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#CibaoMarcha reunió a decenas de miles de dominicanos que exigen justicia en caso corrupción Odebrecht
Estas movilizaciones son organizadas por «Marcha Verde», un colectivo social que vio luz una vez se dieron a conocer las primeras informaciones del caso de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.
SANTIAGO, República Dominicana (EFE).- Decenas de miles de personas tomaron este domingo varias calles de la norteña provincia de Santiago, la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, para reclamar nuevamente el sometimiento a la Justicia de los involucrados en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Esta movilización emuló a la del pasado 22 de enero que congregó a miles de personas en la capital del país en repudio a la corrupción y la impunidad, y a falta de cifras oficiales o de las organizaciones, muchos de los que participan aseguran que la de hoy, domingo, tuvo un respaldo muy superior.
Estas movilizaciones son organizadas por “Marcha Verde”, un colectivo social que vio luz una vez se dieron a conocer las primeras informaciones del caso de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.
La marcha en Santiago, 155 kilómetros al norte de Santo Domingo, fue respaldada por miles de personas de diferentes estratos sociales, políticos de la oposición y reconocidas figuras de los medios.
La actividad partió de la Avenida Hermanas Mirabal y recorrió varias calles hasta llegar al emblemático Monumento a los Héroes de la Restauración, donde los organizadores de la marcha leyeron un documento en el que reclamaron de las autoridades acciones puntuales para enfrentar la corrupción y la impunidad.
La “Marcha Verde” reclamó la suspensión “inmediata” de las operaciones de Odebrecht en el país y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes sobre sus bienes, inversiones y cuentas.
Asimismo, solicitó “un informe auditado de los pagos, contribuciones y aportes realizados por la firma internacional Odebrecht y sus socios locales a favor de las campañas electorales del presidente del país, Danilo Medina, para los periodos electorales 2012 y 2016, y que sea presentado a la nación en un plazo de tres semanas a partir de este requerimiento ciudadano”.
Medina, quien llegó al Poder en 2012 y fue reelecto en 2016, ha negado cualquier vinculación con Odebrecht o que esta empresa haya financiado sus campañas electorales.
“Marcha Verde” también favoreció la contratación de firmas internacionales “de alta calificación” para auditar los costos de todas las obras ejecutadas “por ese cartel mafioso” para determinar los montos de las sobrevaluaciones.
Igualmente, la instalación de un observatorio “que actúe con total independencia en las investigaciones, acusaciones y defensa del Estado en los procesos judiciales vinculados al caso Odebrecht”.
Por último, reclamó la creación de las fiscalía especial contra la corrupción y el crimen organizado, con autonomía funcional y presupuestaria para asegurar la persecución de los delitos de corrupción (administrativa y privada) y crimen organizado, con integrantes escogidos de manera transparente, sin la intervención del Poder Ejecutivo.
En declaraciones a la prensa, Raquel Rivera, portavoz de la Coordinadora de Mujeres del Cibao y del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, dos de las organizaciones que coordinaron la actividad en Santiago, declaró que esta “es una demostración clara y precisa de lo que el pueblo quiere: que se acabe con la corrupción”.
El jurista Mario Arturo Fernández, coordinador de ‘Santiago Somos Todos’, uno de los grupos que organizaron la actividad, aseguró que la marcha contó con la participación de dominicanos residentes en el extranjero, que decidieron hacer “un sacrificio por su patria”.
La Procuraduría General de la República Dominicana ha interrogado a varios legisladores, exlegisladores y exfuncionarios respecto de este escándalo, pero hasta ahora no hay detenidos.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos la República Dominicana.
La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se comprometió a pagar el doble de lo que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.
Sin embargo, un juez declaró el pasado 1 de marzo inadmisible este procedimiento debido a que en el mismo la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, quien asegura que no habrá impunidad en este caso, está pendiente de informar el proceso a seguir para la homologación del acuerdo. EFE
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.