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La investigación agropecuaria y forestal está en el suelo en el país
La investigación agropecuaria y forestal de República Dominicana está en el suelo y las causas de eso hay que buscarlas en distintos ángulos.Todo indica que el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Siniaf), cuya conformación ha recibido “piropos internacionales”, por estar a la altura de regiones como Centroamérica, bajó su ritmo.
Las razones para que el accionar se haya desacelerado en un sector tan importante como el de producción de alimentos, de ganado y la foresta parecen ser varias, incluidas las cortas partidas de dinero asignadas a las entidades bajo la sombrilla de Siniaf. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) tiene actualmente el mismo presupuesto de hace 12 años (de 2004) y al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) el dinero que debía llegarle de manera global, vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) no le llega, de acuerdo con datos de fuentes creíbles.
Las mismas fuentes aseguran que “el MESCyt actúa como una competencia frente al Coniaf” con el tema de las becas. “El MESCyt lo que debe es entregar los recursos al Coniaf para que sea esa institución la que entregue las becas a los estudiantes. El Coniaf es quien debe decidir sobre las becas porque tiene criterios más definidos sobre eso –en la parte agropecuaria y forestal- y además porque aprovecha a los estudiantes cuando regresan de hacer su especialidad, pidiéndoles entregar un libro sobre lo aprendido y poniéndolos a socializar con los productores para que mejoren sus cosechas”, explicó una de las fuentes.
El Idiaf recibe cada año entre 190 y 210 millones de pesos, un dinero que de acuerdo con informaciones obtenidas por elCaribe,se va en nómina. El principal componente que da vida al Idiaf es el de los proyectos. Y esos proyectos son el soporte (una suerte de pie de amigo) de la producción. Al Coniaf, que da servicio a unos 400 mil productores, se le asigna a nivel del presupuesto un monto que solo alcanza para cumplir con la administración, incluidos algunos pagos como el de uso de energía eléctrica. El Siniaf está constituido por el Coniaf, el Idiaf, las instituciones públicas o privadas que realizan acciones de investigación en el sector agropecuario y forestal y las universidades con facultades relacionadas al sector, redes tecnológicas y cualquier otra entidad directa o indirectamente vinculada a actividades de investigación agropecuaria y forestal.
Las instituciones citadas funcionan con el siguiente esquema: Por ley se creó el Foniaf (que es el Fondo de Investigación Agropecuaria y Forestal) y ese fondo es usado por el Coniaf, que lo usa para que funcione el sistema completo. Eso significa que si el Coniaf está en el suelo, porque no tiene de donde sacar el dinero para la investigación, entonces la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad ISA también se van al suelo. Esa explicación la ofreció un experto en el tema, bajo reserva de su nombre.
“No podríamos decir que el Estado no da dinero para investigación. No, eso no podría decirse. Lo que ocurre es que el dinero para la investigación se lo dan al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ese organismo, en vez de regar ese dinero a las instituciones que corresponde, como se hace, por ejemplo en Chile y en México, no lo hace, sino que lo maneja él mismo”, le dijo a este periódico un conocedor del tema, vinculado a la producción agrícola. A inicios de este mes de junio el Coniaf se quejó por la cuestión a través de una carta remitida a varias instancias, entre ellas, el presidente de la República.
En esa misiva, de la cual este diario obtuvo copia, el Coniaf asegura que el Sistema de Investigaciones Agropecuarias y Forestales vive una etapa de precariedad sin precedentes en el país, desde su creación en septiembre del año 2000. La carta –además del presidente Danilo Medina- fue remitida a los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Administrativo, José Ramón Peralta; de Agricultura, Ángel Estévez, y a los viceministros de Agricultura Leandro Mercedes y Winston Marte. Para entonces (según la carta) el Coniaf explicaba que “como ente rector del sistema, debe administrar los recursos que por mandato de la Ley 251-12 se depositan en el Fondo de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Foniaf) para realizar las investigaciones”.
Un presupuesto reducido en un 38% en doce años
“Tomando en cuenta la depreciación de la moneda, el hecho de que el Idiaf tenga el mismo presupuesto de hace 12 años, significa que ese presupuesto se ha reducido en un 38%”, calculó ayer un funcionario del ramo agrícola, bajo compromiso de no citar su nombre porque no está autorizado para hablar de eso. El Idiaf en diversas ocasiones y escenarios públicos ha dejado claro que cuenta con mucha tecnología, estudios y especialistas con el aval para afrontar los distintos retos que se presentan en la actividad agrícola. Sin embargo, se encuentra con el problema de que la carencia de dinero le impide llevar esa tecnología al campo para que sea aplicada y se traduzca en resultados para el productor y para el propio país. El objetivo del Idiaf es dirigir y ejecutar la política de investigación científico-tecnológica del sector público agropecuario y forestal del país, dentro del Siniaf que promueve el desarrollo del sector y la generación, adaptación y transferencia de tecnología.
La institución tiene como misión aportar a la competitividad de los agronegocios en el país y a la seguridad alimentaria
El Caribe
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.