Análisis Noticiosos
Se imponen los esfuerzos de concertación con Haití
Por Juan Bolívar Díaz
El diálogo dominico-haitiano reiniciado esta semana con la reunión en Barahona de los dos presidentes de la isla se corresponde con una creciente convicción de que no hay mejor alternativa para solucionar los diferendos que afectan las relaciones entre las dos naciones de la isla.
Se requieren mayores esfuerzos para evitar que los radicales sembradores de odios y confrontaciones aborten la decisión del presidente Danilo Medina de reabrir el diálogo binacional, alentado en los últimos días por sectores empresariales, sociales y religiosos convencidos de que se impone la racionalidad en las relaciones binacionales.
Inicio de la distensión. La reunión del pasado martes 13 de los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly marca el inicio de la distensión diez semanas después que el Gobierno dominicano rechazara la mediación de la Organización de Estados Americanos en los diferendos migratorios entre los dos países.
La tensión se agravó a mediados de septiembre cuando el Gobierno haitiano dispuso que 23 productos de exportación dominicanos solo entren a su territorio por vía marítima o aérea.
La reunión se extendió por cerca de cuatro horas, durante las cuales se acordó la normalización de las relaciones diplomáticas. Haití nombrará nuevo embajador y el dominicano, Rubén Silié, retornará a Puerto Príncipe. Se pactó también abordar las relaciones comerciales en un plazo de 15 días, dentro del cual habría una reunión de ministros y directores de aduanas. El Presidente dominicano quedó invitado a Puerto Príncipe, dependiendo del avance en las negociaciones.
Los más radicales se han alarmado porque en ese primer encuentro no se lograra el levantamiento de la restricción a las exportaciones dominicanas por tierra, algo muy difícil que ocurra antes de las elecciones presidenciales haitianas programadas para el próximo domingo 25, ya que allá, como aquí, la confrontación no está despojada de intencionalidad de lograr cohesión interna y apoyo político. Podría depender de cómo le vaya al candidato que apoya el presidente Martelly y si hay segunda votación el 27 de diciembre.
Habrá que negociar. Los haitianos están conscientes de haber tocado un punto sensible para los dominicanos, como es el comercio, en el cual ellos solo pueden aspirar a reducir desventajas, poniendo en vigencia un acuerdo previo sobre cuestiones aduanales, al que se comprometieron, o buscando mayores recaudaciones de unas exportaciones dominicanas que en lo formal montaron a unos 1,400 millones de dólares el año pasado, y otros tres o cuatrocientos millones más en la informalidad de los mercados binacionales.
Los empresarios de Haití han dado firme apoyo a las restricciones al comercio dominicano, por un lado alentados por intereses propios de importaciones de otros mercados y por interés de que los dominicanos compensen la enorme disparidad, pues ellos solo vendieron al país el año pasado por unos 10 millones de dólares en el mercado formal. Se conocen quejas por restricciones a productos haitianos como rones y cervezas que podrían tener mercado en el país, en particular entre los inmigrantes haitianos.
Tampoco se puede ignorar que entre las peticiones haitianas acogidas en la reunión del martes 13 figuró la de una “mayor ponderación” en las repatriaciones de inmigrantes. Han reclamado la revisión de un protocolo para las deportaciones acordado en 1991, lo que ha rechazado el Gobierno dominicano, atado al discurso soberanista, adoptado por gran parte de los funcionarios y el partido de Gobierno y de la opinión pública nacional.
En cualquier caso era iluso pretender que la restricción a las exportaciones fuera levantada tan simplemente en una reunión cumbre, sin previas negociaciones, aunque el mandatario haitiano deleitara a los concurrentes con su histrionismo de cantante popular.
No pelear con buen cliente. Recientemente Juan Vicini Lluberes, uno de los promotores del Consejo Económico Binacional Quisqueya, que planifica multimillonarias inversiones en la frontera, lanzó la toalla a las autoridades de Haití, al expresar su comprensión de que ellas pretendan mayores recaudaciones de un comercio tan favorable a los dominicanos. Y esta semana otro gran empresario, Pepín Corripio, advirtió que “no es inteligente pelearse con un buen cliente”.
Aunque visualiza las limitaciones políticas, y considera desafortunada la restricción haitiana, Corripio plantea que “la única solución, para no ser utópico, a pesar de que hay oposición a ello, es seguir hablando con el Gobierno haitiano para que nos digan qué es lo que verdaderamente quieren”, consciente de que en toda negociación hay concesiones.
Fuentes bien informadas aseguran que el presidente Medina entiende la necesidad de retomar el diálogo con Haití por encima de la algarabía de los radicales nacionalistas que pregonan la confrontación. El escenario internacional también lo recomienda. La próxima semana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebra aquí un evento sobre integración regional, sin que garantizaran la participación de la Comunidad de Estados Caribeños (CARICOM) que reúne 14 países, incluyendo a Haití.
Para tener éxito cuando en enero el país asuma la presidencia de la CELAC, habrá que mejorar las relaciones con el bloque caribeño, lo que pasa por un diálogo constructivo con Haití. Más porque en mayo sesionará aquí la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.
La Iglesia alienta el diálogo. Inspirados en la exhortación que les hizo el Papa Francisco en su reunión de mayo pasado, los obispos dominicanos vienen asumiendo la defensa del diálogo y la solidaridad entre los dos países de la isla. Primero lo hizo la Comisión de Pastoral Migratoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, luego los obispos de Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, Freddy Bretón, Fausto Mejía y José Dolores Grullón.
Esta misma semana se produjo un encuentro de dos días entre los obispos dominicanos y haitianos de las diócesis fronterizas, tres de cada lado y sus responsables de pastoral migratoria, que concluyó bendiciendo la reunión de los presidentes Medina y Martelly, “aguardando extenderles el saludo a medida que los dos países fructifiquen en el justo diálogo bilateral con respeto mutuo y sin injerencia foránea”.
El editorial del periódico católico Camino de este domingo extendió un manto de amparo a la cumbre presidencial del martes, proclamando que “llega en un momento oportuno, para evitar que sigamos alimentando el desencuentro y el odio, cuando lo esencial es aprender a convivir con respeto buscando alternativas que permitan a cada nación crecer…”. Con relación al encuentro de los obispos fronterizos, el periódico del Episcopado expresó su esperanza de que “sirva de ejemplo” a los sectores políticos binacionales “para que comprendan que juntos podemos encontrar salidas esperanzadoras a los problemas que padecen ambas naciones”.
Mientras tanto entre consorcios de organizaciones sociales e intelectuales de ambos países se encaminan esfuerzos buscando aislar la confrontación para que predomine el entendimiento entre las dos naciones de la isla.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.