Opinión
RD: el 7mo país del mundo que más desaprovecha las oportunidades
Por Miguel Ceara
Intuitivamente es predecible que, si mejora el ingreso y la riqueza de una persona, un grupo o un país la calidad de vida debería mejorar. Asumo que, si un país aumenta la riqueza por habitante y avanza en el “ranking” mundial, debería en el largo plazo, mejorar la posición en el “ranking” de bienestar. Más concretamente, en un país en desarrollo, debería avanzar el “ranking” de salud y educación, elementos fundamentales para alcanzar el bienestar. Si no se producen estos avances entonces se desaprovecha la oportunidad del crecimiento económico o el aumento de la riqueza por habitante para mejorar la calidad de vida de la gente. Ello ocurre cuando el aumento del ingreso se concentra excesivamente o cuando se gasta mal, entre otras razones.
Desde 1990, se viene construyendo el índice de desarrollo humano (IDH) que combina tres dimensiones: primero, alcanzar un estándar de vida decente lo cual se mide mediante el ingreso nacional bruto real de paridad de poder adquisitivo (INBr), que es un valor del mismo orden de magnitud que el PIB por habitante. Segundo, por el conocimiento (la educación) que desde el año 2010 es medido con dos indicadores: los años esperados de escolaridad y la media de años escolaridad de la población. Finalmente, la posibilidad de tener una vida larga y en salud medido con la esperanza de vida al nacer.
Al analizar el comportamiento de estos indicadores se constata que el ingreso nacional bruto se mueve en el corto plazo, de año a año. Los otros indicadores (la esperanza de vida al nacer, los años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad) se mueven en el largo plazo esto significa que los movimientos a corto plazo del IDH reflejarán los cambios en el ingreso, pues 3 de los 4 indicadores no se moverán, a menos que ocurra un evento extraordinario.
Así que es necesario hacer dos cosas para establecer el movimiento del IDH en el largo plazo y para determinar la incidencia del cambio en el ingreso (PIB) sobre el cambio en la salud y educación.
Primero, hay que disponer de una serie estadística que contenga los mismos países y lo más larga posible. La información disponible en la Base de Datos del PNUD que acompaña el informe de 2017, tiene una serie de 1990-2015 y de los 188 países para los cuales se calculó puntualmente el IDH en el informe de 2017, solamente hay información completa para 144, de manera que para saber si la República Dominicana mejoró o empeoró su posición en el mundo hay que compararla con esos 144 países a través de 25 años.
Segundo, hay que desagregar el índice y separar el componente del ingreso del componente combinado de salud y educación para todos los países, a fin de determinar el impacto del cambio en el ingreso sobre el cambio en salud y educación.
¿Qué ha pasado en el largo plazo con el Índice de Desarrollo Humano en la República Dominicana?
Casi todos los países del mundo han mejorado el IDH, la República Dominicana no es la excepción, sin embargo, cuando se compara con otros países la posición dominicana prácticamente no se ha movido en el largo plazo (de hecho ha retrocedido acumulativamente una posición), estando mejor colocado en la década del noventa del siglo pasado que en la década del 2000 (Gráfico 1). Además, 80 países (56%) tuvieron un mejor desempeño que la República Dominicana y 64 países (44%) registraron un peor desempeño en los 25 años. Es de notar también que 66 avanzaron y 78 retrocedieron en el IDH.
¿Ha aprovechado la República Dominicana el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente?
La respuesta es no. Se ha ido abriendo una brecha de desaprovechamiento de la posición relativa del ingreso con relación a la posición relativa del índice combinado de salud y educación. Esta brecha crece en el tiempo, en particular en los últimos 10 años, siendo una constatación más de la “paradoja del crecimiento económico dominicano” (ver gráfico 2). En otras palabras, otros países, 137 para ser exacto, han logrado en los últimos 25 años, con los mismos recursos o menos, mejor desempeño en salud y educación que la República Dominicana.
Esta tendencia plantea serios cuestionamientos a la forma de cómo ha crecido la República Dominicana, que lleva a la paradoja de un avance sustancial en la posición mundial de la “riqueza por habitante”, siendo el país 18 que más avanzó lugares en el mundo en 25 años y al mismo tiempo retrocedió relativamente enn salud y educación (ocupó la posición 111). Cabe preguntarse: ¿A dónde se ha ido ese crecimiento? ¿En qué se ha utilizado? ¿En corrupción? ¿En Odebrecht, en los Tucanos, en la OISOE y en otros tantos destinos espurios?
La República Dominicana el 7mo. país del mundo en desaprovechar el aumento del ingreso real por habitante para mejorar la salud y educación, en 25 años y con 144 países.
Como se ha indicado en la República Dominicana el nivel de ingreso nacional bruto (INB) real por habitantes ha aumentado de manera sorprendente entre 1990-2015, hasta el punto que el país avanzó 15 posiciones y fue el país número 17 en mayor tasa promedio anual de crecimiento económico en ese período.
A pesar de esa “riqueza adicional por habitante” el país retrocedió acumulativamente 7 posiciones en un índice de desarrollo humano que combina salud y educación, lo cual determina un desaprovechamiento de oportunidades acumuladas de 22 posiciones (los 15 que avanzó por mejoría del INB que no se convirtieron en mejoría de salud y educación más la pérdida de 7 posiciones de estos dos combinados). Este comportamiento determina que la República Dominicana ocupa el lugar 7 en el mundo de haber desaprovechado la oportunidad de avanzar en el ingreso (INB real de PPP) y utilizar ese avance para mejorar la salud y la educación. (Gráfico 3).
En el mundo, el que más oportunidades perdió fue China que aumentó su INB a un ritmo sorprendente de 2.41 veces la tasa de crecimiento anual de RD, para ser el país que más creció en promedio anual en el mundo para el período, lo cual le permitió avanzar 56 posiciones en 25 años, pero apenas mejoró 7 posiciones en salud y educación, lo cual determina un desaprovechamiento de oportunidades para mejorar la calidad de vida de 49 posiciones.
De los 144 países, hay 71 países que perdieron oportunidades de utilizar el avance ingreso real para mejorar la educación y la salud. Hay 72 que aprovecharon las oportunidades para avanzar más en la calidad de vida de su gente y uno retrocedió en ingreso y calidad de vida en igual magnitud (Cuadro 1).
En resumen, primero, el índice de desarrollo humano ha mejorado como en casi todos los países del mundo, pero en la República Dominicana prácticamente no se ha movido (se deteriora una posición) en 25 años. Segundo, se ha abierto una brecha creciente entre las posiciones del país en el ingreso real por un lado y en salud y educación por el otro, dando cuenta de la “paradoja del crecimiento económico dominicano”. Tercero, es el séptimo país del mundo que más ha desaprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente.
Estos tres hechos dan cuenta de un fracaso en la sociedad dominicana. El crecimiento económico ha servido para cambiar cosas (edificios exclusivos y lujosos, hermosas avenidas, concentrar riqueza, etc.) pero no para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Finalmente, hay que responder a una pregunta que hoy día nos moviliza en las calles a una gran parte de la ciudadanía que está cansada de tantos abusos en el manejo de los recursos y para quienes es fundamental hacer justicia y terminar con la impunidad. ¿Quién se ha quedado con tanto con el dinero que ha generado el crecimiento económico de la Republica Dominicana en esos 25 años? ¿Se han apropiado de esos recursos aprovechando la ilegalidad y la impunidad en que ha vivido el país?
@cearahatton
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.