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Candidatos presidenciales explican planes sobre justicia y corrupción
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Cuatro candidatos a la Presidencia expusieron sus planes sobre la justicia y el combate a la corrupción. Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís); Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD); y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), coincidieron en que se debe nombrar jueces de carrera para tener una judicatura realmente independiente.
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Se comprometió a un “cambio constitucional que cambie y saque la mayoría mecánica que tiene el Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de la Magistratura”, a fin de lograr una recomposición de ese organismo.
Guillermo Moreno también prometió una reforma constitucional con el fin de impedir que un partido pueda tener el control absoluto de la judicatura, como a su juicio sucede en la actualidad.
“Hay que revolucionar ese Poder Judicial de arriba hacia abajo, y, en ese sentido, para eso se requirirá modificar la Constitución y de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros somos partidarios y que lo vamos a impulsar”, afirmó.
Luis Abinader abogó por personas verdaderamente independientes que administren justicia, y señaló que si se logra esa justicia, “la gente sentirá temor de esa justicia, porque sabe que si caen ahí, con méritos suficientes, irán a la cárcel los corruptos”.
De su lado, Pelegrín Castillo consideró que la justicia ordinaria no está en capacidad de administrar justicia, por lo que propuso crear jurisdicciones especiales con alcance nacional. “Eso implica especializar jueces y especializar al Ministerio Público, bien seleccionado con un estatuto muy protegido para que puedan enfrentar el fenómeno del crimen organizado”, alegó.
Guillermo Moreno propuso que el nombramiento del Ministerio Público se haga por ternas que someta la sociedad civil, a fin de que el Procurador General pueda estructurar un Ministerio Público independiente. En ese sentido, aclaró que el Poder Ejecutivo podría designar al Procurador General, pero de ternas aportadas por los órganos de la sociedad civil.
Luis Abinader, del PRM, dijo estar comprometido con un Ministerio Público independiente, integrado por personas honestas y capaces, para cambiar la percepción actual de la justicia.
Precisó que si no se logra “una justicia verdaderamente independiente, la República Dominicana no se va a desarrollar nunca, no va a tener ni el desarrollo económico -porque los inversionistas no van a confiar en la justicia- y mucho menos el desarrollo humano y la representación que debe tener la sociedad en esos órganos”.
En tanto, el candidato de la FNP declaró la necesidad de un Ministerio Público fortalecido con los recursos necesarios para complementar la acción de la justicia. Asimismo, destacó la defensa de los ciudadanos, porque “el Ministerio Público tiene que jugar un papel no solamente de acusación, sino de protección mayor del ciudadano víctima de los criminales”.
Tavárez Mirabal declaró que el Procurador General no debe ser nombrado por el Presidente de la República, como tampoco los fiscales pueden ser designados porque sean parientes de un funcionario.
“Tiene necesariamente que respetarse la carrera del Ministerio Público que ha sido aprobada y que se ha convertido en algo que está ahí, pero con lo que no hay ninguna responsabilidad”, indicó.
En cuanto al combate a la corrupción, Pelegrín Castillo declaró que comenzará por el financiamiento de las campañas, ya que se convierten en “inversiones con tasas de retorno importantes”.
Prometió modificar los procedimientos de compra gubernamentales, incluyendo “los procedimientos de adjudicación de contratos y concesiones por unos mecanismos más estandarizados”.
Guillermo Moreno declaró que no se trata solo de castigar a los corruptos, sino también de recuperar lo robado del patrimonio público. Por eso dijo que abrirá una investigación de los casos de corrupción de los últimos veinte años, a fin de que los responsables paguen por su delito y se recupere lo sustraído.
Planteó, además, la creación de una Procuraduría General de Persecución de la Corrupción, con “el mismo rango del Procurador, pero independiente del Procurador, y que el titular de esa Procuraduría sea propuesto en ternas que sean propuestas por la sociedad civil”.
Por su parte, Tavárez Mirabal aseguró que, de llegar al poder, no juramentará a ningún funcionario que previamente no haya depositado su declaración jurada de bienes.
Agregó que hay que exigirles a “los funcionarios una rendición permanente de cuentas”.
Abinader garantizó que no permitirá ningún acto de corrupción, sin importar el partido que sea, y advirtió que el miembro del PRM que delinca, es “un gran traidor, no solamente al país sino también a nuestro partido”.
Prometió que nadie empañará su gobierno, porque “cualquier persona que vaya a cometer actos de corrupción, nosotros lo vamos a enfrentar, sea quien sea, para bien de la República Dominicana”.
Los candidatos también presentaron sus propuestas sobre el tema de la transparencia, en cuanto a licitaciones y compras públicas.
Luis Abinader declaró que tiene que haber un gobierno transparente, por lo que contempla establecer un solo organismo de licitación, según los niveles. Indicó que “debería de conocerse y estar digitalmente establecido y con acceso a la población, cualquier cheque, cualquier licitación”.
Pelegrín Castillo favoreció el uso de técnicas para que “las discusiones con los oferentes sean filmadas y grabadas, por separado”, y donde no sea necesaria la participación de los funcionarios. Esto, a su juicio, permitiría sopesar los pro y los contra de cada discusión.
Minou Tavárez Mirabal apostó al cumplimiento de la ley, enfatizando que “la cultura de la transparencia, la cultura de la sanción a la impunidad, tiene que construirse en cada espacio de poder, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado”.
