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Leonel revela comisión Unasur diligencia recursos para que Venezuela obtenga alimentos y medicinas
El 82 % de los venezolanos quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco
Foto: El expresidente dominicano Leonel Fernández (derecha) dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo «y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte».
Quito, Ecuador (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández reveló que la comisión de Unasur de la que forma parte lleva a cabo diligencias en Europa y en América Latina para “crear condiciones que permitan al Gobierno de Venezuela disponer de los recursos” para importar alimentos y medicinas, cuyo abastecimiento es una de las dificultades “que más aqueja y angustia al pueblo venezolano”.
El expresidente dominicano Leonel Fernández dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo “y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte”.
Mencionó varios ejes de la eventual agenda, que incluiría temas como libertad de expresión, respeto entre los poderes públicos y aspectos relativos al Tribunal Superior Judicial y al Consejo Nacional Electoral.
También existe acuerdo en hablar sobre la Comisión de la Verdad y “justicia y convivencia democrática, que tiene que ver con libertad de los presos políticos” y con la visibilización de las víctimas, así como en abordar un eje económico y social, comentó Fernández.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) insistió este jueves en su apuesta por la vía del diálogo como camino para superar la crisis en Venezuela y aseguró que tanto el Gobierno de ese país como la oposición están dispuestos a entablar nuevas conversaciones, para las que se busca concretar una fecha.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo, durante una visita de trabajo en la que no estuvo el español José Luis Rodríguez Zapatero, también miembro de ese grupo.
Fernández y Torrijos, junto al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, abogaron en una conferencia de prensa en Quito por la solución dialogada que, según el último, es deseada por el 74 % de los venezolanos, de acuerdo con una encuesta de la firma Interlaces que citó.
Además, el 82 % de los encuestados quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco, una posibilidad sobre la que el propio Samper dijo que, por los contactos que ha tenido con la diplomacia pontificia, aprecia “la mejor disposición del Vaticano y del papa a ayudar en este proceso de reconciliación”.
Los expresidentes explicaron que, como resultado de las gestiones que han realizado hasta el momento, se ha elaborado un informe económico que ya ha sido entregado al Gobierno venezolano, el cual estudiará la eventual aplicación de las medidas que en él se apuntan para lograr la recuperación económica.
Los exmandatarios no se aventuraron a concretar en qué aspectos tendrían que estar dispuestos a hacer concesiones el Gobierno y la oposición para que se pueda concretar el diálogo, pero consideraron un avance ya logrado el establecimiento de una agenda sobre los temas que se abordarían en las eventuales conversaciones.
Los miembros de la comisión buscan ahora una fecha para retomar el diálogo por medio de un nuevo encuentro entre ambas partes, tarea en la que insistirán durante esta semana, dijo Martín Torrijos.
“Hemos sugerido distintas fechas que consideran las partes y esperamos insistir nuevamente esta semana”, declaró el expresidente panameño.
Recordó que esas gestiones en busca de fecha para el encuentro las desarrollaron la pasada semana en Venezuela. “Volveremos nuevamente a insistir hasta que encontremos la fecha, el momento adecuado para que se pueda dar la próxima reunión”, precisó.
Los dos expresidentes, al igual que el secretario general de la Unasur, coincidieron en que la misión de diálogo que promueven no es incompatible con la celebración del referendo revocatorio que busca la oposición para intentar sacar del poder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Del mismo modo, señalaron que el diálogo no choca con otras acciones que se sustancian en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha propuesto la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo cuyo proceso incluye la posibilidad de la suspensión de ese país del organismo.
Sobre la posibilidad de que prospere la propuesta de Almagro, que este jueves quedó en suspenso en una sesión de la OEA celebrada en Washington, Samper indicó que no es partidario de trabajar sobre hipótesis, pero subrayó que respetarán las acciones y decisiones que se tomen en otros organismos, al tiempo que reiteró en que la Unasur mantiene viva su apuesta por el diálogo.
Y lo resumió con una cita del humanista holandés Erasmo de Rotterdam: “La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”. EFE
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.