Análisis Noticiosos
Leonel pone en jaque a danilistas continuistas
Por Juan bolívar Díaz
Cuando parecía que la corriente que promueve la reelección del presidente Danilo Medina ganaba terreno, el expresidente Leonel Fernández dio una exhibición de fuerza y formalizó su decisión de buscar una vez más la candidatura presidencial de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El expresidente procura salirse del cerco en que lo colocaron las acusaciones del convicto narcotraficante Quirino Paulino Castillo, imposibilitar una reforma constitucional que viabilice la reelección y prevenir que no abran juicio por corrupción a su brazo derecho y alcancía Félix Bautista, con un dictamen de instrucción pendiente para el 27 de marzo.
Gran exhibición de fuerzas. Consciente de que el presidente Danilo Medina ha evadido comprometerse en el proyecto continuista que alientan muchos de sus parciales, Leonel Fernández hizo esta semana una jugada maestra con exhibición de fuerzas internas y el anuncio formal de que se lanza a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD.
En tres días consecutivos, Leonel se reunió con por lo menos la mitad de los 31 senadores y del centenar de diputados del PLD así como de los integrantes de su Comité Central, evidenciando las dificultades de reunir los dos tercios de los integrantes de ambas cámaras legislativos necesarios para convocar la Asamblea Nacional y proceder a aprobar una reforma de la Constitución
Fernández busca salir de la posición defensiva en que lo habían dejado las acusaciones de Quirino Paulino, al tiempo de advertir el alto costo que podría tener el intento de modificar la Constitución para abrir espacio a la repostulación del presidente Medina. Como los reeleccionistas pedían la convocatoria del Comité Político, donde tendrían mayoría para disponer una reforma constitucional, Fernández se adelantó a mostrar que tiene suficientes votos para evitarlo, ya en el decisivo Comité Central, como en las cámaras legislativas y la Asamblea Nacional.
En la reunión del jueves donde se dijo que había comprometido el respaldo de unos 312 de los 635 miembros del Comité Central de su partido, Leonel proclamó que “hay que respetar la Constitución” y adelantó que inicia un recorrido nacional procurando apoyo a su precandidatura. Eso en medio de afirmaciones de algunos legisladores, como Adriano Sánchez Roa, de que de ninguna forma votarían para abrir campo a la reelección.
Para salir del cerco Quirino. Tal como se había advertido en el “tema de Hoy” del 11 de enero (“Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”) los leonelistas salieron adelante proclamando la precandidatura de Leonel convencidos en que le favorece una definición que no puede adoptar el presidente Medina, que así es más difícil maniobrar en su contra y que el temor a la división llevará a un pacto de alternabilidad entre los dos líderes peledeístas.
La alarma ha cundido en las últimas semanas entre dirigentes del partido gobernante y articulistas y columnistas asalariados convencidos de que una división entre sus dos líderes sería tan extensa que provocaría la pérdida del poder el año próximo. Y justo sobre ese temor se lanza la precandidatura de Fernández para darla por hecho cumplido y dificultar el paso a sus contrincantes internos.
Leonel buscaría salir del “cerco Quirino”, sobreponiéndose a las acusaciones que lo vinculan a financiamiento del narcotráfico, tratando de dejar atrás el escándalo sobre la base de que detenerse implicaría reconocimiento de su implicación y colocarse en una posición de debilidad. Al fin y al cabo él llevaba ya dos años promoviéndose por todo el país, período en el cual se comparó con figuras históricas como Aníbal, Moisés y Buda. El 22 de febrero, presidiendo un acto de apoyo del MODA en medio del escándalo Quirino, Fernández proclamó que los vientos que soplan a su favor lo llevarán de nuevo al Palacio Nacional en el 2016.
Leonel tiene un desafío pendiente para el 27 de este mes, cuando el juez de instrucción Alejandro Moscoso Segarra deberá dictaminar si se abre proceso judicial a Félix Bautista. Tratándose de un juez vinculado a él y al acusado, se descarta que se pronuncie por el juicio, sobre todo si Leonel está en perspectiva de ser el candidato del 2016. Cualquier decisión sería apelada, pero indicará hacia dónde soplan los vientos en la Suprema Corte bajo dominio leonelista, en cuya constitución Bautista jugó papel estelar.
