Opinión
RD: el 7mo país del mundo que más desaprovecha las oportunidades
Por Miguel Ceara
Intuitivamente es predecible que, si mejora el ingreso y la riqueza de una persona, un grupo o un país la calidad de vida debería mejorar. Asumo que, si un país aumenta la riqueza por habitante y avanza en el “ranking” mundial, debería en el largo plazo, mejorar la posición en el “ranking” de bienestar. Más concretamente, en un país en desarrollo, debería avanzar el “ranking” de salud y educación, elementos fundamentales para alcanzar el bienestar. Si no se producen estos avances entonces se desaprovecha la oportunidad del crecimiento económico o el aumento de la riqueza por habitante para mejorar la calidad de vida de la gente. Ello ocurre cuando el aumento del ingreso se concentra excesivamente o cuando se gasta mal, entre otras razones.
Desde 1990, se viene construyendo el índice de desarrollo humano (IDH) que combina tres dimensiones: primero, alcanzar un estándar de vida decente lo cual se mide mediante el ingreso nacional bruto real de paridad de poder adquisitivo (INBr), que es un valor del mismo orden de magnitud que el PIB por habitante. Segundo, por el conocimiento (la educación) que desde el año 2010 es medido con dos indicadores: los años esperados de escolaridad y la media de años escolaridad de la población. Finalmente, la posibilidad de tener una vida larga y en salud medido con la esperanza de vida al nacer.
Al analizar el comportamiento de estos indicadores se constata que el ingreso nacional bruto se mueve en el corto plazo, de año a año. Los otros indicadores (la esperanza de vida al nacer, los años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad) se mueven en el largo plazo esto significa que los movimientos a corto plazo del IDH reflejarán los cambios en el ingreso, pues 3 de los 4 indicadores no se moverán, a menos que ocurra un evento extraordinario.
Así que es necesario hacer dos cosas para establecer el movimiento del IDH en el largo plazo y para determinar la incidencia del cambio en el ingreso (PIB) sobre el cambio en la salud y educación.
Primero, hay que disponer de una serie estadística que contenga los mismos países y lo más larga posible. La información disponible en la Base de Datos del PNUD que acompaña el informe de 2017, tiene una serie de 1990-2015 y de los 188 países para los cuales se calculó puntualmente el IDH en el informe de 2017, solamente hay información completa para 144, de manera que para saber si la República Dominicana mejoró o empeoró su posición en el mundo hay que compararla con esos 144 países a través de 25 años.
Segundo, hay que desagregar el índice y separar el componente del ingreso del componente combinado de salud y educación para todos los países, a fin de determinar el impacto del cambio en el ingreso sobre el cambio en salud y educación.
¿Qué ha pasado en el largo plazo con el Índice de Desarrollo Humano en la República Dominicana?
Casi todos los países del mundo han mejorado el IDH, la República Dominicana no es la excepción, sin embargo, cuando se compara con otros países la posición dominicana prácticamente no se ha movido en el largo plazo (de hecho ha retrocedido acumulativamente una posición), estando mejor colocado en la década del noventa del siglo pasado que en la década del 2000 (Gráfico 1). Además, 80 países (56%) tuvieron un mejor desempeño que la República Dominicana y 64 países (44%) registraron un peor desempeño en los 25 años. Es de notar también que 66 avanzaron y 78 retrocedieron en el IDH.
¿Ha aprovechado la República Dominicana el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente?
La respuesta es no. Se ha ido abriendo una brecha de desaprovechamiento de la posición relativa del ingreso con relación a la posición relativa del índice combinado de salud y educación. Esta brecha crece en el tiempo, en particular en los últimos 10 años, siendo una constatación más de la “paradoja del crecimiento económico dominicano” (ver gráfico 2). En otras palabras, otros países, 137 para ser exacto, han logrado en los últimos 25 años, con los mismos recursos o menos, mejor desempeño en salud y educación que la República Dominicana.
Esta tendencia plantea serios cuestionamientos a la forma de cómo ha crecido la República Dominicana, que lleva a la paradoja de un avance sustancial en la posición mundial de la “riqueza por habitante”, siendo el país 18 que más avanzó lugares en el mundo en 25 años y al mismo tiempo retrocedió relativamente enn salud y educación (ocupó la posición 111). Cabe preguntarse: ¿A dónde se ha ido ese crecimiento? ¿En qué se ha utilizado? ¿En corrupción? ¿En Odebrecht, en los Tucanos, en la OISOE y en otros tantos destinos espurios?
