Análisis Noticiosos
Grave deterioro democrático en los pactos y candidaturas
Por Juan bolívar Díaz
El proceso de alianzas y elección de candidaturas para las elecciones generales de mayo ha dejado al descubierto el deterioro de los mecanismos y la institucionalidad democrática de los partidos predominantes, con un balance de tres muertos y varios heridos en un festival de arrebatos y de enorme inversión económica hasta por las regidurías.
La negativa de los partidos dominantes a actualizar la legislación electoral y las normativas para garantizar mecanismos democráticos ha generado un mercado donde las ambiciones y el poder del dinero han ridiculizado los organismos internos, por lo que se espera una lluvia de impugnaciones al cierre del registro de candidaturas el miércoles 16.
La tragedia del viernes. El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Mateo Aquino Febrillet, candidato a senador de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ocurrida el viernes tras mediar en una confrontación entre dos aspirantes a diputados, es una trágica muestra del retroceso de los mecanismos democráticos y del pandillerismo político que se ha impuesto en los partidos.
Por las circunstancias que rodean el caso, por la personalidad de la víctima, un académico apacible que apenas subía la voz, y por el involucramiento del principal dirigente de la poderosa Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO), el acontecimiento tiene gran relevancia y sacude el partidarismo político. Es significativo que involucra a dos aliados electorales del PRM que se disputaban, para seguidores suyos, una candidatura a regidor por el municipio de Cambita, según ha trascendido.
Aquino Febrillet es la tercera persona que muere en las luchas por las candidaturas, ya que a mediados de diciembre dos militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron muertos en Santiago y Barahona por compañeros de partido durante una jornada de votación para candidatos a regidores y directores municipales, y de algunos para diputados y alcaldías.
Esa violencia retrotrae las luchas políticas a décadas, con el agravante de que ahora ocurre entre los propios compañeros de partido y aliados desaforados por la falta de mecanismos internos para arbitrar las ambiciones, por la debilidad de las normativas, la parcialidad de los órganos judiciales y electorales, así como por la impunidad que rige los delitos electorales.
Lloverán impugnaciones. Los partidos llegan al límite, el miércoles 16 para inscribir a más de 4 mil 100 candidatos para presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, alcaldes y regidores municipales y directores de distritos municipales. Los mayoritarios con múltiples disensiones internas y los alternativos sin haber podido completar sus listas por falta de recursos y escasa militancia.
Las comisiones electorales del PRM y el PLD fueron sobrepasadas por las ambiciones desaforadas de los precandidatos, y tanto la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, como el exsecretario general del PLD Lidio Cadet, que las presidían, terminaron casi declarándose impotentes para resolver muchos conflictos. Las mercantiles negociaciones de alianzas agravó la situación, relegando los mecanismos democráticos de elección en el mejor de los casos a encuestas, lo que pone en jaque las estructuras orgánicas de los partidos. En múltiples casos las decisiones finales han ido a parar a las comisiones políticas y hasta a los mismos candidatos presidenciales.
En privado, el candidato presidencial del PRM Luis Abinader ha deplorado una situación que le causa agobio y le distrae la atención de su campaña por la presidencia de la República. Los conflictos por candidaturas se han concentrado en los mayores municipios, como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Norte, Santiago, San Cristóbal y La Vega y en algunos casos han generado instancias judiciales. La comisión electoral del PLD habría recibido cientos de impugnaciones, muchas de las cuales no pudo dilucidar, remitiendo las decisiones al Comité Político. En ambos partidos se teme una lluvia de impugnaciones tras el registro de candidaturas. En el PRM puede ser peor, porque no cuenta con los recursos del poder estatal para dar “compensaciones a los perdedores”.
Degeneración desde 2010. El proceso degenerativo de la democracia interna en los partidos se inició en las anteriores elecciones congresuales y municipales, en el 2010, incentivado porque la reforma constitucional de ese año le extendió el período de cuatro a seis años. En los comicios del 2002 y 2006 casi todas las candidaturas legislativas y municipales fueron escogidas por elección primaria observadas por Participación Ciudadana.
Para el 2010, ya instaurados los “barrilitos y cofrecitos” que fortalecen el clientelismo político, fueron repostulados y reelectos casi todos, el 84 por ciento de los senadores (27 de los 32), el 74 por ciento de los diputados (131 de 178) y el 58 por ciento de los alcaldes (90 de 155. Trece partidos se aliaron al PLD y 7 con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Otros cuatro partidos llevaron candidaturas. En el PRD y el PLD hubo convenciones para elegir, pero una gran proporción fueron señalados de dedo por las cúpulas dirigenciales. En el tercer partido, el Reformista Social Cristiano, todos los candidatos fueron fruto de “acuerdos de aposento”.
La quiebra de la democracia interna de los partidos incrementó el transfuguismo, creó una casta de candidatos y multiplicó las impugnaciones. Al cierre de las inscripciones de candidaturas se produjeron decenas de recursos ante la entonces Cámara Contenciosa de la JCE, que no daba abasto. Conoció 24 recursos de amparo antes del cierre y más de 50 posteriormente. El PRD terminó postulando a 13 peledeístas y reformistas para diputados y a dos para senadores. El PLD postuló a 3 perredeístas, incluyendo a figuras relevantes como Rafael Calderón que ganaría por Azua, mientras el PRD se quedaba con la alcaldía de Santiago con el peledeísta Gilberto Serulle.
Ahora repostulación total. Para las próximas elecciones se impuso la repostulación total en casi todos los casos al margen de los procedimientos democráticos. Todo comenzó en mayo pasado con la perversión del Congreso Nacional, cuando más de la mitad de los legisladores del PLD y los bloques completos del PRD y el PRSC fueron “persuadidos” para votar una reforma constitucional que permitiera la repostulación del presidente Danilo Medina.
Entre otras compensaciones se acordó la “reelección total” de senadores y diputados y se produjo la insólita alianza que llevó al partido más votado en las presidenciales del 2012, el PRD, a la cola del de gobierno, sin que se haya precisado a cambio de qué, ya que no tienen ni un senador y el voto preferencial no permite garantizar curules de diputados a los aliados. Para colmo, en los grandes municipios controlados por el PRD, como Santo Domingo Norte y Santiago, no hay repostulación. En principio se incluyó al PRSC en un triple e histórico pacto, pero cuando no les dieron suficientes cargos, se aliaron al PRM y ahora van contra la reelección presidencial que facilitaron.
En el PLD miles de dirigentes y militantes que durante años invirtieron millones de pesos promoviéndose para senadores, diputados y alcaldes se vieron frustrados, lo que ha generado crisis en provincias y municipios, agravada por la exacerbación de la lucha entre los seguidores del presidente Medina y el expresidente Leonel Fernández, que debilita las estructuras partidarias. A muchos de ellos ha habido que compensarles devolviéndole lo invertido, en efectivo y a través de compras y contrataciones gubernamentales.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.