Opinión
Apuntes para luchar contra el fraude
Por Melvin Mañón
Nicolás Maquiavelo, en su famoso “El Príncipe” escribió que “si un príncipe debía escoger entre ser amado o temido”,- razonaba- “ser amado depende de la voluntad de los otros mientras que ser temido depende de la voluntad de uno y” -recomendaba a seguidas- “un príncipe prudente siempre debe apoyarse en lo suyo”.
Esa es la lógica que sigue el PLD-maquinaria. Ganar o retener el poder con votos legítimos, en elecciones transparentes, depende de la voluntad de los otros. Ese es un futuro incierto, veleidoso y que comporta un nivel inaceptable de riesgo. En cambio, el fraude electoral, pone el destino en sus propias manos como decía Maquiavelo. Eso es exactamente lo que han hecho, y a no dudarlo, lo que van a intentar una vez mas en el 2016.
A diferencia de sus predecesores, el PLD- maquinaria no se limita a ejecutar el fraude el día de las elecciones sino que lo instrumenta desde el principio, a todo lo largo de un periodo de gobierno y además lo ejecuta en múltiples áreas. Por ejemplo, haberle rehusado por mas de dos años el reconocimiento como partido a Alianza País presidida por Guillermo Moreno es puro y nítido fraude electoral.
Entregarle 215 millones de pesos al PRD de Miguel Vargas y la misma cantidad al reformista de Quique Antún mientras al PRM apenas le asignan 6 millones de pesos durante todo el crítico año 2015 es una indicación inequívoca no solamente de fraude sino de desvergüenza e ilimitado descaro.
Las encuestas, lo he explicado antes y figura en la páginas de mi libro Enigma, son utilizadas por la Orquesta Morada para crear la falsa impresión que apunta a la finalidad buscada. Ya, el lunes 13 de julio aparecen unas encuestas destacando la superioridad de Danilo, poniéndolo como puntero y seguro ganador.
Esas y todas las encuestas publicadas por el PLD o aliados suyos no reflejan la posición real de candidatos y partidos sino el resultado que ellos quieren lograr, del cual quieren convencernos y el cual empiezan a publicar como si fuera una realidad ya consumada. No lo es, pero debemos ser condicionados mentalmente para creerlo conforme al cálculo y la intención peledeísta.
Encuestas amañadas, negativas de reconocimiento a partidos, ley de partidos, manipulación de documentos, distribución ilegal de fondos, reactivación y engrasado de los mecanismos de fraude a escala de mesas electorales ya en marcha y otras tantas acciones ya ejecutadas o por venir configuran el fraude preelectoral que debe asegurar los intereses del PLD-maquinaria poniendo en sus propias manos, y no las del electorado, la decisión final sobre el poder político y las elecciones nacionales.
Como también se ha consignado en Enigma, el PLD es una maquinaria electoral formidable. Controlan la información a la escala de cada mesa electoral, tienen registros a esa misma escala de quienes están en el padrón pero no votan, quienes votan por ellos generalmente y quienes por los contrarios.
Equipados con esa información la jefatura de la Orquesta Morada hace el presupuesto consolidado de cuanto dinero, en cada mesa o centro donde va a instrumentarse el fraude será necesario el día de las elecciones. Valga la salvedad de que nunca se plantea ni ejecuta el fraude en todas las mesas sino en aquellas donde concurren las condiciones apropiadas de pobreza, alejamiento, falta de supervisión, ausencia de delegados o compra de estos, controles externos y apoyo o indiferencia del personal militar.
Los agentes del PLD-maquinaria, ya en el terreno, operan de dos maneras principales. Todos los que generalmente han votado contra el PLD y a quienes esos agentes conocen perfectamente bien, les ofrecen dinero para que no voten. Evitar el voto de esa persona se resuelve muy fácil. Entregan la cédula a cambio del dinero recibido. Este es el voto abstencionista o negativo; el que el PLD-maquinaria compra para evitar que se deposite en contra suya. Esta operación explica las fundas y sacos de cédulas que suelen ser encontradas en los basureros días después de haber tenido lugar las elecciones.
El otro fraude se refiere al voto positivo y su ejecución es mas compleja. El agente del PLD, un día u horas antes de la votación contrata la compra del voto con las personas dispuestas a hacerlo y las instruye para que voten a favor de un partido que ellos saben que en esa mesa no recibe votos a menos que sea por equivocación.
El agente del PLD-maquinaria acuerda el dinero que se le va a pagar a cada vendedor del voto. La entrega de ese dinero se hará al final del día cuando poco hayan cerrado la mesa en cuestión y los delegados del PLD en dicha mesa le haya confirmado al agente del PLD que, en el conteo aparecieron, por ejemplo, 17 votos o 43 votos a favor de un partido aliado al PLD y por el cual nadie había votado nunca en esa mesa.
Los dos números registrados mas arriba son reales y producto de dos confesiones por separado, una donde el agente contrató los votos a favor de la APD en una mesa donde nunca antes nadie había votado por ese partido y el otro, los 17 fueron echados a favor del BIS por la misma razón de que nadie nunca había votado en esa mesa por ese partido. Normalmente hay poca diferencia entre lo prometido y lo ejecutado. En otro ejemplo y excusen: el agente apalabreó y pagó 19 votos pero, según el informe del delegado del PLD y luego de la publicación, solamente recibió 17.
En el otro caso fue a la inversa el agente pagó 43 y recibió 45. Ambos casos tuvieron lugar en zona rural, con la complicidad de los delegados del PLD en esas mesas y con el concurso indisimulado de la fuerza pública apostada en el entorno de dicha mesa.
Otro tipo de fraude de menor escala es la asignación a favor del o los partidos mayoritarios de los pocos votos que recibe un partido pequeño en una mesa cuando dicho partido no tiene delegado que lo represente en dicha mesa. Tengo, entre muchos otros, el testimonio de un joven que votó por DxC sin embargo, en el informe de dicha mesa jamás apareció el voto suyo ni ningún otro a favor de ese partido. Los del PLD se apropian de cualquier voto que no pueda ser defendido por el beneficiario en cualquier mesa donde la falta de vigilancia y orden se lo permita.
En los tiempos de Concho Primo se robaban las mesas con todo y urnas, las tiraban por el río, las quemaban o trastocaban su contenido. Hoy en día, el PLD-maquinaria no acude a tan toscos y vulgares procedimientos; hace lo mismo pero virtual.
Después de todos los fraudes descritos antes y durante las votaciones viene el mas decisivo de todos que es el fraude electrónico. Mi escasa formación en informática no me permite hacer una descripción adecuada de cómo ejecutan este fraude pero invito y exhorto a los mismos que me han confesado y descrito cómo se hace y cómo lo hicieron en el PLD a que den ellos la explicación.
El PLD juega pelota con duro y profesional. Sus adversarios jugamos con pelota de goma y blandito. “Pero de ahora en adelante”, como en la hermosa canción en la voz de Maridalia Hernández, los partidos, los dirigentes y sus candidatos tienen la palabra y el reto. Lo importante es que el día 16 de mayo de 2016 nadie venga lloriqueando que le hicieron fraude.
Más vale recordar “El Principe” de Maquiavelo ahora, que vernos más adelante como Boabdil el último emir Nazarí de Granada a quien, según la leyenda, su propia madre le increpó, en enero de 1492, que dejara de llorar como mujer lo que no había sabido defender como hombre.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?