Opinión
En Brasil: A golpear el golpe sin “hacer como el buey”
Por Narciso Isa Conde
En la crisis política de Brasil concurren factores muy delicados que no deben ser obviados.
No tengo la menor duda de que el lumpen imperialismo estadounidense y la derecha social, económica y política… mafiosa, fascistoide y pro EEUU (partidos, corporaciones, medios de comunicación…) ha puesto en marcha un golpe parlamentario, seudo-institucional e ilegal contra la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno del Partido de los Trabajadores-PT.
Está claro que el vicepresidente Michel Temer del derechista Partido Movimiento Democrático Brasileño-PMDB (uno de los malos aliados escogidos por la alta dirección del PT para gobernar con el visto bueno de la gran burguesía paulista), traicionó el pacto original para procurar el reemplazo de Dilma y tratar de convertirse en una especie del MACRI brasileño.
Es evidente que los principales escenarios escogidos para instrumentar ese golpe son, por un lado, los más perversos monopolios de la comunicación y, por el otro, un descalificado y corrompido Congreso; cuyo presidente del Senado, EDUARDO CUNHA, uno de los principales acusadores de Dilma, ha sido denunciado por recibir sobornos ascendentes a 5 millones de dólares y con alrededor de 14 integrantes que están siendo procesados por implicaciones en el escándalo LAVA JATO (PETROBRAS-ODEBRECH-PARTIDOS GOBERNANTES Y DE OPOSICIÓN).
Como lo es también, que el enorme escándalo de corrupción estatal-privada, que sin dudas tiene en el cogollo del PT y en sus gobiernos a sus principales responsables políticos –no a los únicos- ha sido retorcido burdamente para impulsar sin base legal el juicio político-parlamentario a la Presidenta Rousseff y tratar de consumar el golpe en frío; hasta ahora con un incierto y peligroso desenlace, incluso más allá de lo que acontezca en breve en el parlamento.
* El destripamiento entre facciones imperialistas.
Intuyo –algo que los investigadores sociales brasileños tendrían que confirmar- que uno de los telones de fondo de este terremoto político en las instancias de poder de esa potencia imperialista emergente, es la ríspida competencia entre dos facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura nítidamente estadounidense o asociada a ella, y la de corte más propiamente brasileña; ambas con afanes hegemónicos en el escenario nacional, en áreas del mercado internacional y los resortes de los supra-poderes mundiales.
Ahí están posiblemente envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, generación de energía con combustibles fósiles, minerales estratégicos, complejos industriales-militares, carteles de la construcción, agua, biodiversidad, rol del BRIC… en el marco de intensas y fuertes pugnas al interior de una convulsa civilización burguesa mundialmente decadente y gansterizada.
Esta intuición aparece reforzada por el trasfondo del nuevo escándalo de corrupción en las entrañas del capitalismo globalizado, conocido como PAPELES DE PANAMÁ; donde la mano peluda de WASHINGTON parece estar moviendo soterradamente -generando verdades y medias verdades, y asumiendo encubrimientos interesados- las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos del despacho de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca -considerada como una de los cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’-, modalidad legal e ilegal del capital financiero para proteger variadas modalidades de robo, incluidas evasiones de impuestos.
Esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que ha tenido acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye, además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva), evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, contra el clan ruso nacionalista de Putin en Rusia y contra la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil (estos dos últimos del BRIC), entre doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente entre los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyeron los que corresponden a las cuentas secretas y a las sociedades offshorts de los ricachones capitalistas norteamericanos, políticos, empresas y celebridades gringas. Como si los poderosos bancos de negocios estadounidenses, los lobos de Wall Street, las corporaciones mineras canadienses, las grandes firmas de abogados, los congresistas, familias tipo Bush, Clinton, Cheney, Trump, Rockefeller, Morgan… fueran angelitos del paraíso celestial.
Pretender culpar a un lado y exculpar al otro cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencia, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos de trampas, que de nuevo las pugnas políticas o económicas no tardan en develar, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Pretender que todo la pus develada en Brasil, Argentina, lo de Sarkozy-Francia, lo de Martinelli en Panamá, lo de Funes en El Salvador, la Princesa y los empresarios españoles, el Rey Saudí… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial, en vista de una globalización supuestamente homogénea del gran capital internacional y del su interés de sus grandes potencias en “moralizar los mercados” –como reiteradamente viene planteando Rafael Fafa Taveras, ex-izquierdista, comandante de abril 1965 y destacado dirigente de la oposición electoralista que lidera el PARTIDO REVOLICIONARIO MODERNO(PR)- es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la segmentación, la putrefacción y lumpenización del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o sean emergentes.