La República Dominicana el 7mo. país del mundo en desaprovechar el aumento del ingreso real por habitante para mejorar la salud y educación, en 25 años y con 144 países.
Como se ha indicado en la República Dominicana el nivel de ingreso nacional bruto (INB) real por habitantes ha aumentado de manera sorprendente entre 1990-2015, hasta el punto que el país avanzó 15 posiciones y fue el país número 17 en mayor tasa promedio anual de crecimiento económico en ese período.
A pesar de esa “riqueza adicional por habitante” el país retrocedió acumulativamente 7 posiciones en un índice de desarrollo humano que combina salud y educación, lo cual determina un desaprovechamiento de oportunidades acumuladas de 22 posiciones (los 15 que avanzó por mejoría del INB que no se convirtieron en mejoría de salud y educación más la pérdida de 7 posiciones de estos dos combinados). Este comportamiento determina que la República Dominicana ocupa el lugar 7 en el mundo de haber desaprovechado la oportunidad de avanzar en el ingreso (INB real de PPP) y utilizar ese avance para mejorar la salud y la educación. (Gráfico 3).
En el mundo, el que más oportunidades perdió fue China que aumentó su INB a un ritmo sorprendente de 2.41 veces la tasa de crecimiento anual de RD, para ser el país que más creció en promedio anual en el mundo para el período, lo cual le permitió avanzar 56 posiciones en 25 años, pero apenas mejoró 7 posiciones en salud y educación, lo cual determina un desaprovechamiento de oportunidades para mejorar la calidad de vida de 49 posiciones.
De los 144 países, hay 71 países que perdieron oportunidades de utilizar el avance ingreso real para mejorar la educación y la salud. Hay 72 que aprovecharon las oportunidades para avanzar más en la calidad de vida de su gente y uno retrocedió en ingreso y calidad de vida en igual magnitud (Cuadro 1).
En resumen, primero, el índice de desarrollo humano ha mejorado como en casi todos los países del mundo, pero en la República Dominicana prácticamente no se ha movido (se deteriora una posición) en 25 años. Segundo, se ha abierto una brecha creciente entre las posiciones del país en el ingreso real por un lado y en salud y educación por el otro, dando cuenta de la “paradoja del crecimiento económico dominicano”. Tercero, es el séptimo país del mundo que más ha desaprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente.
Estos tres hechos dan cuenta de un fracaso en la sociedad dominicana. El crecimiento económico ha servido para cambiar cosas (edificios exclusivos y lujosos, hermosas avenidas, concentrar riqueza, etc.) pero no para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Finalmente, hay que responder a una pregunta que hoy día nos moviliza en las calles a una gran parte de la ciudadanía que está cansada de tantos abusos en el manejo de los recursos y para quienes es fundamental hacer justicia y terminar con la impunidad. ¿Quién se ha quedado con tanto con el dinero que ha generado el crecimiento económico de la Republica Dominicana en esos 25 años? ¿Se han apropiado de esos recursos aprovechando la ilegalidad y la impunidad en que ha vivido el país?
@cearahatton
Por Isaías Ramos
La relación entre Haití y la República Dominicana —dos naciones, dos culturas, dos sentimientos diferentes que comparten la isla de La Española— ha sido marcada por una larga historia de acuerdos, tensiones y desafíos. Sin embargo, ante provocaciones recientes que amenazan el respeto mutuo y los acuerdos históricos, incluido el tratado de 1829, es vital recordar que, como pueblo dominicano, «Todos somos uno». En el Frente Cívico y Social, abogamos por la unidad nacional, el respeto a los acuerdos internacionales y la importancia de agotar todas las vías diplomáticas posibles para resolver los desafíos actuales. Entendemos que el jefe de Estado ha actuado acorde a lo que ameritan las circunstancias en estos momentos cruciales, así como fue su participación en la Asamblea Nacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sin animosidad ante nuestros vecinos, pero con determinación y firmeza para defender nuestro suelo patrio.
Nos encontramos en un momento crucial en el que la diplomacia y el diálogo son más importantes que nunca, pero con la falta de un interlocutor válido en el vecino país. Hemos extendido la mano en numerosas ocasiones, buscando el apoyo de organismos internacionales y solicitando intervenciones que puedan facilitar una resolución pacífica a los conflictos actuales. Esta es y siempre deberá ser nuestra primera línea.
