Análisis Noticiosos
Grave deterioro democrático en los pactos y candidaturas
Por Juan bolívar Díaz
El proceso de alianzas y elección de candidaturas para las elecciones generales de mayo ha dejado al descubierto el deterioro de los mecanismos y la institucionalidad democrática de los partidos predominantes, con un balance de tres muertos y varios heridos en un festival de arrebatos y de enorme inversión económica hasta por las regidurías.
La negativa de los partidos dominantes a actualizar la legislación electoral y las normativas para garantizar mecanismos democráticos ha generado un mercado donde las ambiciones y el poder del dinero han ridiculizado los organismos internos, por lo que se espera una lluvia de impugnaciones al cierre del registro de candidaturas el miércoles 16.
La tragedia del viernes. El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Mateo Aquino Febrillet, candidato a senador de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ocurrida el viernes tras mediar en una confrontación entre dos aspirantes a diputados, es una trágica muestra del retroceso de los mecanismos democráticos y del pandillerismo político que se ha impuesto en los partidos.
Por las circunstancias que rodean el caso, por la personalidad de la víctima, un académico apacible que apenas subía la voz, y por el involucramiento del principal dirigente de la poderosa Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), el acontecimiento tiene gran relevancia y sacude el partidarismo político. Es significativo que involucra a dos aliados electorales del PRM que se disputaban, para seguidores suyos, una candidatura a regidor por el municipio de Cambita, según ha trascendido.
Aquino Febrillet es la tercera persona que muere en las luchas por las candidaturas, ya que a mediados de diciembre dos militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron muertos en Santiago y Barahona por compañeros de partido durante una jornada de votación para candidatos a regidores y directores municipales, y de algunos para diputados y alcaldías.
Esa violencia retrotrae las luchas políticas a décadas, con el agravante de que ahora ocurre entre los propios compañeros de partido y aliados desaforados por la falta de mecanismos internos para arbitrar las ambiciones, por la debilidad de las normativas, la parcialidad de los órganos judiciales y electorales, así como por la impunidad que rige los delitos electorales.
Lloverán impugnaciones. Los partidos llegan al límite, el miércoles 16 para inscribir a más de 4 mil 100 candidatos para presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, alcaldes y regidores municipales y directores de distritos municipales. Los mayoritarios con múltiples disensiones internas y los alternativos sin haber podido completar sus listas por falta de recursos y escasa militancia.
Las comisiones electorales del PRM y el PLD fueron sobrepasadas por las ambiciones desaforadas de los precandidatos, y tanto la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, como el exsecretario general del PLD Lidio Cadet, que las presidían, terminaron casi declarándose impotentes para resolver muchos conflictos. Las mercantiles negociaciones de alianzas agravó la situación, relegando los mecanismos democráticos de elección en el mejor de los casos a encuestas, lo que pone en jaque las estructuras orgánicas de los partidos. En múltiples casos las decisiones finales han ido a parar a las comisiones políticas y hasta a los mismos candidatos presidenciales.
En privado, el candidato presidencial del PRM Luis Abinader ha deplorado una situación que le causa agobio y le distrae la atención de su campaña por la presidencia de la República. Los conflictos por candidaturas se han concentrado en los mayores municipios, como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, Santiago, San Cristóbal y La Vega y en algunos casos han generado instancias judiciales. La comisión electoral del PLD habría recibido cientos de impugnaciones, muchas de las cuales no pudo dilucidar, remitiendo las decisiones al Comité Político. En ambos partidos se teme una lluvia de impugnaciones tras el registro de candidaturas. En el PRM puede ser peor, porque no cuenta con los recursos del poder estatal para dar “compensaciones a los perdedores”.
Degeneración desde 2010. El proceso degenerativo de la democracia interna en los partidos se inició en las anteriores elecciones congresuales y municipales, en el 2010, incentivado porque la reforma constitucional de ese año le extendió el período de cuatro a seis años. En los comicios del 2002 y 2006 casi todas las candidaturas legislativas y municipales fueron escogidas por elección primaria observadas por Participación Ciudadana.
Para el 2010, ya instaurados los “barrilitos y cofrecitos” que fortalecen el clientelismo político, fueron repostulados y reelectos casi todos, el 84 por ciento de los senadores (27 de los 32), el 74 por ciento de los diputados (131 de 178) y el 58 por ciento de los alcaldes (90 de 155. Trece partidos se aliaron al PLD y 7 con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Otros cuatro partidos llevaron candidaturas. En el PRD y el PLD hubo convenciones para elegir, pero una gran proporción fueron señalados de dedo por las cúpulas dirigenciales. En el tercer partido, el Reformista Social Cristiano, todos los candidatos fueron fruto de “acuerdos de aposento”.
La quiebra de la democracia interna de los partidos incrementó el transfuguismo, creó una casta de candidatos y multiplicó las impugnaciones. Al cierre de las inscripciones de candidaturas se produjeron decenas de recursos ante la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, que no daba abasto. Conoció 24 recursos de amparo antes del cierre y más de 50 posteriormente. El PRD terminó postulando a 13 peledeístas y reformistas para diputados y a dos para senadores. El PLD postuló a 3 perredeístas, incluyendo a figuras relevantes como Rafael Calderón que ganaría por Azua, mientras el PRD se quedaba con la alcaldía de Santiago con el peledeísta Gilberto Serulle.
Ahora repostulación total. Para las próximas elecciones se impuso la repostulación total en casi todos los casos al margen de los procedimientos democráticos. Todo comenzó en mayo pasado con la perversión del Congreso Nacional, cuando más de la mitad de los legisladores del PLD y los bloques completos del PRD y el PRSC fueron “persuadidos” para votar una reforma constitucional que permitiera la repostulación del presidente Danilo Medina.
Entre otras compensaciones se acordó la “reelección total” de senadores y diputados y se produjo la insólita alianza que llevó al partido más votado en las presidenciales del 2012, el PRD, a la cola del de gobierno, sin que se haya precisado a cambio de qué, ya que no tienen ni un senador y el voto preferencial no permite garantizar curules de diputados a los aliados. Para colmo, en los grandes municipios controlados por el PRD, como Santo Domingo Norte y Santiago, no hay repostulación. En principio se incluyó al PRSC en un triple e histórico pacto, pero cuando no les dieron suficientes cargos, se aliaron al PRM y ahora van contra la reelección presidencial que facilitaron.
En el PLD miles de dirigentes y militantes que durante años invirtieron millones de pesos promoviéndose para senadores, diputados y alcaldes se vieron frustrados, lo que ha generado crisis en provincias y municipios, agravada por la exacerbación de la lucha entre los seguidores del presidente Medina y el expresidente Leonel Fernández, que debilita las estructuras partidarias. A muchos de ellos ha habido que compensarles devolviéndole lo invertido, en efectivo y a través de compras y contrataciones gubernamentales.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.