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Leonel revela comisión Unasur diligencia recursos para que Venezuela obtenga alimentos y medicinas
El 82 % de los venezolanos quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco
Foto: El expresidente dominicano Leonel Fernández (derecha) dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo «y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte».
Quito, Ecuador (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández reveló que la comisión de Unasur de la que forma parte lleva a cabo diligencias en Europa y en América Latina para “crear condiciones que permitan al Gobierno de Venezuela disponer de los recursos” para importar alimentos y medicinas, cuyo abastecimiento es una de las dificultades “que más aqueja y angustia al pueblo venezolano”.
El expresidente dominicano Leonel Fernández dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo “y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte”.
Mencionó varios ejes de la eventual agenda, que incluiría temas como libertad de expresión, respeto entre los poderes públicos y aspectos relativos al Tribunal Superior Judicial y al Consejo Nacional Electoral.
También existe acuerdo en hablar sobre la Comisión de la Verdad y “justicia y convivencia democrática, que tiene que ver con libertad de los presos políticos” y con la visibilización de las víctimas, así como en abordar un eje económico y social, comentó Fernández.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) insistió este jueves en su apuesta por la vía del diálogo como camino para superar la crisis en Venezuela y aseguró que tanto el Gobierno de ese país como la oposición están dispuestos a entablar nuevas conversaciones, para las que se busca concretar una fecha.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo, durante una visita de trabajo en la que no estuvo el español José Luis Rodríguez Zapatero, también miembro de ese grupo.
Fernández y Torrijos, junto al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, abogaron en una conferencia de prensa en Quito por la solución dialogada que, según el último, es deseada por el 74 % de los venezolanos, de acuerdo con una encuesta de la firma Interlaces que citó.
Además, el 82 % de los encuestados quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco, una posibilidad sobre la que el propio Samper dijo que, por los contactos que ha tenido con la diplomacia pontificia, aprecia “la mejor disposición del Vaticano y del papa a ayudar en este proceso de reconciliación”.
Los expresidentes explicaron que, como resultado de las gestiones que han realizado hasta el momento, se ha elaborado un informe económico que ya ha sido entregado al Gobierno venezolano, el cual estudiará la eventual aplicación de las medidas que en él se apuntan para lograr la recuperación económica.
Los exmandatarios no se aventuraron a concretar en qué aspectos tendrían que estar dispuestos a hacer concesiones el Gobierno y la oposición para que se pueda concretar el diálogo, pero consideraron un avance ya logrado el establecimiento de una agenda sobre los temas que se abordarían en las eventuales conversaciones.
Los miembros de la comisión buscan ahora una fecha para retomar el diálogo por medio de un nuevo encuentro entre ambas partes, tarea en la que insistirán durante esta semana, dijo Martín Torrijos.
“Hemos sugerido distintas fechas que consideran las partes y esperamos insistir nuevamente esta semana”, declaró el expresidente panameño.
Recordó que esas gestiones en busca de fecha para el encuentro las desarrollaron la pasada semana en Venezuela. “Volveremos nuevamente a insistir hasta que encontremos la fecha, el momento adecuado para que se pueda dar la próxima reunión”, precisó.
Los dos expresidentes, al igual que el secretario general de la Unasur, coincidieron en que la misión de diálogo que promueven no es incompatible con la celebración del referendo revocatorio que busca la oposición para intentar sacar del poder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Del mismo modo, señalaron que el diálogo no choca con otras acciones que se sustancian en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha propuesto la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo cuyo proceso incluye la posibilidad de la suspensión de ese país del organismo.
Sobre la posibilidad de que prospere la propuesta de Almagro, que este jueves quedó en suspenso en una sesión de la OEA celebrada en Washington, Samper indicó que no es partidario de trabajar sobre hipótesis, pero subrayó que respetarán las acciones y decisiones que se tomen en otros organismos, al tiempo que reiteró en que la Unasur mantiene viva su apuesta por el diálogo.
Y lo resumió con una cita del humanista holandés Erasmo de Rotterdam: “La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”. EFE
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.