Análisis Noticiosos
Grave deterioro democrático en los pactos y candidaturas
Por Juan bolívar Díaz
El proceso de alianzas y elección de candidaturas para las elecciones generales de mayo ha dejado al descubierto el deterioro de los mecanismos y la institucionalidad democrática de los partidos predominantes, con un balance de tres muertos y varios heridos en un festival de arrebatos y de enorme inversión económica hasta por las regidurías.
La negativa de los partidos dominantes a actualizar la legislación electoral y las normativas para garantizar mecanismos democráticos ha generado un mercado donde las ambiciones y el poder del dinero han ridiculizado los organismos internos, por lo que se espera una lluvia de impugnaciones al cierre del registro de candidaturas el miércoles 16.
La tragedia del viernes. El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Mateo Aquino Febrillet, candidato a senador de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ocurrida el viernes tras mediar en una confrontación entre dos aspirantes a diputados, es una trágica muestra del retroceso de los mecanismos democráticos y del pandillerismo político que se ha impuesto en los partidos.
Por las circunstancias que rodean el caso, por la personalidad de la víctima, un académico apacible que apenas subía la voz, y por el involucramiento del principal dirigente de la poderosa Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), el acontecimiento tiene gran relevancia y sacude el partidarismo político. Es significativo que involucra a dos aliados electorales del PRM que se disputaban, para seguidores suyos, una candidatura a regidor por el municipio de Cambita, según ha trascendido.
Aquino Febrillet es la tercera persona que muere en las luchas por las candidaturas, ya que a mediados de diciembre dos militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron muertos en Santiago y Barahona por compañeros de partido durante una jornada de votación para candidatos a regidores y directores municipales, y de algunos para diputados y alcaldías.
Esa violencia retrotrae las luchas políticas a décadas, con el agravante de que ahora ocurre entre los propios compañeros de partido y aliados desaforados por la falta de mecanismos internos para arbitrar las ambiciones, por la debilidad de las normativas, la parcialidad de los órganos judiciales y electorales, así como por la impunidad que rige los delitos electorales.
Lloverán impugnaciones. Los partidos llegan al límite, el miércoles 16 para inscribir a más de 4 mil 100 candidatos para presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, alcaldes y regidores municipales y directores de distritos municipales. Los mayoritarios con múltiples disensiones internas y los alternativos sin haber podido completar sus listas por falta de recursos y escasa militancia.
Las comisiones electorales del PRM y el PLD fueron sobrepasadas por las ambiciones desaforadas de los precandidatos, y tanto la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, como el exsecretario general del PLD Lidio Cadet, que las presidían, terminaron casi declarándose impotentes para resolver muchos conflictos. Las mercantiles negociaciones de alianzas agravó la situación, relegando los mecanismos democráticos de elección en el mejor de los casos a encuestas, lo que pone en jaque las estructuras orgánicas de los partidos. En múltiples casos las decisiones finales han ido a parar a las comisiones políticas y hasta a los mismos candidatos presidenciales.
En privado, el candidato presidencial del PRM Luis Abinader ha deplorado una situación que le causa agobio y le distrae la atención de su campaña por la presidencia de la República. Los conflictos por candidaturas se han concentrado en los mayores municipios, como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, Santiago, San Cristóbal y La Vega y en algunos casos han generado instancias judiciales. La comisión electoral del PLD habría recibido cientos de impugnaciones, muchas de las cuales no pudo dilucidar, remitiendo las decisiones al Comité Político. En ambos partidos se teme una lluvia de impugnaciones tras el registro de candidaturas. En el PRM puede ser peor, porque no cuenta con los recursos del poder estatal para dar “compensaciones a los perdedores”.
Degeneración desde 2010. El proceso degenerativo de la democracia interna en los partidos se inició en las anteriores elecciones congresuales y municipales, en el 2010, incentivado porque la reforma constitucional de ese año le extendió el período de cuatro a seis años. En los comicios del 2002 y 2006 casi todas las candidaturas legislativas y municipales fueron escogidas por elección primaria observadas por Participación Ciudadana.
Para el 2010, ya instaurados los “barrilitos y cofrecitos” que fortalecen el clientelismo político, fueron repostulados y reelectos casi todos, el 84 por ciento de los senadores (27 de los 32), el 74 por ciento de los diputados (131 de 178) y el 58 por ciento de los alcaldes (90 de 155. Trece partidos se aliaron al PLD y 7 con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Otros cuatro partidos llevaron candidaturas. En el PRD y el PLD hubo convenciones para elegir, pero una gran proporción fueron señalados de dedo por las cúpulas dirigenciales. En el tercer partido, el Reformista Social Cristiano, todos los candidatos fueron fruto de “acuerdos de aposento”.
La quiebra de la democracia interna de los partidos incrementó el transfuguismo, creó una casta de candidatos y multiplicó las impugnaciones. Al cierre de las inscripciones de candidaturas se produjeron decenas de recursos ante la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, que no daba abasto. Conoció 24 recursos de amparo antes del cierre y más de 50 posteriormente. El PRD terminó postulando a 13 peledeístas y reformistas para diputados y a dos para senadores. El PLD postuló a 3 perredeístas, incluyendo a figuras relevantes como Rafael Calderón que ganaría por Azua, mientras el PRD se quedaba con la alcaldía de Santiago con el peledeísta Gilberto Serulle.
Ahora repostulación total. Para las próximas elecciones se impuso la repostulación total en casi todos los casos al margen de los procedimientos democráticos. Todo comenzó en mayo pasado con la perversión del Congreso Nacional, cuando más de la mitad de los legisladores del PLD y los bloques completos del PRD y el PRSC fueron “persuadidos” para votar una reforma constitucional que permitiera la repostulación del presidente Danilo Medina.
Entre otras compensaciones se acordó la “reelección total” de senadores y diputados y se produjo la insólita alianza que llevó al partido más votado en las presidenciales del 2012, el PRD, a la cola del de gobierno, sin que se haya precisado a cambio de qué, ya que no tienen ni un senador y el voto preferencial no permite garantizar curules de diputados a los aliados. Para colmo, en los grandes municipios controlados por el PRD, como Santo Domingo Norte y Santiago, no hay repostulación. En principio se incluyó al PRSC en un triple e histórico pacto, pero cuando no les dieron suficientes cargos, se aliaron al PRM y ahora van contra la reelección presidencial que facilitaron.
En el PLD miles de dirigentes y militantes que durante años invirtieron millones de pesos promoviéndose para senadores, diputados y alcaldes se vieron frustrados, lo que ha generado crisis en provincias y municipios, agravada por la exacerbación de la lucha entre los seguidores del presidente Medina y el expresidente Leonel Fernández, que debilita las estructuras partidarias. A muchos de ellos ha habido que compensarles devolviéndole lo invertido, en efectivo y a través de compras y contrataciones gubernamentales.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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