Análisis Noticiosos
No me voy, estoy llegando
Por Juan Bolívar Díaz
El pasado domingo 1 de marzo culminó José –Pepe- Mujica su período de Gobierno de cinco años en ese paraíso de nación que es la República Oriental del Uruguay, y se marchó en olor y sabor de multitudes, sin que el mundo haya salido del asombro por las fuerzas espirituales de ese legendario hombre público que ha reivindicado la política en este tiempo de cólera.
La personalidad y las excentricidades de Mujica han dado la vuelta al mundo en todos los idiomas, recordando al ilustre Mandela que trascendió definitivamente hace 15 meses. Ambos encarnaron en su momento movimientos políticos que enfrentaban el orden o desorden establecido, padecieron largos años de prisión, tras lo cual alcanzaron el poder para ejercerlo con humildad, moderación y amplitud universal sin dejarse atrapar por la adicción a las alturas y la vanidad.
Fundador de los legendarios Tupamaros de los años sesenta y setenta, Mujica cayó preso cuatro veces, padeciendo unos 15 años de prisión, fue baleado una vez y sometido a brutales torturas, nada de lo cual venció su espíritu indómito y su decisión de luchar por colocar a los seres humanos como objeto de la política y la gestión gubernativa.
Pepe Mujica intervino en numerosos foros internacionales, como abanderado de un nuevo orden económico internacional, defensor de los más desprotegidos, predicador de la paz y el respeto entre pueblos y naciones, grandes o pequeñas. Gobernó con integridad, contribuyendo a la equidad socio-económica en una nación pequeña de población, apenas tres millones y medio son los uruguayos, aunque en un territorio casi tres veces mayor que el de República Dominicana.
La coherencia de este líder fue premiada por las multitudes que lo despidieron el viernes 28 de febrero, entre aplausos y vítores. También con llantos cuando le escucharon decir: no me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento, y donde esté, estaré por ti. No dudes que si tuviera dos vidas las gastaría enteras por ayudar a tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar a lo largo de casi 80 años.
Y dos días después entregó el Gobierno y se marchó a su modesta casita en las afueras de Montevideo en el mismo carrito Volkswagen de 1987 en que había llegado, manejándolo él, seguido discretamente de una ligera escolta, como discurrió en sus años de gobernante, capaz de pararse en la carretera a dar bola a un caminante.
Porque Pepe Mujica ha sido un hombre libre, convencido de que “la verdadera libertad está en consumir poco”, que “a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política porque si no, terminamos hipotecando la confianza de la gente”. Coherente hasta el hálito final, demostró que “el poder no cambia a las personas, solo revela lo que verdaderamente son”.
Mujica será recordado por su humildad y frugalidad, pero también por su franqueza, a veces alejada de la diplomacia, como cuando calificó de genocidio la última matanza israelí en la franja de Gaza, que cobró la vida de centenares de niños, mujeres y ancianos, o cuando, al referirse a la sanción impuesta al delantero uruguayo Luis Suárez en la última Copa Mundial de Fútbol, dijo que “la Fifa son una manga de viejos hijos de puta”.
Un Presidente ejemplar, un político trascendental que considera su mayor éxito haber dejado menos pobres y más educados en su país, que veló por el buen empleo de hasta el último peso de los uruguayos. ¡Salve Pepe Mujica! Ojalá pueda venir pronto a recibir el reconocimiento que le ha acordado la Universidad Primada de América y a renovarnos la fe en la política, que según Duarte, es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes de los humanos.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.