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#CibaoMarcha reunió a decenas de miles de dominicanos que exigen justicia en caso corrupción Odebrecht
Estas movilizaciones son organizadas por «Marcha Verde», un colectivo social que vio luz una vez se dieron a conocer las primeras informaciones del caso de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.
SANTIAGO, República Dominicana (EFE).- Decenas de miles de personas tomaron este domingo varias calles de la norteña provincia de Santiago, la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, para reclamar nuevamente el sometimiento a la Justicia de los involucrados en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Esta movilización emuló a la del pasado 22 de enero que congregó a miles de personas en la capital del país en repudio a la corrupción y la impunidad, y a falta de cifras oficiales o de las organizaciones, muchos de los que participan aseguran que la de hoy, domingo, tuvo un respaldo muy superior.
Estas movilizaciones son organizadas por “Marcha Verde”, un colectivo social que vio luz una vez se dieron a conocer las primeras informaciones del caso de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.
La marcha en Santiago, 155 kilómetros al norte de Santo Domingo, fue respaldada por miles de personas de diferentes estratos sociales, políticos de la oposición y reconocidas figuras de los medios.
La actividad partió de la Avenida Hermanas Mirabal y recorrió varias calles hasta llegar al emblemático Monumento a los Héroes de la Restauración, donde los organizadores de la marcha leyeron un documento en el que reclamaron de las autoridades acciones puntuales para enfrentar la corrupción y la impunidad.
La “Marcha Verde” reclamó la suspensión “inmediata” de las operaciones de Odebrecht en el país y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes sobre sus bienes, inversiones y cuentas.
Asimismo, solicitó “un informe auditado de los pagos, contribuciones y aportes realizados por la firma internacional Odebrecht y sus socios locales a favor de las campañas electorales del presidente del país, Danilo Medina, para los periodos electorales 2012 y 2016, y que sea presentado a la nación en un plazo de tres semanas a partir de este requerimiento ciudadano”.
Medina, quien llegó al Poder en 2012 y fue reelecto en 2016, ha negado cualquier vinculación con Odebrecht o que esta empresa haya financiado sus campañas electorales.
“Marcha Verde” también favoreció la contratación de firmas internacionales “de alta calificación” para auditar los costos de todas las obras ejecutadas “por ese cartel mafioso” para determinar los montos de las sobrevaluaciones.
Igualmente, la instalación de un observatorio “que actúe con total independencia en las investigaciones, acusaciones y defensa del Estado en los procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht”.
Por último, reclamó la creación de las fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado, con autonomía funcional y presupuestaria para asegurar la persecución de los delitos de corrupción (administrativa y privada) y crimen organizado, con integrantes escogidos de manera transparente, sin la intervención del Poder Ejecutivo.
En declaraciones a la prensa, Raquel Rivera, portavoz de la Coordinadora de Mujeres del Cibao y del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, dos de las organizaciones que coordinaron la actividad en Santiago, declaró que esta “es una demostración clara y precisa de lo que el pueblo quiere: que se acabe con la corrupción”.
El jurista Mario Arturo Fernández, coordinador de ‘Santiago Somos Todos’, uno de los grupos que organizaron la actividad, aseguró que la marcha contó con la participación de dominicanos residentes en el extranjero, que decidieron hacer “un sacrificio por su patria”.
La Procuraduría General de la República Dominicana ha interrogado a varios legisladores, exlegisladores y exfuncionarios respecto de este escándalo, pero hasta ahora no hay detenidos.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana.
La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.
Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, quien asegura que no habrá impunidad en este caso, está pendiente de informar el proceso a seguir para la homologación del acuerdo. EFE
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.