revolucionaria propia para estos tiempos y el gran movimiento político social con esas banderas y esa dinámica son también exigencias imprescindibles para evitar que cualquier crisis de gobernabilidad sea fácilmente conjurada y pueda en consecuencia prolongarse la existencia de este capitalismo neoliberal y mafioso, aun sea en crisis permanente y en medio de un caos creciente.
- 4) Es preciso tener siempre presente que este sistema no cae por si solo, que hay que derribarlo, comenzando por contribuir a desmantelar desde la democracia de calles su actual dictadura; lo que requiere una propuesta política sencilla, que pueda ser asumida por el pueblo, tipo Constituyente participativa y soberana; portadora de una nueva institucionalidad y un nuevo orden jurídico-político, social económico, cultural… alternativo a esa dictadura, a la dependencia y a los pilares del neoliberalismo.
- 5) Eso exige direccionalidad, articulación de fuerzas, conducción, presencia significativa del factor conciente y de las redes de militantes revolucionarios con visión estratégica y antisistémica al interior de las grandes movilizaciones y estallidos: esto es, de nueva vanguardia, una nueva organización revolucionaria, antiimperialista y anticapitalista, prosocialista… Y en eso hay un retraso significativo que genera incertidumbre.
- 6) De todas maneras ya existe una pequeña corriente que apunta en esa dirección, diferenciada cada vez más de las dos franjas reformistas procedentes de las izquierdas. Ese es un factor cualitativo importante. El reto es convertirla, al calor de las nuevas luchas, en un referente nacional, en una corriente significativa, fuerte, enfatizada en el pueblo.
- 7) Lo electoral debe entenderse como algo subsidiario, subordinado a los avances que puedan lograrse por la vía extrainstitucional tendente a debilitar la dictadura morada y sus amarres institucionales. Debe depender de la fuerza del contrapoder que logremos construir, de las grietas y erosiones que se le puedan hacer a este tipo de dictadura, y del grado de acorralamiento que la democracia de calle y la propuesta de Constituyente, junto a todos los ejes y demandas movilizadoras, logren tenderle al poder establecido.
Por tanto, la conclusión es una: las fuerzas transformadoras debemos retomar la línea de insubordinación, de desobediencia y desacato a una dictadura cada vez más palpable, que no deja pasar ni siquiera a las fuerzas del sistema no subordinadas al PLD. Y debemos retomarla desde la indignación y movilización popular, por vías, métodos y medios que puedan tornarse cada vez más multitudinarios, para desde ellos contrarrestar la violencia dominante en expansión y potenciar las capacidades de autodefensa y ofensiva popular. (2-12-2014, Santo Domingo, RD).
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.