La cuestión de los recursos hídricos es de vital importancia para la sostenibilidad de nuestros habitantes, algo que nuestro país ha sabido preservar y que nuestros vecinos han destruido en su territorio. Bajo ninguna circunstancia nuestra nación permitirá que esto ocurra en nuestro país, mucho menos que fuerzas foráneas provoquen este daño. Estos recursos naturales, fundamentales para el bienestar de nuestra patria, están siendo hoy amenazados por estos grupos incontrolables del otro lado de nuestra frontera. Sin embargo, la preservación de nuestros recursos hídricos no es solo un acto de soberanía, sino también una responsabilidad para garantizar un futuro sostenible para todos los habitantes de nuestra nación.
«Todos somos uno» no es simplemente un lema; es un llamado a la acción para todos los dominicanos. Es un recordatorio de que, en tiempos de desafío, nuestra fuerza reside en nuestra unidad. Es imperativo que, como nación, estemos preparados para defender nuestros derechos soberanos con firmeza, determinación y arrojo.
En el Frente Cívico y Social, entendemos que la acción unilateral solo se debe considerar como último recurso, en caso de que se agoten todas las vías diplomáticas y los recursos hídricos sufran daños irreparables. Cualquier acción de este tipo deberá llevarse a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional, siempre con la mira puesta en la protección de nuestra soberanía y recursos naturales.
Hacemos un llamado al pueblo dominicano para cerrar filas, ya que es un momento para la unidad y la acción meditada, donde predomine nuestro sentir patriótico. Mantenemos la esperanza de que la diplomacia prevalecerá y que, junto con nuestros vecinos y la comunidad internacional, se encontrará una solución pacífica y justa. Pero también recordamos que «Todos somos uno», unidos en la defensa de nuestros derechos de soberanía, preparados para actuar con determinación si se agotan todas las demás opciones.
Ojalá que estas circunstancias nos sirvan como un llamado a la unidad nacional, al diálogo y al respeto mutuo, valores que nos definirán como nación en los desafíos que tenemos por delante.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, la expresión de crímenes de lesa humanidad se emplea para describir los actos inhumanos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra o en tiempo de paz. La definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma está compuesta por seis elementos, algunos de los cuales pueden ser distintos a definiciones anteriores a este crimen.
Ataque contra una población civil. Se entiende por ataque ¨¨generalizado¨ como una línea de conducta que implique un alto número de víctimas, y ¨sistemático¨ en cuanto al alto nivel de organización , ya sea un plan o política. La palabra disyuntiva ¨o¨ determina que estas no sean condiciones acumulativas. El homicidio de un solo civil puede constituir un crimen de lesa humanidad si se cometió dentro de un ataque sistemático
Cuando el ataque está dirigido contra una población civil se considera que las relaciones de nacionalidad o similares entre los autores y las víctimas no son importantes.
La comisión de actos inhumanos. El Estatuto de Roma enumera los actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad dentro del contexto de un ataque:
Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, Tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental, conocimiento de un ataque contra una población civil.
El Estatuto de Roma señala que para los actos de persecución solamente, se deberán de tomar en cuenta los fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.
Cabe destacar que un crimen de lesa humanidad puede cometerse en tiempos de paz o de guerra. No necesariamente se comete en conexión con otro crimen. Una excepción es el enjuiciamiento de cualquier grupo o colectividad; la cual debe de estar relacionada con otro acto enumerado en el artículo 7, o cualquier otro delito de la competencia de la Corte Penal Internacional.
En lo que respecta a los requisitos de complementariedad sería recomendable que los Estados Partes del Estatuto de Roma incorporen en su derecho interno todos los actos definidos como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto. Los Estados que ya cuenten con legislación en relación con los crímenes de lesa humanidad podrían modificarla para que refleje plenamente lo desarrollado por el Estatuto.
En relación a la observación anterior tenemos el ejemplo de que el Estatuto amplía el derecho penal internacional al enumerar expresamente las ofensas sexuales y las desapariciones forzosas como crímenes de lesa humanidad. En ese orden deberán respetarse las definiciones contenidas en el segundo párrafo del articula 7 e incorporarse en el derecho interno.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma pueden incluir la conducta de delito de lesa humanidad en su derecho interno de las siguientes maneras:
Deberán adoptar una definición que refleje aquella del artículo 7 del Estatuto de Roma o que se refiera directamente a ella. La ventaja de esta opción yace en su simplicidad, ya que el legislador de la norma de implementación podrá crear una ley de conformidad con los requisitos del Estatuto.
