Análisis Noticiosos
Otra vez venció el Estado, con reparto antidemocrático
Por Juan Bolívar Díaz
El pacto que salvó la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene precedente en cuanto a reparto del Estado por una cúpula directiva al implicar no solo la repostulación del presidente Danilo Medina, sino también de los legisladores, alcaldes y dirigentes partidistas, dejando atrás principios democráticos y constitucionales.
Aunque desde el principio se vaticinaba que los peledeístas no se dividirían y predominaría el poder presidencial, fue sorprendente la forma en que Leonel Fernández fue humillado y obligado a capitular, al tercer día de haber plantado pelea con un discurso de confrontación, pero los danilistas lograron derribarlo como se habían propuesto.
Un dramático desenlace. Aunque siempre se esperó que el poder presidencial y el “camino más seguro” de la repostulación del presidente Danilo Medina predominarían sobre los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al Gobierno, fue dramático el desenlace de la confrontación, después que el gran líder de las últimas dos décadas plantara pelea frontal con su discurso del lunes 25 de mayo, transmitido por casi toda la televisión y la radio.
Leonel cantó como un gallo, proclamándose guardián de la Constitución, que a su juicio no podía reformarse para posibilitar la repostulación y posible reelección de Medina, sin que la convocatoria fuera aprobada por los dos tercios de las leyes orgánicas y sin un referendo aprobatorio, para huir como gallina antes que transcurrieran tres días, forzado hasta por muchos de sus más cercanos seguidores.
El discurso del lunes auguraba una prolongación de la confrontación, que no es solo por la candidatura presidencial, sino también por el liderazgo definitivo entre los dos peledeístas que han ejercido el poder en ya casi 15 de los últimos 19 años. Se presentó un Leonel furibundo, en actitud de pelea, denunciando a Danilo como un hipócrita que no se atreve a decir lo que piensa.
Tras analizar el proyecto de reforma constitucional ya en manos del Congreso, Leonel lo calificó de “sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo” y que sería “nefasto y catastrófico”, llegando a advertir la posibilidad de que abriera las puertas para la reelección indefinida, al extremo de que “Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo”.
El desplome del león. El radical discurso de Leonel marcó su abrupto desplome, pues acabó de convencer a la mayoría peledeísta de que corrían el riesgo de la división y la pérdida de los privilegios de que han disfrutado con un sistema de reparto y corrupción sin precedente.
Figuras del leonelismo fueron clave para la capitulación del líder, algunos con razones muy convincentes para no correr riesgos, como el senador Félix Bautista, símbolo perseguido de la corrupción del PLD, a quien se atribuye la iniciativa de la transacción convenciendo a su jefe político de que no había alternativa.
En la opinión pública no hubo piedad con los planteamientos de quien se pintó sin ambiciones, cuando intentaba un cuarto período de Gobierno zarandeado por graves acusaciones de corrupción, y hasta de financiamiento del narcotráfico, con obvio rechazo de los poderes fácticos más cómodos ahora con Danilo.
Ya su multitud de voceríos y escribidores habían dado el salto al danilismo para preservar sus privilegios, y varios de los principales llegaron a acosarlo. La publicación de una encuesta Penn/Schoen realizada dos semanas antes disparó al máximo las alarmas cuando indicó que Luis Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, ganaría a Leonel en una segunda vuelta en el 2016.
Ya en minoría en los organismos directivos, sobre todo en el poderoso Comité Político, y en el Senado, le quedaba una proporción de los diputados que impedían la reforma constitucional, los que empezaron a ser atraídos por el poder del Estado.
El martes trascendió entre los legisladores que se ofrecían de 7 a 10 millones de pesos y respaldo para repostulaciones y financiamiento de campañas.
Leonel quedó casi solo, refugiado en el extremismo de “Los Vincho”, vencido por el Estado, por el que ahora reparte los sobrecitos, que en el sistema en que fundó su liderazgo, es el que predomina.
Los danilistas se propusieron derribarlo, y lo lograron. Le arrebataron la antorcha al Leonidas y al Moisés del Siglo XXI, que llegó a compararse con Buda y Jesucristo.