Hay riesgos con Leonel. Los danilistas tienen razón en su planteamiento estratégico de que el presidente, cuya repostulación es aprobada hasta por el 70 por ciento en las encuestas, les daría mayores garantías de continuar en el poder. Apuestan a la convocatoria del Comité Político donde tendrían más de la mitad de los 35 integrantes. Pero no parece claro en el Comité Central que es el órgano partidario que tendría que adoptar una decisión que, sin una mayoría significativa, podría implicar una temida división. Los peledeístas se miran en el espejo del PRD, donde ellos mismos protagonizaron una de sus múltiples divisiones.
Leonel se beneficia también de que la oposición política sigue dispersa sin haber logrado orquestar una candidatura que pudiera generar una confluencia de fuerzas y poner en peligro el dominio peledeísta. Si eso estuviese ocurriendo, muchos peledeístas preferirían “el camino más seguro de la reelección”.
Aunque insisten en pedir la reunión del Comité Político a los danilistas lo que les puede convenir es ganar tiempo para ver si el Partido Revolucionario Moderno pasa la prueba de la elección de su candidato presidencial, que si resulta Luis Abinader, pudiera convertirse en una amenaza al predominio peledeísta, ya que las encuestas lo ponen en competencia con Leonel desde una primera vuelta. Eso les permitiría fortalecer su planteamiento del camino seguro.
Las perspectivas actuales indican que Leonel Fernández tiene muchas posibilidades de volver a encabezar la boleta del PLD y retornar al poder en el 2016. Pero contradictoriamente, su tasa de rechazo y las acusaciones de corrupción que le persiguen lo presentan como el mayor factor que podría impulsar una concertación de oposición llamada a beneficiarse de los temores que el exmandatario y su endiosamiento generan hasta en los poderes fácticos, nacionales e internacionales.-
Cuando parecía que la corriente que promueve la reelección del presidente Danilo Medina ganaba terreno, el expresidente Leonel Fernández dio una exhibición de fuerza y formalizó su decisión de buscar una vez más la candidatura presidencial de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El expresidente procura salirse del cerco en que lo colocaron las acusaciones del convicto narcotraficante Quirino Paulino Castillo, imposibilitar una reforma constitucional que viabilice la reelección y prevenir que no abran juicio por corrupción a su brazo derecho y alcancía Félix Bautista, con un dictamen de instrucción pendiente para el 27 de marzo.
Gran exhibición de fuerzas. Consciente de que el presidente Danilo Medina ha evadido comprometerse en el proyecto continuista que alientan muchos de sus parciales, Leonel Fernández hizo esta semana una jugada maestra con exhibición de fuerzas internas y el anuncio formal de que se lanza a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD.
En tres días consecutivos, Leonel se reunió con por lo menos la mitad de los 31 senadores y del centenar de diputados del PLD así como de los integrantes de su Comité Central, evidenciando las dificultades de reunir los dos tercios de los integrantes de ambas cámaras legislativos necesarios para convocar la Asamblea Nacional y proceder a aprobar una reforma de la Constitución
Fernández busca salir de la posición defensiva en que lo habían dejado las acusaciones de Quirino Paulino, al tiempo de advertir el alto costo que podría tener el intento de modificar la Constitución para abrir espacio a la repostulación del presidente Medina. Como los reeleccionistas pedían la convocatoria del Comité Político, donde tendrían mayoría para disponer una reforma constitucional, Fernández se adelantó a mostrar que tiene suficientes votos para evitarlo, ya en el decisivo Comité Central, como en las cámaras legislativas y la Asamblea Nacional.
