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Iglesia Católica exige al Gobierno RD proteste por conducta Embajador

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Conferencia-EpiscopadoSANTO DOMINGO.- La Iglesia Católica exigió al Gobierno de la República Dominicana que utilice los mecanismos que las normas diplomáticas prevén para elevar una protesta formal a Estados Unidos por “las extralimitaciones de su embajador” aquí, James W. Brewster.

Un enérgico comunicado emitido por la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), la cual es integrada por todos los obispos del país,  dice que el citado diplomático ha mostrado “poco respeto a los usos y costumbres de nuestra sociedad” violando tanto la Constitución de la República como la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas que rige la diplomacia internacional actual y que fue ratificada por Estados Unidos y República Dominicana.

“Como pastores, exigimos de nuestras autoridades tomar este asunto con responsabilidad y ofrecer una respuesta inmediata que satisfaga los reclamos de la familia dominicana. Sabemos que estamos en tiempo de elecciones y que la tendencia es dejar para después de mayo la mayoría de las decisiones. Pero una falta contra nuestro país sin una debida reacción sería mandar el mensaje de que los extranjeros pueden venir a abusar de su posición sin consecuencias”, dice el documento, cuya copia fue remitida a ALMOMENTO.NET.

El comunicado

El texto del comunicado es el siguiente:

“   1. Como pastores de la República Dominicana nos mueve dirigirnos al país la profunda preocupación y malestar que ha provocado en una parte importante de la sociedad, y en nosotros también, las actuaciones del Embajador de Estados Unidos, James Brewster, desde su llegada a nuestra tierra.

