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Candidatos presidenciales explican planes sobre justicia y corrupción
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Cuatro candidatos a la Presidencia expusieron sus planes sobre la justicia y el combate a la corrupción. Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís); Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD); y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), coincidieron en que se debe nombrar jueces de carrera para tener una judicatura realmente independiente.
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Se comprometió a un “cambio constitucional que cambie y saque la mayoría mecánica que tiene el Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de la Magistratura”, a fin de lograr una recomposición de ese organismo.
Guillermo Moreno también prometió una reforma constitucional con el fin de impedir que un partido pueda tener el control absoluto de la judicatura, como a su juicio sucede en la actualidad.
“Hay que revolucionar ese Poder Judicial de arriba hacia abajo, y, en ese sentido, para eso se requirirá modificar la Constitución y de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros somos partidarios y que lo vamos a impulsar”, afirmó.
Luis Abinader abogó por personas verdaderamente independientes que administren justicia, y señaló que si se logra esa justicia, “la gente sentirá temor de esa justicia, porque sabe que si caen ahí, con méritos suficientes, irán a la cárcel los corruptos”.
De su lado, Pelegrín Castillo consideró que la justicia ordinaria no está en capacidad de administrar justicia, por lo que propuso crear jurisdicciones especiales con alcance nacional. “Eso implica especializar jueces y especializar al Ministerio Público, bien seleccionado con un estatuto muy protegido para que puedan enfrentar el fenómeno del crimen organizado”, alegó.
Guillermo Moreno propuso que el nombramiento del Ministerio Público se haga por ternas que someta la sociedad civil, a fin de que el Procurador General pueda estructurar un Ministerio Público independiente. En ese sentido, aclaró que el Poder Ejecutivo podría designar al Procurador General, pero de ternas aportadas por los órganos de la sociedad civil.
Luis Abinader, del PRM, dijo estar comprometido con un Ministerio Público independiente, integrado por personas honestas y capaces, para cambiar la percepción actual de la justicia.
Precisó que si no se logra “una justicia verdaderamente independiente, la República Dominicana no se va a desarrollar nunca, no va a tener ni el desarrollo económico -porque los inversionistas no van a confiar en la justicia- y mucho menos el desarrollo humano y la representación que debe tener la sociedad en esos órganos”.
En tanto, el candidato de la FNP declaró la necesidad de un Ministerio Público fortalecido con los recursos necesarios para complementar la acción de la justicia. Asimismo, destacó la defensa de los ciudadanos, porque “el Ministerio Público tiene que jugar un papel no solamente de acusación, sino de protección mayor del ciudadano víctima de los criminales”.
Tavárez Mirabal declaró que el Procurador General no debe ser nombrado por el Presidente de la República, como tampoco los fiscales pueden ser designados porque sean parientes de un funcionario.
“Tiene necesariamente que respetarse la carrera del Ministerio Público que ha sido aprobada y que se ha convertido en algo que está ahí, pero con lo que no hay ninguna responsabilidad”, indicó.
En cuanto al combate a la corrupción, Pelegrín Castillo declaró que comenzará por el financiamiento de las campañas, ya que se convierten en “inversiones con tasas de retorno importantes”.
Prometió modificar los procedimientos de compra gubernamentales, incluyendo “los procedimientos de adjudicación de contratos y concesiones por unos mecanismos más estandarizados”.
Guillermo Moreno declaró que no se trata solo de castigar a los corruptos, sino también de recuperar lo robado del patrimonio público. Por eso dijo que abrirá una investigación de los casos de corrupción de los últimos veinte años, a fin de que los responsables paguen por su delito y se recupere lo sustraído.
Planteó, además, la creación de una Procuraduría General de Persecución de la Corrupción, con “el mismo rango del Procurador, pero independiente del Procurador, y que el titular de esa Procuraduría sea propuesto en ternas que sean propuestas por la sociedad civil”.
Por su parte, Tavárez Mirabal aseguró que, de llegar al poder, no juramentará a ningún funcionario que previamente no haya depositado su declaración jurada de bienes.
Agregó que hay que exigirles a “los funcionarios una rendición permanente de cuentas”.
Abinader garantizó que no permitirá ningún acto de corrupción, sin importar el partido que sea, y advirtió que el miembro del PRM que delinca, es “un gran traidor, no solamente al país sino también a nuestro partido”.
Prometió que nadie empañará su gobierno, porque “cualquier persona que vaya a cometer actos de corrupción, nosotros lo vamos a enfrentar, sea quien sea, para bien de la República Dominicana”.
Los candidatos también presentaron sus propuestas sobre el tema de la transparencia, en cuanto a licitaciones y compras públicas.
Luis Abinader declaró que tiene que haber un gobierno transparente, por lo que contempla establecer un solo organismo de licitación, según los niveles. Indicó que “debería de conocerse y estar digitalmente establecido y con acceso a la población, cualquier cheque, cualquier licitación”.
Pelegrín Castillo favoreció el uso de técnicas para que “las discusiones con los oferentes sean filmadas y grabadas, por separado”, y donde no sea necesaria la participación de los funcionarios. Esto, a su juicio, permitiría sopesar los pro y los contra de cada discusión.
Minou Tavárez Mirabal apostó al cumplimiento de la ley, enfatizando que “la cultura de la transparencia, la cultura de la sanción a la impunidad, tiene que construirse en cada espacio de poder, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado”.
Añadió que ese cumplimiento es importante para que los funcionario sepan que “si no se ajustan a esa conducta honesta y decente, van a ser no solo destituidos: van a ser sancionados”.
Por su parte, Guillermo Moreno señaló que las licitaciones y los concursos hay que hacerlos de forma transparente, para evitar que se conviertan en mecanismos de engaño y enriquecimiento.
Los aspirantes fueron entrevistados por los periodistas Huchi Lora y Diana Lora en el segundo de ocho programas de la serie “La Batalla por tu Voto”, que se transmite cada sábado de 7:00 a 8:00 p.m. por Telesistema 11.
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.