Opinión
En Brasil: A golpear el golpe sin “hacer como el buey”
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11 años agoon
Por Narciso Isa Conde
En la crisis política de Brasil concurren factores muy delicados que no deben ser obviados.
No tengo la menor duda de que el lumpen imperialismo estadounidense y la derecha social, económica y política… mafiosa, fascistoide y pro EEUU (partidos, corporaciones, medios de comunicación…) ha puesto en marcha un golpe parlamentario, seudo-institucional e ilegal contra la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno del Partido de los Trabajadores-PT.
Está claro que el vicepresidente Michel Temer del derechista Partido Movimiento Democrático Brasileño-PMDB (uno de los malos aliados escogidos por la alta dirección del PT para gobernar con el visto bueno de la gran burguesía paulista), traicionó el pacto original para procurar el reemplazo de Dilma y tratar de convertirse en una especie del MACRI brasileño.
Es evidente que los principales escenarios escogidos para instrumentar ese golpe son, por un lado, los más perversos monopolios de la comunicación y, por el otro, un descalificado y corrompido Congreso; cuyo presidente del Senado, EDUARDO CUNHA, uno de los principales acusadores de Dilma, ha sido denunciado por recibir sobornos ascendentes a 5 millones de dólares y con alrededor de 14 integrantes que están siendo procesados por implicaciones en el escándalo LAVA JATO (PETROBRAS-ODEBRECH-PARTIDOS GOBERNANTES Y DE OPOSICIÓN).
Como lo es también, que el enorme escándalo de corrupción estatal-privada, que sin dudas tiene en el cogollo del PT y en sus gobiernos a sus principales responsables políticos –no a los únicos- ha sido retorcido burdamente para impulsar sin base legal el juicio político-parlamentario a la Presidenta Rousseff y tratar de consumar el golpe en frío; hasta ahora con un incierto y peligroso desenlace, incluso más allá de lo que acontezca en breve en el parlamento.
* El destripamiento entre facciones imperialistas.
Intuyo –algo que los investigadores sociales brasileños tendrían que confirmar- que uno de los telones de fondo de este terremoto político en las instancias de poder de esa potencia imperialista emergente, es la ríspida competencia entre dos facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura nítidamente estadounidense o asociada a ella, y la de corte más propiamente brasileña; ambas con afanes hegemónicos en el escenario nacional, en áreas del mercado internacional y los resortes de los supra-poderes mundiales.
Ahí están posiblemente envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, generación de energía con combustibles fósiles, minerales estratégicos, complejos industriales-militares, carteles de la construcción, agua, biodiversidad, rol del BRIC… en el marco de intensas y fuertes pugnas al interior de una convulsa civilización burguesa mundialmente decadente y gansterizada.
Esta intuición aparece reforzada por el trasfondo del nuevo escándalo de corrupción en las entrañas del capitalismo globalizado, conocido como PAPELES DE PANAMÁ; donde la mano peluda de WASHINGTON parece estar moviendo soterradamente -generando verdades y medias verdades, y asumiendo encubrimientos interesados- las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos del despacho de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca -considerada como una de los cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’-, modalidad legal e ilegal del capital financiero para proteger variadas modalidades de robo, incluidas evasiones de impuestos.
Esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que ha tenido acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye, además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva), evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, contra el clan ruso nacionalista de Putin en Rusia y contra la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil (estos dos últimos del BRIC), entre doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente entre los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyeron los que corresponden a las cuentas secretas y a las sociedades offshorts de los ricachones capitalistas norteamericanos, políticos, empresas y celebridades gringas. Como si los poderosos bancos de negocios estadounidenses, los lobos de Wall Street, las corporaciones mineras canadienses, las grandes firmas de abogados, los congresistas, familias tipo Bush, Clinton, Cheney, Trump, Rockefeller, Morgan… fueran angelitos del paraíso celestial.
Pretender culpar a un lado y exculpar al otro cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencia, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos de trampas, que de nuevo las pugnas políticas o económicas no tardan en develar, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Pretender que todo la pus develada en Brasil, Argentina, lo de Sarkozy-Francia, lo de Martinelli en Panamá, lo de Funes en El Salvador, la Princesa y los empresarios españoles, el Rey Saudí… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial, en vista de una globalización supuestamente homogénea del gran capital internacional y del su interés de sus grandes potencias en “moralizar los mercados” –como reiteradamente viene planteando Rafael Fafa Taveras, ex-izquierdista, comandante de abril 1965 y destacado dirigente de la oposición electoralista que lidera el PARTIDO REVOLICIONARIO MODERNO(PR)- es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la segmentación, la putrefacción y lumpenización del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o sean emergentes.
