Opinión
Ministerio de Exteriores: gran relajo institucional
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12 años agoon
Por Juan bolívar Díaz
Con la publicación de la nómina completa del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) el periódico digital Acento puso de nuevo sobre el tapete el inmenso entramado de clientelismo, nepotismo, derroche y desorden institucional que desde hace años se ha entronizado en ese organismo en beneficio del partido gobernante y su principal aliado.
El Gobierno ya realizó una limpieza de botellas locales, en su gran mayoría de militantes y relacionados del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo presidente, Carlos Morales Troncoso, fue titular del MIREX en los últimos diez años, y ahora tropieza con el problema de cientos de botellas de su propio partido con altísimos sueldos en el exterior.
Un persistente derroche. Tras revisar la nómina del MIREX publicada esta semana se puede comprobar que nada ha cambiado a casi tres años de que se publicara en esta misma página de HOY (22 de enero del 2012) el análisis titulado “RD también lidera el derroche diplomático”. Además de replantear el desorden, Acento presenta los salarios reales que se paga a los designados en el servicio exterior, ya que en la nómina anterior, como quedó consignado, todos los embajadores aparecían con un sueldo ficticio de 3 mil dólares mensuales.
Un aporte adicional es que en esta versión de la nómina es una columna donde aparece el padrino, parentesco o relación de muchos designados, lo que permite advertir el nivel de nepotismo y favoritismo político con su consiguiente grado de remuneración. La desigualdad salarial guarda relación con la categoría del político y el grado de familiaridad. Aquí también resalta la influencia del ingeniero Félix Bautista, quien habría tramitado un centenar de designaciones, en su mayoría recomendados por una comisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Nueva York, pero también más de una veintena de familiares y relacionados, incluyendo hermanos, sobrinos, primos y cuñados. Otros dirigentes peledeístas también apadrinan pero generalmente con una o dos designaciones.
Un total de 1,876 personas integran la nómina exterior de la Cancillería, 1,189 como diplomáticos y 657 en los consulados. Los primeros devengan 6 millones 366,524 dólares mensuales, que convertidos a pesos a tasa de 44.15 y multiplicados por 13 representan 3,664 millones de pesos anuales. En el servicio consular se paga el equivalente a 120 millones 168 mil pesos mensuales, que multiplicado por 13 ascienden a 1,692 millones 692 mil pesos para un total en ambos renglones de 5,356 millones de pesos anuales.
Desproporciones salariales. Cuando se observan los salarios se advierte un gran desorden, con embajadores que reciben desde 10 mil a 40 mil dólares mensuales. Y lo mismo ocurre con cónsules que oscilan entre 10 mil y 26 mil dólares, y ministros consejeros que ganan de 4,400 a 9,700 dólares, y consejeros de 4,132 a 8 mil dólares. Pero al mismo tiempo se encuentran primeros secretarios (de menor jerarquía) con sueldos de 10,825 dólares. Cuando se ponderan los nombres y patrocinios se encuentran las explicaciones.
Por ejemplo, el embajador en México, la segunda nación más grande y poblada de América Latina, tiene un salario de 11,825 dólares mensuales, pero el de Honduras gana 16 mil, el de Nicaragua 22 mil, el de Paraguay 28 mil y el de Colombia 30 mil dólares. El primero es un intelectual sin militancia partidista y los últimos cuatro tienen en común el ser dirigentes políticos.
Los salarios no guardan relación con la importancia política, poblacional, territorial o del intercambio bilateral, sino más bien con la militancia política o el grado de familiaridad, incluyendo esposas, hijos e hijas y otros relacionados de altos funcionarios del Gobierno, de la justicia, de legisladores y dirigentes políticos. En la misma ciudad de Ginebra hay embajadores con sueldos de 18 mil y 25 mil dólares. La cónsul en México, hermana de un prelado, gana más que el embajador. No se explican los altos sueldos de algunos cónsules que tienen altísimos ingresos de las tasas que cobran por servicios a los dominicanos, como en Nueva York, Miami o San Juan. Tampoco otros de 23 mil dólares, como el de Alameda, San Francisco de California.