En la reunión del jueves donde se dijo que había comprometido el respaldo de unos 312 de los 635 miembros del Comité Central de su partido, Leonel proclamó que “hay que respetar la Constitución” y adelantó que inicia un recorrido nacional procurando apoyo a su precandidatura. Eso en medio de afirmaciones de algunos legisladores, como Adriano Sánchez Roa, de que de ninguna forma votarían para abrir campo a la reelección.
Para salir del cerco Quirino. Tal como se había advertido en el “tema de Hoy” del 11 de enero (“Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”) los leonelistas salieron adelante proclamando la precandidatura de Leonel convencidos en que le favorece una definición que no puede adoptar el presidente Medina, que así es más difícil maniobrar en su contra y que el temor a la división llevará a un pacto de alternabilidad entre los dos líderes peledeístas.
La alarma ha cundido en las últimas semanas entre dirigentes del partido gobernante y articulistas y columnistas asalariados convencidos de que una división entre sus dos líderes sería tan extensa que provocaría la pérdida del poder el año próximo. Y justo sobre ese temor se lanza la precandidatura de Fernández para darla por hecho cumplido y dificultar el paso a sus contrincantes internos.
Leonel buscaría salir del “cerco Quirino”, sobreponiéndose a las acusaciones que lo vinculan a financiamiento del narcotráfico, tratando de dejar atrás el escándalo sobre la base de que detenerse implicaría reconocimiento de su implicación y colocarse en una posición de debilidad. Al fin y al cabo él llevaba ya dos años promoviéndose por todo el país, período en el cual se comparó con figuras históricas como Aníbal, Moisés y Buda. El 22 de febrero, presidiendo un acto de apoyo del MODA en medio del escándalo Quirino, Fernández proclamó que los vientos que soplan a su favor lo llevarán de nuevo al Palacio Nacional en el 2016.
Leonel tiene un desafío pendiente para el 27 de este mes, cuando el juez de instrucción Alejandro Moscoso Segarra deberá dictaminar si se abre proceso judicial a Félix Bautista. Tratándose de un juez vinculado a él y al acusado, se descarta que se pronuncie por el juicio, sobre todo si Leonel está en perspectiva de ser el candidato del 2016. Cualquier decisión sería apelada, pero indicará hacia dónde soplan los vientos en la Suprema Corte bajo dominio leonelista, en cuya constitución Bautista jugó papel estelar.
Hay riesgos con Leonel. Los danilistas tienen razón en su planteamiento estratégico de que el presidente, cuya repostulación es aprobada hasta por el 70 por ciento en las encuestas, les daría mayores garantías de continuar en el poder. Apuestan a la convocatoria del Comité Político donde tendrían más de la mitad de los 35 integrantes. Pero no parece claro en el Comité Central que es el órgano partidario que tendría que adoptar una decisión que, sin una mayoría significativa, podría implicar una temida división. Los peledeístas se miran en el espejo del PRD, donde ellos mismos protagonizaron una de sus múltiples divisiones.
Leonel se beneficia también de que la oposición política sigue dispersa sin haber logrado orquestar una candidatura que pudiera generar una confluencia de fuerzas y poner en peligro el dominio peledeísta. Si eso estuviese ocurriendo, muchos peledeístas preferirían “el camino más seguro de la reelección”.
Aunque insisten en pedir la reunión del Comité Político a los danilistas lo que les puede convenir es ganar tiempo para ver si el Partido Revolucionario Moderno pasa la prueba de la elección de su candidato presidencial, que si resulta Luis Abinader, pudiera convertirse en una amenaza al predominio peledeísta, ya que las encuestas lo ponen en competencia con Leonel desde una primera vuelta. Eso les permitiría fortalecer su planteamiento del camino seguro.
Las perspectivas actuales indican que Leonel Fernández tiene muchas posibilidades de volver a encabezar la boleta del PLD y retornar al poder en el 2016. Pero contradictoriamente, su tasa de rechazo y las acusaciones de corrupción que le persiguen lo presentan como el mayor factor que podría impulsar una concertación de oposición llamada a beneficiarse de los temores que el exmandatario y su endiosamiento generan hasta en los poderes fácticos, nacionales e internacionales.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.