Se trata de pugnas al interior de un capitalismo integralmente podrido, sin ninguna intención ni posibilidad de auto-sanearse. Pugnas políticas, territoriales, militares, financieras, comerciales, industriales, de poder, de conquistas y reconquistas, donde todas las suciedades son válidas. Pugnas feroces, tramposas, violentas, amorales… plagadas de hipocresías y simulaciones.
Y se trata también de denuncias parciales, incompletas, interesadas, de unas facciones contra otras, en el marco de esas pugnas.
Pasa en Brasil y en todo el planeta.
Medias verdades o verdades a medias, con una u otra exageración, y uno u otro encubrimiento, cuya sumatorias, más las denuncias procedentes de fuentes no parciales, permiten cada vez más una mayor aproximación a una verdad más completa e integral.
* En Brasil: lo pérfido y lo imperdonable de parte y parte.
Lo pérfido de las derechas pro-estadounidense y del lumpen imperialismo de igual factura es que ocultando sus inmoralidades, emplea las culpas de sus adversarios del PT en materia de corrupción, para impulsar una contra-ofensiva neoliberal y mafiosa que persigue –vía el golpe o movimiento espurio de presiones por la renuncia de Dilma- arrasar con los avances democráticos y las políticas sociales progresivas en Brasil y en el Continente. Y eso merece un rechazo categórico.
Lo imperdonable, es que un líder obrero y la dirección de un partido originalmente socialista revolucionario, hayan metido a esa organización en las patas de los caballos de la lumpen-burguesía transnacional y local, pactando con componentes de unas de sus facciones, a cambio de una gobernabilidad claudicante y en procura de ventajas, posibilidades de sobornos, financiamientos, enriquecimientos, privilegios, preeminencias, cuotas de poder…
Que optara por aprovechar las bonanzas de las exportaciones y de los “comoditys” para políticas fundamentalmente asistencialistas y reivindicativistas, para inversiones escandalosas en competencias de deportivas de relumbrón; obviando olímpicamente los cambios estructurales, el desmonte del modelo neoliberal, los cambios hacia la socialización de la propiedad y los ingresos, y la necesaria refundación institucional.
Es difícil de negar la corrupción en los gobiernos de Lula y el involucramiento de sus alfiles en graves faltas. Hasta Dilma se vio forzada, en vano intento por diferenciarse, a instrumentar fuertes expedientes judiciales contra dirigentes gubernamentales del PT y aliados, en un intento de contención de la degradación en marcha.
Es difícil negar el contubernio, las complicidades y protecciones de Lula y de ella misma del mal uso de los recursos y de la corrupción de PETROBRAS o de las corruptelas de ODREBRECH y otros consorcios “amigos”, desplegadas durante tanto tiempo a escala brasileña y mundial. Es impensable la ignorancia o la inocencia de ambos en esas turbulencias morales.
Como tampoco puede eximírsele de culpas -a una como Presidenta del país y al otro como líder del partido de gobierno- del injustificable paquetazo neoliberal y sus consecuencias traducidas en una impopularidad espectacular del gobierno (se dice que Dilma bajó a un 12%, sin desmentidos consistentes), que se ha facilitado a EEUU y a las derechas su política sediciosa y desestabilizadora, porque se trata de un gobierno debilitado, casi en el suelo, con cierta legalidad pero con poca legitimidad.
Alegar los diezmados 50 millones de votos de origen, insistir en que los sediciosos hubieran aprobado algo peor que el paquetazo de Dilma, argumentar que otros políticos aceptan pagos de ODEBRECH y corporaciones parecidas para compensar conferencias magistrales, esgrimir que las derechas también emplea los métodos cuestionables que critica, para entonces tratar de justificar fallas y realidades muy crudas y evidentes, es una tontería que imposibilita salir del pantano; salida solo viable con el reconocimiento de las graves faltas cometidas y una intensa renovación de izquierda brasileña, que tendría que pasar por cambios radicales en la dirección del PT y aliados.
Que ahora debería comenzar por admitir el alto grado de ilegitimidad de las instituciones legislativas y ejecutivas de esa gran nación, y asumir su necesaria refundación vía una Constituyente participativa y nuevas elecciones.
Que debería repensar y rearmar la ruta post-neoliberal y post-capitalista.
Una izquierda consecuente, transformadora, no puede, no debe, justificar la conducta del buey que es capaz de embarrarse el trasero sin sentirlo y de embarrar a los demás sin notarlo y sin preocuparse. Sin admitir ni corregir el mal.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.