  1. Durante los últimos años hemos visto una y otra vez cómo el señor embajador se ha extralimitado en sus funciones, mostrando poco respeto a los usos y costumbres de nuestra sociedad, y violando tanto la Constitución de la República como la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas que rige la diplomacia internacional actual y que fue ratificada por Estados Unidos y República Dominicana.
  2. Nos anima el mismo espíritu que señala el Papa Francisco cuando, refiriéndose a las amenazas que vive la familia, previene contra las «pseudo-soluciones desde perspectivas que no son saludables a la familia, sino que provienen claramente de “colonizaciones ideológicas”». El Señor Brewster se acerca a nuestra niñez en escuelas públicas y privadas, en torneos deportivos y otras actividades juveniles e infantiles exhibiendo al Señor Bob Satawake como su esposo. Esto ha causado un gran malestar en los padres de familia, que tienen el derecho a definir cómo educar a sus hijos, y sienten esta visita como una intromisión de valores contrarios a los que ellos quieren inculcar a sus hijos.
  3. El Embajador y su pareja presentan a los niños un modelo de familia que es incompatible con el que está contemplado en la Constitución que en su artículo 55, que dice: «La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla». Ellos están tratando de confundir a nuestra juventud y niñez presentándoles un modelo distorsionado de familia, menospreciando, de esta manera, la autoridad de nuestras leyes.
  4. En su discurso en la Cámara Americana de Comercio respondió a los que lo critican por entrometerse en los asuntos internos que, a quien no le guste cómo está actuando el representante de los Estados Unidos en el país, que devuelva su visa. Esta respuesta sirve como amenaza a la población dominicana, y, aunque se desmintiese oficialmente, queda siempre el miedo a expresarse por temor a que se les quite la visa. Esto lesiona la libertad de expresión en nuestro país.
  5. No es menos preocupante la insinuación de oferta de dinero que hiciera la USAID a los candidatos políticos que apoyen a los LGBT. Este anuncio se hizo en el marco de apoyo a la Embajada de Estados Unidos durante el lanzamiento de la Cámara de Comercio LGBT. Ofrecer dinero para financiar a candidatos que estén dispuestos a promover su agenda es una violación a la soberanía nacional y a sus leyes electorales y representa un chantaje grave hacia la política nacional. Además, aunque se pretenda desmentir, ¿Quién garantiza que, de todos modos, el fondo constituido no sea erogado aún veladamente?
  1. Estas y muchas otras acciones más han ido creando un clima de malestar e inquietud en un sector mayoritario del país, pues estamos viendo su intromisión en la cultura y en los asuntos internos de la nación. Es cada vez más difícil aceptar esta injerencia del Embajador, pues existe un reglamento para los diplomáticos en todo el mundo, y está enel artículo 41, párrafo 1 de la Convención de Viena, que dice: «Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado».
  2. Hacemos constar que nuestro rechazo no es a la persona del Embajador y su pareja, ni a su condición de homosexuales, pues los respetamos. Lo que rechazamos es el abuso de poder en su modo de actuar, que es contrario a sus competencias como embajador y, como hemos dicho ya, viola las leyes internas del país y las leyes internacionales de la diplomacia.
  3. Nuestra nación es un Estado soberano que cuenta con sus propias leyes, las cuales deben ser respetadas por los dominicanos y, con mayor razón, por las personas extranjeras. La Constitución es clara y tajante respecto a la soberanía y hacia la inaceptabilidad de una injerencia proveniente del exterior, pues el artículo 3 de la Carta Magna dice: «La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana».
  4. Entendemos que este no es un tema trivial, como algunos han pretendido decir, pues está en juego la soberanía de la nación y sus valores tradicionales. El Señor Brewster se presenta en la sociedad como una víctima, llamando “odio” a toda opinión contraria a la suya, pero alardea de tener el apoyo de su Gobierno para realizar las violaciones sistemáticas de las leyes nacionales e internacionales.
  5. Como pastores, exigimos de nuestras autoridades tomar este asunto con responsabilidad y ofrecer una respuesta inmediata que satisfaga los reclamos de la familia dominicana. Sabemos que estamos en tiempo de elecciones y que la tendencia es dejar para después de mayo la mayoría de las decisiones. Pero una falta contra nuestro país sin una debida reacción sería mandar el mensaje de que los extranjeros pueden venir a abusar de su posición sin consecuencias. Por esta razón, instamos al Gobierno a utilizar los mecanismos que las normas diplomáticas prevén para elevar una protesta formal al Gobierno de Estados Unidos acerca de las extralimitaciones de su embajador en tierra dominicana.
  6. Con los mejores deseos de paz y bienestar para los hombres y mujeres de esta Nación, les impartimos a todos nuestra más cordial bendición.

En Santo Domingo, a los días 15 de marzo del año 2016.

Departamento de Prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano CED
Tel. 809-482-2524 ext.106Portal: www.conferenciadelepiscopadodominicano.com • Email: prensaced@gmail.com”

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Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas

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Por redacción

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.

El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.

“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.

El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.

Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas

Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.

Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.

El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.

La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.

Cuestiona exhibición de armas en redes sociales

Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.

El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.

Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.

Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.

Policía también exhorta a entregarse

Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.

Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.

La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.

Debate por actuaciones policiales

El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.

Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.

El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.

Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.

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Camacho advierte a médicos sobre riesgos penales por prestar códigos profesionales

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Por redacción

Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.

La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.

Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.

“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.

Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.

Investigación continuará

Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.

El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.

No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.

“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.

Ocho imputados cumplirán prisión preventiva

El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.

Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Arresto domiciliario para otros procesados

El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.

A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.

Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.

En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.

Garantías de un millón de pesos

El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.

Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.

El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.

Ministerio Público atribuye varios delitos

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.

Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.

Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Caso fue declarado complejo

Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.

El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.

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La Policía Nacional pone la persecución de prófugos entre sus prioridades.

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El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos

Por Alberto Rodríguez

SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.

Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día

El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana

Una lista de prófugos bajo seguimiento

Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.

Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.

La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana

El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Actuación policial y derechos humanos

Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.

Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día

Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana

Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez

Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.

El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día

El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Seguridad sin apartarse de la legalidad

El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.

La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana

El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.

La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.

Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.

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