Desastre institucional. El pacto implicó la sepultura de los mecanismos democráticos en el principal partido del país, que mantiene una precaria unidad, con agravios y malquerencias entre los dos grupos del reparto, lo que determina mutua desconfianza y peligros.
Los líderes no se juntaron y muy simbólicamente cada grupo lo firmó por separado, uno en el Palacio Nacional y el otro en la costosa Fundación Global.
Falta precisar si incluye la composición de las altas cortes en manos de Leonel, de las que seguirá dependiendo que no le caiga un proceso judicial y que condenen o absuelvan a sus alcancías Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, pendientes de decisiones en la Suprema Corte. Pronto se podrá saber si el pacto es también de impunidad. Que prosiga el aplastamiento de Leonel, en aras del nuevo líder, debe descartarse hasta que pasen las próximas elecciones, porque implicaría al presidente, al secretario de Organización y al Tesorero del PLD. Alguna promesa de garantía de impunidad habrá merecido el papel protagónico del multimillonario Félix Bautista en el acuerdo.
El costo económico, democrático e institucional de la reelección apenas comienza y de inmediato cobrará en los partidos de oposición para obtener la veintena de votos que faltan para aprobar la reforma constitucional. Se da por hecho que los lograrán entre los 9 diputados reformistas, ya sus dos senadores la aprobaron, y entre unos 44 que son la fortaleza de ese extraordinario empresario de la política que es Miguel Vargas. Se adelanta que, para no vaciarse, dejará en libertad de votar a sus partidarios, aunque lo único que él reivindica de su pacto personal con Leonel Fernández para viabilizar la Constitución del 2010, aparte de representación minoritaria en las altas cortes, es haber reivindicado la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.
Desafío para la oposición. La colaboración de los legisladores para una reforma constitucional se puede obtener mediante el voto positivo y con la ausencia, y en último caso con la abstención. No se descarta que incluya algunos de los diputados del PRM, como advertencia de que no son inmunes al poder del Estado, los cuales serían expulsados, según se ratificó el viernes.
Mientras se consuma la reforma constitucional, el presidente Medina sigue el patrón del silencio que caracterizó a Balaguer y a Leonel en coyunturas similares, sin explicar propósitos ni objetivos, lo que podría afectar su alto nivel de aprobación tras ratificar lo que siempre se ha hecho desde la presidencia de la República. Cuenta con la adolescencia democrática nacional, aunque hay quienes se aferran a los sacudimientos políticos que se vienen produciendo en la democracia hispanoamericana.
El desafío es para lo que quede de oposición, particularmente para el PRM y su candidato Abinader, que han emergido como principal alternativa y plantean una Convergencia opositora, para el ascendente Guillermo Moreno y el liderazgo de partidos y de grupos sociales alternativos, que confrontan la corporación que monopoliza el poder.
Un impúdico reparto
Los peledeístas pueden, una vez más, celebrar su capacidad para defender su poder, pero esta vez no solo a costa de quien encarnó sus éxitos y prosperidad colectiva, sino también sepultando los principios democráticos y constitucionales básicos, la Ley Electoral y sus propios estatutos, cuando 35 personas deciden y pactan la repostulación no solo del Presidente (se dice que también de la vicepresidenta y esposa de Leonel), sino también de los senadores y diputados, y sus respectivos bufetes directivos, de los alcaldes y directores de los municipios y distritos municipales de todo el país.
Los actuales miembros del Comité Central, que ya se autoprolongaron en el 2012 y que el año próximo debían someterse al escrutinio de sus bases, reciben una nueva prórroga hasta el 2020, ya que se pactó aplazar el Congreso del PLD para finales de ese año.
El sanedrín peledeísta no solo dispuso modificar ahora la Constitución para posibilitar la repostulación de Danilo Medina, sino que se comprometió a “iniciar oportunamente” otra reforma para “blindar la Constitución”.
El pacto sepulta las aspiraciones de miles de peledeístas que ya habían iniciado campañas buscando las 4,200 candidaturas a disputarse el año próximo, muchos de los cuales han derrochado millones de pesos.
Por la unidad partidaria tendrán que resignarse a una promesa o al mantenimiento de cargos gubernamentales, si no quieren terminar como regidores y vocales municipales, que son más de dos tercios de los cargos electivos.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.