Análisis Noticiosos
Últimas encuestas arrojan incertidumbres políticas
Por Juan Bolívar Díaz
Las últimas encuestas muestran una clara tendencia a la bipolarización, con una progresiva reducción de las preferencias por el presidente Danilo Medina y el ascenso de Luis Abinader de cara a los comicios nacionales del 15 de mayo, determinando mayores presiones sobre los alternativos para que pacten y eviten ser absorbidos.
La desproporcionada reacción del partido gobernante ante la encuesta Gallup-HOY adelanta una ofensiva para invertir la tendencia que beneficia a la oposición, teniendo principal objetivo reducir las tensiones en su máximo liderazgo y superar sus múltiples conflictos por las candidaturas congresuales y municipales.
Una clara bipolarización. La tendencia que reflejan las encuestas publicadas en enero pasado marca una progresiva bipolarización, con el presidente Danilo Medina en baja y el opositor Luis Abinader subiendo de cara a las elecciones del 15 de mayo, lo que parece haber disipado las certidumbres del año pasado.
Todavía la encuesta Mark Penn-SIN, primera del año, realizada del 6 al 10 de enero, ratificaba una ventaja de 30 puntos (57-27) para la reelección, pero luego otras seis del mismo mes parecieron diluir las certidumbres, al punto que ahora se habla de la posibilidad de que se repita la doble vuelta electoral, que solo se ha dado en el país en el 1996.
La que causó mayor impacto, por el crédito que se le otorga, fue la Gallup-HOY, que esta semana dejó al candidato de la coalición de unas catorce organizaciones políticas que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) gobernante con apenas 1.8 por ciento sobre la mayoría absoluta, aunque con ventaja de 16 puntos sobre Abinader, postulado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otros cuatro. El resultado de 51.8 a 35.7, con 4.3 por ciento para Guillermo Moreno, candidato de Alianza País, configura, como en el 2012, un claro escenario bipolar.
La encuesta ASISA, cuyo patrocinio se ha atribuido por años al PLD, se había adelantado con 55-39-3 para los tres punteros. Cabrera y Asociados, una de las primeras encuestadoras del país, que estaría trabajando a Abinader, arrojó 53-41-5. La que sin duda investiga para este, la del Centro Económico del Cibao no se ha publicado este año, pero se supo que arrojó un balance bastante cercano al de Gallup.
La CIES International bajó a Medina a 49 con Abinader en 37. La firma mexicana Votia debutó aquí con el resultado más apretado 46-41-3, con dos por ciento para Minou Tavárez y la norteamericana New Link, para Telesistema Dominicano, marcó 50-34-7-3.
¿Hacia una doble vuelta? Las tendencias que indican las encuestas son muy tomadas en cuenta por los analistas, y en la serie de enero fueron muy acentuadas en la reducción de Medina que los observadores apreciaban, y en el ascenso de Abinader, más significativo por tener como principal apoyo un partido que apenas cumplió un año de constituido, y que no ha estado exento de dificultades, en la elección de candidatos congresuales y municipales.
Aún en la Penn-SIN que le marcó la mayor ventaja, las preferencias de Medina cayeron de 63 a 57 por ciento, mientras las de Abinader subían del 17 al 27, en relación a la anterior de julio del 2015. En Gallup-HOY se acentuó la doble tendencia, ya que en el mismo período el gobernante cae 11 puntos, de 63 a 52 por ciento, y el opositor sube 19, del 17 al 36 por ciento, para una movida de 30 puntos. Cabrera y Asociados registra una movilización de 33 puntos, 13 menos para Medina y 20 más para Abinader.
En julio del 2015, cuando las dos firmas más acreditadas encuestaron, ya Luis Abinader había sido electo candidato por el PRM y el Partido Humanista Dominicano. Danilo Medina había sido proclamado por el PLD y en junio había recibido el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano, reducido por la división que parió al PRM.
Alarma en el PLD. La rueda de prensa del secretario general del PLD, acompañado de tres ministros (Economía, Turismo y Medio Ambiente) y del director de Información Estratégica del Gobierno, apenas unas horas después que se publicara la encuesta Gallup-HOY, y los prepotentes reclamos a la encuestadora para que la justificara, mostraron la preocupación del oficialismo al día siguiente a la proclamación de su candidato presidencial.
Los peledeístas tienen razones adicionales para estar preocupados, como el profundo y prolongado conflicto entre sus dos principales líderes reflejado en el caótico intento de elegir apenas una docena de candidatos a diputados y medio centenar a alcaldías, cuyos resultados han generado divisiones en las cuatro mayores provincias, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Vega. Ya la repostulación total de los senadores y del 80 por ciento de los diputados y el 70 por ciento de los alcaldes, negando el derecho a ser elegido de miles, había desalentado su militancia.
Aunque respiraron con la presencia del expresidente Fernández en el acto de proclama de Medina, se supone que advirtieron, como los observadores, que el lenguaje gestual del presidente del partido no era alentador, como testimoniaron las fotos en las redes de Internet. Andrés L. Mateo lo retrató en su artículo: “Estaba aquí, pero no soy yo”.
Desde luego que Danilo conserva aún ventajas para ganar, y que tratarán de incrementarlas con los recursos del poder que con tanta efectividad han utilizado, especialmente en la última presidencial, cuando el Gobierno gastó más de 150 mil millones de pesos fuera del presupuesto. El ministro de Medio Ambiente dijo en la rueda de prensa citada que buscarán los votos “por municipios y provincias y hasta debajo de las piedras”.
Desafío para la oposición. Las tendencias que marcan las encuestas suponen un desafío a la inteligencia política y capacidad de negociación para una oposición que persiste en ir dividida frente a una maquinaria de poder casi absoluto. Para Luis Abinader y el PRM es urgente superar los conflictos que le quedan en la escogencia de candidaturas y hacer un último esfuerzo para convencer a los alternativos Guillermo Moreno y Minou Tavárez, de una coalición siquiera en los niveles congresual y municipal.
Aún manteniendo sus candidaturas presidenciales, si un acuerdo implica el compromiso formal de que todos, bajo un programa de prioridades, apoyarán al que vaya a una eventual segunda vuelta, podrían despertar nuevas sinergias y alentar la ilusión de cambio político que también aumenta en las encuestas.
Un acuerdo de esa naturaleza sería bien beneficioso para los alternativos, que atraerían más votos de los sectores que quieren un cambio y no están suficientemente entusiasmados con el PRM, se podrían garantizar significativa representación congresual y hasta algunas alcaldías que pudieran convertir en modelo, y hasta sobrepasar el 5% que multiplica el financiamiento estatal. Pero también evadirían la tendencia a la tradicional bipolarización absoluta que ha mantenido en la insignificancia electoral a los grupos de izquierda y progresistas.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.