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Leonel revela comisión Unasur diligencia recursos para que Venezuela obtenga alimentos y medicinas
El 82 % de los venezolanos quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco
Foto: El expresidente dominicano Leonel Fernández (derecha) dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo «y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte».
Quito, Ecuador (EFE).- El expresidente dominicano Leonel Fernández reveló que la comisión de Unasur de la que forma parte lleva a cabo diligencias en Europa y en América Latina para “crear condiciones que permitan al Gobierno de Venezuela disponer de los recursos” para importar alimentos y medicinas, cuyo abastecimiento es una de las dificultades “que más aqueja y angustia al pueblo venezolano”.
El expresidente dominicano Leonel Fernández dijo que tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han hecho ya propuestas sobre los temas que deberían tratarse en un diálogo “y nadie objetó las propuestas hechas por la contraparte”.
Mencionó varios ejes de la eventual agenda, que incluiría temas como libertad de expresión, respeto entre los poderes públicos y aspectos relativos al Tribunal Superior Judicial y al Consejo Nacional Electoral.
También existe acuerdo en hablar sobre la Comisión de la Verdad y “justicia y convivencia democrática, que tiene que ver con libertad de los presos políticos” y con la visibilización de las víctimas, así como en abordar un eje económico y social, comentó Fernández.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) insistió este jueves en su apuesta por la vía del diálogo como camino para superar la crisis en Venezuela y aseguró que tanto el Gobierno de ese país como la oposición están dispuestos a entablar nuevas conversaciones, para las que se busca concretar una fecha.
El dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos, dos de los tres expresidentes designados por el organismo suramericano para impulsar el diálogo, reiteraron en Quito la necesidad de retomar el diálogo, durante una visita de trabajo en la que no estuvo el español José Luis Rodríguez Zapatero, también miembro de ese grupo.
Fernández y Torrijos, junto al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, abogaron en una conferencia de prensa en Quito por la solución dialogada que, según el último, es deseada por el 74 % de los venezolanos, de acuerdo con una encuesta de la firma Interlaces que citó.
Además, el 82 % de los encuestados quiere que el proceso de diálogo cuente con acompañamiento internacional y el 89 % está a favor de la mediación del papa Francisco, una posibilidad sobre la que el propio Samper dijo que, por los contactos que ha tenido con la diplomacia pontificia, aprecia “la mejor disposición del Vaticano y del papa a ayudar en este proceso de reconciliación”.
Los expresidentes explicaron que, como resultado de las gestiones que han realizado hasta el momento, se ha elaborado un informe económico que ya ha sido entregado al Gobierno venezolano, el cual estudiará la eventual aplicación de las medidas que en él se apuntan para lograr la recuperación económica.
Los exmandatarios no se aventuraron a concretar en qué aspectos tendrían que estar dispuestos a hacer concesiones el Gobierno y la oposición para que se pueda concretar el diálogo, pero consideraron un avance ya logrado el establecimiento de una agenda sobre los temas que se abordarían en las eventuales conversaciones.
Los miembros de la comisión buscan ahora una fecha para retomar el diálogo por medio de un nuevo encuentro entre ambas partes, tarea en la que insistirán durante esta semana, dijo Martín Torrijos.
“Hemos sugerido distintas fechas que consideran las partes y esperamos insistir nuevamente esta semana”, declaró el expresidente panameño.
Recordó que esas gestiones en busca de fecha para el encuentro las desarrollaron la pasada semana en Venezuela. “Volveremos nuevamente a insistir hasta que encontremos la fecha, el momento adecuado para que se pueda dar la próxima reunión”, precisó.
Los dos expresidentes, al igual que el secretario general de la Unasur, coincidieron en que la misión de diálogo que promueven no es incompatible con la celebración del referendo revocatorio que busca la oposición para intentar sacar del poder al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Del mismo modo, señalaron que el diálogo no choca con otras acciones que se sustancian en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha propuesto la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, un mecanismo cuyo proceso incluye la posibilidad de la suspensión de ese país del organismo.
Sobre la posibilidad de que prospere la propuesta de Almagro, que este jueves quedó en suspenso en una sesión de la OEA celebrada en Washington, Samper indicó que no es partidario de trabajar sobre hipótesis, pero subrayó que respetarán las acciones y decisiones que se tomen en otros organismos, al tiempo que reiteró en que la Unasur mantiene viva su apuesta por el diálogo.
Y lo resumió con una cita del humanista holandés Erasmo de Rotterdam: “La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa”. EFE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.