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Candidatos presidenciales explican planes sobre justicia y corrupción
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Cuatro candidatos a la Presidencia expusieron sus planes sobre la justicia y el combate a la corrupción. Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís); Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD); y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), coincidieron en que se debe nombrar jueces de carrera para tener una judicatura realmente independiente.
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Se comprometió a un “cambio constitucional que cambie y saque la mayoría mecánica que tiene el Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de la Magistratura”, a fin de lograr una recomposición de ese organismo.
Guillermo Moreno también prometió una reforma constitucional con el fin de impedir que un partido pueda tener el control absoluto de la judicatura, como a su juicio sucede en la actualidad.
“Hay que revolucionar ese Poder Judicial de arriba hacia abajo, y, en ese sentido, para eso se requirirá modificar la Constitución y de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros somos partidarios y que lo vamos a impulsar”, afirmó.
Luis Abinader abogó por personas verdaderamente independientes que administren justicia, y señaló que si se logra esa justicia, “la gente sentirá temor de esa justicia, porque sabe que si caen ahí, con méritos suficientes, irán a la cárcel los corruptos”.
De su lado, Pelegrín Castillo consideró que la justicia ordinaria no está en capacidad de administrar justicia, por lo que propuso crear jurisdicciones especiales con alcance nacional. “Eso implica especializar jueces y especializar al Ministerio Público, bien seleccionado con un estatuto muy protegido para que puedan enfrentar el fenómeno del crimen organizado”, alegó.
Guillermo Moreno propuso que el nombramiento del Ministerio Público se haga por ternas que someta la sociedad civil, a fin de que el Procurador General pueda estructurar un Ministerio Público independiente. En ese sentido, aclaró que el Poder Ejecutivo podría designar al Procurador General, pero de ternas aportadas por los órganos de la sociedad civil.
Luis Abinader, del PRM, dijo estar comprometido con un Ministerio Público independiente, integrado por personas honestas y capaces, para cambiar la percepción actual de la justicia.
Precisó que si no se logra “una justicia verdaderamente independiente, la República Dominicana no se va a desarrollar nunca, no va a tener ni el desarrollo económico -porque los inversionistas no van a confiar en la justicia- y mucho menos el desarrollo humano y la representación que debe tener la sociedad en esos órganos”.
En tanto, el candidato de la FNP declaró la necesidad de un Ministerio Público fortalecido con los recursos necesarios para complementar la acción de la justicia. Asimismo, destacó la defensa de los ciudadanos, porque “el Ministerio Público tiene que jugar un papel no solamente de acusación, sino de protección mayor del ciudadano víctima de los criminales”.
Tavárez Mirabal declaró que el Procurador General no debe ser nombrado por el Presidente de la República, como tampoco los fiscales pueden ser designados porque sean parientes de un funcionario.
“Tiene necesariamente que respetarse la carrera del Ministerio Público que ha sido aprobada y que se ha convertido en algo que está ahí, pero con lo que no hay ninguna responsabilidad”, indicó.
En cuanto al combate a la corrupción, Pelegrín Castillo declaró que comenzará por el financiamiento de las campañas, ya que se convierten en “inversiones con tasas de retorno importantes”.
Prometió modificar los procedimientos de compra gubernamentales, incluyendo “los procedimientos de adjudicación de contratos y concesiones por unos mecanismos más estandarizados”.
Guillermo Moreno declaró que no se trata solo de castigar a los corruptos, sino también de recuperar lo robado del patrimonio público. Por eso dijo que abrirá una investigación de los casos de corrupción de los últimos veinte años, a fin de que los responsables paguen por su delito y se recupere lo sustraído.
Planteó, además, la creación de una Procuraduría General de Persecución de la Corrupción, con “el mismo rango del Procurador, pero independiente del Procurador, y que el titular de esa Procuraduría sea propuesto en ternas que sean propuestas por la sociedad civil”.
Por su parte, Tavárez Mirabal aseguró que, de llegar al poder, no juramentará a ningún funcionario que previamente no haya depositado su declaración jurada de bienes.
Agregó que hay que exigirles a “los funcionarios una rendición permanente de cuentas”.
Abinader garantizó que no permitirá ningún acto de corrupción, sin importar el partido que sea, y advirtió que el miembro del PRM que delinca, es “un gran traidor, no solamente al país sino también a nuestro partido”.
Prometió que nadie empañará su gobierno, porque “cualquier persona que vaya a cometer actos de corrupción, nosotros lo vamos a enfrentar, sea quien sea, para bien de la República Dominicana”.
Los candidatos también presentaron sus propuestas sobre el tema de la transparencia, en cuanto a licitaciones y compras públicas.
Luis Abinader declaró que tiene que haber un gobierno transparente, por lo que contempla establecer un solo organismo de licitación, según los niveles. Indicó que “debería de conocerse y estar digitalmente establecido y con acceso a la población, cualquier cheque, cualquier licitación”.
Pelegrín Castillo favoreció el uso de técnicas para que “las discusiones con los oferentes sean filmadas y grabadas, por separado”, y donde no sea necesaria la participación de los funcionarios. Esto, a su juicio, permitiría sopesar los pro y los contra de cada discusión.
Minou Tavárez Mirabal apostó al cumplimiento de la ley, enfatizando que “la cultura de la transparencia, la cultura de la sanción a la impunidad, tiene que construirse en cada espacio de poder, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado”.
Añadió que ese cumplimiento es importante para que los funcionario sepan que “si no se ajustan a esa conducta honesta y decente, van a ser no solo destituidos: van a ser sancionados”.
Por su parte, Guillermo Moreno señaló que las licitaciones y los concursos hay que hacerlos de forma transparente, para evitar que se conviertan en mecanismos de engaño y enriquecimiento.
Los aspirantes fueron entrevistados por los periodistas Huchi Lora y Diana Lora en el segundo de ocho programas de la serie “La Batalla por tu Voto”, que se transmite cada sábado de 7:00 a 8:00 p.m. por Telesistema 11.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.