Por su parte, la cancillería argentina informó que el sábado se realizará en Buenos Aires una reunión urgente de los cancilleres de los países que integran el Mercosur «ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela».

Dos días después del fallo del máximo tribunal, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció que hubo una «ruptura» del orden constitucional.

Mientras, en las calles de Caracas las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de estudiantes que protestaban frente al Tribunal Supremo y algunos periodistas también fueron golpeados.

Al presentar el balance anual de su gestión, Ortega Díaz manifestó su «alta preocupación» por las recientes sentencias del máximo tribunal -que también puso límites a la inmunidad de los legisladores- y llamó a la reflexión para que se tomen los «caminos democráticos» de respeto a la constitución.

En su fallo, el tribunal señaló que la Asamblea Nacional -controlada por la oposición por casi un año y medio- ha desacatado el cumplimiento de ordenamientos anteriores por lo que asumía las competencias legislativas. Las críticas internacionales fueron en aumento y el viernes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió una sesión urgente para analizar la situación en el país sudamericano.

La coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó para el sábado a una concentración en una plaza del este de Caracas donde la Asamblea Nacional realizará una sesión abierta.

Tras reiterar su denuncia de «golpe de Estado» la coalición llamó en un comunicado a las fuerzas armadas a «restituir el orden constitucional» e instó al resto de los representantes de los poderes públicos a seguir el ejemplo de la fiscal general.

«Hemos entrado en una etapa de resistencia», dijo a The Associated Press el diputado del partido Causa R, Américo De Grazia al referirse a la convocatoria a realizar marchas en todo el país.               De Grazia insistió en que la oposición defenderá el bastión que ganó en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 después 17 años de control oficialista.

Aunque la Sala Constitucional del máximo tribunal asumió el miércoles las competencias parlamentarias, De Grazia sostuvo que la mayoría opositora seguirá legislando.

En Caracas varias decenas de universitarios al grito de «Libertad» se apostaron a las puertas del máximo tribunal para rechazar la sentencia. Guardias nacionales con equipos antimotines reprimieron a los manifestantes empujándolos y golpeándolos. Al menos un estudiante resultó herido y varios periodistas fueron golpeados.

La dirigente estudiantil María Gabriela Cortes relató a AP que al menos dos de sus compañeros fueron detenidos y otros «fuertemente golpeados». «Nos golpearon con los cascos, los escudos y las cachiporras y a algunos hasta les rompieron las camisas mientras los empujaban», agregó.

La Asamblea Nacional convocó para el martes a una sesión especial en la que se debatirá, entre otros temas, la situación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo cuyo nombramiento ya había sido cuestionado el año pasado por la mayoría opositora.

A pesar de las numerosas críticas que generó en el ámbito local e internacional la sentencia del máximo tribunal, que llevó a algunos gobiernos como los de Perú y Chile a retirar a sus embajadores, Maduro aún no se ha manifestado públicamente.

España se sumó el viernes a las críticas y el presidente del gobierno Mariano Rajoy dijo que «si se rompe la división de poderes se rompe la democracia».

En tanto, siete de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la decisión del Tribunal Supremo y reclamaron que se respete el estado de derecho y la separación de poderes.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay manifestaron su «alarma» por el fallo del máximo tribunal venezolano como un hecho que atenta «contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa» y reclamaron al gobierno de Maduro que garantice «la efectiva separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, así como a las instituciones democráticas».

En diciembre, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay decidieron apartar a Venezuela del Mercosur por incumplir el plazo que le habían fijado para adecuarse a las normas del bloque, incluidas las relacionadas con la garantía de los derechos humanos y la separación de poderes.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos también manifestó inquietud por la decisión del tribunal y consideró que la democracia venezolana está «claramente vulnerada».

El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial de Venezuela comenzó en diciembre de 2015 luego de que la Sala Electoral de la Corte suspendió, por supuestas irregularidades en su elección, a cuatro diputados, tres de ellos opositores.

Luego de casi un año de confrontación los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.

Esta semana la Corte limitó la inmunidad de los diputados, asumió las competencias legislativas y autorizó al gobierno a crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno del Congreso.

MADURO DESCONOCÍA LA SENTENCIA DEL TSJ
El presidente venezolano, Nicolás Maduro indicó que desconocía que el TSJ iba a sacar una sentencia como esa y que además tampoco tenía conocimiento de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tomaría esa posición, una situación que, ironizó, sirve para demostrar que en Venezuela “hay una dictadura”.

“En Venezuela hay Poderes Públicos legítimos, constitucionales, y cada poder actúa ajustado a la Constitución y su consciencia, yo actúo de acuerdo a los mandatos de la Constitución y del TSJ, si no estoy de acuerdo con alguna parte de alguna sentencia acudo, a través de la Procuraduría General, y pido aclaratoria”, dijo. Por ello, aseguró que en Venezuela todos los poderes están en “pleno uso de sus facultades” y rechazó los señalamientos de que no hay democracia en el país.