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Leonel revela comisión Unasur diligencia recursos para que Venezuela obtenga alimentos y medicinas
El 82 % de los venezolanos quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco
Foto: El expresidente dominicano Leonel Fernández (derecha) dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo «y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte».
Quito, Ecuador (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández reveló que la comisión de Unasur de la que forma parte lleva a cabo diligencias en Europa y en América Latina para “crear condiciones que permitan al Gobierno de Venezuela disponer de los recursos” para importar alimentos y medicinas, cuyo abastecimiento es una de las dificultades “que más aqueja y angustia al pueblo venezolano”.
El expresidente dominicano Leonel Fernández dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo “y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte”.
Mencionó varios ejes de la eventual agenda, que incluiría temas como libertad de expresión, respeto entre los poderes públicos y aspectos relativos al Tribunal Superior Judicial y al Consejo Nacional Electoral.
También existe acuerdo en hablar sobre la Comisión de la Verdad y “justicia y convivencia democrática, que tiene que ver con libertad de los presos políticos” y con la visibilización de las víctimas, así como en abordar un eje económico y social, comentó Fernández.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) insistió este jueves en su apuesta por la vía del diálogo como camino para superar la crisis en Venezuela y aseguró que tanto el Gobierno de ese país como la oposición están dispuestos a entablar nuevas conversaciones, para las que se busca concretar una fecha.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo, durante una visita de trabajo en la que no estuvo el español José Luis Rodríguez Zapatero, también miembro de ese grupo.
Fernández y Torrijos, junto al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, abogaron en una conferencia de prensa en Quito por la solución dialogada que, según el último, es deseada por el 74 % de los venezolanos, de acuerdo con una encuesta de la firma Interlaces que citó.
Además, el 82 % de los encuestados quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco, una posibilidad sobre la que el propio Samper dijo que, por los contactos que ha tenido con la diplomacia pontificia, aprecia “la mejor disposición del Vaticano y del papa a ayudar en este proceso de reconciliación”.
Los expresidentes explicaron que, como resultado de las gestiones que han realizado hasta el momento, se ha elaborado un informe económico que ya ha sido entregado al Gobierno venezolano, el cual estudiará la eventual aplicación de las medidas que en él se apuntan para lograr la recuperación económica.
Los exmandatarios no se aventuraron a concretar en qué aspectos tendrían que estar dispuestos a hacer concesiones el Gobierno y la oposición para que se pueda concretar el diálogo, pero consideraron un avance ya logrado el establecimiento de una agenda sobre los temas que se abordarían en las eventuales conversaciones.
Los miembros de la comisión buscan ahora una fecha para retomar el diálogo por medio de un nuevo encuentro entre ambas partes, tarea en la que insistirán durante esta semana, dijo Martín Torrijos.
“Hemos sugerido distintas fechas que consideran las partes y esperamos insistir nuevamente esta semana”, declaró el expresidente panameño.
Recordó que esas gestiones en busca de fecha para el encuentro las desarrollaron la pasada semana en Venezuela. “Volveremos nuevamente a insistir hasta que encontremos la fecha, el momento adecuado para que se pueda dar la próxima reunión”, precisó.
Los dos expresidentes, al igual que el secretario general de la Unasur, coincidieron en que la misión de diálogo que promueven no es incompatible con la celebración del referendo revocatorio que busca la oposición para intentar sacar del poder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Del mismo modo, señalaron que el diálogo no choca con otras acciones que se sustancian en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha propuesto la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo cuyo proceso incluye la posibilidad de la suspensión de ese país del organismo.
Sobre la posibilidad de que prospere la propuesta de Almagro, que este jueves quedó en suspenso en una sesión de la OEA celebrada en Washington, Samper indicó que no es partidario de trabajar sobre hipótesis, pero subrayó que respetarán las acciones y decisiones que se tomen en otros organismos, al tiempo que reiteró en que la Unasur mantiene viva su apuesta por el diálogo.
Y lo resumió con una cita del humanista holandés Erasmo de Rotterdam: “La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”. EFE
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.