Una proporción considerable del personal designado en el exterior pasa la mayor parte del tiempo en República Dominicana, y los hay que apenas han ido de visita a las sedes donde están adscritos. En múltiples embajadas y consulados no los quieren ni de visita, porque no tienen espacio donde colocarle un escritorio y solo obstruyen a los pocos que trabajan. Por ejemplo en Nueva York solo una docena de los 92 vicecónsules y asistentes consulares tienen escritorio y otros tantos se dejan ver. La gran mayoría se dedican a la política y a negocios y actividades personales.
Prometida reestructuración. Desde su discurso inaugural el presidente Danilo Medina se comprometió con una reestructuración del MIREX y de las relaciones internacionales. Desde el inicio quiso cambiar al titular del ministerio, pero terminó inclinándose ante el reparto partidista del poder. Fue en agosto, ya en víspera del fallecimiento del ingeniero Morales Troncoso, tras larga inhabilitación por enfermedad, cuando fue designado canciller el arquitecto Andrés Navarro.
Semanas antes ya había trascendido que inspectores de la Contraloría hacían un levantamiento del personal del ministerio, donde habrían detectado cientos de botellas, en su mayoría reformistas y familiares. Desde entonces se ha informado de cancelaciones oscilantes entre 700 y mil. El ministro administrativo de la Presidencia las cifró en “casi un millar”.
El nuevo canciller ha hablado de reestructuración y depuración de personal que abarcaría a los designados en el exterior, así como de una renovación integral de las relaciones internacionales.
Es sintomático que la depuración comenzara en el ámbito interno, donde el abultamiento de la nómina estaba determinado por los aliados reformistas. En el servicio exterior fueron designados por decretos del presidente Leonel Fernández, y en gran proporción son peledeístas. Persisten dudas de que se pueda hacer una profilaxis significativa.
Desde luego, hay en el servicio exterior muchos profesionales y personal que cumple la misión encomendada, como también hay subvalorados o desaprovechados que guardan banca en la lista de más de un centenar de embajadores adscritos a la Cancillería. Pero no hay dudas de que en general el MIREX es una muestra del desquiciamiento institucional provocado por el reparto político del Estado.
Consulados y organismos
En todas las embajadas dominicanas se mantiene un personal supernumerario, pero donde sigue liderando el derroche es en los principales consulados y ante los organismos internacionales. Hace tres años un muestreo de 16 de las embajadas más importantes, sin incluir a Estados Unidos, arrojaban un acentuado desbalance: ellas tenían 84 funcionarios en el país, mientras República Dominicana les había designado 442, es decir cinco por uno. La situación se mantiene con ligeras variantes, lo que se explica en el hecho de que la nómina de Acento es del 2012; la que dio base al análisis anterior era de solo un año antes.
Donde hay más dominicanos designados como diplomáticos y funcionarios consulares es en Estados Unidos con un total de 386, casi los mismos que hace tres años, cuando eran 384. La representación ante el Gobierno de Washington había bajado de 44 a 41 y en el consulado de Nueva York de 97 a 93. El Gobierno norteamericano ha rehusado acreditar muchos de esos funcionarios. Los designados ante las Naciones Unidas en Nueva York aumentaron de 63 a 74, una docena como embajadores adscritos, y ante la Organización de Estados Americanos, en Washington se redujo de 38 a 33. Son las mayores representaciones ante esos dos organismos. el consulado de Miami pasó de 54 a 57 designados, y en San Juan de 21 a 25, pero en Boston disminuyeron de 31 a 25.
Los designados en España crecieron de 89 a 116, especialmente en el consulado de Madrid, donde pasaron de 22 a 39. En Haití el personal dominicano aumentó de 64 a 109, en gran proporción en la embajada en Puerto Príncipe donde pasó de 31 a 51. En Colombia y Costa Rica, como muestreo, los dominicanos siguen siendo un número muy superior a lo que esos países tienen acreditados en el país, 32 contra 5 y 23 contra 4, respectivamente.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