Añadió que ese cumplimiento es importante para que los funcionario sepan que “si no se ajustan a esa conducta honesta y decente, van a ser no solo destituidos: van a ser sancionados”.
Por su parte, Guillermo Moreno señaló que las licitaciones y los concursos hay que hacerlos de forma transparente, para evitar que se conviertan en mecanismos de engaño y enriquecimiento.
Los aspirantes fueron entrevistados por los periodistas Huchi Lora y Diana Lora en el segundo de ocho programas de la serie “La Batalla por tu Voto”, que se transmite cada sábado de 7:00 a 8:00 p.m. por Telesistema 11.
Santo Domingo, R.D.-Celso Juan Marranzini Esteva, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), aseguró que, más que “ansiedad” ante la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, en la República Dominicana predomina una preocupación normal que debe traducirse en medidas concretas para proteger la estabilidad económica.
Marranzini planteó que el país necesita equilibrar el presupuesto, mitigar los efectos inflacionarios y, al mismo tiempo, impulsar el dinamismo de la economía, en un escenario donde el alza de los combustibles presiona a consumidores, empresas y al propio Estado.
“Lo que existe es una preocupación normal que debe traducirse en enfoque y acción”, indicó, al insistir en que el momento requiere decisiones orientadas a sostener la actividad productiva sin descuidar la disciplina fiscal.
El presidente del CONEP también abogó por focalizar los subsidios y reorientar el gasto público, evitando que el gasto corriente continúe incrementándose como resultado de la acumulación de crisis recientes.
Marranzini subrayó, además, que para aliviar al sector privado se requiere reducir burocracia y permisología, facilitando tanto la inversión extranjera como la local, esta última —recordó— responsable de la mayor parte de la inversión en el país.
El dirigente empresarial advirtió que eliminar trabas y agilizar procesos ayudaría a evitar costos adicionales para la industria y a favorecer la actividad productiva, especialmente en un contexto de presiones externas sobre precios y costos operativos.
El presidente del CONEP, dijo que esperan que para la próxima reunión con el gobierno se presenten propuestas concretas y cuidar de que las medidas no queden de forma permanente.
«En la próxima reunión nosotros lo que esperamos ya es que se haga como una presentación de ideas, de medidas concretas para nosotros poder opinar al respecto», expresó Marranzini
El empresario fue enfático en una de las principales preocupaciones del sector: que las decisiones que se adopten para enfrentar la coyuntura actual no se vuelvan estructurales. «Hemos sido muy vocales diciendo que hay que cuidar que las medidas no queden de forma permanente, porque venimos ya de varios conflictos y lo que está en riesgo es aumentar más el gasto corriente», advirtió.
En esa línea, Marranzini llamó a focalizar los subsidios y «enfocar los cañones al manejo y a la mitigación de la crisis», subrayó.
Santo Domingo, R.D.-Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, advirtió que las lluvias continuarán debido a un sistema frontal y una vaguada sobre el territorio nacional.
“Las lluvias van a continuar. Tenemos un sistema frontal que se mantiene ahí estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada muy profunda que se manifiesta en todos los niveles de la tropósfera”, explicó.
Agregó que existe “mucha humedad, mucha inestabilidad atmosférica”, lo que provocará lluvias intensas especialmente en el norte y noreste del país, desplazándose hacia el este.
“Vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo, tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional”, advirtió.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 26 provincias en alerta amarilla y dos en verde, recordó su director, Juan Méndez García, al tiempo que llamó a la población a ser prudente.
“Es importante que la población en sentido general se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Evitar las imprudencia es sumamente importante para usted preservar su vida”, afirmó.
También alertó sobre conductas de riesgo. “Hemos visto situaciones que han desbordado el ánimo de las personas y es producto de algunas imprudencias cometida con persona cruzando ríos o lanzándose a los ríos para bañarse. Hay que evitar este tipo de situaciones”, añadió.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodriguez y las empresas Jurinvest Abogados SRL e Inversiones M, solicitaron ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la nulidad total del proceso judicial que enfrenta sus representado.
Según dijo, el proceso ha estado viciado desde antes de su inicio formal. El jurista recordó incidentes previos, como los intentos de salida del país de Alain Rodríguez, los cuales fueron impedidos sin que existiera una medida de coerción judicial previa.
“Se está jugando con la dignidad y la presunción de inocencia de las personas. El Código establece un cerco para que la información en el marco de la investigación no sea debatida en la prensa”, afirmó el abogado.
La defensa argumenta que la exposición mediática de datos sensibles genera un «proceso paralelo» con consecuencias devastadoras, ya que los señalados llegan al tribunal con una condena social previa. Sostienen que los magistrados podrían verse influenciados por la presión mediática y la opinión pública antes de evaluar las pruebas en estrado.
Asimismo, el abogado sostuvo que la filtración constante «corroe de manera permanente» el derecho fundamental a ser tratado como inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Para sustentar su postura, De los Santos Coll presentó ante el tribunal jurisprudencia de cinco tribunales latinoamericanos que han dictado la nulidad de acusaciones debido a filtraciones a la prensa y ocultamiento de pruebas.
Aunque el jurista reconoció que no es común obtener este tipo de decisiones en la jurisdicción local, enfatizó que la ley lo ampara.
«Aspiramos a que algún día se rinda una decisión responsable hacia el futuro. Lo que pasa es que no es fácil asumir esa responsabilidad desde el ámbito jurisdiccional», acotó.