Nacionales
La investigación agropecuaria y forestal está en el suelo en el país
La investigación agropecuaria y forestal de República Dominicana está en el suelo y las causas de eso hay que buscarlas en distintos ángulos.Todo indica que el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Siniaf), cuya conformación ha recibido “piropos internacionales”, por estar a la altura de regiones como Centroamérica, bajó su ritmo.
Las razones para que el accionar se haya desacelerado en un sector tan importante como el de producción de alimentos, de ganado y la foresta parecen ser varias, incluidas las cortas partidas de dinero asignadas a las entidades bajo la sombrilla de Siniaf. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf) tiene actualmente el mismo presupuesto de hace 12 años (de 2004) y al Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) el dinero que debía llegarle de manera global, vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) no le llega, de acuerdo con datos de fuentes creíbles.
Las mismas fuentes aseguran que “el MESCyt actúa como una competencia frente al Coniaf” con el tema de las becas. “El MESCyt lo que debe es entregar los recursos al Coniaf para que sea esa institución la que entregue las becas a los estudiantes. El Coniaf es quien debe decidir sobre las becas porque tiene criterios más definidos sobre eso –en la parte agropecuaria y forestal- y además porque aprovecha a los estudiantes cuando regresan de hacer su especialidad, pidiéndoles entregar un libro sobre lo aprendido y poniéndolos a socializar con los productores para que mejoren sus cosechas”, explicó una de las fuentes.
El Idiaf recibe cada año entre 190 y 210 millones de pesos, un dinero que de acuerdo con informaciones obtenidas por elCaribe,se va en nómina. El principal componente que da vida al Idiaf es el de los proyectos. Y esos proyectos son el soporte (una suerte de pie de amigo) de la producción. Al Coniaf, que da servicio a unos 400 mil productores, se le asigna a nivel del presupuesto un monto que solo alcanza para cumplir con la administración, incluidos algunos pagos como el de uso de energía eléctrica. El Siniaf está constituido por el Coniaf, el Idiaf, las instituciones públicas o privadas que realizan acciones de investigación en el sector agropecuario y forestal y las universidades con facultades relacionadas al sector, redes tecnológicas y cualquier otra entidad directa o indirectamente vinculada a actividades de investigación agropecuaria y forestal.
Las instituciones citadas funcionan con el siguiente esquema: Por ley se creó el Foniaf (que es el Fondo de Investigación Agropecuaria y Forestal) y ese fondo es usado por el Coniaf, que lo usa para que funcione el sistema completo. Eso significa que si el Coniaf está en el suelo, porque no tiene de donde sacar el dinero para la investigación, entonces la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la de la Universidad ISA también se van al suelo. Esa explicación la ofreció un experto en el tema, bajo reserva de su nombre.
“No podríamos decir que el Estado no da dinero para investigación. No, eso no podría decirse. Lo que ocurre es que el dinero para la investigación se lo dan al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y ese organismo, en vez de regar ese dinero a las instituciones que corresponde, como se hace, por ejemplo en Chile y en México, no lo hace, sino que lo maneja él mismo”, le dijo a este periódico un conocedor del tema, vinculado a la producción agrícola. A inicios de este mes de junio el Coniaf se quejó por la cuestión a través de una carta remitida a varias instancias, entre ellas, el presidente de la República.
En esa misiva, de la cual este diario obtuvo copia, el Coniaf asegura que el Sistema de Investigaciones Agropecuarias y Forestales vive una etapa de precariedad sin precedentes en el país, desde su creación en septiembre del año 2000. La carta –además del presidente Danilo Medina- fue remitida a los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; Administrativo, José Ramón Peralta; de Agricultura, Ángel Estévez, y a los viceministros de Agricultura Leandro Mercedes y Winston Marte. Para entonces (según la carta) el Coniaf explicaba que “como ente rector del sistema, debe administrar los recursos que por mandato de la Ley 251-12 se depositan en el Fondo de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Foniaf) para realizar las investigaciones”.
Un presupuesto reducido en un 38% en doce años
“Tomando en cuenta la depreciación de la moneda, el hecho de que el Idiaf tenga el mismo presupuesto de hace 12 años, significa que ese presupuesto se ha reducido en un 38%”, calculó ayer un funcionario del ramo agrícola, bajo compromiso de no citar su nombre porque no está autorizado para hablar de eso. El Idiaf en diversas ocasiones y escenarios públicos ha dejado claro que cuenta con mucha tecnología, estudios y especialistas con el aval para afrontar los distintos retos que se presentan en la actividad agrícola. Sin embargo, se encuentra con el problema de que la carencia de dinero le impide llevar esa tecnología al campo para que sea aplicada y se traduzca en resultados para el productor y para el propio país. El objetivo del Idiaf es dirigir y ejecutar la política de investigación científico-tecnológica del sector público agropecuario y forestal del país, dentro del Siniaf que promueve el desarrollo del sector y la generación, adaptación y transferencia de tecnología.
La institución tiene como misión aportar a la competitividad de los agronegocios en el país y a la seguridad alimentaria
El Caribe
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.