Otra opción estaría en la adopción de una serie de delitos independientes, relacionados con cada una de las acciones enumeradas en el Estatuto. Por ejemplo un código penal nacional podría disponer de delitos tales como la esclavitud , cometida en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.
Por otro lado, sería también pertinente incluir en cada disposición del código penal, una definición de los actos similar a aquella del Estatuto. Esto debería de hacerse para cada acto enumerado en el artículo 7 del Estatuto. La ventaja de este método yace en el hecho de que simplifica la labor de los jueces nacionales y permite a los legisladores realizar algunas adaptaciones.
Está claro que, algunas modificaciones pueden hacerse a las definiciones del delito de lesa humanidad, pero solo para definirlo de una manera similar o más amplia que aquella prevista en el Estatuto de Roma, para garantizar que no impida la comparecencia de algún responsable de estos crímenes ante la justicia.
Finalmente, los Estados también pueden utilizar su legislación penal existente para enjuiciar a los autores de los crímenes de lesa humanidad, haciendo uso de delitos suficientemente serios que describen los delitos perpetrados. No obstante, si algunas de las acciones que constituyen un crimen de lesa humanidad no está incluida en la ley penal general, el Estado Parte podría requerir de una enmienda a su código penal y crear nuevos delitos que incluirán estas acciones.
Por Rosario Espinal
Cuando la población tiene bajo nivel educativo, la tasa de natalidad se mantiene relativamente alta, igual los embarazos en adolescentes, en un contexto socioeconómico de limitadas ofertas de empleo y escasa movilidad social.
Hay que tomar conciencia de que la población de la República Dominicana y Haití sobrepasa los 20 millones de habitantes. Esto es el doble de la población de Cuba que tiene más territorio que la isla de Santo Domingo completa.
La República Dominicana tiene una densidad poblacional de 223 habitantes por kilómetro cuadrado y Haití de 413, mientras en Cuba es de 109 y el promedio para América Latina y el Caribe es 32.
El índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) de la República Dominicana es 2.3 y en Haití 2.9, mientras el promedio para América Latina y el Caribe es 1.85.
O sea, en los dos países que comparten la isla de Santo Domingo, ambos geográficamente pequeños, la población crece más que el promedio en la región y la densidad poblacional es mucho mayor.
Entiéndase, vivimos apiñados y nos apiñamos cada día más en esta isla tropical.
Ignorar estas cifras y sus consecuencias sociales constituye una irresponsabilidad de los gobiernos, las iglesias y la ciudadanía de ambos países.
A diferencia de las décadas de 1960 y 1970, cuando existían algunos programas públicos para reducir la tasa de natalidad, en décadas recientes, el control del crecimiento poblacional se ha dejado cada vez más al azar.
En sociedades donde la población tiene mayor nivel educativo y acceso a los servicios de salud, el control de la natalidad se produce de manera racional. No así en los países con bajo nivel educativo, sin programas de educación sexual efectivos, ni acceso adecuado a los servicios de salud.
La razón es que, a mayor escolaridad, mayor comprensión del costo de criar hijos, y a mayor acceso a los servicios de salud, mayor capacidad de acceder oportunamente a los métodos anticonceptivos.
Cuando la población tiene bajo nivel educativo, la tasa de natalidad se mantiene relativamente alta, igual los embarazos en adolescentes, en un contexto socioeconómico de limitadas ofertas de empleo y escasa movilidad social.
En los países muy pequeños, como la República Dominicana y Haití, la alta concentración población presenta serios problemas en las condiciones ambientales por el sobreuso del suelo, la tala de árboles, y la contaminación y sequía de los ríos. Esto es palpable de manera alarmante en todo el territorio haitiano; y, en la República Dominicana, aunque no hay un deterioro tan fuerte, hay fuerte vulnerabilidad ambiental.
Para enfrentar la situación se requiere educación sexual masiva a través del sistema educativo y los medios de comunicación, de manera que la población, sobre todo la joven, adquiera conciencia del impacto de la alta tasa de fecundidad en países pequeños y superpoblados.
El Estado debe ofrecer también amplios servicios de salud enfocados en la prevención de embarazos. Contar con la abstinencia sexual por la que abogan distintas iglesias es contraproducente en condiciones de tantas precariedades sociales.
Si la República Dominicana y Haití no controlan su crecimiento poblacional de manera racional (Haití, sobre todo), iremos de mal en peor, aún con crecimiento económico dominicano, y a pesar de tanta población de ambos países que emigra al exterior.