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Candidatos presidenciales explican planes sobre justicia y corrupción
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Cuatro candidatos a la Presidencia expusieron sus planes sobre la justicia y el combate a la corrupción. Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Guillermo Moreno, de Alianza País (AlPaís); Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia (APD); y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), coincidieron en que se debe nombrar jueces de carrera para tener una judicatura realmente independiente.
Tavárez Mirabal aseguró que tiene la voluntad política para nombrar solo jueces de carrera, aunque la Constitución permita también el nombramiento de jueces que no sean de carrera.
Se comprometió a un “cambio constitucional que cambie y saque la mayoría mecánica que tiene el Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de la Magistratura”, a fin de lograr una recomposición de ese organismo.
Guillermo Moreno también prometió una reforma constitucional con el fin de impedir que un partido pueda tener el control absoluto de la judicatura, como a su juicio sucede en la actualidad.
“Hay que revolucionar ese Poder Judicial de arriba hacia abajo, y, en ese sentido, para eso se requirirá modificar la Constitución y de una nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que nosotros somos partidarios y que lo vamos a impulsar”, afirmó.
Luis Abinader abogó por personas verdaderamente independientes que administren justicia, y señaló que si se logra esa justicia, “la gente sentirá temor de esa justicia, porque sabe que si caen ahí, con méritos suficientes, irán a la cárcel los corruptos”.
De su lado, Pelegrín Castillo consideró que la justicia ordinaria no está en capacidad de administrar justicia, por lo que propuso crear jurisdicciones especiales con alcance nacional. “Eso implica especializar jueces y especializar al Ministerio Público, bien seleccionado con un estatuto muy protegido para que puedan enfrentar el fenómeno del crimen organizado”, alegó.
Guillermo Moreno propuso que el nombramiento del Ministerio Público se haga por ternas que someta la sociedad civil, a fin de que el Procurador General pueda estructurar un Ministerio Público independiente. En ese sentido, aclaró que el Poder Ejecutivo podría designar al Procurador General, pero de ternas aportadas por los órganos de la sociedad civil.
Luis Abinader, del PRM, dijo estar comprometido con un Ministerio Público independiente, integrado por personas honestas y capaces, para cambiar la percepción actual de la justicia.
Precisó que si no se logra “una justicia verdaderamente independiente, la República Dominicana no se va a desarrollar nunca, no va a tener ni el desarrollo económico -porque los inversionistas no van a confiar en la justicia- y mucho menos el desarrollo humano y la representación que debe tener la sociedad en esos órganos”.
En tanto, el candidato de la FNP declaró la necesidad de un Ministerio Público fortalecido con los recursos necesarios para complementar la acción de la justicia. Asimismo, destacó la defensa de los ciudadanos, porque “el Ministerio Público tiene que jugar un papel no solamente de acusación, sino de protección mayor del ciudadano víctima de los criminales”.
Tavárez Mirabal declaró que el Procurador General no debe ser nombrado por el Presidente de la República, como tampoco los fiscales pueden ser designados porque sean parientes de un funcionario.
“Tiene necesariamente que respetarse la carrera del Ministerio Público que ha sido aprobada y que se ha convertido en algo que está ahí, pero con lo que no hay ninguna responsabilidad”, indicó.
En cuanto al combate a la corrupción, Pelegrín Castillo declaró que comenzará por el financiamiento de las campañas, ya que se convierten en “inversiones con tasas de retorno importantes”.
Prometió modificar los procedimientos de compra gubernamentales, incluyendo “los procedimientos de adjudicación de contratos y concesiones por unos mecanismos más estandarizados”.
Guillermo Moreno declaró que no se trata solo de castigar a los corruptos, sino también de recuperar lo robado del patrimonio público. Por eso dijo que abrirá una investigación de los casos de corrupción de los últimos veinte años, a fin de que los responsables paguen por su delito y se recupere lo sustraído.
Planteó, además, la creación de una Procuraduría General de Persecución de la Corrupción, con “el mismo rango del Procurador, pero independiente del Procurador, y que el titular de esa Procuraduría sea propuesto en ternas que sean propuestas por la sociedad civil”.
Por su parte, Tavárez Mirabal aseguró que, de llegar al poder, no juramentará a ningún funcionario que previamente no haya depositado su declaración jurada de bienes.
Agregó que hay que exigirles a “los funcionarios una rendición permanente de cuentas”.
Abinader garantizó que no permitirá ningún acto de corrupción, sin importar el partido que sea, y advirtió que el miembro del PRM que delinca, es “un gran traidor, no solamente al país sino también a nuestro partido”.
Prometió que nadie empañará su gobierno, porque “cualquier persona que vaya a cometer actos de corrupción, nosotros lo vamos a enfrentar, sea quien sea, para bien de la República Dominicana”.
Los candidatos también presentaron sus propuestas sobre el tema de la transparencia, en cuanto a licitaciones y compras públicas.
Luis Abinader declaró que tiene que haber un gobierno transparente, por lo que contempla establecer un solo organismo de licitación, según los niveles. Indicó que “debería de conocerse y estar digitalmente establecido y con acceso a la población, cualquier cheque, cualquier licitación”.
Pelegrín Castillo favoreció el uso de técnicas para que “las discusiones con los oferentes sean filmadas y grabadas, por separado”, y donde no sea necesaria la participación de los funcionarios. Esto, a su juicio, permitiría sopesar los pro y los contra de cada discusión.
Minou Tavárez Mirabal apostó al cumplimiento de la ley, enfatizando que “la cultura de la transparencia, la cultura de la sanción a la impunidad, tiene que construirse en cada espacio de poder, del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado”.
Añadió que ese cumplimiento es importante para que los funcionario sepan que “si no se ajustan a esa conducta honesta y decente, van a ser no solo destituidos: van a ser sancionados”.
Por su parte, Guillermo Moreno señaló que las licitaciones y los concursos hay que hacerlos de forma transparente, para evitar que se conviertan en mecanismos de engaño y enriquecimiento.
Los aspirantes fueron entrevistados por los periodistas Huchi Lora y Diana Lora en el segundo de ocho programas de la serie “La Batalla por tu Voto”, que se transmite cada sábado de 7:00 a 8:00 p.m. por Telesistema 11.
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.