Opinión
Danilo perdió la oportunidad de aclarar lo de Odebrecht
Por Juan Bolívar Díaz
El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero aportó pocas novedades, no fue un informe sobre su gestión del 2016, sino de todo su periodo, ni solo de sus proyectos para el 2017, sino para todo el cuatrienio, repitiendo en gran proporción los logros y proyectos que enunció al rejuramentarse el 16 de agosto, hace solo seis meses.
Centró sus argumentos en justificar la utilidad de las plantas de Punta Catalina, que no es lo que está en discusión, y trató de convencer sobre la independencia de una Procuraduría General sin rigor investigativo y que recibió esta semana un grave revés con el rechazo judicial a un acuerdo con la Odebrecht ampliamente cuestionado.
Discurso para marear. Dos horas y diez minutos es mucho tiempo de discurso por casi todos los medios de comunicación nacionales, para marear, lo consideraron las redes sociales, repetitivo y detallista, que rebasó la rendición de cuentas del año pasado y volvió sobre sus primeros cuatro años de Gobierno y se proyectó no solo al año ya en curso, sino para todo el nuevo período, demasiado parecido al de su juramentación del 16 de agosto último.
La perorata tuvo pocas novedades aún en los mayores logros de su gestión que, además de la mayor inversión en educación, ha sido el mantenimiento del crecimiento económico, con tasa de 6.6% el año pasado, baja inflación y estabilidad cambiaria, ya que hacía apenas tres semanas que los había informado el Banco Central y el Gobierno los publicitó en exceso hasta horas antes del discurso presidencial.
Tiene poco sustento que salieran de la pobreza un millón 72 mil personas en 4 años, con 480 mil nuevos empleos, la mitad en actividades tan precarias como el motoconcho, o con otras 200 mil con tarjeta Solidaridad de 800 pesos por mes. Parece optimista que el año pasado Infotep “preparó 667 mil nuevos técnicos profesionales, con índice de empleabilidad de 83%”, con solo 148 mil nuevos empleos, el 28%, un déficit de 519 mil.
El 2016 fue el “Año de la vivienda”, pero el mandatario solo informó de 256 apartamentos entregados por el INVI, y otros 864 mil casi listos, más los 1,600 de su excelente proyecto “La Nueva Barquita”, quedando bien lejos de la meta de 25 mil viviendas anuales. Pero repitió los proyectos de la Ciudad Juan Bosch en la capital y Santiago, basados en inversión privada, y el rescate de La Ciénega y Los Guandules anunciado desde finales de la década de 1980.
Abundancia de promesas. El Presidente respondió las demandas de mejoramiento de los salarios de los policías, y en julio de los ya más de 60 mil militares, aunque su entusiasmo lo cifró hasta en 131% y “una parte importante” más del 100%, pero lo recibido gira entre 20 y 50 por ciento, que es muy bueno con limitaciones financieras. Ponderó los aumentos ejecutados ya en los sectores básicos de educación y salud, aunque en este último menos generoso.
Donde fue más optimista fue en la “revolución del transporte urbano” que anunció, aunque días antes la OPREP se quejaba en público de que no recibe el financiamiento para concluir la segunda línea del Metro con 6 años en construcción y dijo que del mismo dependen los vagones y otros equipos que tomarían hasta año y medio. Repitió el sistema ideal de un solo boleto por recorrido, pasando de autobús, a Metro o Teleférico y autobús, que implica una alta inversión adicional y fuerte subsidio y desplazaría no solo a los 19 mil carros-concho que promete reubicar, sino también a decenas de miles de moto-conchos.
Las promesas de Danilo abundan en nuevas obras públicas, por ejemplo en siete grandes proyectos para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas de la región Sur, “que elevarían a sus moradores a la clase media”, aunque allí la presa de Monte Grande lleva 6 años paralizada por falta de financiamiento, tras una pequeña inversión. Y que este año concluirá la remodelación de 57 hospitales iniciada absurdamente al mismo tiempo hace 4-5 años, aunque solo informó la terminación de cuatro en el 2016.
¿Dónde están los cuartos? El tiempo no le alcanzó a Danilo Medina para explicar cómo financiará todos esos planes que abarcaron la mitad de su discurso. Mucho menos para abordar los desafíos de sostenibilidad fiscal que le plantean sistemáticamente los economistas independientes y sectores sociales que incluyen el empresariado, retomados en el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país en enero y dejó una veintena de recomendaciones que incluyen reformas institucionales y revisión del gasto público. El endeudamiento, a ritmo de 200 millones de dólares mensuales, tampoco fue tocado.
Siguió evadiendo el mandato del Pacto Fiscal establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, consciente de que la sociedad pondrá sobre la mesa las imprescindibles revisiones de la malversación, del clientelismo y el rentismo que mantiene organismos redundantes e inoperantes.
Del otro pacto pendiente, el eléctrico, dijo que “avanza ahora a buen ritmo”, aunque ya cumplió dos años en discusión, por la falta de transparencia en el sector. El Presidente escogió a los generadores privados de energía para una práctica de “demagogia nacionalista”, como escribió Bernardo Vega, pretendiendo levantar las tribunas como hace cuatro años por el contrato con la Barrick Gold sobre el oro de Cotuí.
Un golpe al Procurador. El discurso presidencial dio pleno respaldo a la gestión del procurador general en el escándalo Odebrech, bajo términos que con asombrosa exactitud adelantó el jueves 23 la columna Fogaraté de Ramón Colombo: “caiga quien caiga”, “hasta las últimas consecuencias”, “Hemos impartido instrucciones”, y “Aquí no hay vacas sagradas”. Aunque las redes dijeron que sí hay toros y gatos sagrados y revivieron al genial Cantinflas en su película Patrullero 777, donde proclamó: “Mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga, y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quienes cae de todo, nunca caen”. Muchos recordaron los pactos reeleccionistas que implicaron “no ha lugar” a los expedientes de grave corrupción de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Medina avaló una gestión de su procurador general Jean Rodríguez que identificó a Angel Rondón como el distribuidor de los 92 millones de dólares de los sobornos que confesó Odebrecht, pero ni siquiera allanó sus oficinas en busca de documentos, ni le impuso la menor coerción.
Que interrogó a los opositores exdirigentes de las cámaras legislativas que aprobaron el 9 por ciento del monto de los contratos bajo sospecha, pero no ha hecho igual con los oficialistas que aprobaron el 91 por ciento, como advirtió esta semana el Partido Revolucionario Moderno.
El Presidente apoyó el “acuerdo confidencial” de la Procuraduría General con Odebrech, que solo establece multa por los sobornos, e ignora la Ley de Compras y Contrataciones, los 163 millones de dólares que la empresa delincuente confesó haber derivado como beneficios, y las denuncias de sobrevaluaciones. Pero dos días después el juez José Alejandro Vargas, basado en principios de justicia, sentó precedente al rechazar una conciliación inaceptable por la gravedad del delito.
Se ha reafirmado la convicción de que solo la sostenida presión de la sociedad obligará a alguna sanción del escándalo Odebrecht.
Por José Cabral
En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.
En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía falta una acción mas contundente.
En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.
Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.
El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.
El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.
Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.
En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.
Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.
Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.
Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.
A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.
Por Isaías Ramos
El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.
Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?
En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.
Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.
Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.
El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.
¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.
Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.
Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.
No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.
El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.
Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.
Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.
Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas dos opciones:
- a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado de cooperar plenamente con la CPI.
La ventaja de esta medida consiste en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.
- b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a escala nacional.
Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.