Análisis Noticiosos
La oposición no puede contra el PLD-Estado
Por Juan Bolívar Díaz
El desbordamiento de la publicidad política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno y su financiamiento de una red nacional de medios y comunicadores, es una de las explicaciones de las altas preferencias electorales que le arrojan las encuestas, en contraste con graves insatisfacciones en ellas mismas expresadas.
Todas las encuestas han dado a Danilo Medina en camino a reelegirse en primera vuelta, pero él y su grupo partidario quieren ratificar el control total de los tres poderes del Estado. Por eso no se conforman con menos del 60 por ciento del voto, para liquidar definitivamente a Leonel Fernández y prolongar el nuevo liderazgo mesiánico.
Felices con la Gallup-HOY. Esta vez cuatro ministros del Gobierno no salieron en rueda de prensa para impugnar los resultados de la encuesta Gallup-HOY, y pedir explicaciones, como hicieron con la anterior, publicada en la primera semana de febrero.
El 51.8 a 35.7 por ciento, diferencia de 16 puntos, de Danilo Medina-Luis Abinader que marcó aquella no era suficiente. Querían a su candidato sobre el 60 por ciento, y lo consiguieron con tres décimos adicionales, frente a un opositor que retrocedía 5 puntos.
La única explicación visible es que esta encuesta se hizo en la misma semana en que Medina pronunció su triunfal discurso reeleccionista que pretendió ser de rendición de las cuentas gubernamentales del año pasado. Y disfrutó del enorme privilegio de monopolizar todas las frecuencias de radio y televisión a nivel nacional y medios digitales de la Internet.
El nivel de propaganda que mantienen el PLD y su Gobierno, con tantas otras ventajas adicionales, ya no se explica solo en querer ratificar todo el control del Estado, sino en hacerlo de forma apabullante, para reducir más la oposición y aplastar definitivamente al expresidente Leonel Fernández, a quien le están diciendo que no lo necesitan en la campaña, y lograr así un predominio de largo plazo del presidente Medina.
Ya estrategas del danilismo dicen abiertamente que no correrán el riesgo de que un “Leonel vengativo”, pueda volver al poder, y que el único que garantizaría que no ocurra es Medina, y que ya saben modificar la Constitución sin costo político.
Monopolio de la publicidad. Que Abinader cayera en cinco puntos y Guillermo Moreno bajara del 4.3 al 3.5, y que Minou Tavárez apenas marque el 1.3 por ciento, con otros cinco candidatos sin registro, no debería sorprender a la luz del monitoreo a la publicidad política de febrero en prensa, radio y televisión, que acaba de publicar el movimiento Participación Ciudadana (PC), según el cual el PLD gastó el 79.3 por ciento del total, y con sus aliados el 81.5 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Moderno y aliados con el 17.8 por ciento. Si es extrema la diferencia
entre los dos primeros, es terriblemente antidemocrático que los otros siete partidos con candidaturas presidenciales, apenas dispusieran del 0.7 por ciento de la publicidad. Con esas cifras no se puede hablar de competencia electoral.
Es relevante que del total de la publicidad de febrero en los medios masivos, ascendente a 453 millones 339 mil pesos, el PLD invirtiera 369 millones, equivalente al 86 por ciento de los 429 millones 356 mil pesos que recibirá del Presupuesto General del Estado para todo el año. Con razón se oponen a una legislación que transparente el origen del dinero que gastan los partidos, como ocurre en casi todo el mundo democrático.
Explica las inconsistencias. Esa inmensa maquinaria publicitaria y propagandística, capaz de convertir al exalcalde de Nueva York Rudolph Guilliani en un impostor y delincuente, porque lo contrató Abinader como asesor en seguridad ciudadana, y que reduce a “una pendejaita” la prisión en Brasil del asesor de la campaña electoral del presidente Medina, Joao Santana, y que oculta las revelaciones sobre soborno de millones de dólares en la compra de los aviones Tucano, podría ser una de las explicaciones de las inconsistencias que siguen arrojando las encuestas.
Por ejemplo, la misma Gallup-HOY que otorga un 60 por ciento de preferencias electorales a la reelección, establece que el 61 por ciento de los propios encuestados cree que su situación económica es mala o muy mala, con solo 16 por ciento que la percibe buena o muy buena.
Hay todavía mayores inconsistencias: el 81 por ciento cree que la nación precisa de un cambio político en los próximos años, para el 35 por ciento de ellos muy grande o revolucionario. El 85 por ciento cree que la corrupción es un problema nacional grave o muy grave, y el 75 por ciento señala la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal problema nacional, seguido del costo de la vida, escasez de fuentes de trabajo, apagones y corrupción.
Si el poder de la propagada es reconocido universalmente, nadie debería sorprenderse del nivel de aprobación de un presidente con ese nivel de inversión publicitaria y que enuncia logros y manipula cifras durante hora y media monopolizando todo el sistema nacional de radio y televisión.
Es contra todo el Estado. Tal como proclamó Danilo Medina cuando lo derrotó Leonel Fernández en las primarias para la candidatura presidencial del 2008, es todo el Estado que está venciendo.
Todavía en la campaña del 2012 que lo llevó al poder, al proclamar “sus convicciones democráticas”, Medina sostuvo que la institucionalidad nacional necesitaría 20 años para soportar un proceso reeleccionista, “porque los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios”.
La abultada nómina pública y las nominillas suman más de 700 mil personas, y más de 2 millones 200 mil tienen tarjetas para acceder a subsidios que solo mitigan la pobreza, constituyéndose en una inmensa base clientelar. Cada senador, además de los barrilitos, suspendidos por dos meses, tiene veinte empleados a su servicio, una inmensa ventaja frente a sus retadores de la oposición.
Pero además, las candidaturas del PLD cuentan con el beneficio de los órganos judiciales: El Tribunal Superior Electoral llegó al extremo de tratar de imponerle un candidato a la alcaldía capitalina al principal partido opositor, y la Procuraduría General inició acciones judiciales contra su candidato a senador por San Cristóbal el mismo día en que fue inscrito, desenterrando una investigación del 2013 sobre acusaciones de manejo irregular de fondos en la Federación de Fútbol.
Es contra todo el Estado que lucha lo que el PLD dejó de oposición, después de tragarse golosamente a gran parte del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano. Y se los tragó con los recursos públicos, los mismos con los que ha comprado todo lo que ha podido mercantilizar de la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.