Opinión
¿Cuánto nos cuesta administrar el Estado?
Por Andrés L. Mateo
Hablar de la administración del Estado en la sociedad dominicana es ante todo el advenimiento de lo absurdo. El Estado está en todas partes y en todos los sitios tiene usufructuarios. Sonríe siempre, ante él se tropieza con un muro de silencio, y es portador de una agresiva y engreída manera de no ser. El Estado somos todos, pero es lo que siempre olvidamos; una extraña fatalidad; el eterno ausente, el pateado (“como una adolescente en las caderas”-diría Pedro Mir-), el saqueado, nuestro crimen y nuestro remordimiento. Sobre el Estado se han encaramado los demagogos y dirigentes de nuestra larga historia de padecimientos históricos.
Es desde el Estado que todos los relatos de nuestros “líderes” han prometido empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso. En suma, no es difícil comprender los orígenes de las inesperadas miserias que nos desgarran, el recelo y la dificultad de construir instituciones, las andrajosas posturas de quienes nos han gobernado. Su objetivo ha sido siempre saquear el Estado, prostituir cualquier proyecto de pacto social, y apropiarse de la riqueza pública.
¿Ahora mismo, en los últimos doce años de gobiernos del PLD, cuánto nos ha costado la administración del Estado? ¿Qué cantidad de recursos invierte el país en esos “dirigentes” que manejan la cosa pública? ¿Cuánto vale un “líder”, cuánto nos cuesta un Ministro, un Administrador, un Director General, un dirigente medio del partido? ¿Cuántos millones suman diputados y senadores por su inútil esfuerzo de “legislar”? ¿A cuánto se remonta el costo del “glamour” de un Presidente que es lo más próximo a un Emperador? ¿Por cuánto salió la compra de senadores y diputados para la aprobación de la reelección? ¿Qué costo social tienen los pactos políticos que prolongan la “gobernabilidad”? ¿Por cuánto nos salen “El querido” y su segunda base, “Putico”, “La que no coje corte”, “Peggy”, “El sangrú”, Luis “El gallo”, el “otro gallo” de Inespre, “El curita”, del PTD; “El marqués del barrilito”, “El brujo Temo-cho”, “El Judas” diplomático, la “dama Vuitton”, el “bello Abel y su calendario”, Las “Mega-divas” y sus nalgas postizas, el hijo del gordo en la Lotería, y el gordo mismo hijo del líder máximo del PRD; Quique y su BNV, la cara de mármol de Frank Soto y la risa de hiena de Félix Bautista, el reloj de seis millones de Díaz Rúa, los sombreros de Margarita, los Tucanos y el senador mafioso, las habichuelas con dulce de los diputados, las “comisiones” del Senado y los viajes de Prim Pujals, los “negocios” de Miguel Vargas, las residencias de los Mogotes de los Ministros y exministros, los apartamentos de la corrupción que construyó Alma Fernández para dirigentes del partido en la avenida Luperón; los más de veintiocho mil militantes del partido que cobran las nominillas A y B prorrateadas en todos los ministerios, y el elevado volumen de la corrupción; en definitiva, el Estado dominicano es una mula (¿La Mañosa, la de Juan Bosch?) que soporta una carga descomunal, al que exprimen sin piedad los “líderes” del partido de gobierno, y sus aliados; y hasta ciertos sectores de la “oposición”.
Además, como ocurre siempre con toda burocracia política, la moral cerrada y el culto mágico al “secreto de Estado” han hecho que los asuntos públicos sean territorio de los Dioses. Es por ello que Danilo Medina no habla, y es por ello que el “filántropo” de José Ramón Peralta únicamente cuchichea.
Si este fuera un país letrado, si sus intelectuales no hubieran renunciado a ser “la conciencia crítica de su pueblo”, si la moral de algunos “boschistas” no se hubiera viciado por la docilidad del poder, si todos nuestros inexpresados conflictos de pronto se grabaran en la mente de los más humildes, y se hiciera la luz respecto de la felicidad ciudadana que se roban los políticos dominicanos que asaltan el Estado; de seguro que el pueblo los echaría a patadas, de seguro que dejaríamos de ser una sociedad balbuciente y un pueblo enmarañado; y desplegaríamos una gran avidez por dejar de ser lo que somos.
Hace poco la presidenta de la Cámara de Cuentas se le zafó una despiadada filosofía a secas: “Con lo que se roba en el Estado dominicano se podría construir otro país”- dijo, y se le cayó el mentón, y le entró una súbita discordia en los ojos. ¡Hasta cuándo, Dios!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.