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La investigación agropecuaria y forestal está en el suelo en el país
La investigación agropecuaria y forestal de República Dominicana está en el suelo y las causas de eso hay que buscarlas en distintos ángulos.Todo indica que el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Siniaf), cuya conformación ha recibido “piropos internacionales”, por estar a la altura de regiones como Centroamérica, bajó su ritmo.
Las razones para que el accionar se haya desacelerado en un sector tan importante como el de producción de alimentos, de ganado y la foresta parecen ser varias, incluidas las cortas partidas de dinero asignadas a las entidades bajo la sombrilla de Siniaf. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) tiene actualmente el mismo presupuesto de hace 12 años (de 2004) y al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) el dinero que debía llegarle de manera global, vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) no le llega, de acuerdo con datos de fuentes creíbles.
Las mismas fuentes aseguran que “el MESCyt actúa como una competencia frente al Coniaf” con el tema de las becas. “El MESCyt lo que debe es entregar los recursos al Coniaf para que sea esa institución la que entregue las becas a los estudiantes. El Coniaf es quien debe decidir sobre las becas porque tiene criterios más definidos sobre eso –en la parte agropecuaria y forestal- y además porque aprovecha a los estudiantes cuando regresan de hacer su especialidad, pidiéndoles entregar un libro sobre lo aprendido y poniéndolos a socializar con los productores para que mejoren sus cosechas”, explicó una de las fuentes.
El Idiaf recibe cada año entre 190 y 210 millones de pesos, un dinero que de acuerdo con informaciones obtenidas por elCaribe,se va en nómina. El principal componente que da vida al Idiaf es el de los proyectos. Y esos proyectos son el soporte (una suerte de pie de amigo) de la producción. Al Coniaf, que da servicio a unos 400 mil productores, se le asigna a nivel del presupuesto un monto que solo alcanza para cumplir con la administración, incluidos algunos pagos como el de uso de energía eléctrica. El Siniaf está constituido por el Coniaf, el Idiaf, las instituciones públicas o privadas que realizan acciones de investigación en el sector agropecuario y forestal y las universidades con facultades relacionadas al sector, redes tecnológicas y cualquier otra entidad directa o indirectamente vinculada a actividades de investigación agropecuaria y forestal.
Las instituciones citadas funcionan con el siguiente esquema: Por ley se creó el Foniaf (que es el Fondo de Investigación Agropecuaria y Forestal) y ese fondo es usado por el Coniaf, que lo usa para que funcione el sistema completo. Eso significa que si el Coniaf está en el suelo, porque no tiene de donde sacar el dinero para la investigación, entonces la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad ISA también se van al suelo. Esa explicación la ofreció un experto en el tema, bajo reserva de su nombre.
“No podríamos decir que el Estado no da dinero para investigación. No, eso no podría decirse. Lo que ocurre es que el dinero para la investigación se lo dan al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ese organismo, en vez de regar ese dinero a las instituciones que corresponde, como se hace, por ejemplo en Chile y en México, no lo hace, sino que lo maneja él mismo”, le dijo a este periódico un conocedor del tema, vinculado a la producción agrícola. A inicios de este mes de junio el Coniaf se quejó por la cuestión a través de una carta remitida a varias instancias, entre ellas, el presidente de la República.
En esa misiva, de la cual este diario obtuvo copia, el Coniaf asegura que el Sistema de Investigaciones Agropecuarias y Forestales vive una etapa de precariedad sin precedentes en el país, desde su creación en septiembre del año 2000. La carta –además del presidente Danilo Medina- fue remitida a los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Administrativo, José Ramón Peralta; de Agricultura, Ángel Estévez, y a los viceministros de Agricultura Leandro Mercedes y Winston Marte. Para entonces (según la carta) el Coniaf explicaba que “como ente rector del sistema, debe administrar los recursos que por mandato de la Ley 251-12 se depositan en el Fondo de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Foniaf) para realizar las investigaciones”.
Un presupuesto reducido en un 38% en doce años
“Tomando en cuenta la depreciación de la moneda, el hecho de que el Idiaf tenga el mismo presupuesto de hace 12 años, significa que ese presupuesto se ha reducido en un 38%”, calculó ayer un funcionario del ramo agrícola, bajo compromiso de no citar su nombre porque no está autorizado para hablar de eso. El Idiaf en diversas ocasiones y escenarios públicos ha dejado claro que cuenta con mucha tecnología, estudios y especialistas con el aval para afrontar los distintos retos que se presentan en la actividad agrícola. Sin embargo, se encuentra con el problema de que la carencia de dinero le impide llevar esa tecnología al campo para que sea aplicada y se traduzca en resultados para el productor y para el propio país. El objetivo del Idiaf es dirigir y ejecutar la política de investigación científico-tecnológica del sector público agropecuario y forestal del país, dentro del Siniaf que promueve el desarrollo del sector y la generación, adaptación y transferencia de tecnología.
La institución tiene como misión aportar a la competitividad de los agronegocios en el país y a la seguridad alimentaria
El Caribe
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.