Se trata de pugnas al interior de un capitalismo integralmente podrido, sin ninguna intención ni posibilidad de auto-sanearse. Pugnas políticas, territoriales, militares, financieras, comerciales, industriales, de poder, de conquistas y reconquistas, donde todas las suciedades son válidas. Pugnas feroces, tramposas, violentas, amorales… plagadas de hipocresías y simulaciones.
Y se trata también de denuncias parciales, incompletas, interesadas, de unas facciones contra otras, en el marco de esas pugnas.
Pasa en Brasil y en todo el planeta.
Medias verdades o verdades a medias, con una u otra exageración, y uno u otro encubrimiento, cuya sumatorias, más las denuncias procedentes de fuentes no parciales, permiten cada vez más una mayor aproximación a una verdad más completa e integral.
* En Brasil: lo pérfido y lo imperdonable de parte y parte.
Lo pérfido de las derechas pro-estadounidense y del lumpen imperialismo de igual factura es que ocultando sus inmoralidades, emplea las culpas de sus adversarios del PT en materia de corrupción, para impulsar una contra-ofensiva neoliberal y mafiosa que persigue –vía el golpe o movimiento espurio de presiones por la renuncia de Dilma- arrasar con los avances democráticos y las políticas sociales progresivas en Brasil y en el Continente. Y eso merece un rechazo categórico.
Lo imperdonable, es que un líder obrero y la dirección de un partido originalmente socialista revolucionario, hayan metido a esa organización en las patas de los caballos de la lumpen-burguesía transnacional y local, pactando con componentes de unas de sus facciones, a cambio de una gobernabilidad claudicante y en procura de ventajas, posibilidades de sobornos, financiamientos, enriquecimientos, privilegios, preeminencias, cuotas de poder…
Que optara por aprovechar las bonanzas de las exportaciones y de los “comoditys” para políticas fundamentalmente asistencialistas y reivindicativistas, para inversiones escandalosas en competencias de deportivas de relumbrón; obviando olímpicamente los cambios estructurales, el desmonte del modelo neoliberal, los cambios hacia la socialización de la propiedad y los ingresos, y la necesaria refundación institucional.
Es difícil de negar la corrupción en los gobiernos de Lula y el involucramiento de sus alfiles en graves faltas. Hasta Dilma se vio forzada, en vano intento por diferenciarse, a instrumentar fuertes expedientes judiciales contra dirigentes gubernamentales del PT y aliados, en un intento de contención de la degradación en marcha.
Es difícil negar el contubernio, las complicidades y protecciones de Lula y de ella misma del mal uso de los recursos y de la corrupción de PETROBRAS o de las corruptelas de ODREBRECH y otros consorcios “amigos”, desplegadas durante tanto tiempo a escala brasileña y mundial. Es impensable la ignorancia o la inocencia de ambos en esas turbulencias morales.
Como tampoco puede eximírsele de culpas -a una como Presidenta del país y al otro como líder del partido de gobierno- del injustificable paquetazo neoliberal y sus consecuencias traducidas en una impopularidad espectacular del gobierno (se dice que Dilma bajó a un 12%, sin desmentidos consistentes), que se ha facilitado a EEUU y a las derechas su política sediciosa y desestabilizadora, porque se trata de un gobierno debilitado, casi en el suelo, con cierta legalidad pero con poca legitimidad.
Alegar los diezmados 50 millones de votos de origen, insistir en que los sediciosos hubieran aprobado algo peor que el paquetazo de Dilma, argumentar que otros políticos aceptan pagos de ODEBRECH y corporaciones parecidas para compensar conferencias magistrales, esgrimir que las derechas también emplea los métodos cuestionables que critica, para entonces tratar de justificar fallas y realidades muy crudas y evidentes, es una tontería que imposibilita salir del pantano; salida solo viable con el reconocimiento de las graves faltas cometidas y una intensa renovación de izquierda brasileña, que tendría que pasar por cambios radicales en la dirección del PT y aliados.
Que ahora debería comenzar por admitir el alto grado de ilegitimidad de las instituciones legislativas y ejecutivas de esa gran nación, y asumir su necesaria refundación vía una Constituyente participativa y nuevas elecciones.
Que debería repensar y rearmar la ruta post-neoliberal y post-capitalista.
Una izquierda consecuente, transformadora, no puede, no debe, justificar la conducta del buey que es capaz de embarrarse el trasero sin sentirlo y de embarrar a los demás sin notarlo y sin preocuparse. Sin admitir ni corregir el mal.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
